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viernes, 13 de marzo de 2009

Problemas palpitantes.

El contenido de la Revista de Estudios Políticos (nº 143, Madrid, enero-marzo de 2009) trae bastante variedad temática aunque parte importante de su contenido se destine a estudios de países latinoamericanos (en concreto, Bolivia, Nicaragua y Colombia).

Alfonso Egea de Haro (¿Cómo votan los europarlamentarios españoles?) responde de modo convincente a esta pregunta a la que sólo se contestaba antes por aproximación por falta de estudios que dieran una respuesta satisfactoria. Los estudios anteriores han señalado que los europarlamentarios votan teniendo más en cuenta la posición de su grupo parlamentario que sus intereses nacionales (p. 12). Los partidos nacionales tienen escasa influencia en el Parlamento europeo (15). El estudio considera el comportamiento de los europarlamentarios españoles en cuatro de las seis legislaturas del PE y analiza 12.509 votos nominales (p. 17). Aplica el método de escalamiento óptimo NOMINATE, desarrollado por Poole y Rosenthal (p. 18). El análisis se complementa con un modelo bayesiano que permite indicar no sólo la posición del legislador sino el intervalo de confianza en la estimación y excluye las razones por las que los diputados votan de un modo u otro (p. 25). Esta combinación permite caracterizar el debate político europeo como unidimensional en el caso español en cuanto al eje izquierda-derecha sin que ello suponga que se cancelen las diferencias que también se dan entre los representatntes de los partidos regionalistas y los de ámbito nacional (p. 28)

El de Cristina Ares Castro-Conde (La regionalizacion à la française: el alcance del derecho a la experimentación) es un interesante trabajo que investiga en un tema que siempre despierta mucho interés en Europa, esto es, ¿hasta dónde se han contagiado los franceses de la moda descentralizadora europea? En Francia no se reconoce a las minorías nacionales y sólo el Estado central tiene potestad legislativa y reglamentaria y hasta le ejecución de muchos reglamentos corresponde a la administración períferica y no a las administraciones regionales. Pero evoluciones siguientes como el Estatuto de Córcega, nacido del proceso de Matignon (2000-2008) y la Ley Constitucional de veintiocho de marzo de 2003 que reforma la Constitución añadiendo al artículo 1º la frase "la organización (de Francia) es descentralizada" y numera las regiones en el nuevo artículo 72 permiten ver un proceso de regionalizacón que se inició a mediados de los años cincuenta con veintiuna regiones "de programa", de naturaleza "funcional" (o sea, no democrática) (p. 35). Estas regiones empezaron a cambiar de naturaleza con el Acto I de la descentralización tras la victoria de Mitterrand y con las llamadas "leyes Deferre" (p. 39). El II Acto de descentralización corresponde a Jean-Pierre Raffarin que daría lugar a la mencionada ley de veintiocho de marzo y la Ley Orgánica sobre experimentación de las colectividades territoriales de primero de agosto de 2003, con otras normas legislativas descentralizadoras (p. 40) Los rasgos fundamentales de la descentralización à la française son: 1) se opera según un modelo uniforme diseñado por las instancias centrales; 2) se acompaña de un proceso de desconcentración de la Admonistración central; c) beneficia a todas las colectividades territoriales y crea conflictos entre ellas pues no las jerarquiza (p. 41). Hay 25 regiones en Francia, 21 metropolitanas y cuatro de ultramar (ROM) y se añade Córcega por ley de trece de mayo de 1991. La estructura ejecutiva y legislativa de las regiones es muy parecida a la de los departamentos y con gran importancia política pero muy escasas disponibilidades presupuestarias (p. 45). A pesar de ello hay esperanzas en la ley de veintiocho de marzo de 2003 que establece el "derecho de experimentación" de la regiones que les permite derogar a título experimental y plazo fijo leyes o reglamentos que incidan en sus competencias (p. 47). Lo analiza en el caso de Alsacia en donde sigue en vigor el Concordato de 1801 entre el Vaticano y el Imperio de Napoleón que luego los alemanes no abolieron a partir de 1870, como sí lo estaba en el resto de Francia. El particularismo alsaciano se muestra a partir de la ley de 1905 de separación entre la Iglesia y el Estado y se extiende a lo laboral, administrativo, la seguridad social, el estatuto de asociaciones, etc (p. 49) Este elemento de experimentación introduce un elemento territorial distinto en Francia para adaptarse a Europa pero no cambia mucho la descentralización administrativa en otra política (p. 52)

