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lunes, 27 de febrero de 2017

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue, entrecomillando es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Operación diálogo

El nuevo talante abierto y negociador del gobierno central en relación a Cataluña está dando resultados óptimos. Basta con ver la foto. Siempre se acusa a los políticos de ser falsos y ocultar sus fracasos y traiciones tras exageradas sonrisas. Esta imagen prueba que aquí de falso no hay nada. Los gestos retratan el alma. La virreina a la izquierda no solo alza la cabeza por exigencia física de las respectivas estaturas, sino también como gesto de imperio que espera sumisión. Los gestos de los otros dos reflejan los momentos por los que pasan: la señora Forcadell, ya procesada, puede serlo por segunda vez y el señor Junqueras acaba de firmar una comunicación del TSJ, dándose por enterado de que la decisión del Parlament de convocar un referéndum es ilegal.

Como diálogo, todo un éxito.

La composición en sí misma es un poema. Ignoro si la centralidad de Junqueras se atiene al protocolo, incluso si ha lugar aquí a aplicar protocolo alguno. Desde el punto de vista gráfico, la imagen tiene un lejano eco de retablo medieval. La figura del centro, de dimensiones mayores en comparación con los paneles laterales parece considerar con la mirada puesta en el espectador, aunque perdida, de qué lado inclinarse, si el bien o el mal, el vicio o la virtud. Estas dos opciones, a su vez, cruzan sendas miradas entre sí que sin duda, hablan de cómo prospera el diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. Un camino de rosas.

El referéndum

Aquí el artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado, 46/45. 46, las propuestas de Puigdemont de hace un año para debatir en La Moncloa; 45 las que La Moncloa está dispuesta a negociar un año después. No es rápida La Moncloa. Y la diferencia, la propuesta cuadragésima sexta, que el gobierno central excluye expresamente, es la del referéndum. Es decir, no hay, no puede haber diálogo.

Seguramente entre los cientos de asesores de que dispone Rajoy, todos cobrando una pasta de nuestros bolsillos, alguno le habrá dicho lo obvio: el referéndum es insoslayable. Aunque la comisión (supongo que se nombraría una comisión) negociadora alcanzara acuerdos en las 45 cuestiones de marras, el resultado habría de someterse a referéndum en Cataluña. No hemos llegado hasta aquí para que una reunión de sobremesa sustituya la voluntad democrática de los catalanes. Así que no se entiende el encabezonamiento de Rajoy salvo por un atavismo imperial muy típico de esta derecha reaccionaria: cualquier desacuerdo, discrepancia, se convierte en un asunto de principios enfrentados a muerte. Por eso lleva el Estado español cuatrocientos años de imparable decadencia.

Aquí la versión en castellano:

46/45

Hace algo menos de un año, en abril de 2016, Puigdemont se personó en La Moncloa con un repertorio de 46 cuestiones pendientes de tratar entre la Generalitat y el gobierno central, el doble de las que había ofrecido negociar a su vez Artur Mas el año anterior. Ambos presidentes recibieron el acostumbrado y arrogante “no” mesetario envuelto en la retórica flamígera del caduco imperio a cuenta de que una de las cuestiones era el referéndum: no se puede negociar con la soberanía del pueblo español.

¿Acaso no coinciden Rajoy y Felipe González en ese punto falaz de la soberanía innegociable del pueblo español? En ese y en muchos otros, pero ese es aquí decisivo porque explica por qué el nacionalismo español no se divide entre izquierdas y derechas. Es siempre de derechas. El de izquierdas, también.

Meses más tarde, en diciembre de 2016, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitía que el gobierno podía hablar de 45 de las 46 peticiones catalanas. Fuera quedaba la cuadragésimasexta, que no podía ni pronunciarse: el referéndum. De empeñarse en ello la parte catalana, no habría ningún diálogo. Y ese es el espíritu que destila la actitud actual del gobierno central: negociar sobre 45 de las 46 cuestiones, dejando aparte expresamente el referéndum que es precisamente la propuesta que da sentido a la posición de la Generalitat y constituye su fortaleza. Cosa, por cierto, que podría haber ofrecido ya hace un año de ser menos lento y algo más responsable.

Al final, por tanto, el gobierno se sienta a negociar a regañadientes, con un año de retraso y con imposiciones, como siempre. Pero lo hace. Los que no querían ni empezar a hablar han acabado comprendiendo que escenifican algo o la hoja de ruta catalana, en la que nunca han creído, va a barrerlos a ojos de la opinión pública internacional. La misma asustada sospecha de los socialistas que han pasado a hablar de “plurinacionalidad” de España pero tampoco quieren oír hablar de referéndum catalán.

Para disimular su insostenible posición, el gobierno ha conseguido ya que su Tribunal Constitucional, el órgano que actúa a sus dictados, haya anulado la decisión del Parlament de convocar el referéndum. De este modo, se sitúa fuera de la ley cualquier medida de las instituciones catalanas en prosecución de la hoja de ruta y se posibilitan más actividades represivas. De hecho, el TC ya ha instado a la Fiscalia a que afine una segunda causa penal contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

En estas condiciones la oferta de diálogo y entendimiento del gobierno español es una farsa dentro de su acostumbrada política de amenazas. A los efectos ha soltado también a sus voceros, pregoneros e intelectuales orgánicos de todo el espectro político para que exijan perentoriamente medidas contundentes. Si hace una fechas, Vidal Quadras recordaba que, cuando no se respeta el Estado de derecho (el Estado de derecho de la derecha española que ni tiene derecho ni, en el fondo, es un Estado) las cosas se resuelven por la violencia, su correligionario, Albiol, escenificaba gráficamente la amenaza pintando un futuro –que él decía querer evitar- con el ejército de desfile por la Diagonal. Menos belicosa la izquierda prefiere asustar por la vía administrativa y penal, y Guerra habla de suspender la autonomía con el artículo 155. El mismo artículo que invoca ese aparatoso prohombre, intelectual orgánico de la transición, Juan Luis Cebrián. El último cachorro del franquismo mediático, le añade un toque paramilitar hablando de la Guardia Civil, para cerrar el círculo con los escandalizados prohombres de la derecha.

En el fondo, quien mejor representa este espíritu de nacionalismo español por encima de sus tenues banderías es José María Aznar, que considera pusilánime toda intención dialogante del gobierno central con la Generalitat. El mismo Aznar que entregó el 15% del IRPF a la Generalitat a cambio del voto de Pujol a su investidura. Una concesión que evidencia el fondo real de la intención del nacionalismo español, especialmente el de derechas: está dispuesto a trocear España a cambio del mantenimiento de su privilegio sempiterno de gobernar lo que quede de ella. Lo que diferencia el independentismo catalán del nacionalismo español, sobre todo el de derechas, es que este último no cree en lo que dice defender.

lunes, 20 de febrero de 2017

Sin referéndum, nada

El País sigue exultante con complejo de consejero áulico de éxito. Rajoy gobierna a golpe de editorial de este periódico independiente que ve ya entreabrirse la solución al "problema catalán". El mastodonte se mueve y decide dar forma a la alternativa que pedía Mas. Ditirámbico, el periódico titula la oferta de Rajoy para Cataluña.

