dijous, 28 de febrer del 2013

Este es el problema.

El problema del golpismo. La permanente amenaza de intervención militar, de la que España no parece ser capaz de liberarse. La última asonada fue en 1981 pero, desde entonces, ocasionalmente, se oye el refunfuñar de algún alto mando del ejército. Suelen ser de la reserva, pero eso no les resta significado; al contrario, se lo añade, pues la situación de reserva pareciera aligerar en los militares el deber de obediencia. El más reciente, ese general exjefe de la infantería de marina quien sugiere la posibilidad de intervención militar en Cataluña. Y con un razonamiento bien curioso. "La Patria", dice, "es un sentimiento, mientras que la Constitución no es más que una ley". Obsérvese el desprecio por la ley. Es imposible explicar a una persona así que la ley prevalece sobre el sentimiento, que si no fuera por eso la sociedad sería imposible pues cada cual se tomaría la justicia por su mano. Imposible de todo punto. Imposible explicarle que sus sentimientos, por muy nobles que se le antojen, no son superiores a los del vecino, quizá opuestos a los suyos. Imposible incluso mostrándole el ejemplo de Gran Bretaña en donde la eventualidad de la independencia de Escocia no ha suscitado ni un murmullo entre el alto mando del ejército. A propósito, va a ser muy difícil explicar por qué lo que puede hacerse en el Reino Unido, no puede hacerse en España. Explicar con razones, no con el cornetín de órdenes.

Por eso, lo más recomendable es aplicar la legislación constitucional vigente y sancionar un comportamiento que está fuera de ella, pues pretende dar autonomía al ejército frente al poder civil. Y este es un asunto no negociable: el Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley, incluso en el ejército. Esa propuesta de que la patria está por encima de la ley es inadmisible porque quiere decir que el sentimiento de patria del general y sus amigos prevalece sobre la ley, manifestación de la razón y de la voluntad colectiva. Es posible que el poder político civil requiera la acción de las fuerzas armadas, pero eso no puede ser por decisión de estas, sino de aquel, que la tomará en el contexto de un debate político. Y habrá que ver cómo la justifica en un contexto europeo en donde no se aceptaría una solución militar en España.

La Patria es lo que dice la Constitución. Este es el nudo de la doctrina del patriotismo constitucional que todo el mundo invoca si bien no respeta. En el entendimiento de que la Constitución puede decir otra cosa. Las descripciones de España han cambiado mucho en las Constituciones de los siglos XIX y XX. La descripción actual podría cambiar si así lo decidiera una  mayoría de los españoles pacífica y democráticamente. La Constitución puede reformarse y, si llegara a admitir el derecho de autodeterminación, como muchos propugnamos, este se ejercería a su amparo con todas las consecuencias, sin que los militares tengan nada que decir. Ningún orden político puede sobrevivir con un actor tomando decisiones que influyen en las de los poderes del Estado o las condicionan. En todo caso, el ejército podía aprender de la Iglesia, otro agente que condiciona la acción de los poderes del Estado, pero lo hace sigilosamente, en el secreto de los despachos o las sacristías en donde obtiene pingües beneficios, superiores a los de los militares. Pero no es el espíritu de estos, más aficionados a andar a tambor batiente.