dilluns, 13 de juliol del 2009

La política del terror.

Un libro este (Alejandro García (Ed.), 2009, Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia penal internacional, Madrid, Ediciones La Catarata, 198 págs.) compuesto por tres trabajos de muy desigual longitud, concepción, materia y metodología, pero todos ellos interesantes por la temática que abordan.

Alejandro García (Colombia y sus guerras) traza un cuadro de la evolución del país al que algunos bromistas llaman "Locombia" desde los orígenes de la llamada La Violencia, que siguió al Bogotazo del 9 de abril de 1948, cuando cayó asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán, una especie de apóstol de los pobres. Este crimen disparó una oleada de violencia, la conocida como La Violencia y en diferentes etapas, llega hasta nuestros días. La Violencia sacudió al país en muchos aspectos. Muchos liberales que no estaban seguros si seguían viviendo donde siempre constituyeron guerrillas y empezó una guerra de guerrillas. Al final de la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-1957) conservadores y liberales se pusieron de acuerdo en Sitges en un pacto de alternancia, también llamado Frente Nacional (1958-1974). Este Frente Nacional fue un cierre en falso de La Violencia. Los asesinatos y crímenes siguieron y enlazaron con la siguiente ola de violencia en 1980 hasta hoy. Habla el autor de una "nueva frontera" para los que se ven obligados a desaparecer de las ciudades y se organizan en movimientos de resistencia en una zona del Magdalena Medio, centro geográfico de Colombia. En esa zona será donde surjan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los guerrilleros pusieron orden de gobierno en la zona y la situación enraizó en la población campesina y así vino funcionando hasta los años ochenta. En 1982, en Puerto Boyacá se crea la primera organización de Autodefensa. Ya el ejército había luchado contra las FARC, pero no era capaz de arradicarlas. Los grupos paramilitares de autodefensa se reunieron en Medellín en 1982 y pusieron en marcha el mecanismo para acabar con las FARC. Lo que hicieron con la ayuda del ejército fue una especie de "solución final" con exterminio de la población campesina planeado a conciencia. En esta tarea de exterminio resultaron de gran utilidad los jefes de las FARC que desertaban y se pasaban al enemigo, siendo muy conveniente la información que facilitaban. El momento álgido de las masacres se dio en 1985. En 1987 algo empezó a cambiar con la creación de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que no querían saber nada de la violencia y se enfrentaban por igual a guerrilleros y a paramilitares, intentando superar la Ley del silencio que los autedefensas habían impuesto en el Magdalena Medio. Hasta que unos pistoleros asesinaron a tiros a su dirigente, Josué Vargas juntamente con el secretario general Saúl Castañeda, el ingeniero y asesor Miguel Ángel Barajas y la periodista Silvia Duzán, que iba a contar la verdad de lo que pasaba. A partir de este momento, la guerra se hizo global (de todos contra todos) y surgió el narcotráfico como otro escalón en el camino. Sin embargo, en 1990 las guerrillas estaban más fuertes que nunca. Con la elección de Álvaro Uribe (que recibió muchos votos de los paramilitares) comenzaron las negociaciones. En junio de 2005 se promulga la Ley de Justicia y Paz que legitima a la impunidad y olvida a las víctimas. Todo el sistema está podrido. Más de la mitad de los senadores y diputados deben su escaño a la AUC. A ello se ha añadido el narcotráfico, ya mencionado. Recordando la novela de José Eustasio Rivera, La vorágine el autor llega a la conclusión de que en Colombia se impone la vorágine.

Gabriela Águila y Laura Luciani (Argentina: crímenes de Estado y memoria) presentan un trabajo que es el único que hace honor al título. Los crímenes en la Argentina, en efecto, lo fueron de Estado, de gobierno. Los de Colombia, en su mayor parte, son de los paramilitares que sólo indirectamente cabe considerar Estado. En la Argentina, sí, vino de la mano de la "nueva dictadura" de 1976 a 1983, una dictadura que planifica y lleva a cabo el exterminio de sus oponentes políticos y de mucha gente corriente y moliente. Aunque comenzó contando con cierto apoyo tácito de la población, hacia 1981 ya empezó a organizarse la oposición a través de la Multipartidaria, a la que se unieron la Unión Cívica Rdical y el Partido Justicialista. La junta del General Galtieri (los sucesivos generales de esta siniestra Junta fueron Videla, Viola, Galtieri y Bignone) declara la guerra de Las Malvinas, que pierde. La Multipartidaria convoca en septiembre de 1983 una marcha por la Democracia y la Reconstrucción Nacional a la que acuden 100.000 personas. Las fuerzas armadas deciden abandonar el poder pero antes promulgan una Ley de Pacificación por la que intentan garantizar la impunidad de quienes participaron en la represión. La dictadura cae en diciembre de 1983. Sigue el gobierno radical de Raúl Alfonsín (1983-1989), el breve período radical de Fernando de la Rúa hasta 2003 en que se elige a Néstor Kirchner y en la actualidad, su mujer gobierna. En un primer momento Alfonsín hizo derogar la ley de autoamnistía de los militares y creó la comisión de la verdad, presidida por Ernesto Sábato con el título oficial de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). El informe Sábato documenta el caso de nueve mil. En la segunda mitad del gobierno de Alfonsín este empezó a ceder a las presiones de los militares con lo que en 1986 se promulga la Ley de Punto Final y en 1987 la Ley de Obediencia Debida (llamadas "leyes de impunidad"). Finalmente en 2001 el juez Cavallo decretó la inconstitucionalidad de las dos citadas leyes y el Congreso las anuló en 2003.

Teresa Vicente (La justicia universal como justicia reparativa postconflicto) sostiene que hasta la fecha hay tres formas de materializar la jurisdicción penal universal: la Corte Penal Internacional (CPI), la creación de tribunales ad hoc como órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad y los Tribunales Penales mixtos. La CPI se crea en la Conferencia diplomática de Roma el 17 de julio de 1998 y el tratado entró en vigor en julio de 2002 mientras que la Corte quedó constituida en 2003, ratificada por 106 países. La más firme oposición a cualquier forma de ejercicio del derecho a la justicia universal son los Estados Unidos, cosa que hacen a través de tres vías: a) presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para obtener resoluciones que garanticen que la Corte se abstendrá de actuar sobre sus nacionales; b) la conclusión de tratados bilaterales de no extradición o entrega a la CPI; y c) establecimiento de una legislación interna (p. 179). El derecho internacional atribuye a los estados competencias extraterritoriales que sólo son obligatorias si los presuntos criminales se encuentran en el territorio del Estado. Analiza luego la autora el caso de España con los llamados "juicios de Madrid" y su impacto sobre la Argentina. No obstante el trabajo se redactó antes de que el Congreso aprobara una modificación de la normativa restringiendo mucho el alcance de la jurisdicción universal en el caso de España. Igualmente hace una valoración sucinta de la situación en Colombia y la Argentina. A ella añado yo la idea de que se trata de casos contrapuestos: en Argentina, aunque de modo tortuoso y con ayuda exterior, se siguió el camino de la ley y, al final, se ha podido arbitrar una solución razonable para los problemas de la restitución de las víctimas, la recuperación de la memoria, el castigo de los culpables. En Colombia nada de eso ha sucedido. Al contrario, gracias a la estrecha connivencia entre los paramilitares, el narcotráfico y las instancias institucionales, la situación es de legitimación y perpetuación de la injusticia.