Bien, ¿qué Rajoy? El de los cuatro millones de firmas "contra los catalanes"; el del recurso del Estatut ante el Tribunal Constitucional que dio lugar a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 que negaba la condición de nación a Cataluña; el que llamaba "algarabía" a las multitudinarias manifestaciones de las Diadas, que comenzaron a partir de la manifestación de julio de 2010 ("Som una nació. Nosaltres decidim"); el que consideraba la consulta del 9N una especie feria verbenera; el que ha judicializado el conflicto, al que niega su carácter político considerándolo un problema de orden público; el que dijo "no" a Mas cuando se presentó en La Moncloa a pactar un sistema de cupo catalán; el que dijo "no" a las 46 peticiones que llevó su sucesor Puigdemont al mismo huerto.

Efectivamente, este Rajoy que considera una "amputación" la separación de Cataluña, parece haber visto de repente el camino a seguir a la luz de los editoriales de El País. Y de ahí eso de "la oferta de Rajoy para Cataluña". La materialización de la "alternativa" de Mas. Ahí es nada. Una alternativa para Cataluña. De golpe. Lo de menos aquí es si esa oferta existe y ya está en consideración por ambas partes o una de ellas anda dando cuartos al pregonero mientras la otra afirma no saber nada al respecto. Al extremo de compararla con el espíritu santo del que, según Puigdemont, habla todo el mundo pero nadie ha visto.

Lo importante es el contenido de la oferta. Es llamativo que se arme sobre los 46 puntos que llevó Puigdemont a la corte el 19 de abril de 2016, el doble de los que llevara Mas un año antes y cosechando el mismo rotundo "no". A fines de año, Sáenz de Santamaría mostraba disposición a negociar sobre 45 de aquellas propuestas. La que faltaba, y sigue faltando en la respuesta de Rajoy, es el referéndum. Siga como siga la negociación, la primera cuestión es por qué tarda el Estado, el gobierno central, casi un año en dar una respuesta a una iniciativa de la Generalitat. Me atrevo a decir que es el tiempo que le ha llevado comprender la importancia del independentismo catalán. Hace todavía un año en la meseta no se consideraba la independencia de Cataluña como algo verosímil. Se creía que el movimiento se resquebrajaría con la corrupción de los Pujol, que se desharía con las rencillas y enfrentamientos entre partidos. No ha sido así y hoy se ve la independencia catalana como una grave amenaza. Cataluña ha pasado de no existir a imponerse como la motivación número uno de la actividad del gobierno, quien ha destacado en el Principado a la virreina Sáenz de Santamaría. Misión imposible para quien no entiende el catalanismo desde su misma raíz.

La condición o requisito de abandonar el referéndum para empezar a negociar  está condenada al fracaso porque la otra parte no puede aceptarla. Cualquier mediano conocedor de teoría de juegos sabe que si una parte que lleva ventaja gracias a una amenaza, renuncia a la amenaza, pierde la ventaja. No creo que la Generalitat renuncie al referéndum. Y, por otro lado, no veo por qué no puede pactarse uno vinculante. Es lo más sensato para que todos sepamos a qué atenernos.

Hay una alternativa a la independencia: la no independencia, desde luego, pero tiene que salir en un referéndum.

A lo que no hay alternativa es al referéndum, diga Rajoy y diga El País lo que quieran.

sábado, 18 de febrero de 2017

¿Salida?

Ayer lo decía modestamente Palinuro, que los de El País estaban levitando con la oferta de Mas de escuchar alguna alternativa a la situación en Cataluña. Y tanto. Hoy, la gallina de la alternativa en Cataluña ha puesto un huevo en forma de editorial: una salida para Cataluña. Y dice y urge que hay que "aprovecharla". 

Salvando la gracia de usar el substantivo "salida" cuando se quiere decir "entrada", la alternativa con la que sueña El País no es a la independencia, sino al referéndum y eso parece un error difícil de subsanar. Al menos mientras el nacionalismo español siga sin entender que el apoyo popular en Cataluña a la independencia es la mitad del del referéndum y lo que esto significa. Cosa muy difícil de transmitir a alguien que solo razona en términos de principios, siempre que no se le apliquen a él. 

Absurdo parece que El País bata palmas por la aparición de una posibilidad, la alternativa, que el independentismo ha venido admitiendo desde siempre. Porque quien lucha por cambiar su futuro considera siempre todas las alternativas. El problema no está ahí. El problema está en que quien debe presentarlas, esto es, el gobierno central, no está dispuesto a hacerlo. Una vez más se certifica que la mayor fuente de independentistas es la política del gobierno central.

viernes, 17 de febrero de 2017

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

miércoles, 8 de febrero de 2017

La solución no son los tribunales

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La justicia del enemigo sobre este desafortunado proceso político a Mas, Rigau y Ortega. Argumentaba Mas en su comparecencia que el Tribunal Constitucional (TC) nunca le advirtió de las consececuencias de no obedecerlo. Y aquí está precisamente el punto neurálgico de este procedimiento. El TC no podía advertirle de las consecuencias de no obedecerlo porque no las tenía. Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/215, de 16 de octubre, no existía el delito específico de desobediencia al Tribunal Constitucional. La dicha reforma de la Ley Orgánica del TC facultaba a este para velar el cumplimiento de sus decisiones pero no podría aplicarse al Govern de la Generalitat porque eso sería retroactividad de una norma penal. Por eso, la querella interpuesta por la Fiscalía catalana por exigencia especial del Fiscal General del Estado tira del Código Penal y trata de encajar el comportamiento de la Generalitat en el delito de "desobediencia grave" a cualquier autoridad. Y eso es lo que habrá que probar. 

Al margen de estas cuestiones de detalle, aunque sean básicas, el procedimiento contra Mas, Rigau y Ortega tiene una función eminentemente intimidatoria y es el arranque de una vía anti-independentista basada en la represión judicial que no conducirá a ningún sitio, salvo a iniciar un nuevo símbolo emancipador, concentrando en la persona de Mas el significado de la lucha de un pueblo.

Aquí la versión castellana del artículo:

La justicia del enemigo
                                                                                                             
El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.  

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior. 

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común. 

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.


La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.


martes, 7 de febrero de 2017

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

miércoles, 1 de febrero de 2017

La dimisión de Vidal y las consecuencias

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "las personas y el proyecto", trata de las desafortunadas afirmaciones públicas del juez Santiago Vidal y sus consecuencias, tanto para él como para la causa que representa. Personalmente, su comportamiento ha sido correcto: la dimisión como senador de ERC. Eso es lo que se espera de un político democrático en Europa. No lo es en España, claro, país en el que, hagan lo que hagan, los políticos (especialmente los de la derecha) no dimiten jamás. Un guasón diría que es una prueba más de que Cataluña no es España porque en Cataluña se dimite. Y poco importa si esa dimisión ha sido a propia iniciativa del interesado o por presión de su organización. Eso es indiferente. El hecho objetivo, claro, incuestionable es que, si alguien actúa inadecuadamente, debe asumir su responsabilidad.