El estudio de Franco Gamboa Rocabado ( Las razones del fracaso: la Asamblea Constituyente en Bolivia como democracia bloqueada) consiste en un análisis de los debates en la Asamblea Constituyente de Bolivia en los que el autor ha estado presente entre agosto de 2006 y agosto de 2007 (p. 64), lo que da como resultado una especie de crónica de los sucedido en la Asamblea redactada a veces en términos retóricos y hasta confusos. La Asamblea tenía una abundante mayoría del MAS y una segunda mayoría de oposición, el Poder Democrático y Social (Podemos) en difíciles condiciones numéricas. No había una línea ideológica clara sino que el MAS impuso su criterio de: a) descolonización (p. 66), la nueva conciencia y un nuevo sistema político entre el Estado y la sociedad civil (p. 67) La Asamblea se escindió enseguida entre quienes querían imponer la mayoría absoluta (MAS) y Podemos que trataba de conseguir una mayoría superior para asegurarse minorías de veto. A la hora de valorar las distintas posiciones articuladas en la Asamblea hay párrafos realmente difíciles de entender. Por ejemplo: "Con las audiencias públicas y los encuentros territoriales, los asambleístas siempre estuvieron al borde de satisfacer una Constitución plagada de ilimitadas aspiraciones que, finalmente, representaban una desvirtuación permanente y un horizonte social con demasiada sobrecarga de las capacidades constitucionales donde nadie sabía si los nuevos artículos iba realmente a ser útiles." (p. 77). Compara las visiones del Estado que aportan el MAS, el Patriotismo Insurgente (un aliado del MAS) Y Podemos (p. 79-81). Analiza hasta la contabilidad de la Asamblea y desglosa la aportación española; analiza igualmente a los medios de comunicación y llega a una conclusión negativa de contenido más poético que científico: "Los tristes resultados de la Asamblea nos recuerdan a un laberinto de la soledad, pues los constituyentes lograron que como bolivianos nos encerráramos en nosotros mismos, exacerbando nuestra diferencias y haciendo mucho más profunda la conciencia de todo lo que nos separa, aísle o bloquea para reencontrarnos. La Asamblea construyó un páramo que aumentó nuestra soledad donde no pudimos buscar a nuestros compatriotas, ya sea por el temos acontemplarnos en ellos, o por penoso sentimiento defensivo de nuestras cobardías (p. 98). La prosa está bien, pero no estoy seguro de que sea la REP el lugar más adecuado para recogerla.

Salvador Martí i Puig (Mutaciones orgánicas, adaptación y desistitucionalización partidaria: el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 1980-2006) es otro trabajo de tipo discursivo y narrativo, básicamente descriptivo. En las elecciones de 2006, Daniel Ortega, del FSLN ganó las elecciones presidenciales luego de dieciséis años en la oposición, desde que el FSLN ocupara el poder por las armas en 1978 hasta que perdió las elecciones en 1990. Desde entonces lo que ha hecho ha sido adaptarse a la nueva situación en un proceso que el autor divide en dos etapas: a) 1990-95, cuando se da la gran batalla en el interior del partido y b) de 1996 a 2006, con un partido transformado a un conjunto de redes formales e informales (p. 103). El punto de partida fue el Partido Estado que surgió de la fusión entre Estado y Partido de 1980 a 1990 con tres pies: la Dirección Nacional (DN), el partido y las organizaciones de masas, en típica estructura de partido de vanguardia (p. 106). Califica el autor al sandinismo como un "partido selectivo de fieles" (Duverger). Cuando se pierden las elecciones se abre un debate interno entre "renovdores" y "principistas" y un Congreso extraordinario en 1994 que acaba con la escisión formal de Sergio Ramírez que abandona el partido en 1995 para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) (p. 115). De 1996 a 2006 el FSLN se impuso como articulación personalista en torno a Daniel Ortega (p. 117) que concentró en su mano todo el poder (p. 119) y disolvió la DN (p. 122). La campaña electoral abandonó color y señas típicas del Frente Sandinista de Liberación Nacional de siempre, con lo que éste ganó las elecciones, se adaptó con éxito a las condiciones sociales actuales pero lo hizo a costa de tal mutación que ya queda poco del actor que lideró una insurrección popular bajo premisa de un cambio revolucionario en 1979 o del que en 1990 cedió el poder en unas elecciones libres (p. 125) que no sé si es una conclusión que vaya a causar sorpresa en los círculos de estudiosos que saben que todos los partidos en todos los sistemas políticos son entes esencialmente proteicos y más aguzadamente en lapsos de casi treinta años (1978 - 2006). ¿Qué tienen que ver los partidos políticos italianos de hoy con los de hace treinta años? Incluso si vamos a sistemas de partidos que parecen más estables, lo cierto es que, bajo apariencias de continuidad orgánica, se ocultan cambios radicales de partidos: entre el Partido Laborista de siempre y el Partido Laborista que gana las elecciones con Tony Blair en 1997 había pocas coincidencias, aun siendo las mismas siglas y el mismo partido.

