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lunes, 27 de febrero de 2017

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue, entrecomillando es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Operación diálogo

El nuevo talante abierto y negociador del gobierno central en relación a Cataluña está dando resultados óptimos. Basta con ver la foto. Siempre se acusa a los políticos de ser falsos y ocultar sus fracasos y traiciones tras exageradas sonrisas. Esta imagen prueba que aquí de falso no hay nada. Los gestos retratan el alma. La virreina a la izquierda no solo alza la cabeza por exigencia física de las respectivas estaturas, sino también como gesto de imperio que espera sumisión. Los gestos de los otros dos reflejan los momentos por los que pasan: la señora Forcadell, ya procesada, puede serlo por segunda vez y el señor Junqueras acaba de firmar una comunicación del TSJ, dándose por enterado de que la decisión del Parlament de convocar un referéndum es ilegal.

Como diálogo, todo un éxito.

La composición en sí misma es un poema. Ignoro si la centralidad de Junqueras se atiene al protocolo, incluso si ha lugar aquí a aplicar protocolo alguno. Desde el punto de vista gráfico, la imagen tiene un lejano eco de retablo medieval. La figura del centro, de dimensiones mayores en comparación con los paneles laterales parece considerar con la mirada puesta en el espectador, aunque perdida, de qué lado inclinarse, si el bien o el mal, el vicio o la virtud. Estas dos opciones, a su vez, cruzan sendas miradas entre sí que sin duda, hablan de cómo prospera el diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. Un camino de rosas.

El referéndum

Aquí el artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado, 46/45. 46, las propuestas de Puigdemont de hace un año para debatir en La Moncloa; 45 las que La Moncloa está dispuesta a negociar un año después. No es rápida La Moncloa. Y la diferencia, la propuesta cuadragésima sexta, que el gobierno central excluye expresamente, es la del referéndum. Es decir, no hay, no puede haber diálogo.

Seguramente entre los cientos de asesores de que dispone Rajoy, todos cobrando una pasta de nuestros bolsillos, alguno le habrá dicho lo obvio: el referéndum es insoslayable. Aunque la comisión (supongo que se nombraría una comisión) negociadora alcanzara acuerdos en las 45 cuestiones de marras, el resultado habría de someterse a referéndum en Cataluña. No hemos llegado hasta aquí para que una reunión de sobremesa sustituya la voluntad democrática de los catalanes. Así que no se entiende el encabezonamiento de Rajoy salvo por un atavismo imperial muy típico de esta derecha reaccionaria: cualquier desacuerdo, discrepancia, se convierte en un asunto de principios enfrentados a muerte. Por eso lleva el Estado español cuatrocientos años de imparable decadencia.

Aquí la versión en castellano:

46/45

Hace algo menos de un año, en abril de 2016, Puigdemont se personó en La Moncloa con un repertorio de 46 cuestiones pendientes de tratar entre la Generalitat y el gobierno central, el doble de las que había ofrecido negociar a su vez Artur Mas el año anterior. Ambos presidentes recibieron el acostumbrado y arrogante “no” mesetario envuelto en la retórica flamígera del caduco imperio a cuenta de que una de las cuestiones era el referéndum: no se puede negociar con la soberanía del pueblo español.

¿Acaso no coinciden Rajoy y Felipe González en ese punto falaz de la soberanía innegociable del pueblo español? En ese y en muchos otros, pero ese es aquí decisivo porque explica por qué el nacionalismo español no se divide entre izquierdas y derechas. Es siempre de derechas. El de izquierdas, también.

Meses más tarde, en diciembre de 2016, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitía que el gobierno podía hablar de 45 de las 46 peticiones catalanas. Fuera quedaba la cuadragésimasexta, que no podía ni pronunciarse: el referéndum. De empeñarse en ello la parte catalana, no habría ningún diálogo. Y ese es el espíritu que destila la actitud actual del gobierno central: negociar sobre 45 de las 46 cuestiones, dejando aparte expresamente el referéndum que es precisamente la propuesta que da sentido a la posición de la Generalitat y constituye su fortaleza. Cosa, por cierto, que podría haber ofrecido ya hace un año de ser menos lento y algo más responsable.