Tiempo ha faltado a la oposición para exigir responsabilidades a todos los demás niveles: explicaciones, comparecencias, hasta una comisión parlamentaria de investigación. Produce cierta irritación ver que quienes no dimiten ni cuando los pillan con la mano en la caja sean ahora tan estrictos con los demás. Comportamiento típico de escribas y fariseos. Y, no obstante, el juez Vidal, ni ERC, ni el gobierno de la Generalitat pueden negarse o responder con un "y tú más". Esas explicaciones deben darse; esas comparecencias, producirse. Para que quede claro que el proyecto independentista no recurre a los mismos procedimientos de guerra sucia del Estado que quiere ahogarlo. Y si, de esas explicaciones se siguieran otras responsabilidades personales, también deben asumirse sin rodeos.

Las faltas, los errores, los cometen las personas, no los proyectos. Son las personas quienes deben arrostrar las consecuencias de sus actos y no los proyectos colectivos. Poco futuro cabe augurar a la hoja de ruta si recurre a los procedimientos del adversario. No solamente porque ello sería una inmoralidad sino también porque sería un error estratégico.

A continuación, la versión castellana del artículo:

Las personas y el proyecto

Se entiende por qué los políticos del PP no dimiten nunca, hagan lo que hagan, tanto si abusan de su poder como si impiden el ejercicio de derechos ciudadanos o cometen delitos. Saben que la dimisión no es nunca el fin de una aventura, sino su comienzo. A continuación vienen las exigencias de que se pida perdón, las peticiones de comparecencia o las comisiones de investigación. Es mucho mejor no dimitir y dejar que escampe.

Por eso no dimitió Trillo después de la catástrofe del Yak42 de la que es políticamente responsable. Por eso tampoco Rajoy pide perdón a los familiares de las víctimas 14 años después de aquel desastre acaecido cuando él era vicepresidente del gobierno y, por tanto, también responsable. Por eso igualmente tampoco dimitió Fernández Diaz aunque esté bajo vehemente sospecha de haber hecho todo tipo de juego sucio contra el independentismo catalán, incluida la presunta “hazaña” de intentar destruir la sanidad catalana. Dimitir es reconocer responsabilidad, quizá culpabilidad y eso no es práctica común de la derecha.

La dimisión de Santiago Vidal se aleja de la práctica hispana y se acerca a la europea. Se hacen declaraciones inoportunas o injustas o falsas y, en consecuencia, se dimite. Esta dimisión ha provocado la consabida avalancha de peticiones de la oposición, tratando de acorralar tanto al dimisionario como al gobierno catalán, principal afectado por las declaraciones del juez. Al margen de la torcida intención que tienen muchas de estas peticiones, es importante que el bloque independentista y especialmente ERC, organización a la que pertenece Vidal, continúen en el espíritu europeo iniciado por el juez, den todas las explicaciones que razonablemente quepa esperar y disipen la sombra de la duda en los procedimientos aplicados en la hoja de ruta.

Es irritante ver cómo quienes actúan de modo prepotente y a veces supuestamente ilegal, quienes recurren a las cloacas del Estado para conseguir fines ilegales e inmorales, quienes censuran y abusan, se erijan en paladines de la democracia y el Estado de derecho. Pero eso no justifica el recurso al “y tú más” por la muy sencilla y poderosa razón de que ambas partes no son iguales. Nunca serán iguales quienes luchan por la libertad y quienes lo hacen contra ella, quienes quieren emanciparse y quienes sojuzgar a los demás. Quienes aspiran al pleno uso de los derechos nacionales no pueden recurrir a los mismos procedimientos que quienes quieren suprimirlos
Las desafortunadas declaraciones de Vidal comprometen a ERC, a JxS y al conjunto del bloque independentista porque afectan al comportamiento de las instituciones. Los responsables no deben ser reticentes a la hora de disipar dudas, evidenciar la falsedad de las sospechas, mostrar la limpieza del gobierno y sus departamentos. La oposición, incluida la más reaccionaria y xenófoba, está en su derecho de exigir cumplidas explicaciones y el gobierno catalán está en el deber de proporcionarlas. Las comparecencias de las autoridades en sede parlamentaria no deben ser obligadas, sino voluntarias. Y si llegara a demostrarse, que incurrieron en ilegalidades o actitudes reprobables, deben asumir su responsabilidad ipso facto y actuar en consecuencia. Son las personas responsables quienes deben pagar por ello so pena de que lo haga el proyecto.

La Constitución de la República Catalana, de la que el juez Vidal es uno de los corredactores, como el proyecto de emancipación nacional a que aspira no puede fundamentarse en comportamientos dudosos y actividades que no puedan hacerse públicas sin suscitar la suspicacia y el temor de la ciudadanía.

Vidal-Quadras explica en twitter que, cuando se abandona la protección del Estado de derecho, cuando se va contra la ley, la única solución es la fuerza. Es una amenaza obvia. Aunque cabe discrepar de la idea de la ley y el Estado de derecho que profesa el exeurodiputado del PP, en un sentido realista solo cabe darle la razón. Ir contra ley, por inicua que esta sea, es arriesgarse a sufrir el uso de la fuerza, que a nadie agrada.

Por eso es muy importante que todas las actuaciones del gobierno catalán sean escrupulosamente legales, para ajustarse al enunciado de Puigdemont “de la ley a la ley”. Es esencial que, al llegar el momento crucial de la confrontación política del referéndum, el Estado no haya recurrido al uso de la fuerza, amparado en una supuesta ilegalidad previa. Que se atreva a declarar ilegal el referéndum, a su vez amparado en una legitimidad que tiene un amplio reconocimiento interior y exterior.

La República Catalana hoy en Madrid

Hoy llegará La República Catalana a Madrid, a la emblemática librería Blanquerna, sita en la calle Alcala, 44, a las 19:00. Presentará el acto Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid e intervendrá Joan Tardà, diputado de ERC en el Parlamento español, y Palinuro, el autor del libro.

El encuentro promete ser interesante. Se quiera o no reconocer, el proceso independentista catalán es el problema más importante que tiene planteado el sistema político español. Llevo años diciéndolo y defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes. Al principio, todos me miraban como un extraterrestre, por insistir en algo que parecía una quimera o completamente irrelevante, algo a lo que ninguno prestaba atención. La incapacidad de los políticos y de lo intelectuales españoles para ver lo que tienen delante de las narices es fabulosa. Y así siguen. Todavía hoy asombra el silencio de la clase política, incapaz de tomar una sola iniciativa, y del estamento pensante, dándose pote en sus columnas en los periodiquitos y en sus enchufes en la tertulias audivisuales en donde llevan años diciendo las mismas sinsorgadas. Ninguno dice o hace nada constructivo en relación a Cataluña salvo repetir como carracas que la autodeterminación es ilegal. Como lo fue la independencia de los Estados Unidos, por supuesto, y la de todas las posesiones españolas hasta la fecha, exceptuada la de Guinea, que fue legal, y la del Sahara que, además de ilegal, fue una traición. 

Seguro que alguien en el público se pregunta en voz alta en dónde están los intelectuales españoles en estas circunstancias. No es difícil responder: están con el poder español, como siempre. Y lo están también los de izquierdas, incapaces de reconocer una revolución como la que está dándose en Cataluña porque no se hace según sus apelmazadas consignas.

domingo, 29 de enero de 2017

El referéndum está servido

La decisión de la CUP de apoyar los presupuestos de la Generalitat es un hito en el camino al referéndum. Utilizo el término referéndum y no independencia porque, siendo el primero un instrumento para lograr un fin, la independencia, también puede no lograrla. Con todo, con un poco de juicio, se verá que la mera convocatoria y realización del referéndum ya es un acto de soberanía, de independencia. Pero que se llegue a esto o no depende también en gran medida del gobierno español. La Generalitat insiste en que no se levantará de la mesa de negociación hasta el último momento, esto es, supongo, la víspera del referéndum. Se entiende que si el gobierno español se decide a hacer lo que invoca pero no hace, dialogar, y se llega a un acuerdo, cosa inverosímil, pero no imposible, podría hacerse un referéndum pactado, entendiendo por tal el que se convoque en Cataluña por acuerdo de ambas partes.