Albert Noguera Fernández (¿Independencia o control? Los derechos sociales y los esfuerzos del Ejecutivo por el control de la Corte Constitucional de Colombia) parte de una pregunta también retórica ya que él está convencido de la respuesta: independencia de la Corte que el Ejecutivo trata de mermar sin conseguirlo hasta la fecha; aunque quizá lo consiga ahora ya que el Presidente tiene pendiente de nominación a dos magistrados de la Corte Constitucional (CC) de la terna que le corresponde. A raíz de la Constitución de 1991, la CC colombiana se ha erigido en gran defensora de los derechos sociales, que están constitucionalizados pero no gozan del mismo nivel de los civiles y políticos a los que la Constitución considera "fundamentales" (p. 136). Ha sido la jurisprudencia de la CC la que ha impuesto el tratamiento de los derechos sociales como si fueran fundamentales. La Constitución sostiene el principio de aplicación directa de los derechos por cuatro tipos de acciones: a) tutela; b) cumplimiento; c) acciones colectivas; d) acción de inconstitucionalidad (p. 138). La CC ha obligado a reconocer la "fundamentalidad", "progresividad" y eficacia frente a terceros de los derechos sociales, lo que habla mucho del activismo de la Corte. La doctrina moderna quiere que la dignidad de la persona descanse sobre cuatro principios: a) no interferencia en la libertad; b) participación en el ejercicio del poder; c) prestación de servicios; y d) reconocimiento de la identidad cultural, sexual, nacional. Pero en Colombia el c) y el d) no están reconocidos como fundamentales en la Constitución. Lo ha hecho la CC que ha asentado dos facetas: 1) interpretación extensiva de sus competencias en materia de constitucionalidad de las leyes; y 2) una interpretación progresista de la Constitcuión que ha supuesto una frecuente intervención del CC en la política económica el Estado. Se cita un fallo en el que el CC resolvió a favor del recurrente en función del "derecho innominado al mínimo vital", un derecho que no está en la Constitución pero que se desprende de otros derechos fundamentales que sí están como el derecho a la vida y a la dignidad (p. 149). Es un razonamiento que recuerda el de implicit powers del Tribunal Supremo de los EEUU. Este procedimiento de violación de "derecho innominado" se ha seguido cientos de veces (p. 150). También es importante que la CC haya reconocido la progresividad y prohibido la regresividad de los derechos sociales (p. 152). Igualmente ha abierto la posibilidad de la eficacia de los derechos frente a terceros, a partir de los momentos en que la CC tuteló derechos sociales que se hacían valer frente a empresas privadas que prestaban servicios públicos (p. 157). Un frente muy prometedor en todos los Estados del bienestar a los que se ataca por la vía de las crecientes privatizaciones.

