dissabte, 21 d’abril del 2012

El gobierno contra el Estado.

El Consejo de ministros de ayer fue un aquelarre, un consejo de guerra contra el Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución. El Estado social ha recibido dos tremendos golpes en su pilar de la sanidad y en el de la educación. El Estado democrático de derecho en la libertad de expresión y el derecho a la información por medio del decreto-ley que modifica la vigente Ley de Radio Televisión de 2006 en cuanto a la forma de elección del presidente del Consejo de Administración. El Estado a secas, en el principio general de justicia con ese indulto a los dos últimos condenados en el caso del Yak 42 por no otra razón sino porque es el caso específico del PP, siendo Trillo ministro de Defensa, actualmente premiado con la embajada en Londres.

En realidad todo esto pasa porque el PP actúa en la convicción de que, para llegar al poder, vale todo, incluso la mentira. Ni uno solo de los solemnes compromisos de Rajoy durante la campaña electoral del 20-N ha quedado de pie en cinco meses de acción de gobierno: no iba a subir los impuestos y los subió; no iba a tocar las pensiones y las tocó y dos veces; no iba a meter la tijera en sanidad y educación y les ha asestado dos tajos mortales. Mentira tras mentira se llega a adquirir oficio y, en efecto, Rajoy dice siempre lo que cree que le conviene sin preocuparse si tiene sentido o no, entre otras cosas porque no comparece nunca a dar cuentas y, si lo hace, no admite preguntas. Admira ver con qué tranquilidad el presidente dice una cosa, hace la contraria y no presta atención alguna a las críticas ni, por supuesto, las responde. Para eso tiene a sus ministros que comparecen y muestran que son lo que son: Ana Mato está empeñada en cargarse la sanidad pública por muy diversas vías y José Ignacio Wert en terminar con la educación pública básicamente por dos: reduciendo becas y aumentando tasas.

Se comprende que, teniendo que atentar tan gravemente contra el Estado del bienestar, el gobierno recurra al decreto-ley. Pero la base de este no es que aquel se vea en apuros sino que haya causas objetivas de urgencia y necesidad. De todas formas da igual ya que el gobierno tiene asegurada la mayoría parlamentaria de sobra para convalidar los decretos-leyes más agresivos que quepa imaginar contra el Estado social y democrático de derecho. No es de extrañar que la oposición, singularmente el PSOE, hable de "golpe de Estado". Pues sí, es una especie de golpe de Estado al modo de hoy. Ya no se sacan los tanques a la calle entre otras cosas porque no hace falta. Al fin y al cabo, la función principal de los tanques era siempre tomar los centros de comunicaciones: telefónica, radios, la televisión. Ahora eso se hace directamente, por la vía civil. Telefónica es una empresa privada a las órdenes del gobierno conservador y con el decreto-ley el gobierno se garantiza imponer unilateralmente el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión

Este episodio que, como vemos, pone fin a un modelo de Radio Televisión autónoma e independiente es el producto de la táctica de la mentira más descarnada, tan reveladora de un modo de entender la política. Correspondió a Dolores de Cospedal la tarea de atacar RTVE acusándola de parcial y sectaria contra toda evidencia. La elección es buena pues Cospedal carece de escrúpulos en cuanto a los medios que deban emplearse para conseguir el objetivo. Si hay que mentir, se miente. Con ese mismo desparpajo puede la dirigente popular criticar la supuesta falta de imparcialidad de RTVE sin mencionar siquiera los casos de TeleMadrid y Canal Nou, dos canales públicos literalmente al servicio del PP. No del poder, sino del poder del PP. Lugares en donde la imparcialidad exigida a RTVE tiene tanta realidad como el unicornio.

La mala fe en el juego democrático desprestigia las instituciones. La política pasa a ser una actividad de demagog@s, falsari@s y corrupt@s y los principales interesados en fomentar la errónea percepción popular de que todos los políticos son iguales son los políticos del PP, a su vez interesados en el deterioro del prestigio del sistema. No es, pues, menuda la tarea que ha caído encima de la oposición, sobre todo del PSOE que quiere ser leal con el sistema pues la de IU se plantea en términos radicales y, de ser posible, de sustitución de aquel tanto en su organización económica como en su superstructura política. El PSOE, en cambio, se ve como un partido dinástico, como la izquierda dinástica, si se quiere. Rubalcaba prodiga sus declaraciones imbuidas de respeto a las instituciones, oposición "constructiva", respaldo al gobierno cuando sea preciso, etc.

Pero el sistema se obstina en funcionar mal. El enésimo esperpento real de la cacería en Botsuana, tiene la Monarquía in angustiis, digan lo que digan los dos partidos dinásticos, la prensa monárquica y los hacedores de opinión. Aqui hay una foto mostrando a Corinna zu Say-Wittgenstein, publicada por el Bild Zeitung en la que se ve a la gentil dama alemana seis u ocho respetuosos metros por detrás de Juan Carlos en una recepción de Jefe de Estado, como cuando las esposas turcas van unos metros por detrás de sus maridos. Es una situación absurda. De darse una relación triangular, ese caballero Juan Carlos debe divorciarse de la reina y casarse o juntarse con la elegida de su corazón sin más alharacas. La cuestión es si la Corona aguantaría esta situación, si la propia monarquía la soportaría. Obsérvese que el mero hecho de que se plantee como problema prueba a las claras el estrafalario carácter de la institución.

No es un acierto convertir el PSOE en un partido dinástico. No le va en ello la supervivencia ya que el sistema admite e integra partidos antidinásticos, republicanos y hasta revolucionarios. No hay razón para que el PSOE se despoje de su alma republicana tradicional y se convierta en puntal de un sistema político que arrastra un problema de legitimidad de origen ya que, en definitiva, la Monarquía es la que impuso Franco cuyo régimen ha condenado el PSOE en repetidas ocasiones sin que sea fácil entender ahora que se condene un régimen pero no sus obras. Nada obliga al PSOE a ser lo que sus militantes no quieren ser, esto es, monárquico. Puede mantenerse fiel a su republicanismo. Puede ser leal con la legalidad pero no compartir el criterio de legitimidad. Parece una tontería de la que las gentes prácticas no se ocupan, pero no lo es.