Dice Puigdemont que el "sí" de la CUP a los presupuestos es una "mala noticia" para el Estado. Malísima, desde luego. Lo entiende cualquiera medianamente informado del acontecer catalán. El problema es que en España, esa información no se recibe o no se quiere recibir o no se entiende o no se quiere entender. Viaja por las redes un agudo juicio, algo así como En Cataluña sabemos lo que pasa en España, pero en España no saben lo que pasa en Cataluña. Es decir, el "sí" de la CUP sería una "mala noticia" si el Estado supiera calibrar su importancia. Pero no sabe. Si habla de la CUP es para aconsejar a los de JxS que se alejen de los "radicales". 

Sin embargo debiera preocuparse porque ese "sí" reafirma la voluntad mayoritaria del Parlament de celebrar el referéndum en septiembre. A los efectos, los de la CUP avisan por boca de Arrufat de que es un sí "condicionado a la celebración del referéndum". Una advertencia creíble porque, al fin y al cabo, el voto de la CUP ha sido 39 a favor, 22 en contra y dos abstenciones. Aunque, por el momento, parece redundante. No hay razón para dudar de la palabra de Puigdemont, quien afirma que el referéndum se hará y será vinculante.

Y eso en un ambiente cada vez más enrarecido y crispado si, además de negarse en redondo a negociar, el Estado sigue con su política de persecución policial del independentismo. Encontrar formas de entenderse con alguien a quien se intenta meter en la cárcel no es tarea prometedora. Si, además, no se quieren encontrar, la tarea es absurda.

Pero a ver cómo paran ustedes ese referéndum sin meterse más y más en el laberinto.

miércoles, 25 de enero de 2017

Los tres pies del gato

Esos tres apellidos perfilan las tribulaciones del presidente Rajoy: el ala conservadora, el panorama procesal y el conflicto catalán o, para decirlo más a la pata la llana, como suelen hacer los medios: la extrema derecha, la corrupción y el separatismo. Y las tres se retroalimentan. La extrema derecha percibe no una sino tres desvertebraciones de España y, por este camino, no atisba futuro para el país. Pero eso no es nuevo. En buena parte la corrupción se origina en la falta de confianza de los políticos en el país que gestionan y la corrupción viene de los tiempos de Aznar. A su vez, los catalanes, convencidos de tener los elementos necesarios para seguir su propio camino, así lo plantean, sacando buenos réditos de la confusión española actual y la evidente expectativa que esta situación suscita en Europa.

En esas circunstancias, el país tiene un presidente sin mayoría absoluta, zarandeado por la corrupción y con una endiablada crisis constitucional a cuenta del referéndum catalán de la que no tiene ni idea de cómo zafarse. Solo se visualizan los dos presidentes, el de España y el de Cataluña, repitiendo sus voluntades: "todo el mundo sabe que ese referéndum no va a celebrarse", reitera Rajoy. "El referéndum se celebrará, sí o sí" insiste Puigdemont "y será vinculante", añade. La situación es suspensiva, de donde viene el "suspense", hoy sustituido por "thriller".

Pero la cuestión, como siempre, es la confianza que, para afrontar esta delicada situación, ofrece Rajoy. Desde luego, oírlo no tranquiliza nada. En una conferencia en el Casino de Madrid (hasta en esto es la derecha fiel a su espíritu caciquil), el presidente ha amontonado su habitual sarta de particulares lugares comunes. Son particulares por ser muy suyos y son comunes porque los repite siempre, desde que tomó posesión, hace ya un contraplán quinquenal.

Rajoy es experto en comparecer para no decir nada. Y eso, cuando admite preguntas. Y eso, cuando no comparece en plasma. Sobre Aznar no tiene nada que decir, lógicamente. Cada cual es dueño de sus opiniones. Sobre el señor de cuyo nombre no quiero acordarme es cosa en los tribunales y tampoco hay nada que decir, más lógicamente aun. En cambio el presidente fue cumplidamente informado con dos horas de antelación del rotundo fracaso cosechado por el separatista catalán en Bruselas, razón por la cual barbotó eso de que le habían dado "lo que merece" sin saber que quizá "se lo merezca", pero aún no se lo habían dado. Lógica metedura de pata cuando se va por ahí sin saber lo que se dice.

Es sana opinión de la gente de sentido común, la gente previsible, como Rajoy, según asegura él mismo: "no hay que buscar tres pies al gato". 


Alérgicos a la libertad y la democracia

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Juego sucio en el que se reflexiona sobre el enésimo ridículo que han hecho los neofranquistas del PP en Europa. En vísperas de una conferencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, eurodiputado del PP, envió una carta redactada en inglés macarrónico a sus cofrades de la derecha para que no fueran a escuchar a los malvados independentistas que solo quieren subvertir la ley y el orden en la España democrática, representada por él y los que, como él, militan en un partido fundado por un ministro de Franco, autoritario, ordenancista, incompetente, corrupto y... monolingüe. De verdadera risa.

Este Pons y sus amigos del PP aún no se han enterado de que, en una sociedad libre, un intento de censura provoca el efecto contrario... siempre. Y así fue. La sala se llenó y cientos fueron a escuchar a los catalanes, muchos más de los que jamás irán a escuchar a Pons o su jefe, Rajoy, si la gente puede escoger entre ir o no ir.

Hoy todos los medios españoles mentirán como acostumbran, asegurando que la conferencia fue un fracaso. Ayer ya allanó el camino Rajoy, con su habitual inteligencia y capacidad, asegurando que Puigdemont había fracasado en Bruselas, en donde le habían dado "el trato que se merece" y asegurándolo dos horas antes de que la conferencia comenzara porque, en realidad, esta especie de castigo que ha caído sobre España no sabe ni en qué día u hora vive.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Juego sucio

Entre otras cosas, la democracia es un juego sometido a reglas. El juego es limpio cuando las reglas se respetan. No lo es si no se respetan. Una de las reglas democráticas básicas es que los participantes en un debate público se identifiquen adecuadamente. Un encuentro en televisión de un par de horas, contemplado por cientos de miles, quizá millones, de ciudadanos es algo innegablemente público.
Estos encuentros en los medios no pueden ser anónimos, como en las redes, en donde suele haber perfiles falsos. Y no pueden porque es faltar a otra regla básica del juego: la de igualdad de oportunidades. En el encuentro con el presidente Puigdemont este era él mismo, se representaba a sí mismo, no podía ser otro. Algunos de los intervinientes, en cambio, ocultaron sus adscripciones ideológicas, incluso militancia o pertenencia a unas u otras organizaciones, simulando ser ciudadanos normales, de a pie. De todas formas, parece que el presidente ha ganado de calle porque el juego sucio no paga.