Aunque Pablo Simón Cosano (La desigualdad y el valor de un voto. El malapportionment de las Cámaras Bajas en perspectiva comparada) publique su trabajo como nota me parece de mayor enjundia que alguno de los artículos que ocupan la parte noble del número. El tema que Simón aborda es de gran interés y casi ignorado en la investigación, en concreto, lo que llama el malapportionment en la formación de distritos electorales. El autor emplea el término inglés porque debe de pensar que no hay otro equivalente en español siendo así que por lo que se me alcanza, es el significado de "desproporción" o "desproporcional", desde el momento en que se trata de una incorrecta adjudicación de escaños (malapportionment) a un distrito electoral pero que es incorrecta porque no guarda la adecuada proporción con otras, esto es, que es desproporcionada. Toma el ejemplo de Samuels y Snyder, único caso de estudio de este tipo de desproporcionalidad y advierte que según los dos estudiosos esa desproprción beneficia a los distritos menos poblados, más rurales y, por lo tanto, más conservadores (p. 172). La desproporcionalidad probablemente es un resultado querido. La desigualdad, dice Simón, tiene un carácter territorial por cuanto si hay desigualdad en algún sitio lo más probable es que esté territorializada (p. 173). Determina que la variable dependiente sea el nivel de desproporción que calcula con una fórmula que agrega las diferencias entre votos y votantes en todos los distritos dividida por dos. Después supone que, si hay una sobrerrepresentación en favor de las regiones más pobres y despobladas, habrá una relación directa entre el nivel de desproporción y el índice de Gini (p. 177) por razones obvias. A los efectos de ver los impactos de las transiciones en los modelos de desproporción considera las tres posibilidades del análisis de Huntington: reemplazo, traspaso y transformación y para ver cómo funciona, elabora un modelo de regresión lineal múltiple con variable dependiente en el nivel de desproporción mientras que las variables independendientes son el tamaño del país, África, Asia, América Latina, el federalismo, la democratización, los distritos nominales, el doble nivel de elección y halla los valores para un modelo 1º que es reproducción del de Samuels y Snyder, un modelo 2º que es el de Samuels y Snyder al que se le han quitado las variables territoriales y el 3º que es el anterior pero con el índice de Gini (que en la ilustración de la revista está me parece, en la columna errónea) (p. 180). Y efectivamente hay una relación muy significativa y explicativa entre el índice de Gini y el nivel de desproporcionalidad. Las elites en España diseñaron un sistema electoral sesgado para conseguir ventajas en las elecciones o, cuando menos, asegurarse una cuota de representación. Para ello dieron más representación a las áreas más despobladas que son a las vez las más rurales y conservadoras, confiando en consolidar su victoria (p. 186). Sólo como sugerencia colateral: ¿desde cuándo venimos suponiendo que las áreas más aisladas y despobladas, las más rurales, son las más conservadoras sin preguntarnos si eso sigue siendo cierto hoy, en la era de las comunicaciones en tiempo real en todo el planeta? Cuestión de investigar.

martes, 10 de marzo de 2009

El continente tumultuoso (y dos).

(Termina aquí la reseña del número monográfico de Sistema sobre América Latina).

Según Daniel Buquet (Los nuevos gobiernos progresistas en el Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay en el siglo XXI los tres países con mayor desarrollo económico relativo y otros mejores índices como desarrollo humano, alfabetización, esperanza de vida y mortalidad infantil en América Latina son la Argentina, Chile y el Uruguay que también presentan democracias restauradas y sistemas de partidos que eran sustancialmente los mismos que antes de las dictaduras que padecieron, cosa que igualmente los distingue de otros países del continente (p. 99). El autor hace una consideracón detallada de cada uno de ellos y explica luego con razones convincentes que los habituales índices de fragmentación y polarización (recuerdo de Sartori) no aclaran gran cosa la peculiaridad de los tres sistemas de partidos (p. 105) y prefiere el criterio de la institucionalización medido a través del índice de volatilidad electoral, muy alta en la Argentina y moderada en Chile y el Uruguay, así como el índice de concentración de escaños en los dos principales partidos parlamentarios, muy alta en Chile (ochenta por ciento) y el Uruguay (noventa y ocho por ciento) y menos de un sesenta y seis por ciento en la Argentina (p. 111). Igualmente es reveladora la medición de las trayectorias históricas de los sistemas políticos y de partidos de acuerdo con los indicadores de Freedom House que revelan que si la Argentina fue la primera en alcanzar la puntuación democrática en 1984 mientras que el Uruguay lo hizo en 1985 y Chile en 1990, a partir de entonces los índices de Chile y el Uruguay son superiores a los de la Argentina (p. 112). En resumen, un trabajo empírico muy interesante y revelador.

