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jueves, 12 de enero de 2017

Los santos dineros

¡Qué radical es el PSOE! Pedir que el Tribunal de Cuentas -que tampoco es un órgano muy estricto sino más bien laxo en muchos aspectos- fiscalice los cuartos de la iglesia católica es un inaudito acto de rebeldía, de falta de confianza. Precisamente los mismos que incrementaron la casilla de la declaración de la renta del 0,5 al 0,7 por ciento, ahora quieren meter sus narices en lo que los curas hacen con ese dinero. Una desvergüenza. ¿Qué va a hacer? Lo que ya ha hecho con los 1240 millones de euros entre 2010 y 2015 Está clarísimo: dedicarlo a fines lícitos, píos, santos, propios de su condición espiritual. Dudarlo es casi una blasfemia. La iglesia cumple su mandato escrupulosamente. Con cáritas se cuida de la pobreza, con la financiación de 13TV difunde la verdad del Evangelio y con las campañas en contra del aborto se trata de apartar a las descarriadas ovejas del mal camino.

El PSOE afirma que, aunque el PP ya ha votado en contra, su propuesta saldrá porque cuenta con el apoyo de Podemos y C's, partidos modernos y esclarecidos que no comulgan con el nacional-catolicismo del PP. En realidad esta aparentemente radical medida para controlar el estado dentro del Estado  que es la iglesia en España es lo contrario, un modo de consolidar más la preeminencia eclesiástica porque se acepta esta forma de financiación y lo único que se pide es que, encima, no dé lugar a ilegalidades.

Pero no es eso lo que la izquierda debiera pedir; no la reforma de la casilla en la declaración de la renta sino su supresión sin más. Aplicación de las Acuerdos con el Vaticano de 1979 o quizá mejor, también, denuncia de estos. Que la iglesia se financie por su cuenta, como asociación privada que es. Sus otras denominaciones, sociedad perfecta, etc, no pueden influir sus obligaciones fiscales. Que recaude sus aportaciones de los feligreses directamente, sin intermediación del Estado, que no tiene por qué recaudar en nombre e interés de una asociación privada. Y, en último término, si se quiere recaudar por hacerle un favor, ese 0,7 por ciento, hágase, pero no detrayéndolo de la carga fiscal total del contribuyente (para que no seamos todos los paganos) sino, al revés, añadiéndola. 

Y, aparte de eso, la izquierda tiene una cuenta pendiente con la situación absolutamente privilegiada de la iglesia en mteria de impuestos, pues está exenta del pago de todos. Como asociación que es, la iglesia tiene que pagar sus impuestos al igual que los demás, los territoriales (el IBI), los personales y los de sociedades. Todos. 

Aparte de ello, y es urgente, la izquierda debe exigir la revisión de todas las inmatriculaciones de bienes de todo tipo que la iglesia ha venido haciendo en los últimos veinte años a cuenta de una reforma de la legislación hipotecaria de Aznar que le ha permitido poner a su nombre miles de propiedades por cantidades ridículas, incluida la mezquita de Córdoba. Un auténtico expolio. 

En España hay que separar la iglesia del Estado si queremos que quede algo de este.

martes, 17 de septiembre de 2013

Pensiones: la derecha contra los derechos.


El PP, la derecha, la expresión política de la clase dominante, son alérgicas a la idea misma de derechos en cuanto titularidad subjetiva a determinadas acciones y posesiones amparada por los tribunales. Para sí misma quiere todos los privilegios y para la inmensa mayoría de la población, si llega, la caridad y la beneficencia. Pero nada de derechos. Nada que permita a la gente tener una base de dignidad independiente de los caprichos de los señores y sobre la cual proyectar una existencia de ser humano libre.
 
La derecha quiere esclavos, siervos. Quiere que la gente, despojada de toda seguridad jurídica, se someta a la incertidumbre de las relaciones personales y fie su bienestar, su vida misma, al capricho de los amos.

El ejemplo más evidente y último (por ahora) es esa reforma de las pensiones perpetrada por el gobierno con el auxilio de unos expertos sin escrúpulos ni moral, directamente a sueldo de las entidades financieras que se beneficiarán con el desmantelamiento del sistema público de pensiones y su substitución por sus esquemas privados. Al desvincular las pensiones del IPC -como hasta ahora estaban por ley- dejan la actualización de aquellas al libre albedrío de los gobiernos, convertidas en un acto graciable de estos, eliminado su carácter de derecho de los pensionistas. La inenarrable ministra del ramo, Báñez, afirma que, con su subida garantizada del 0,25% anual las pensiones subirán siempre. Y, claro, no menciona que, si el IPC aumenta por encima del 0,25%, como suele suceder y al gobierno no le da la gana de compensar la diferencia, las pensiones perderán poder adquisitivo de modo sistemático hasta desaparecer. Esta señora piensa que el auditorio tiene un nivel de estulticia muy superior al suyo, que ya es gigantesco. La reforma de las pensiones del PP es, simplemente, un expolio sistemático y en diferido a los pensionistas.

No vamos a recordar las veces que el embustero Rajoy afirmó que jamás tocaría las pensiones. Nadie espera ya del presidente otra cosa que mentiras e indignidades. Vamos a situar este último atropello en un contexto más amplio.

Han hecho con las pensiones como con la sanidad, la educación y, en general, todas las prestaciones del Estado del bienestar: suprimirlas sobre la base de decir que no podíamos permitirnos estos lujos gratuitos. Ahí empieza su mentira: nada de eso es gratuito. Todo, absolutamente todo, lo hemos pagado de antemano a través de los impuestos y las cotizaciones. Lo hemos pagado, además, quienes pagamos impuestos y no los que los evaden, es decir, en su inmensa mayoría gente del PP (como quienes no declaraban lo sobresueldos) o sus amigos y votantes, evasores fiscales a quienes sus obedientes políticos amnistían después. De gratis, nada.

Pero hay más: el expolio, el hurto, residen además en recortar o suprimir esos servicios, hacerlos de repago si acaso al tiempo que se siguen subiendo los impuestos ciertamente a los de siempre. Y ¿para qué quieren recaudar más cuando gastan menos en servicios o, simplemente, como hace Cospedal, los suprimen? Sencillo, con tres objetivos:

1º) Seguir robando y metiéndose directamente el dinero en el bolsillo (Bárcenas, Gürtel, etc).
2º) Despilfarrarlo en proyectos faraónicos inútiles, mamandurrias de cientos de enchufados o comitivas de chupones a Buenos Aires o donde sea.
3º) Dárselo a las empresas privadas que los financian a su vez ilegalmente con las correspondientes mordidas, estilo López Viejo y otros.

¿Cómo va la derecha a respetar los derechos si lo suyo es expoliar a la gente, someterla por la inseguridad y el miedo y reprimirla a palos o como sea si se solivianta?

(La imagen es un montaje de El Jueves, en GAtos Sindicales).