Y, mientras se debate apasionadamente sobre el programa de preguntas a Puigdemont, en Bruselas se ponía en marcha otra operación de juego sucio. Ahora se trata de boicotear la presencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo a explicar el llamado procés.

Este tipo de encontronazos son frecuentes en los últimos tiempos. El ministerio de Asuntos Exteriores debe de tener un departamento exclusivamente dedicado a seguir la pista de la acción exterior de la Generalitat, que no parece descansar. Cada vez que detecta un acto montado por el Diplocat, comisiona al personal de la correspondiente embajada para que le pongan todos los inconvenientes que se puedan. Parte del servicio exterior del Estado se dedica a combatir en un conflicto interior.

Pero ahora el asunto se plantea en otros términos, más agudos y simbólicos. El eurodiputado del PP González Pons ha enviado una carta circular a los diputados del PP para que no vayan a la conferencia de los catalanes. Lo pide como correligionario y como amigo, insistiendo en que las reivindicaciones de los conferenciantes quebrantan la ley, la Constitución y el Estado de derecho en España. La verdad, resulta divertido que un dirigente de un partido fundado por un exministro de Franco hable con tanta unción del Rule of law y de la Constitución en contra de la cual votaron algunos dirigentes de esa militancia.

No debe dejarse de lado el hecho de que también el PSC ha manifestado su opinión contraria al acto de JxS en carta dirigida al órgano central del Partido Socialista Europeo, pero no piden a los demás diputados de su orientación que no asistan. Es una posición mucho más respetuosa que la del PP y no juego sucio.

¿En qué consiste el juego sucio? En el hecho de dificultar a los demás el ejercicio de sus derechos. Puigdemont, Junqueras y Romeva comparecen en una sala de una comisión del Parlamento dentro de unos trámites y procedimientos legales. No hay razón para prohibir la comparecencia, aunque el empeño por boicotearla deja entrever que, si pudieran, la prohibirían. En todo caso, el boicot es una especie de censura porque se presiona a otros para que no accedan a una información, pero no se ofrece sustituirla por otra.

Esa es la parte más claramente antidemocrática de este juego sucio. Si los representantes españoles del PP en el Parlamento Europeo quieren proteger a sus colegas de toda contaminación con discursos ilegales, anticonstitucionales y contrarios al imperio de la ley, lo que tienen que hacer no es impedir que se escuchen sino ofrecerse voluntarios para mantener un debate con quienes traen tan protervos designios. Eso sería, además, una clara muestra de respeto a la dignidad del Parlamento, órgano capaz de escuchar y ponderar todo tipo de reclamaciones políticas sin que venga nadie a darle permiso.

No sé si esa comparecencia podría convertirse sobre la marcha en un diálogo/debate entre las dos posiciones. Sería muy precipitado. Pero sí podría proponerse en serio por los canales oportunos para un futuro a corto plazo, inmediato, un nuevo encuentro en el Parlamento europeo entre representantes de la Generalitat y del Gobierno español. De ese modo, el gobierno español podría ejercer ese diálogo que pregona y hacerlo delante de un público muy interesado. Seguro que no habría problemas de asistencia.

jueves, 19 de enero de 2017

La nación precaria

Francesc Puigpelat (2016) Breu història del nacionalisme espanyol. De la Constitució de 1812 a la prohibició del 9N. Barcelona: Angle Editorial. 239 págs.
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Francesc Puigpelat aclara que ha escrito antes un ensayo que una historia, aunque lo llama "historia" en el título. Está bien la advertencia. Allana el camino, porque no es una historia en sentido riguroso, sino una historia de la interpretación de la historia y una interpretación en sí misma. Desde una perspectiva catalanista. Es una reflexión sobre un obstinado ente de razón, el nacionalismo español, en su camino hacia la nada. Y bastante ajustado a lo que, a juicio de este crítico, es la realidad. Así que leer el libro es como pasear por lugares conocidos con un amigo cuya compañía ilustra y enriquece.

En una primera parte (el prenacionalismo) Puigpelat sintetiza el conjunto desde el origen legendario en el mito de Don Pelayo y el relato fabuloso de la Reconquista hasta la unión de Castilla y Aragón como fecha oficial de nacimiento de España. La imposición del castellano y el centralismo hasta los Borbones aún felizmente reinantes.

En una segunda parte (Los orígenes: de la Constitución de 1812 al desastre de 1898), despacha el autor el agitado XIX. Deja claro que el nacionalismo español arranca de la Constitución de 1812, cuyo carácter "nacional" y "liberal" es altamente problemático. De ahí se sigue que también el liberalismo español sea sui generis y políticamente débil. La llamada Pepa consagraba en su artículo 12 la religión católica, apostólica y romana como la de la nación española para siempre y comprometía al Estado a no permitir el culto de las otras. Lo menos que puede decirse de un liberalismo compatible con la intolerancia es que es poco liberal. Y ahí también está la raíz de la versión de las dos Españas que el autor personifica en Modesto Lafuente por el lado liberal y Menéndez y Pelayo por el conservador. Pero en algo están ambos de acuerdo: el origen de España se pierde en la noche de los tiempos y, desde luego, ya está asentada con los visigodos. También comparten otros mitos, cuando se otorga a la Castilla "predemocrática" la defensa de unas libertades y un pactismo de origen medieval que, en cambio, sí existía en Cataluña desde los tiempos del Eiximenis (siglo XIV).  

En la tercera parte (La época de esplendor: de la generación del 98 a la República) Puigpelat comienza con una referencia al famoso discurso de Lord Salisbury el 4 de mayo de 1898, el célebre "dying nations", por el que se refería a España y Turquía. Por cierto, de ese discurso se hizo eco Almirall con un artículo en el que animaba a Cataluña a separarse de España, que era un cadáver. Y, de aquí, la famosa generación del 98, la idea de la decadencia y el mito de Castilla. Y tan mito. Ortega había dicho que "Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho". Le corrigió Sánchez Albornoz en las Cortes de 1931 en presencia del filósofo: "Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla”. Sutil matiz. Y todavía llegaría Julián Marías a matizar más agónicamente "Castilla se hizo España". Para dar y tomar. Y mientras el nacionalismo español trataba de encontrarse luego del "desastre", el catalán ya encendido en la Oda a la pàtria de Bonaventura Carles Aribau (1833) y Lo catalanisme, de Valentí Almirall (1886), se articulaba a través del federalismo para postular la nación catalana y el consiguiente Estat català. Mientras tanto, el nacionalismo tenía una idea de modernización de España. La República fue como una especie de institucionalización de la conllevancia orteguiana y, luego, la pesada losa de cemento de la dictadura de 40 años en los que se cultivó el nacionalismo español más delirante combinado con el intento de extirpar las otras naciones en el Estado.  

En la cuarta parte (el eterno retorno: del franquismo a la actualidad), se traza el escaso recorrido desde el franquismo hasta el "café para todos", momento en que con cierto humor, el autor señala que si 17 son las CCAA de fines del siglo XX, 18 eran cuadrículas numeradas en que quería dividir el territorio Valentín de Foronda a primeros del XIX. Aquí, en realidad, no se ha movido nada. Puede ser que, en efecto, el nacionalismo español no tenga historia porque se empeña en ser inmutable, idéntico a sí mismo a lo largo de los siglos. O sea, un fósil, por otro nombre, la "nación milenaria" del PP a la que pretendía este adaptar la doctrina del "patriotismo constitucional", algo absolutamente disparatado. Claro que no más disparatado que el hecho de que la primera línea del AVE sea la de Madrid-Sevilla.