Carlos Ranulfo Melo (Brasil: avances y obstáculos del periodo Lula) sostiene que la presidencia de Lula es la primera que tras las de Collor, Franco y Cardoso, rompe con el seguidismo del CW y ha funcionado con gobiernos de coalición, un poco a semejanza de Chile, que han reunido a una media de siete partidos y han sido muy heterogéneas pero han cosechado notables éxitos en la aprobación parlamentaria de sus propuestas legislativas en el Congreso Nacional (p. 122). En el primer mandato de Lula las relaciones entre el Gobierno y el Congreso fueron inestables, lo que forzó frecuentes cambios gubernativos (p. 123). El triunfo de Lula por segunda vez en 2006 lo llevó a formar coaliciones con apoyos parlamentarios suficientes de 65,1 por ciento en la Cámara de Diputados y 62,9 por ciento en el Senado (p. 126) con lo que también aumentó el índice de aprobación de su Gobierno que alcanzaba el cincuenta y cinco por ciento el treinta y uno de marzo de 2008 (p. 127). Entiende el autor que el éxito de Lula se debe a tres factores: a) el fortalecimiento de la estabilidad económica y de la disciplina fiscal; b) la reanudación del crecimiento a través de la actividad estatal en materia de coordinación y control; y c) el énfasis en la dimensión social de las políticas redistributivas y la inclusión de los sectores excluidos (p. 127). No tengo duda de que así haya sido y su aseveración coincide netamente con lo que dicen Carrera Troyano y Muñoz de Bustillo en su magnífico trabajo visto ayer, pero sería bueno que sostuviera su aserto con mayor carga de pruebas empíricas. Igualmente me parece muy arriesgado el final del trabajo en el que se aventura a hacer una predicción del futuro del gobierno de Lula afirmando que su balance final será positivo. Es posible, pero esas predicciones en nuestro campo son muy peligrosas. Por ejemplo, uno de los datos que lo lleva a aventurar esta prognosis positiva es que hay un aumento de la inflación mundial (p. 132). Sin duda cuando el trabajo se escribía esto era cierto. Hoy, al contrario, el panorama mundial es de peligro de deflación.

Ana María Bejarano (Colombia y Venezuela: crónica de dos democracias infelices) hace honor a su título ya que el trabajo es exactamente eso, una crónica, con sus aspectos positivos y negativos, esto es, un ensayo narrativo de agradable lectura en el que acecha siempre el taimado peligro de los juicios de valor inadvertidos o presupuestos. Hace Bejarano un relato consecutivo de la evolución reciente de los dos países que, habiendo sido tradicionalmente ejemplos de democracias estables en América Latina conjuntamente con Costa Rica, han venido a dar en un estatus semidemocrático si no algo peor (p. 136). La evolución -y degeneración- de Colombia como democracia "incierta" se debe a la erosión de los mecanismos de seguridad, especialmente del respeto y la garantía de los derechos humanos que han tenido una trayectoria que califica de "aterradora" (p. 141). El Estado colombiano no existe prácticamente y su recuperación es condición inexcusable para la restauración de la democracia en el país (p. 152). Venezuela, a su vez, ha conocido una "muerte lenta" de la democracia. Ésta se pudo frenar momentáneamente después del "Caracazo" de 1958, pero se ha acelerado mucho desde el acceso de Chávez en 1998 (p. 158). Los dos partidos referentes de la democracia venezolana, AD y COPEI, se desintegraron entre 1988 y 1998, dando paso al arrollador triunfo del MVR (Movimiento V República) del señor Chávez que, viene a decir la autora, no ha dado señales de querer convertirse en un partido político (p. 160) lo cual me deja algo confuso (a no ser que la haya comprendido mal) por cuanto parece ignorar la existencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado ya en 2007 y que se impuso ampliamente en las elecciones regionales de 2008. Dice la autora, y no sin razón, que la Constitución de 1999 concede amplios poderes al señor Chávez (en el ínterin, la reforma constitucional recientemente aprobada en referéndum le ha garantizado reelección indefinida) y considera que su régimen constituye una transición gradual al autoritarismo (p. 164), lo que me parece algo aventurado como afirmación y típica muestra del peligro que señalaba al principio de los juicios de valor no cuestionados. El autoritarismo no es concepto que goce de unanimidad en la Academia, ni mucho menos habrá acuerdo unánime respecto a que el sistema político venezolano actual, la Venezuela bolivariana o como se quiera llamarlo, sea autoritario ni la señora Bejarano tendrá las bendiciones de los colegas más prudentes haciendo afirmaciones sobre futuribles; y todo ello con independencia de que mi opinión personal pueda o no coincidir con la de la autora. Concluye Bejarano con un diagnóstico que tiene la elegancia y los riesgos de una paradoja: el problema de Colombia es la debilidad del Estado y el de Venezuela, al contrario, su fortaleza. No sé si se encontraría mucha gente dispuesta a refutar el primer término de la paradoja, pero conozco a una multitud preparada para negar la segunda.

