A raíz del referéndum informal del 9 de noviembre de 2014, el gobierno español instó a la Fiscalía a proceder penalmente contra el entonces presidente Mas y las consejeras Rigau y Ortega. Como pieza aparte, el diputado Homs en análoga situación. El viernes, ese mismo gobierno, con el mismo presidente y a la vista de la aprobación del comienzo del proceso constituyente en Cataluña, pide al Tribunal Constitucional que proceda contra la presidenta del Parlamento catalán.
Es típico de las autoridades desconcertadas, nerviosas e incompetentes responder precipitadamente, sin prever las consecuencias de sus actos y hacerlo por la vía de la represión, en virtud de su carácter autoritario. Desconcierto y nervios provocados por su animadversión a cualquier votación democrática. No es admisible que la gente en la calle vote según le parezca o que lo hagan sus representantes o delegados en las instituciones cuando lo estimen pertinente.
El estallido de furia de la derecha gobernante a raíz de la votación es un mecanismo psicológico muy elemental propio de los códigos disciplinarios de las que Ervin Goffman llama "instituciones totales", como los cuarteles, las cárceles, los hospitales. Ante un comportamiento colectivo opuesto a las directrices del mando, lo encargados, los vigilantes, buscan un culpable, una cabeza de turco con el fin de dar un escarmiento. Singularizan a un solo individuo para castigarlo en público y de este modo cunda el ejemplo. Hacer comprender a estos funcionarios franquistas que un Parlamento democráticamente elegido no es una institución disciplinaria es imposible. No valoran la función simbólica de los órganos representativos porque no sienten respeto por ellos y los tratan como negociados de la administración a cuyos responsables se puede expedientar por incumplimiento del deber. No hay más que ver a quién han puesto al frente del Congreso de los Diputados, una especie de jefa de negociado que cumple la ley última de Peter de ser promovida al nivel máximo de su incompetencia.
Quienes así piensan, deberían proceder contra los órganos colegiados por la vía política, no la judicial. Una vez aprobada la norma, recurrirla en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¡Ah, no! No hace falta esperar tanto, se nos dice. La ley de ese tribunal le permite actuar avant la lettre a instancias del gobierno. De este modo, el Tribunal pasa a ser una agencia del poder político habiendo resucitado una especie de control previo de constitucionalidad de las leyes para lo que guste el ejecutivo. Igualmente autoriza al Tribunal Constitucional a proceder contra las personas, obligándolas al cumplimiento de sus decisiones mediante multas, procedimientos de inhabilitación y, eventualmente, dando traslado a la jurisdicción penal. Es decir, Carme Forcadell puede tener un futuro judicialmente proceloso.
Por descontado que todo esto solo sea posible merced a una reforma ad hoc del año pasado en la citada Ley del TC, impuesta por el rodillo del PP, no es algo que suscite escrúpulos en la derecha para quien la ley es materia de obligado cumplimiento para todos menos para sí misma que la cambia a su antojo y sin consenso siempre que le interesa. En este contexto se entiende que, cuando la derecha responde al independentismo que es preciso cumplir la ley razona en función de sus interese; cuando lo hace la izquierda, no se sabe en función de qué intereses razona, ni siquiera si razona.
Pero Carme Forcadell no es una jefa de negociado ni el Parlamento de Cataluña una subdirección general de un ministerio, sino un órgano legislativo, representativo y que se considera a sí mismo soberano. Esto hace que su respuesta a la decisión que hoy tome el TC solo será ignorarla porque no puede admitir una interferencia de ese calibre en sus atribuciones. Mientras Forcadell se atenga al reglamento, lo que el gobierno central puede hacer es impugnar el reglamento o los actos de la Cámara y, por supuesto, poner en marcha lo previsto en el art. 155 CE. Lo demás es abuso de poder por muy amparado que esté formalmente en una chapuza legal de última hora que nadie acepta. Es decir, de seguir el Tribunal en sus trece y el Parlamento en los suyos, ya tenemos el primer conflicto institucional grave en el que choca una legalidad apañada con un argumento de legitimidad en el que el Parlamento catalán basa su actuación. Es decir, la política, de la que estos gobernantes no entienden nada, igual que no entendía Franco.
Por eso escribía ayer Forcadell un artículo en Punt Avui titulado L'hora de la política más o menos con estos argumentos.
Pero la solidez de la figura de la presidenta no reside solo en sus argumentos, sino en su valor simbólico. Forcadell representa hoy la dignidad de un pueblo. El intento del gobierno de reprimirla y doblegarla es el de reprimir y doblegar el independentismo catalán. Y esa es la política, un ámbito en el que juega la fuerza moral de las personas. La ética y la estética de unas convicciones.