Es un buen libro, de ágil lectura sobre la problemática nación española.

miércoles, 18 de enero de 2017

Bilateralidad

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado De igual a igual, versa sobre la última formulación del independentismo catalán. En la poderosa carta de Puigdemont a Rajoy hace un par de días en la que el catalán rechaza una vez más la invitación a asistir a la conferencia de presidentes de CCAA y afima que no sirven para nada, sostiene que Cataluña se ha ganado hace ya tiempo el derecho a relaciones bilaterales con España. Se trata de una reivindicación catalana antigua que el nacionalismo español, empeñado en tratar a las naciones como regiones para someterlas a todas, no puede aceptar. Y si, por ejemplo, Rajoy la aceptara, los presidentes autonómicos se le echarían a la yugular, empezando por la presidenta andaluza, cuya idea de Cataluña todavía es más españolista, obtusa y malintencionada que su catolicismo trianero.

Cataluña tiene perfecto derecho a exigir esa bilateralidad en función de su condición nacional que los nacionalistas españoles no pueden aceptar porque temen quedarse sin país. En realidad responde a una vieja práctica eclesiástica cuando una sola diócesis se dividía en dos y ninguna de ellas quería quedar supeditada a la otra. La iglesia las declaraba entonces aeque principaliter, esto es, iguales en dignidad, jurisdicción y competencias. Eso es lo que quiere el independentismo catalán y si en el Estado español hubiera un adarme de inteligencia, se apresuraría a aceptarla. Pero no lo hará y será él mismo quien provoque la independencia de Cataluña que trata de evitar.

A continuación, la versión cstellana del artículo:

De igual a igual

Las relaciones de Puigdemont y Rajoy son una imagen de las de España y Cataluña. Rajoy dice en una entrevista en terreno amigo en “La Razón” que el referéndum catalán no se hará y que eso lo sabe todo el mundo. Ignoro si el presidente considera a los catalanes parte del mundo pero, por si acaso, muchos de ellos parecen desconocer esa brillante verdad y hasta persisten en el error. Puigdemont, por ejemplo, asegura que habrá referéndum y será vinculante. Es decir, según Rajoy, no sabe y no sabe que no sabe.

Junqueras, el vicepresidente, tampoco sabe que el referéndum no se celebrará y hasta profundiza en el error afirmando que el referéndum se hará y lo que está por ver es qué hará el gobierno para impedirlo.

Eso es imposible saberlo y es bastante probable que ni el gobierno lo sepa. Desde luego, intentar que lo explique Rajoy es perder el tiempo, pues ostenta el record de políticos capaces de hablar más tiempo sin decir nada o diciendo algo y su contrario. Está claro que el referéndum es el primer desencuentro y el más patente, justo en la línea de confrontación. De ahí que Puigdemont hable de adelantarlo en el caso de que la justicia española proceda a inhabilitar a representantes catalanes. No parece muy seguro que el gobierno tenga pensada una respuesta a la convocatoria oficial del referéndum y mucho menos de que la tenga si el llamado a urnas se acelera.

De igual modo, hace tiempo ya que Puigdemont anunció que no pensaba asistir a la conferencia de presidentes de las CCAA como, por otro lado, también ha hecho el presidente de la CA Vasca, Urkullu. La insistencia del gobierno (Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy) en convencer al primero de que acuda a la reunión y su fracaso, en el fondo, relativiza el valor de los acuerdos que adopte el cónclave. La ausencia del vasco es llevadera por el asunto del concierto, pero la del catalán equivale a un veto, ya que es un contribuyente neto al fondo. Un veto al gobierno del Estado es una especie de ejercicio de soberanía de hecho. Un acto por el cual se pone un límite a la soberanía del Estado. Algo que este no puede aceptar por lo que se trata de otro desencuentro.

La carta de Puigdemont a Rajoy en respuesta a su invitación y rechazándola plantea que Cataluña se ha ganado el derecho a mantener una relación bilateral con el Estado. Es la vieja idea confederal del “aeque principaliter” o igualdad de jurisdicciones y soberanías. Un enunciado revolucionario que el gobierno no puede aceptar sin una reforma constitucional.

Cuando, en los años del terrorismo etarra en alguna ocasión se constituyeron mesas de negociación del gobierno con ETA, los ataques eran que el Estado no podía negociar con una banda terrorista. Que se depusieran las armas, llegara la paz y se podría hablar de todo. Y, sin embargo no era cierto. Esa exigencia de relación bilateral de España y Cataluña no es una petición de que el Estado negocie con una banda terrorista sino con una nación. Esta no está defendida por pistoleros sino por sus más altos cargos institucionales, una mayoría parlamentaria absoluta y millones de ciudadanos que los respaldan.

La cuestión es ahora si esa masa crítica que se supone aportará el referéndum puede esperar al resultado de un prolijo, incierto e inseguro proceso de reforma constitucional en España que, en lo referente a Cataluña, reformará muy poco. De aquí que en el sector independentista aumenten en volumen las voces que piden seguir con la hoja de ruta y también las de quienes propugnan una DUI ya. El argumento que usan para convencer a los confederalistas es que lo inteligente es ir a la independencia y si, más tarde, España tiene alguna propuesta interesante de unión, asociación o colaboración será bienvenida y estudiada.

miércoles, 11 de enero de 2017

Mas, presidente de la República Catalana

Mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la candidatura de Mas en las siguientes elecciones. Una vez celebrado el referéndum ese que Santamaría dice que no va a hacerse y Junqueras que sí se hará, mostrando su feliz unidad de criterio, si el resultado es "sí" a la independencia, se plantearán unas elecciones constituyentes para las que todoa habrá de presentar sus candidatas. No hay unidad de criterio para estas. Los unionistas duros (PP, C's y PSOE) piden que todo siga igual, aunque el PSOE ofrece una imprecisa reforma constitucional que ni él mismo puede explicar. Los unionistas blandos (En Comú Podem, ICV-IEUiA) piden abandonar la idea del referéndum y sustituirlo por unas elecciones autonómicas y no constituyentes.

Sean las elecciones que sean, ordinarias o constituyentes, todos necesitarán candidatos. Para Palinuro, el candidato dl JxS debiera sr Mas pero, como parece imponerse la idea de que la coalición no concurrirá junta a las elecciones sino que lo harán sus partidos por separado, serán estos los que decidan sus candidaturas y Mas sigue siendo la más natural para el PDeCAT, una vez que PUigdemont ha dicho ya que no se presentará. ç

Las razones pueden leerse en la versión castellana del artículo:

La candidatura de Mas

Hace un año, si Mas no se retira, no hubiera habido gobierno de JxS. Inútil pensar en una situación contrafáctica. Hubo gobierno de JxS y la hoja de ruta independentista echó a andar porque Mas retiró su candidatura. Se puede opinar lo que se quiera, las intenciones de la gente son libres, pero no es fácil encontrar un ejemplo más claro de cómo alguien pone los intereses de su causa por delante de los suyos personales.