Jacqueline Peschard (Gobernar en México bajo la sombra de la ilegitimidad) presenta un análisis de los dos años (cuando el trabajo se escribió) del Gobierno de Felipe Calderón bajo la sombra de la ilegitimidad (p. 167) por aquellas elecciones ganadas con tan escaso margen y que todos seguimos con tanto apasionamiento. El trabajo, como los anteriores, también tiene estructura narrativa, aunque en mi modesta opinión, alcanza enunciados más convincentes. Incluye en su estudio las posteriores elecciones legislativas que no dieron mayoría absoluta al PAN del presidente en el Congreso (40,2 por ciento en la Cámara de Diputados y 40, 6 por ciento en el Senado), con lo que se ha hecho forzosa una política de alianzas con el PRI ya que el PRD se declaró reacio desde el comienzo (p. 169). Examina la autora el sistema de partidos en México con bastante exactitud. El PRI resurge en medio de la polarización de los otros dos pues gobierna en dieciocho de las treinta y dos entidades federativas, tiene el 37,5 de los municipios y conserva en buena medida su viejo aparato organizativo nacional (p. 172). El PRD se ha visto afectado por una importante merma electoral y una grave fractura interna, sólo gobierna en cinco Estados y no cubre la totalidad del país si bien, y ello no es baladí, cuenta con el gobierno municipal del Distrito Federal. El sistema mexicano mantiene ciertos equilibrios entre los tres partidos (p. 176) y el gobierno ha tenido que ir forjando las más variadas alianzas para llevar adelante su programa de reformas con los pros y contras que son fáciles de imaginar: a) con el ejército para combatir el crimen organizado; b) con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para llevar adelante el ambicioso programa heredado de la anterior presidencia de "vivir mejor"; c) con el PRI para llevar a cabo las distintas reformas legislativas, en concreto: 1) la reforma del Estado (básicamente electoral); 2) la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE); 3) la reforma fiscal; 4) la reforma energética; 5) la reforma laboral (p. 182). Hay una confrontación en cuanto a la reforma de PEMEX y una alianza con el PRI y el SNTE para proceder a la reforma del sistema de pensiones de los empleados del Estado (p. 189). El trabajo trasmite una idea de la complejidad de la política democrática mexicana. Si hubiera de hacer alguna recomendación, creo que añadiría interés que la autora explicara las características de la cultura política mexicana en materia parlamentaria.

Manuel Rojas Bolaños y Rotsay Rosales Valladares (Democracia electoral y partidos políticos en Centroamérica: heterogeneidad y trayectorias inciertas) presentan un muy interesante trabajo sobre esta subregión del continente que a veces resulta tan confusa al ojo público. Dos decenios después del inicio de los procesos de pacificación en la zona, la democracia parece funcionar en estos países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), aunque con algunas deficiencias (p. 195). Son pocos quienes reputan limpias las elecciones (p. 195), lo cual es un handicap notable. Los sistemas de partidos se caracterizan por su heterogeneidad y trayectorias inciertas (p. 197), cosa de la que ya había advertido Alcántara aunque para todo el continente. Prevalecen los multipartidismos moderados con algunas variaciones, la polarización en El Salvador y Nicaragua y una estabilidad precaria en Guatemala (p. 200). Hay instituciones democráticas con carencias y tradiciones autoritarias que pesan (p. 202). Hay asimismo cierto "travestismo" entre derechas e izquierdas (p. 203). No son sistemas de partidos muy institucionalizados (p. 206) y tienen insuficiencias en cuanto a democracia interna e inclusión, transparencia y rendición de cuentas (p. 208). Todavía no hay suficientes incentivos para la democratización de los partidos y es de temer que las distintas orientaciones de los gobiernos y la composición de las cámaras aumenten los problemas de gobernabilidad (p. 209).