Al final, por tanto, el gobierno se sienta a negociar a regañadientes, con un año de retraso y con imposiciones, como siempre. Pero lo hace. Los que no querían ni empezar a hablar han acabado comprendiendo que escenifican algo o la hoja de ruta catalana, en la que nunca han creído, va a barrerlos a ojos de la opinión pública internacional. La misma asustada sospecha de los socialistas que han pasado a hablar de “plurinacionalidad” de España pero tampoco quieren oír hablar de referéndum catalán.

Para disimular su insostenible posición, el gobierno ha conseguido ya que su Tribunal Constitucional, el órgano que actúa a sus dictados, haya anulado la decisión del Parlament de convocar el referéndum. De este modo, se sitúa fuera de la ley cualquier medida de las instituciones catalanas en prosecución de la hoja de ruta y se posibilitan más actividades represivas. De hecho, el TC ya ha instado a la Fiscalia a que afine una segunda causa penal contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

En estas condiciones la oferta de diálogo y entendimiento del gobierno español es una farsa dentro de su acostumbrada política de amenazas. A los efectos ha soltado también a sus voceros, pregoneros e intelectuales orgánicos de todo el espectro político para que exijan perentoriamente medidas contundentes. Si hace una fechas, Vidal Quadras recordaba que, cuando no se respeta el Estado de derecho (el Estado de derecho de la derecha española que ni tiene derecho ni, en el fondo, es un Estado) las cosas se resuelven por la violencia, su correligionario, Albiol, escenificaba gráficamente la amenaza pintando un futuro –que él decía querer evitar- con el ejército de desfile por la Diagonal. Menos belicosa la izquierda prefiere asustar por la vía administrativa y penal, y Guerra habla de suspender la autonomía con el artículo 155. El mismo artículo que invoca ese aparatoso prohombre, intelectual orgánico de la transición, Juan Luis Cebrián. El último cachorro del franquismo mediático, le añade un toque paramilitar hablando de la Guardia Civil, para cerrar el círculo con los escandalizados prohombres de la derecha.

En el fondo, quien mejor representa este espíritu de nacionalismo español por encima de sus tenues banderías es José María Aznar, que considera pusilánime toda intención dialogante del gobierno central con la Generalitat. El mismo Aznar que entregó el 15% del IRPF a la Generalitat a cambio del voto de Pujol a su investidura. Una concesión que evidencia el fondo real de la intención del nacionalismo español, especialmente el de derechas: está dispuesto a trocear España a cambio del mantenimiento de su privilegio sempiterno de gobernar lo que quede de ella. Lo que diferencia el independentismo catalán del nacionalismo español, sobre todo el de derechas, es que este último no cree en lo que dice defender.

martes, 21 de febrero de 2017

Largando trapo

Si yo estuviera en la cofradía de Díaz o en la cuadrilla de López empezaría a preocuparme en serio. Con todos los medios en contra, como todos los barones del partido y los órganos de este y con un gobierno hostil, la candidatura de Sánchez se robustece por momentos, levanta expectativas y genera apoyos multitudinarios en las bases. Díaz hace campaña con cargos institucionales y duda si presentar su candidatura. López predica su talante conciliador ante exiguas audiencias. Solo Sánchez reúne apoyos suficientes entre la militancia para ser un candidato creíble.

La prueba ayer en el Bellas Artes era determinante: presentarse en Madrid, villa y corte. La convocatoria fue un éxito de asistencia, el aforo del teatro Fernando de Rojas y otro tanto que se quedó fuera y siguió el acto por una gran pantalla. Estuvo bien planificado, pues se trataba de hacer público el documento base de la candidatura para elaborar una alternativa a lo que se presente en el congreso. No era un mitin, ni una celebración de aniversario o una romería, sino una somera presentación de un texto político-ideológico y propositivo y se había buscado la asistencia de publicistas en general. Era un modo de medir fuerzas de antemano. Y se excedió el aforo.
Mucha gente se quedó fuera haciendo cola, como se ve en la foto de Alberto Blázuqez Sánchez. Esto dio pie al candidato a prometer un encuentro en breve con la militancia en Madrid; un mitin, es de suponer.

El acto evidenció el punto fuerte y el débil de la candidatura de Sánchez. El fuerte: su apoyo es la militancia y los simpatizantes; los barones rezongan en off. El débil: la edad media de la asistencia, muy elevada, lo cual habla mucho de la lealtad de los militantes pero poco sobre su sentido de innovación. Quizá por ello los oradores -también muy representativos del corte generacional de la asistencia- insistieron en que se emplearán a fondo en el empleo de las nuevas tecnologías (todavía dicen "nuevas tecnologías")  con el mensaje subliminal de que sea un método de rejuvenecer su partido. El digital gap, vamos. Dos exministras (o casi) y dos cargos institucionales intermedios del partido, de la generación del Programa 2000, restan crédito a ese firme propósito de reconstruir, renovar, etc.