A partir de aquel momento, el nacionalismo español no pudo seguir atribuyendo el independentismo catalán a una obcecación de Mas. El independentismo no era un proyecto individual o de un grupo de amigos, sino un movimiento social de amplio apoyo y suficiente flexibilidad institucional. Al mismo tiempo, Mas ganaba mucha autoridad moral por su gesto, que redobló luego con su actitud de colaboración con el gobierno de la Generalitat, sin ninguna pretensión de tutela. Puigdemont ha sido y es presidente de la Generalitat en pleno uso de sus competencias y según su criterio.

El mismo Puigdemont que, al hacerse cargo de la Presidencia, especificó que lo hacía con conciencia de la excepcionalidad y la provisionalidad de su mandato. Consistía este en llevar a Cataluña de la postautonomía a la preindependencia . Y tenía además el límite de la hoja de ruta, un año y medio, hasta septiembre de 2017. Hasta el referéndum. A partir de ahí, la sociedad deberá actuar de acuerdo con la decisión mayoritaria.

En el supuesto del “sí”, que recientes encuestas dan por probable, se dibujan elecciones constituyentes y para ellas los partidos necesitan candidatos. Causando baja Puigdemont, el candidato natural de su partido es Mas, sin perjuicio, naturalmente de que se presenten otros. Lo es por varias razones.

En primer lugar, su derecho personal, incuestionable. Es muy fácil de entender que se presente a liderar un proceso que el contribuyó a poner en pie decisivamente y es lógico que quiera recuperar una faena para la que está capacitado y solo factores externos y no enteramente racionales interrumpieron.

En segundo lugar por razones de justicia conmutativa. El independentismo tal como se encuentra ahora ha sobrevivido gracias al sacrificio de Mas. Es justo reconocérselo y premiárselo. Reconocérselo reconociendo su derecho a presentarse. Votarlo luego es otra cuestión.

En tercer lugar, Mas representa un capital nacional capaz de atraer un voto de clases medias y medias altas, tan necesarias estratégicamente para el proceso independentista como las más populares que representan sus socios, los partidos de izquierda. El común valor republicano que comparte con estos facilita notablemente las cosas, de forma que los factores nación y república pesan más momentáneamente que el estrictamente social. Tiempo habrá de dirimir este una vez que Cataluña pueda tomar libremente sus decisiones. Invertir los tiempos, condicionar la independencia a reclamaciones sociales, seguramente muy justa pero de parte, no es un acierto estratégico. Ni siquiera táctico.

En cuarto lugar, sin duda la candidatura de Mas reavivará los rescoldos de la intransigencia de la CUP, empeñada hace un año en enviar a Mas a la poubelle de l’histoire. La acusación representar una política antipopular, represiva y de recortes y, quizá, también, negligente con la corrupción. Es legítimo que en unas nuevas elecciones que se quieren constituyentes (aunque los unionistas las traten de ordinarias) puedan substanciarse o no estas acusaciones y los electores tengan todos oportunidad de pronunciarse por sí mismos y no lo hagan solo sus representantes. El próximo 6 de febrero Mas, al igual que Ortega y Rigau, comparecerán ante un tribunal español (el TSJC es un tribunal español) bajo graves acusaciones por haber puesto en marcha la consulta del 9N.

Si, al final, Mas no puede ser candidato, que sea por un pronunciamiento de parte de la justicia española, un instrumento más de represión, no por consideraciones de oportunidad política de cortos vuelos.

Al final, no es casualidad que la represión española alcance por igual a militantes y miembros de la CUP que a los del PDeCAT. Y por los mismos motivos: por desobedecer.


lunes, 9 de enero de 2017

El referéndum pactado y el unicornio

El asunto del referéndum catalán tiene a todo el mundo en ascuas por muy diferentes motivos. En el caso de Podemos, como puede verse de las muy interesantes declaraciones de su diputado, Rafa Mayoral la convicción es firme: debe haber un referéndum y debe ser pactado. La idea del referéndum pactado no es precisamente original. Podemos la comparte con el bloque de Junts pel Sí; la comparte con Carles Puigdemont. La diferencia arranca a la hora de decir qué se piensa hacer si el Estado se niega a pactar referéndum alguno. Los independentistas dicen que, si no hay pacto, harán un referéndum unilateral (RUI). Podemos sostiene que eso no toca, que las consultas de "participación popular" están muy bien, pero carecen de eficacia. Como diría Rajoy, "no tienen efectos jurídicos". La alternativa que, por supuesto no se formula con claridad, es esperar. ¿A qué? A que el Estado haga suya la opinión del Tribunal Constitucional de que es posible un referéndum pactado.

Sin embargo, esto no es necesario. La posibilidad de un referéndum pactado está en la Constitución y su legislación de desarrollo. Basta con querer hacerlo. Lo explica mucho mejor que yo Francisco Javier Torices Pino en un artículo titulado ¿Es legal un referéndum en Cataluña sobre Catalunya? Basta con tener la voluntad política de hacerlo. Esa falta de voluntad política es la que se oculta detrás de la permanente afirmación de Rajoy de que la ley no permite el referéndum. Y lo mismo sucede con el PSOE y C's, con los tres partidos dinásticos. El "no" al referéndum es ampliamente mayoritario en el Congreso y así seguirá siéndolo. Hay más posibilidades de encontrar un unicornio por las Vistillas que de conseguir un referéndum pactado en Cataluña. Insistir en él equivale a pedir a los catalanes que se olviden de las veleidades referendarias, lo cual es inquietante cuando uno reconoce que más del 80 por ciento de aquellos quiere el referéndum, con independencia del resultado. Exigir un referéndum pactado a quien no tiene la menor intención de aceptarlo equivale a renunciar a él.

¿Es eso lo que se pretende? Evidentemente, no. Pero ¿cómo salir del paso? Aprovechando un oportuno deus ex machina en forma de En Comú Podem que es y no es Podemos pero sí definitivamente catalán, bajo inspiración de Ada Colau y función ejecutiva de Xavier Domènech. Mayoral, Podemos español, partidario del Estado plurinacional, en las cuestiones de estrategia catalana se remite a lo que En Comú Podem determine. Este es un asunto que incide en la viabilidad interna de Podemos como organización española. Su presencia en Cataluña está sometida a las mismas tensiones que lo estuvo la pareja PCE/PSUC y lo está la PSOE/PSC, pero con un agravante: que, para evitar la acusación de sucursalismo, Podemos tiene una presencia secundaria en En Comú Podem, en donde la alcaldesa Ada Colau, aclara que ella no es de Podemos y que en En Comú Podem hay gente con todas las orientaciones. Podemos es parte no decisiva de un conglomerado mayor y ha de aceptar la posición que en todo momento tenga su alter ego catalán, lo cual dice mucho de su genuina convicción plurinacional, pero arroja la sombra de la duda sobre su viabilidad como fuerza política estatal.