María Luisa Loredo (El liderazgo latinoamericano en el proceso de estabilización de Haiti) presenta un trabajo que tiene el mérito de no ser frecuente en los estudios sobre América Latina en España ya que versa sobre un país de la francophonie, habitualmente ignorado por nuestros investigadores. La autora, sin embargo, le hace justicia a través de un estudio de tipo fundamentalmente descriptivo pero de mucho interés: Haití es el país más pobre de América y uno de los más corruptos del mundo (p. 211). Y de los más inestables, cabe añadr. Puede ser considerado como un "Estado fallido" o frágil pero, en todo caso, ha tenido un destino trágico e injusto (p. 212) ya que pagó cara su lucha por la libertad y su temprana independencia en 1804 que no tuvo reconocimiento internacional hasta que en 1860 estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano y en 1862 con los Estados Unidos de América. En 1825 Francia impuso a la joven república condiciones humillantes y económicamente devastadoras (pago de una indemnización de 150 millones de francos de entonces, equivalentes a 21.000 millones de dólares de los EEUU de 2004) que arruinaron al país (p. 213) y todavía hoy son objeto de controversia a través de una perpetua reivindicacion haitiana de resarcimiento. Los años noventa se caracterizan por los conflictos en torno al presidente Aristide: expulsado en un golpe de Estado, retorna en 1994. En el año 2000, vuelve a ganar las elecciones pero el renovado estallido de violencia en 2004 fuerza su nueva dimisión que da paso a un gobierno provisional y a la creación de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) en el marco de la ONU. La MINUSTAH incorpora el liderazgo de los países de América Latina en el proceso de recuperación de Haiti como una forma de devolver la deuda que piensan tener con él por su temprana ayuda a sus independencias (p. 214) así como por otros motivos, entre ellos: el giro a la izquierda de América Latina, la necesidad de reafirmarse en la escena internacional en respuesta propia a una crisis, el fortalecimiento de la cooperación latinoamericana, la posibilidad de cambiar la cultura militar en con una perspectiva civil, la necesidad de no desairar a los Estados Unidos (p. 216). Los logros y desafíos de la MINUSTAH son: la consolidación de la normalizacón y del consenso político, el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad, el reforzamiento del Estado de derecho y de sus instituciones y el arranque de un proceso de desarrollo económico y social (p. 218). La autora lamenta que España haya reducido su participación en la MINUSTAH de lo militar a lo policial y no le falta razón porque ello equivale a abandonar un puesto de influencia (p. 224).

Last but not least: algunos países en América Latina requieren el artículo determinado "el" o "la" delante de sus nombres, cosa que es obligada porque se trata de sus nombres oficiales o bien de la forma correcta de designarlos en castellano. Son estos: la Argentina, el Brasil, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay. ¿Sería mucho pedir que, cuando menos, los especialistas hispanohablantes en América Latina llamaran a estos países por sus nombres reales y no se valieran de las malsonantes traducciones literales del inglés? Si no quieren hacerme caso a mí, que tomen nota de cómo lo pone un maestro de la lengua de Cervantes como Mario Vargas Llosa, cuyo último y magnífico artículo en El País se titula El Perú no necesita museos, no "Perú no necesita museos". Además, sabe de lo que habla por partida doble, pues es peruano de nacimiento.

jueves, 3 de julio de 2008

Ingrid Betancourt liberada.

Es una noticia excelente. Uno sentía a esa mujer en el fondo de su alma, seis años secuestrada en lo profundo de la selva. Ve uno la foto de lo que fue y la foto de lo que es y lo asalta a uno la indignación. ¿En nombre de qué se puede hacer algo así a un ser humano? ¿En nombre de una quimérica revolución que no sabe explicarse a sí misma? Me da igual lo que digan quienes la secuestraron y me da igual lo que digan quienes la han liberado. El hecho maravilloso es que está en libertad junto a otras catorce también retenidas en contra de su voluntad.

La libertad, Sancho, es el don más preciado que dieron los dioses a los hombres; por ella la vida se ha de dar. Ciertamente la vida sin libertad es la muerte. Viendo esa foto que hoy reproducen todos los periódicos de la señora Betancourt en cautiverio, ¿no parecía una muerta en vida? Y ahora que tiene la libertad, resucita, vuelve a la vida. Una vida que ya sólo será la continuación de aquella injusta muerte.

(La imagen es una foto de www.alexcano.com, bajo licencia de Creative Commons).

domingo, 25 de mayo de 2008

La muerte de Tirofijo.

