dissabte, 22 d’agost del 2009

Hermenéutica de una rabieta.

La aprobación reciente en Consejo de Ministros del Decreto-Ley que permite la televisión de pago en TDT favorece claramente a Mediapro, la empresa propietaria del canal La Sexta en televisión y del diario Público, de cuyo consejo editorial formo parte. Eso es habitual. En una sociedad compleja y conflictiva toda norma favorece a alguien y/o perjudica a alguien. En este caso, pues la norma regula un terreno en el que participan muy pocos pero son muy poderosos, los perjudicados se hacen oír por potentes medios.

En concreto el grupo PRISA, propietario de Canal +, de pago, y "la Cuatro", en abierto, se siente perjudicado por el mencionado Decreto-Ley, razón por la cual El País ya editorializaba sobre el asunto el 14 de agosto pasado con una andanada llamada Precipitada e innecesaria en la que argumenta contra la norma por razones formales, procedimentales y aparentemente no materiales y se sube a la engolada declaración de principios en un cintillo que reza: La aprobación de la TDT de pago por trámite de urgencia es un ejemplo del más rancio clientelismo. Por si alguien lo dudaba. Buscad al beneficiario.

Ayer el grupo PRISA lanzó otro torpedo desde la nave capitana El País con un artículo de su consejero delegado, Juan Luis Cebrián, titulado Un desatino, lo que viene a ser como un editorial firmado, una especie de artículo de fondo de la autoridad gerencial del conjunto y en el que se reitera la línea del editorial citado atacando por la vía procedimental, pero se extiende algo más en la explicación no de lo que critica sino de lo que apoya. Tampoco mucho pero suficiente para el análisis. El ataque procedimental se lleva dos tercios del discurso en el que se reitera la doctrina de que el recurso abusivo a la técnica del decreto-ley es antidemocrático por atentar directamente contra la de división de poderes, cosa en la que hay general acuerdo. A su vez, es difícil que, existiendo la posibilidad, no haya un uso que algunos interpretarán como abusivo aunque quizá otros, no. El señor Cebrián se erige en defensor de la libertad y la seguridad jurídica de las empresas en un marco mercantil previsible y se encuentra con un Gobierno arbitrista y por tanto arbitrario y muy poderoso pues el Tribunal Constitucional le reconoce facultad para determinar por su cuenta cuándo se dan las razones de "urgencia y necesidad" que se exigen al decreto-ley. Sale a relucir Montesquieu y su inadvertido sepulturero, señor Alfonso Guerra.

Asegura el señor Cebrián que "éste es el verdadero meollo de la cuestión, y no la TDT de pago con la que, insisto, mi empresa y yo estamos absolutamente de acuerdo, lo mismo que con la apertura a la competencia, de la que somos fervientes partidarios siempre y cuando se haga de manera transparente y leal. De lo que se trata no es de nada de eso, sino de la utilización arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las manías y las ensoñaciones del mando. Es la calidad del impulso democrático de nuestros gobernantes lo que está en entredicho, su respeto a la división de poderes. En contra de lo que declarara en su día Alfonso Guerra, Montesquieu no ha muerto, como no sea en los predios de la actual Venezuela." Desplante con tronío y, de paso, una colleja al señor Chávez.

Ciertamente, es lo que tiene la política: cuando la norma te beneficia es justa; si te perjudica, es injusta, inicua, debe derogarse. Otra cosa es que eso suceda o no. Y es lo que tiene también andar en tratos mercantiles con un ojo puesto en el BOE, que hace a las empresas beneficiarias o perjudicadas por los cambios inherentes a lo político. Hace unos años, gobernando Felipe González, PRISA resultó claramente beneficiada por una norma aprobada igualmente con agostidad que permitía televisión privada de pago. Años después, el señor Rodríguez Zapatero benefició de nuevo a PRISA permitiendo que Canal + emitiera también en abierto (La Cuatro). En ambos casos había ganado la justicia, desde la perspectiva de PRISA. En la reciente concesión ha ganado la injusticia, el favoritismo, el clientelismo, el enchufismo, por lo demás bastante hispánico. PRISA anuncia su intención de agotar todas las vías para impugnar ese Decreto-Ley y está en su derecho. Otra cosa es que consiga su pretensión que es que la norma no entre en vigor y si lo hace, sea declarada nula y todo retrotraído a cuando no había TDT de pago. Es decir, el objetivo, la oposición material al mencionado Decreto-Ley, es impedir que aumente la competencia aunque, por supuesto, el señor Cebrián asegura que no, que PRISA está encantada con la nueva competencia de Roures pues así se anima el cotarro.

El señor Consejero Delegado respira por la herida de la TDT de pago y, aunque dice lo contrario, le fastidia encontrarse a un competidor en el mercado y un competidor tan duro. Por eso, entre otras cosas, apunta también a supuestas dificultades técnicas que provocarían inconvenientes en la comercialización del producto de la competencia. El artículo rebosa indignación y cierto resentimiento. Es lo que sucede con los intelectuales aúlicos, que a veces tienen, como se decía, el oído del Príncipe y a veces, no. Y cuando es no, el intelectual se siente agraviado y quizá se levante en bandería insurreccional, acusando de tiránico al poder que, simplemente, ha cambiado de simpatías. (La imagen es una foto de Infamecless, bajo licencia de Creative Commons).