El documento, llamado por una nueva socialdemocracia está condenado a ser conocido como el "programa de Sánchez". Allí se desgranaron sus puntos fundamentales. Entre la habitual melopea de conocidas intenciones sobre todo tipo de políticas, fiscales, medioambientales, de dependencia, de relaciones laborales, dos propósitos son los de más carga política y los que los medios han destacado: la alianza de la izquierda y el Estado plurinacional. 

La propuesta de ir a una unión de la izquierda concuerda con la de Palinuro de articular un Programa Común de la Izquierda. Innecesario razonar su conveniencia y posibilidad. Y su oportunidad. Tras la victoria del sector neocomunista en Podemos está claro que vuelven a la actitud de vender la piel del oso antes de matarlo, lo cual explica por qué se ha constituido un gobierno en la sombra sin espacio para algún posible aliado, ni siquiera dentro de UP. Es decir, el fin del bipartidismo era intentar el cambiazo de un bipartidismo por otro. En estas circunstancias, la propuesta de aglutinar a la izquierda en torno a la socialdemocracia presenta perspectivas halagüeñas. Si se puede hacer en Portugal, ¿por qué no en España? El PSOE, un partido de izquierda, socialdemócrata, laico y...federal.

A propósito del federalismo viene la otra llamativa propuesta de admitir la "plurinacionalidad del Estado". Sin duda es audaz y ahorra perder el tiempo hablando de la "nación de naciones", pero presenta dos dificultades: en primer lugar no es una consigna que concite entusiasmo en la militancia del PSOE y sí mucha inquina en las élites socialistas más conservadoras y poderosas. En segundo lugar parece claro que la fórmula federal no satisfará las aspiraciones de algunas de esas naciones que ven en ella una vuelta al "café para todos" de una descentralización política siempre precaria y susceptible de ser limitada o, incluso, suprimida.

Reconocer la plurinacionalidad del Estado implica postular la reforma del sacrosanto artículo 2 de la CE, núcleo de la postulada "nación española". Además se encontrará con una cerrada oposición de toda la derecha e importantes sectores de la izquierda. Y si ese reconocimiento no garantiza el derecho de las naciones a decidir si quieren ser Estados independientes equivale al reconocimiento de un flatus vocis. Solo el acuerdo de un referéndum pactado podría desbloquear esta situación que, en cualquiera de sus dos perspectivas conduce a una espiral de acción/represión/más acción, etc. El reconocimiento de la naturaleza plurinacional del Estado es un tímido paso en la dirección correcta. Ahora falta saber a qué derechos da acceso la condición de nación dentro del Estado español, si a decidir si se sigue siendo parte de él o no. 

Esa habría de ser la pedagogía de una unión de la izquierda.

lunes, 20 de febrero de 2017

Sin referéndum, nada

El País sigue exultante con complejo de consejero áulico de éxito. Rajoy gobierna a golpe de editorial de este periódico independiente que ve ya entreabrirse la solución al "problema catalán". El mastodonte se mueve y decide dar forma a la alternativa que pedía Mas. Ditirámbico, el periódico titula la oferta de Rajoy para Cataluña.

Bien, ¿qué Rajoy? El de los cuatro millones de firmas "contra los catalanes"; el del recurso del Estatut ante el Tribunal Constitucional que dio lugar a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 que negaba la condición de nación a Cataluña; el que llamaba "algarabía" a las multitudinarias manifestaciones de las Diadas, que comenzaron a partir de la manifestación de julio de 2010 ("Som una nació. Nosaltres decidim"); el que consideraba la consulta del 9N una especie feria verbenera; el que ha judicializado el conflicto, al que niega su carácter político considerándolo un problema de orden público; el que dijo "no" a Mas cuando se presentó en La Moncloa a pactar un sistema de cupo catalán; el que dijo "no" a las 46 peticiones que llevó su sucesor Puigdemont al mismo huerto.