Alguna vez tenía que ser. A Tirofijo ya lo han "matado" media docena de veces en los últimos veinte años, prueba de los ardientes deseos de las autoridades colombianas de que así sea. Pero Tirofijo, también llamado Manuel Marulanda Vélez y cuyo verdadero nombre era Pedro Antonio Marín Marín siempre "resucitaba" y para probarlo se hacía fotografiar con alguna destacada personalidad; la última vez con el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Pastrana. A día de hoy parece que, en efecto, cabe dar por muerto a este valetudinario guerrillero casi octogenario. De qué, será lo que haya que averiguar ahora ya que las FARC no son un prodigio de transparencia informativa y el Gobierno colombiano tampoco.

Tirofijo, un hijo de campesinos, sin apenas educación, que desempeñó diversos oficios en su adolescencia, es una metáfora de lo que ha sucedido con la izquierda revolucionaria en el mundo en el siglo XX. Se inició en la política como seguidor del partido liberal en el momento del asesinato del prócer Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y participó activamente en el subsiguiente Bogotazo en los posteriores años llamados de la violencia, en los cuales levantó su partida propia de campesinos liberales armados y fue en donde se ganó su apodo debido a su legendaria puntería. En 1964, junto a otros dirigentes, fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como organización armada del Partido Comunista de Colombia, luego de una fusión llamadas FARC-EP (Ejército Popular)... hasta el día de hoy, de forma que Tirofijo no sólo fue el guerrillero más viejo del mundo sino que libró la guerra de guerrillas más prolongada de la historia y que, de hecho, a los cuarenta y cuatro años sigue.

Pero en este casi medio siglo todo ha cambiado mucho, tanto que resulta imposible creer que una organización armada definida como marxista-leninista vaya en serio. Pasó la fiebre de los movimientos guerrilleros en el Tercer Mundo (aunque quedan episodios en Sri Lanka, Birmania, Filipinas y otros lugares), pasaron los movimientos de liberación nacional (excepción hecha de ETA en España, al decir del señor Aznar), cayó el muro de Berlín, desaparecieron las llamadas democracias populares, se hundió la Unión Soviética...pero ahí siguen Cuba y las FARC en Colombia, como vestigios del pasado, convenientemente institucionalizadas.

El caso de Cuba es comprensible al tratarse de un Estado y de un Estado insular, que siempre es una garantía de defensa. Pero el de las FARC es más difícil de explicar. Aunque llegaron a disponer de una Zona de distensión de unos 40.000 km2 en varios municipios del sureste del País, su condición ha sido siempre la de una tropa de unos 15.000 efectivos permanentemente hostigada por las fuerzas armadas, los paramilitares y los narcotraficantes. Según parece las FARC se financian fundamentalmente del narcotráfico (con el impuesto llamado de gramaje), lo que les hace enfrentarse a otras bandas dedicadas al mismo negocio, y las extorsiones de los secuestros.

De esto se sigue que su duración e institucionalización se han hecho al precio de abandonar sus motivaciones ideológicas originarias y adaptarse a los tiempos cambiantes recurriendo a todo tipo de prácticas delictivas para sobrevivir. En la actualidad las FARC aparecen catalogadas como una organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea; otros países, especialmente latinoamericanos y organismos internacionales, como la Cruz Roja o Amnistía Internacional, se niegan a aceptar esta definición y prefieren hablar de un conflicto armado interno en Colombia o, incluso, una guerra civil, la más duradera del planeta.

A mi modesto entender no hay inconveniente en aceptar esta definición de "conflicto armado interno", que es obvia. Pero no para librar a las FARC del sambenito de organización terrorista, pues tal cosa son, sino para hacer extensiva esta consideración al Gobierno colombiano que en numerosas ocasiones, hoy todavía, recurre a procedimientos terroristas y a actividades criminales para combatir a su enemigo. La diferencia notable es que el Gobierno no afirma ser una organización revolucionaria de izquierda dedicada a combatir la injusticia social y a conseguir la emancipación de campesinos y trabajadores, mientras que las FARC sí.

Y nunca nadie por nada del mundo me hará creer que una organización que secuestra, tortura, viola, asesina a civiles indefensos, obliga a niños a servir bajo las armas, siembra el territorio de minas antipersonas y recurre al tráfico de drogas para financiarse tenga algo que ver con la izquierda, por mucho que su enemigo recurra a todos o parte de esos mismos procedimientos.

Que la tierra sea leve a Tirofijo.

(La imagen es un cuadro del colombiano Fernando Botero, llamada Masacre en Colombia, del año 2000 que se encuentra en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá).