Más de cuatro años han sido precisos para que el partido de la derecha acepte los resultados electorales del catorce de marzo de 2004 y el nueve del mismo mes de 2008 (dos derrotas para él) y substituya su actitud de enfrentamiento radical, de intransigencia, sin concesión alguna, por otra de entendimiento con el Gobierno en los asuntos de Estado y oposición constructiva en los demás. O sea, el abc de los sistemas democráticos, la idea de la leal oposición que presupone un territorio común de acuerdo entre los principales partidos, ganen o pierdan las elecciones, sin el cual la política se hace imposible, sustituida para la confrontación civil sistemática que sólo puede acabar en crisis institucional y quién sabe si algo peor.
De la mano de los señores Acebes y Zaplana y con el beneplácito de un Rajoy dolido por el resultado electoral de marzo de 2004, el PP arrancó la legislatura anterior en la creencia de que podía conseguir la disolución de las Cortes y elecciones anticipadas. Con ese ánimo no escatimó esfuerzos en todos los campos por desestabilizar cuando no paralizar el sistema político, organizó frecuentes manifestaciones con los más diversos motivos, instrumentalizó o trató de instrumentalizar las instituciones en su beneficio, en especial el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) y jugó a la bronca parlamentaria permanente. Cuando se vio que no habría elecciones anticipadas, el PP llevaba ya mucha velocidad, arrastrado por sus medios de comunicación, El Mundo y la COPE y no alcanzó a frenar antes de estamparse contra las urnas.
El resultado del nueve de marzo de 2008 ha sido un shock para la derecha. El PSOE sigue gobernando en minoría parlamentaria pero el PP ha girado 180º, pasando de la confrontación irreductible a la política de acuerdos. El cambio ha sido bastante traumático y conflictivo. Rajoy acaudilló el giro al centro y el sector más ultramontano del partido se le echó al monte, empezando por la señora Aguirre y terminando con la señora San Gil. La escena de los señores Rodríguez Zapatero y Rajoy sonrientes aprietamanos a las puertas de La Moncloa no ha sentado bien en Libertad Digital donde temen que se imponga ese espíritu de conciliación en La COPE. Para coadyuvar al entendimiento, siempre en su elegante estilo, el señor Aznar sale diciendo que el del señor Zapatero es el único Gobierno radical y sectario que sigue en pie en Europa.¡Dios mío! ¿Qué hará el infeliz de Rajoy pactando con radicales y sectarios? Por cierto, tómese nota de los epítetos: "radical" y "sectario". Radical no en el sentido de profundo, sino de extremista, válgame el Señor. Extremista Rodríguez Zapatero.
Es el caso que, con gran tino por ambas partes, han pactado recomponer la unidad democrática frente a ETA, cosa que jamás debió romper el PP, y renovar el CGPJ y el TC. Enhorabuena a los dos. Es verdad que en su exposición, el señor Rajoy dejó caer la habitual insidia de que el PP apoya al Gobierno porque la política antiterrorista de éste le convence, dejando así abierta la posibilidad de enfrentarse de nuevo si dicha política antiterrorista deja de convencerle, cosa que sucederá seguramente cuando se acerquen elecciones. Pero esto son menudencias. Esencial es la renovación del CGPJ y del TC.
En el resto, en concreto en Economía, no ha habido acuerdo. Y no me extraña: tampoco yo estoy de acuerdo con las políticas enuncidas por el Gobierno para combatir la crisis aunque no quiera decir que haya coincidencia entre los dos rechazos fuera del muy obvio de que no es de recibo aprestar dinero público para ayudar a empresas en dificultades, que es lo que ha hecho la ministra de Vivienda, señora Corredor a instancias del ministro de Industria, señor Sebastián, dos pájaros empeñados en favorecer a los empresarios del ladrillo, los que llevan diez años amasando fortunas a costa de que la gente no pueda acceder a una vivienda. Además de inmoral, desde el punto de vista de la izquierda, la medida es absurda porque carece de impacto verdadero. La señora Corredor, registradora de la propiedad, como el señor Rajoy, ya recomendaba hace poco a la gente que comprara viviendas porque era un "buen momento" para ello cuando la realidad era la contraria: había y hay que seguir sin comprar hasta que los vendedores bajen unos precios que, según dictámenes de diversos organismos, están sobrevalorados hasta un cuarenta por cien. La señora ministra de las inmobiliarias interviene precisamente para que eso no se dé, esto es, el descenso de los precios, al que ella llama "ajuste". Nadie que no sea empresario del ladrillo o esté al servicio de uno de ellos puede pensar que sea oportuno o conveniente comprar antes de que las empresas que quieren vender hayan bajado el precio Ese misma ministra asigna trescientos millones de euros de dineros públicos a comprar terrenos a las inmobiliarias; trescientos millones para salvar empresas privadas en dificultades que podrían ir a financiar la Ley de Dependencia, que no se aplica por falta de medios materiales.
Insisto, además de inmoral la medida me parece estúpida pues aunque a la señora Corredor trescientos millones de euros le parezcan mucho y sin duda lo sea, no es nada tratándose de empresas cuyas deudas se mueven en miles de millones. Bueno, sí sirve: sirve para que se vea que, diga lo que diga el señor Rodríguez Zapatero, las medidas siempre "chocan contra los mismos". Con él como con los demás.
Y lo más irritante de todo es con qué astucia presenta el Gobierno una medida de descarnado apoyo a los empresarios del ladrillo al tiempo que se invoca el gasto social. Trescientos millones de euros para acudir en socorro de las inmobiliarias no es gasto social; es lo contrario.
(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).
