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miércoles, 1 de julio de 2015

La Ley Mordaza.

La enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos (la que encabeza su declaración de derechos) dice: "el congreso no aprobará ley alguna para imponer o prohibir ninguna religión; ni para restringir la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno que atienda a sus agravios" (Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances).
 
A tenor de esa Constitución vigente en los Estados Unidos, la Ley Mordaza que entra hoy en vigor en la gran nación española, sería nula por inconstitucional. Aquí, no se sabe, porque dependerá de la decisión de un Tribunal Constitucional presidido por un militante (o exmilitante) del partido del ministro que la ha hecho aprobar. Esta norma retrotrae el Reino de España no a los tiempos del franquismo, como suele decirse con razón, sino al siglo XVIII, antes de las revoluciones burguesas; al siglo XVII, antes de la llamada "gloriosa" británica. Es una ley que consagra la arbitrariedad del poder despótico frente a los derechos de los ciudadanos.
 
En la neohabla del autoritarismo gubernamental, la ley se llama de seguridad ciudadana, pero, en realidad, produce inseguridad desde el momento en que arrebata a los jueces la competencia para sancionar determinados comportamientos. Se la otorga a las autoridades administrativas y, en realidad, a las fuerzas de orden público, que actúan como juez y parte y aparecen protegidas no por la presunción de legalidad sino por la de infalibilidad e impunidad. Cosa que se ve por  cuanto se considera punible la demostración gráfica de su comportamiento. ¿Por qué motivo se prohíben las fotos de los agentes de la autoridad en sus actuaciones públicas si no es porque se pretende garantizarles impunidad?
 
Esa ley no protege a los ciudadanos sino que trata de amedrentarlos e impedir, con sanciones arbitrarias y abusivas, que hagan uso de sus derechos. Es una ley tiránica que ampara el hostigamiento de la ciudadanía para yugular todo intento de crítica o protesta por los medios que sean. Con esta ley, de contenido franquista, como sostiene el New York Times, pretende despedirse este gobierno nacionalcatólico, autoritario y acosado por la corrupción, o sea, neofranquista. 
 
Una ley de este alcance, aprobada con los votos de un solo partido, habrá de ser derogada en su integridad por cualquier otro gobierno sin duda con los votos de los demás partidos.

sábado, 6 de diciembre de 2014

Vuelve Gran Hermano.


No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.
 
Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.
 
El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.