No merece la pena discutir. Quienes el lunes decían que la asistencia había mermado respecto a la Diada de 2015 y que el soufflé se desinflaba son los mismos que en 2015 decían que no había asistido ni la mitad de la mitad.
Uno puede ver el independentismo catalán como la conjura del maligno o como la erupción del Krakatoa, pero nadie puede negar que se trata de un proceso democrático y pacífico. Esto no es un puñado de orates armados hasta los dientes. Esto es la acción conjunta de unos partidos con las instituciones y amplia colaboración de las asociaciones sociales y el respaldo multitudinario de la gente. La Diada pone en marcha el último tramo del proceso y lo acelera, mientras España sigue sin tener gobierno ni visos de formarlo. En un vacío de poder, pero no de corrupción. Sobre esto mi artículo de hoy el elMón.cat.
A continuación, la versión castellana.
La Diada cataliza el proceso
En 2012, preguntado Rajoy qué pensaba de una Diada multitudinaria, pacífica, democrática e independentista, respondió que aquello era una “algarabía”. La “mayoría silenciosa” por supuesto, no alborotaba y no quería la independencia. Cuatro años después, la “algarabía”, que jamás fue tal cosa, sigue siendo un impresionante ejemplo de voluntad popular civilizada, ordenada, pacífica y democrática en lucha por una Estado nuevo. Un derecho inherente a toda nación como la catalana. A su vez, la “mayoría silenciosa” ha dejado de ser “silenciosa”, pero no ha conseguido ser mayoría y casi consigue no ser en absoluto. La manifestación convocada por la Societat Civil Catalana en favor de España como unidad de destino en lo universal no llegó a las dos docenas de participantes, contando los que sostenían las banderas. La convocada por En Comú Podem en favor del “referéndum pactado” con el Estado en lugar de la independencia, según parece, se quedó en unos trescientos o cuatrocientos pactistas o pactadores, que parecen pocos para convencer a Estado alguno.
La inmensa mayoría de la ciudadanía políticamente movilizada se echó a la calle el día once para mostrar a las autoridades, a los ciudadanos españoles y al mundo entero su voluntad de constituirse en Estado independiente. Un hecho que ha acelerado notablemente el proceso hacia la independencia.
Al caer la noche del domingo, la señora Colau afirmaba en la tele a Ana Pastor que la mayoría ciudadana no se manifestaba por la independencia, sino por un referéndum pactado con el Estado. En el trayecto no se escucharon gritos a favor del referéndum sino de la independencia, pero dicho quedaba y en la TV. Más o menos a la misma hora, Puigdemont anunciaba que, visto el éxito de la Diada, superada la cuestión de confianza, el día 28 de septiembre pediría un referéndum al Estado. Desde el punto de vista de En Comú Podem, se trataba de una feliz rectificación del Presidente. No hay que jugar con vías unilaterales que son callejones sin salida sino que hay que ir por la de la legalidad, con un referéndum pactado para reformar luego España de arriba abajo. Por fin, Puigdemont aceptaba que el proyecto de En Comú Podem era mejor que el suyo. ¿Cierto?
En absoluto. Puigdemont no pedía negociar con el Estado un referéndum. Pedía hacer un referéndum por considerar que es un derecho de Cataluña. La negociación era secundaria. Y, si el Estado no accedía, proponía elecciones constituyentes a un año vista. Es decir, nada que ver con los planteamientos de En Comú Podem. Una aceleración del proceso y un mantenimiento de la hoja de ruta hacia la independencia, eso que los de Podemos y confluencias consideran que es un inconveniente para la “normalización” de la situación.
Mucho más claro que la izquierda no independentista lo ve el gobierno español, que no se anda por las ramas. El lunes después de la Diada, el ministro Catalá ya anunciaba que el Estado español jamás aceptaría referéndum alguno en Cataluña, negociado o no negociado. Añadía, además, que la intención del gobierno era aplicar la legislación penal a todos aquellos comportamientos de los políticos independentistas que se la merecieran. Nadie por encima de la ley. Todos a cumplirla y afrontar sus responsabilidades si cometían algún ilícito. Pura amenaza implícita a Puigdemont, Forcadell, Mas, Homs, Rigau, Ortega. Y la lista va creciendo. Con esto, Catalá contestaba de una sola vez tanto a Puigdemont como a Colau.
La respuesta de Colau todavía no ha llegado y es probable que no llegue por razones que todo el mundo se malicia, esto es, porque hay un entendimiento de fondo entre Podemos y el Estado español que no se da en el caso de Puigdemont y los independentistas.
Por eso, la respuesta del Presidente no se hizo esperar de forma que, en la misma mañana del exabrupto del ministro de Justicia, Puigdemont, dando el caso por cerrado, puso fecha a las elecciones constituyentes catalanas: la Diada de 2017. El proceso de la independencia, que tenía término a quo, la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, aniquilando el Estatuto, ya tiene también término ad quem.
