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miércoles, 5 de febrero de 2014

España esta gobernada por presuntos delincuentes y...

No lo dice solo Palinuro. También lo dice un juez, para quien el PP es una presunta asociación de delincuentes. Supuesta, claro está, y cuyos miembros están amparados en la presunción de inocencia. Sin duda.

Según se deduce de los casos Gürtel y Bárcenas, que son el mismo, con sus miles y miles de folios y sus -de momento- setenta imputados del partido del gobierno, el país está en manos de una asociación de embusteros, mangantes, estafadores, sinvergüenzas y corruptos. Es una alucinante historia de sobresueldos, mordidas, comisiones, malversaciones, sobornos, tachonada de regalos, cruceros de lujo, coches de alta gama, obsequios a los familiares, pisos, vinos de calidad, fiestas, bodas por todo lo alto (o todo lo bajo, según se mire), lunas de miel. Una gente que, al parecer, lleva años, lustros, enriqueciéndose con la política, forrándose, mientras impone recortes y sacrificios a la población.

Hace casi un año, Palinuro subía una entrada titulada El Estado Gürtel en la que decía que la corrupción en España es institucional, estructural, y recordaba una metáfora que había empezado a usar otros dos años antes, comparando el caso Gürtel con el cadáver de la obra de Ionesco Amadeo o cómo salir del paso. Eran análisis demasiado avanzados para entonces, parecían exagerados (aun a pesar de ser obvios) y, visto lo ya visto, se quedaron cortísimos. A la luz aparece ahora y seguirá apareciendo este cúmulo de fechorías (todas ellas presuntas, no se olvide), este desfalco nacional que tan genialmente está retratando José Luis Izquierdo en El País.

Rajoy aseguró en sede parlamentaria el verano pasado, y ha venido repitiendo desde entonces, que él no ha cobrado jamás dinero de caja B alguna, que en el PP no hay caja o contabilidad B y menos aun financiación ilegal. Con todo lo que se sabe, con todas las declaraciones, pruebas materiales, apuntes e informes, es razonable sostener que mintió. La oposición le acusa de haberlo hecho en el ridículo asunto de los SMSs al innombrable, pero eso es una nadería en comparación con lo otro. ¿Puede ser presidente del gobierno alguien acusado y sospechoso de haber cobrado en B y tolerado la financiación ilegal? Dejemos aparte la cuestión jurídica (prescripciones y carácter delictivo o no de los hechos) y vayamos a la política y moral según la cual la respuesta es "no". El presidente debe dimitir ipso facto (es increíble que no lo haya hecho ya) y, con él, todos los cargos imputados, acusados o razonablemente sospechosos de haber participado en esta densa y permanente trama de saqueo del erario público.

Dimitir, naturalmente, sin merma alguna de sus derechos, entre ellos el de acudir a los tribunales en defensa de su honor, cosa que Rajoy jamás ha intentado pero otros, más sietemachos, se apresuraron a hacer o a decir que harían, amenazando con baterías de querellas a quienes insinuaran la menor tacha a su integérrima honorabilidad. Por cierto, todas esas conminatorias advertencias, fieros ademanes, han ido quedándose en nada, hasta convertirse en sonoros silencios y más o menos confusos desmentidos, según van conociéndose más datos sobre la longanimidad de la Gürtel en su hipotético departamento de bodas y bautizos.

¿Y las fundaciones? De FUNDESCAM estaba todo el mundo al cabo de la calle, sabiendo que con ella tenía tratos Díaz Ferrán, gran amigo de Aguirre y actual huésped de un hotel público en Soto del Real. Y ahora aparece la FAES, cerebro pensante, alma sintiente del PP, faro teórico de esta revolución por arriba que está destruyendo el país, implicada en un asuntejo de facturas falsas. La casa lo niega de una forma enrevesada, hablando de actividades de formación, un tema que, como saben los sindicatos muy bien, está lleno de sorpresas. Así suelen comenzar estos episodios y terminan vaya uno a saber, testigo el triste sino de la Fundación Ideas del PSOE. Ideas de casquero, diría un castizo.

Pero, vamos, que aquí no se salva nadie. Si el gobierno quiere rendir un servicio al país, debe dimitir, disolver, convocar elecciones anticipadas y un congreso de refundación del PP después de ellas, tras haber expulsado a esta oligarquía de presuntos mangantes, del primero al último.

Y, como colofón, hemos de conseguir que los dos jueces, Garzón y Silva, ciudadanos honorables y profesionales honrados, sean repuestos en su profesión con todos los honores. Y denunciado públicamente el puñado de políticos, periodistas, comunicadores y magistrados, sicarios y esbirros que los han sometido a ludibrio y cacería general por haber cumplido con su deber.