miércoles, 18 de enero de 2017

Bilateralidad

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado De igual a igual, versa sobre la última formulación del independentismo catalán. En la poderosa carta de Puigdemont a Rajoy hace un par de días en la que el catalán rechaza una vez más la invitación a asistir a la conferencia de presidentes de CCAA y afima que no sirven para nada, sostiene que Cataluña se ha ganado hace ya tiempo el derecho a relaciones bilaterales con España. Se trata de una reivindicación catalana antigua que el nacionalismo español, empeñado en tratar a las naciones como regiones para someterlas a todas, no puede aceptar. Y si, por ejemplo, Rajoy la aceptara, los presidentes autonómicos se le echarían a la yugular, empezando por la presidenta andaluza, cuya idea de Cataluña todavía es más españolista, obtusa y malintencionada que su catolicismo trianero.

Cataluña tiene perfecto derecho a exigir esa bilateralidad en función de su condición nacional que los nacionalistas españoles no pueden aceptar porque temen quedarse sin país. En realidad responde a una vieja práctica eclesiástica cuando una sola diócesis se dividía en dos y ninguna de ellas quería quedar supeditada a la otra. La iglesia las declaraba entonces aeque principaliter, esto es, iguales en dignidad, jurisdicción y competencias. Eso es lo que quiere el independentismo catalán y si en el Estado español hubiera un adarme de inteligencia, se apresuraría a aceptarla. Pero no lo hará y será él mismo quien provoque la independencia de Cataluña que trata de evitar.

A continuación, la versión cstellana del artículo:

De igual a igual

Las relaciones de Puigdemont y Rajoy son una imagen de las de España y Cataluña. Rajoy dice en una entrevista en terreno amigo en “La Razón” que el referéndum catalán no se hará y que eso lo sabe todo el mundo. Ignoro si el presidente considera a los catalanes parte del mundo pero, por si acaso, muchos de ellos parecen desconocer esa brillante verdad y hasta persisten en el error. Puigdemont, por ejemplo, asegura que habrá referéndum y será vinculante. Es decir, según Rajoy, no sabe y no sabe que no sabe.

Junqueras, el vicepresidente, tampoco sabe que el referéndum no se celebrará y hasta profundiza en el error afirmando que el referéndum se hará y lo que está por ver es qué hará el gobierno para impedirlo.

Eso es imposible saberlo y es bastante probable que ni el gobierno lo sepa. Desde luego, intentar que lo explique Rajoy es perder el tiempo, pues ostenta el record de políticos capaces de hablar más tiempo sin decir nada o diciendo algo y su contrario. Está claro que el referéndum es el primer desencuentro y el más patente, justo en la línea de confrontación. De ahí que Puigdemont hable de adelantarlo en el caso de que la justicia española proceda a inhabilitar a representantes catalanes. No parece muy seguro que el gobierno tenga pensada una respuesta a la convocatoria oficial del referéndum y mucho menos de que la tenga si el llamado a urnas se acelera.

De igual modo, hace tiempo ya que Puigdemont anunció que no pensaba asistir a la conferencia de presidentes de las CCAA como, por otro lado, también ha hecho el presidente de la CA Vasca, Urkullu. La insistencia del gobierno (Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy) en convencer al primero de que acuda a la reunión y su fracaso, en el fondo, relativiza el valor de los acuerdos que adopte el cónclave. La ausencia del vasco es llevadera por el asunto del concierto, pero la del catalán equivale a un veto, ya que es un contribuyente neto al fondo. Un veto al gobierno del Estado es una especie de ejercicio de soberanía de hecho. Un acto por el cual se pone un límite a la soberanía del Estado. Algo que este no puede aceptar por lo que se trata de otro desencuentro.

La carta de Puigdemont a Rajoy en respuesta a su invitación y rechazándola plantea que Cataluña se ha ganado el derecho a mantener una relación bilateral con el Estado. Es la vieja idea confederal del “aeque principaliter” o igualdad de jurisdicciones y soberanías. Un enunciado revolucionario que el gobierno no puede aceptar sin una reforma constitucional.

Cuando, en los años del terrorismo etarra en alguna ocasión se constituyeron mesas de negociación del gobierno con ETA, los ataques eran que el Estado no podía negociar con una banda terrorista. Que se depusieran las armas, llegara la paz y se podría hablar de todo. Y, sin embargo no era cierto. Esa exigencia de relación bilateral de España y Cataluña no es una petición de que el Estado negocie con una banda terrorista sino con una nación. Esta no está defendida por pistoleros sino por sus más altos cargos institucionales, una mayoría parlamentaria absoluta y millones de ciudadanos que los respaldan.

La cuestión es ahora si esa masa crítica que se supone aportará el referéndum puede esperar al resultado de un prolijo, incierto e inseguro proceso de reforma constitucional en España que, en lo referente a Cataluña, reformará muy poco. De aquí que en el sector independentista aumenten en volumen las voces que piden seguir con la hoja de ruta y también las de quienes propugnan una DUI ya. El argumento que usan para convencer a los confederalistas es que lo inteligente es ir a la independencia y si, más tarde, España tiene alguna propuesta interesante de unión, asociación o colaboración será bienvenida y estudiada.