Y ¿cuál es aquella posición ahora mismo? Que, si no hay referéndum pactado, no debe procederse a un RUI, sino a unas elecciones anticipadas en Cataluña. Podemos hace suya la propuesta porque evita los dos riesgos opuestos: la confrontación de un RUI y la espera interminable a que aparezca el unicornio. Suena razonable. Una posición intermedia, siempre con buena prensa. Pero si se piensa un poco más, no está tan clara. ¿Por qué se propugnan elecciones anticipadas (implícitamente viene a decirse para septiembre, fecha del referéndum previsto) si la estabilidad parlamentaria en Cataluña, en principio, está garantizada? Porque hay una sensación general de que se vive en una situación única, decisiva, tanto si se hace el referéndum como si no se hace. En estas circunstancias, habiendo llegado hasta aquí, la opción de no hacerlo no está abierta a la Generalitat que seguirá adelante convocando un RUI. Y el Estado no parece dejarse a sí mismo más opción que impedirlo. La petición de elecciones que irían acompañadas, claro, de la renuncia al RUI, tienen la función de hurtar el cuerpo al conflicto, evitar la confrontación, con la esperanza de que según sea el resultado electoral, quepa cambiar de negociadores en la parte catalana. Es tentador y refinadamente claudicante, para no perder mucha cara, pero no basta para que el independentismo desista de su hoja de ruta.

La cuestión reside en averiguar hasta dónde están dispuestas a llegar ambas partes, Estado y Generalitat, la una para realizar el referéndum y la otra para impedirlo.

Es una cuestión abierta. Y quedan meses.

sábado, 31 de diciembre de 2016

Buen fin de año que viene

Traigo lo que se llama una "comparativa" de dos lenguajes que señalan dos mundos distintos; dos lenguajes excluyentes. Si Rajoy cumple su voluntad de gobernar él los cuatro años, Puigdemont no podrá hacer el referéndum. Si Puigdemont consigue hacer el referéndum es poco probable que Rajoy gobierne más allá de septiembre. Poco probable, no imposible, porque Rajoy está probando que para él no hay imposibles. Que su vida es un firme acto de voluntad, ya que no de razón.

¿Con qué medios cuenta Rajoy para frustrar el referéndum catalán? Aparte, naturalmente de su reiterada negativa a darle vía libre con el escueto argumento de que no puede hacerse porque la Constitución no lo permite. Tiene muchos, desde luego, algunos ya está usándolos como la supuesta "guerra sucia" desde el ministerio del interior o la persecución judicial de los independentistas y su hostigamiento. El juez Ismael Moreno, un expolicía del franquismo tardío, magistrado de la Audiencia Nacional, el que instruyó la causa contra los titiriteros, ha mandado traer a Madrid esposado al independentista Joan Coma a declarar acerca de una metáfora sobre que para hacer una trucha, hay que partir los huevos. A lo mejor lo que se le reprocha a fuer de contumaz independentista catalán es que diga "trucha" en vez de "tortilla", que es para lo que se parten los huevos en el imperio. (Me advierten amables lectores que en catalán "truita" es tanto "trucha" como "tortilla". Pues más divertido aun si cabe. Ya decía yo que no encajaba bien lo de los huevos con la trucha). 

No se crea que los medios a disposición de Rajoy tengan todos este nivel. Los hay serios. El procesamiento de las autoridades de la Generalitat, empezando por Carme Forcadell, por presuntos delitos de desobediencia o prevaricación, apunta a empeños de más graves consecuenciass. Detrás de estas medidas judiciales puede llegar la aplicación del art. 155 según el cual el gobierno puede ordenar a las autoridades autonómicas el cumplimiento de la ley. Y, por descontado, también cuenta con la posible declaración de algún estado excepcional, en el caso de encontrarse con una actitud de desobediencia civil de las autoridades quizá apoyada por una mayoría de la población. Llegados a este punto se certificaría el absoluto fracaso del gobierno español que, por su absoluta cerrazón a toda forma de negociación, habrá llevado el conflicto a una situación sin salida. Una intervención excepcional de la autonomía catalana, manu militari o no, sería más de lo que la UE estaría dispuesta a tolerar. Asustadas las instituciones europeas por el bloqueo político de España, acabarán imponiendo una mediación que se basará en un referéndum, digan Rajoy y el nacionalismo español (PP, PSOE, C's) lo que digan. 

Muy pocos en Europa admitirán que se niegue a una minoría nacional de más de siete millones de personas el derecho a decidir por su cuenta. 

La Generalitat está articulando un buen argumentario político y jurídico para posibilitar una transición, como dice Puigdemont, de la postautonomía a la preindependencia. La independencia se dará después del referéndum.

En el supuesto de que gane el sí. En la actualidad, el sí y el no están muy igualados. Por ello, ese referéndum es el momento político más importante en el Estado. Prohibirlo y tener sojuzgada una comunidad en la que el 85 por ciento de la población lo reclama, no es de recibo. Admitirlo y atenerse a las consecuencias, sean estas las que sean, abriría el camino a la democracia en España.

viernes, 30 de diciembre de 2016

Mariano, sé fuerte

La oposición tiene preparado un via crucis al presidente del gobierno. Acaba de arrancar la legislatura y ya está obligado a comparecer en el Parlamento, cosa que, en su anterior omnímodo mandato, solo hizo una vez, un primero de agosto y para mentir descaradamente. Los tiempos han cambiado y la mayoría parlamentaria también. Eso es decisivo. Tanto que el gobierno puede verse obligado a hacer lo que lleva más de cinco años sin hacer: rendir cuentas.

Esa comparecencia que se pedirá en la inevitable comisión de investigación sobre la financiación del PP  promete ser muy movida y provocar todo tipo de turbulencias. Siempre se ha dicho que un problema de las comisiones parlamentarias de investigación es que interfieran en procedimientos judiciales en marcha. Y aquí, justamente, se pedirá la comparecencia del presidente del gobierno para responder en una investigación sobre la financiación de su partido que los tribunales están juzgando por otro lado dentro del macroproceso de la corrupción Gürtel. En breves días se espera la declaración del mismísimo Bárcenas, de la que también podría salir una petición de que Rajoy declare en sede judicial. De hecho, quienes piden la comparecencia solicitan también a la presidenta de la cámara que recabe información de los juzgados y tribunales en los que se esté viendo este asunto.

Al mismo tiempo, es de notar que la petición de comparecencia se hace para declarar algo que no solamente está sub-iudice, sino que está siendo objeto de renovada práctica ahora mismo, como se prueba por el nuevo pufo del AVE a Murcia, 18 millones del ala que tendrán o no que ver con la financiación del partido cuyo presidente es llamado a comparecer.

Esta comparecencia amenaza con intensificar los conflictos. El PP o su presidente pueden intentar boicotearla amenazando con disolución y elecciones anticipadas y eso es lo último que quiere la oposición, en especial la de izquierda. Sus dos formaciones principales están inmersas en sendas luchas intestinas que sin duda tienen fondo político e ideológico más o menos fácil de entender pero que, en la sociedad mediática, aparecen como peleas personales: susanistas, sanchistas, pablistas y errejonistas son los trasuntos actuales de los fulanistas y menganistas de que hablaba Unamuno. Ir a unas elecciones en esas circunstancias sería suicida. Y en el PP lo saben, de modo que la comisión de investigación acabará pactándose.

No se olvide que en el horizonte de la política española está la nube permanente del independentismo catalán. Unas elecciones convocadas a lo largo de este año dejarían al país con el gobierno del PP de nuevo en funciones, esto es, según su propia doctrina, sin control parlamentario. Quizá lo que esté planeando ese mismo gobierno para enfrentarse a la llamada "cuestión catalana" con las manos libres