Efectivamente, este Rajoy que considera una "amputación" la separación de Cataluña, parece haber visto de repente el camino a seguir a la luz de los editoriales de El País. Y de ahí eso de "la oferta de Rajoy para Cataluña". La materialización de la "alternativa" de Mas. Ahí es nada. Una alternativa para Cataluña. De golpe. Lo de menos aquí es si esa oferta existe y ya está en consideración por ambas partes o una de ellas anda dando cuartos al pregonero mientras la otra afirma no saber nada al respecto. Al extremo de compararla con el espíritu santo del que, según Puigdemont, habla todo el mundo pero nadie ha visto.

Lo importante es el contenido de la oferta. Es llamativo que se arme sobre los 46 puntos que llevó Puigdemont a la corte el 19 de abril de 2016, el doble de los que llevara Mas un año antes y cosechando el mismo rotundo "no". A fines de año, Sáenz de Santamaría mostraba disposición a negociar sobre 45 de aquellas propuestas. La que faltaba, y sigue faltando en la respuesta de Rajoy, es el referéndum. Siga como siga la negociación, la primera cuestión es por qué tarda el Estado, el gobierno central, casi un año en dar una respuesta a una iniciativa de la Generalitat. Me atrevo a decir que es el tiempo que le ha llevado comprender la importancia del independentismo catalán. Hace todavía un año en la meseta no se consideraba la independencia de Cataluña como algo verosímil. Se creía que el movimiento se resquebrajaría con la corrupción de los Pujol, que se desharía con las rencillas y enfrentamientos entre partidos. No ha sido así y hoy se ve la independencia catalana como una grave amenaza. Cataluña ha pasado de no existir a imponerse como la motivación número uno de la actividad del gobierno, quien ha destacado en el Principado a la virreina Sáenz de Santamaría. Misión imposible para quien no entiende el catalanismo desde su misma raíz.

La condición o requisito de abandonar el referéndum para empezar a negociar  está condenada al fracaso porque la otra parte no puede aceptarla. Cualquier mediano conocedor de teoría de juegos sabe que si una parte que lleva ventaja gracias a una amenaza, renuncia a la amenaza, pierde la ventaja. No creo que la Generalitat renuncie al referéndum. Y, por otro lado, no veo por qué no puede pactarse uno vinculante. Es lo más sensato para que todos sepamos a qué atenernos.

Hay una alternativa a la independencia: la no independencia, desde luego, pero tiene que salir en un referéndum.

A lo que no hay alternativa es al referéndum, diga Rajoy y diga El País lo que quieran.

viernes, 17 de febrero de 2017

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

martes, 7 de febrero de 2017

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

miércoles, 1 de febrero de 2017

La República Catalana hoy en Madrid

Hoy llegará La República Catalana a Madrid, a la emblemática librería Blanquerna, sita en la calle Alcala, 44, a las 19:00. Presentará el acto Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid e intervendrá Joan Tardà, diputado de ERC en el Parlamento español, y Palinuro, el autor del libro.

El encuentro promete ser interesante. Se quiera o no reconocer, el proceso independentista catalán es el problema más importante que tiene planteado el sistema político español. Llevo años diciéndolo y defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes. Al principio, todos me miraban como un extraterrestre, por insistir en algo que parecía una quimera o completamente irrelevante, algo a lo que ninguno prestaba atención. La incapacidad de los políticos y de lo intelectuales españoles para ver lo que tienen delante de las narices es fabulosa. Y así siguen. Todavía hoy asombra el silencio de la clase política, incapaz de tomar una sola iniciativa, y del estamento pensante, dándose pote en sus columnas en los periodiquitos y en sus enchufes en la tertulias audivisuales en donde llevan años diciendo las mismas sinsorgadas. Ninguno dice o hace nada constructivo en relación a Cataluña salvo repetir como carracas que la autodeterminación es ilegal. Como lo fue la independencia de los Estados Unidos, por supuesto, y la de todas las posesiones españolas hasta la fecha, exceptuada la de Guinea, que fue legal, y la del Sahara que, además de ilegal, fue una traición. 

Seguro que alguien en el público se pregunta en voz alta en dónde están los intelectuales españoles en estas circunstancias. No es difícil responder: están con el poder español, como siempre. Y lo están también los de izquierdas, incapaces de reconocer una revolución como la que está dándose en Cataluña porque no se hace según sus apelmazadas consignas.

domingo, 29 de enero de 2017

El referéndum está servido

La decisión de la CUP de apoyar los presupuestos de la Generalitat es un hito en el camino al referéndum. Utilizo el término referéndum y no independencia porque, siendo el primero un instrumento para lograr un fin, la independencia, también puede no lograrla. Con todo, con un poco de juicio, se verá que la mera convocatoria y realización del referéndum ya es un acto de soberanía, de independencia. Pero que se llegue a esto o no depende también en gran medida del gobierno español. La Generalitat insiste en que no se levantará de la mesa de negociación hasta el último momento, esto es, supongo, la víspera del referéndum. Se entiende que si el gobierno español se decide a hacer lo que invoca pero no hace, dialogar, y se llega a un acuerdo, cosa inverosímil, pero no imposible, podría hacerse un referéndum pactado, entendiendo por tal el que se convoque en Cataluña por acuerdo de ambas partes.

Dice Puigdemont que el "sí" de la CUP a los presupuestos es una "mala noticia" para el Estado. Malísima, desde luego. Lo entiende cualquiera medianamente informado del acontecer catalán. El problema es que en España, esa información no se recibe o no se quiere recibir o no se entiende o no se quiere entender. Viaja por las redes un agudo juicio, algo así como En Cataluña sabemos lo que pasa en España, pero en España no saben lo que pasa en Cataluña. Es decir, el "sí" de la CUP sería una "mala noticia" si el Estado supiera calibrar su importancia. Pero no sabe. Si habla de la CUP es para aconsejar a los de JxS que se alejen de los "radicales". 

Sin embargo debiera preocuparse porque ese "sí" reafirma la voluntad mayoritaria del Parlament de celebrar el referéndum en septiembre. A los efectos, los de la CUP avisan por boca de Arrufat de que es un sí "condicionado a la celebración del referéndum". Una advertencia creíble porque, al fin y al cabo, el voto de la CUP ha sido 39 a favor, 22 en contra y dos abstenciones. Aunque, por el momento, parece redundante. No hay razón para dudar de la palabra de Puigdemont, quien afirma que el referéndum se hará y será vinculante.

Y eso en un ambiente cada vez más enrarecido y crispado si, además de negarse en redondo a negociar, el Estado sigue con su política de persecución policial del independentismo. Encontrar formas de entenderse con alguien a quien se intenta meter en la cárcel no es tarea prometedora. Si, además, no se quieren encontrar, la tarea es absurda.

Pero a ver cómo paran ustedes ese referéndum sin meterse más y más en el laberinto.

miércoles, 11 de enero de 2017

Mas, presidente de la República Catalana

Mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la candidatura de Mas en las siguientes elecciones. Una vez celebrado el referéndum ese que Santamaría dice que no va a hacerse y Junqueras que sí se hará, mostrando su feliz unidad de criterio, si el resultado es "sí" a la independencia, se plantearán unas elecciones constituyentes para las que todoa habrá de presentar sus candidatas. No hay unidad de criterio para estas. Los unionistas duros (PP, C's y PSOE) piden que todo siga igual, aunque el PSOE ofrece una imprecisa reforma constitucional que ni él mismo puede explicar. Los unionistas blandos (En Comú Podem, ICV-IEUiA) piden abandonar la idea del referéndum y sustituirlo por unas elecciones autonómicas y no constituyentes.

Sean las elecciones que sean, ordinarias o constituyentes, todos necesitarán candidatos. Para Palinuro, el candidato dl JxS debiera sr Mas pero, como parece imponerse la idea de que la coalición no concurrirá junta a las elecciones sino que lo harán sus partidos por separado, serán estos los que decidan sus candidaturas y Mas sigue siendo la más natural para el PDeCAT, una vez que PUigdemont ha dicho ya que no se presentará. ç

Las razones pueden leerse en la versión castellana del artículo:

La candidatura de Mas

Hace un año, si Mas no se retira, no hubiera habido gobierno de JxS. Inútil pensar en una situación contrafáctica. Hubo gobierno de JxS y la hoja de ruta independentista echó a andar porque Mas retiró su candidatura. Se puede opinar lo que se quiera, las intenciones de la gente son libres, pero no es fácil encontrar un ejemplo más claro de cómo alguien pone los intereses de su causa por delante de los suyos personales.

A partir de aquel momento, el nacionalismo español no pudo seguir atribuyendo el independentismo catalán a una obcecación de Mas. El independentismo no era un proyecto individual o de un grupo de amigos, sino un movimiento social de amplio apoyo y suficiente flexibilidad institucional. Al mismo tiempo, Mas ganaba mucha autoridad moral por su gesto, que redobló luego con su actitud de colaboración con el gobierno de la Generalitat, sin ninguna pretensión de tutela. Puigdemont ha sido y es presidente de la Generalitat en pleno uso de sus competencias y según su criterio.

El mismo Puigdemont que, al hacerse cargo de la Presidencia, especificó que lo hacía con conciencia de la excepcionalidad y la provisionalidad de su mandato. Consistía este en llevar a Cataluña de la postautonomía a la preindependencia . Y tenía además el límite de la hoja de ruta, un año y medio, hasta septiembre de 2017. Hasta el referéndum. A partir de ahí, la sociedad deberá actuar de acuerdo con la decisión mayoritaria.

En el supuesto del “sí”, que recientes encuestas dan por probable, se dibujan elecciones constituyentes y para ellas los partidos necesitan candidatos. Causando baja Puigdemont, el candidato natural de su partido es Mas, sin perjuicio, naturalmente de que se presenten otros. Lo es por varias razones.

En primer lugar, su derecho personal, incuestionable. Es muy fácil de entender que se presente a liderar un proceso que el contribuyó a poner en pie decisivamente y es lógico que quiera recuperar una faena para la que está capacitado y solo factores externos y no enteramente racionales interrumpieron.

En segundo lugar por razones de justicia conmutativa. El independentismo tal como se encuentra ahora ha sobrevivido gracias al sacrificio de Mas. Es justo reconocérselo y premiárselo. Reconocérselo reconociendo su derecho a presentarse. Votarlo luego es otra cuestión.

En tercer lugar, Mas representa un capital nacional capaz de atraer un voto de clases medias y medias altas, tan necesarias estratégicamente para el proceso independentista como las más populares que representan sus socios, los partidos de izquierda. El común valor republicano que comparte con estos facilita notablemente las cosas, de forma que los factores nación y república pesan más momentáneamente que el estrictamente social. Tiempo habrá de dirimir este una vez que Cataluña pueda tomar libremente sus decisiones. Invertir los tiempos, condicionar la independencia a reclamaciones sociales, seguramente muy justa pero de parte, no es un acierto estratégico. Ni siquiera táctico.

En cuarto lugar, sin duda la candidatura de Mas reavivará los rescoldos de la intransigencia de la CUP, empeñada hace un año en enviar a Mas a la poubelle de l’histoire. La acusación representar una política antipopular, represiva y de recortes y, quizá, también, negligente con la corrupción. Es legítimo que en unas nuevas elecciones que se quieren constituyentes (aunque los unionistas las traten de ordinarias) puedan substanciarse o no estas acusaciones y los electores tengan todos oportunidad de pronunciarse por sí mismos y no lo hagan solo sus representantes. El próximo 6 de febrero Mas, al igual que Ortega y Rigau, comparecerán ante un tribunal español (el TSJC es un tribunal español) bajo graves acusaciones por haber puesto en marcha la consulta del 9N.

Si, al final, Mas no puede ser candidato, que sea por un pronunciamiento de parte de la justicia española, un instrumento más de represión, no por consideraciones de oportunidad política de cortos vuelos.

Al final, no es casualidad que la represión española alcance por igual a militantes y miembros de la CUP que a los del PDeCAT. Y por los mismos motivos: por desobedecer.


lunes, 9 de enero de 2017

El referéndum pactado y el unicornio

El asunto del referéndum catalán tiene a todo el mundo en ascuas por muy diferentes motivos. En el caso de Podemos, como puede verse de las muy interesantes declaraciones de su diputado, Rafa Mayoral la convicción es firme: debe haber un referéndum y debe ser pactado. La idea del referéndum pactado no es precisamente original. Podemos la comparte con el bloque de Junts pel Sí; la comparte con Carles Puigdemont. La diferencia arranca a la hora de decir qué se piensa hacer si el Estado se niega a pactar referéndum alguno. Los independentistas dicen que, si no hay pacto, harán un referéndum unilateral (RUI). Podemos sostiene que eso no toca, que las consultas de "participación popular" están muy bien, pero carecen de eficacia. Como diría Rajoy, "no tienen efectos jurídicos". La alternativa que, por supuesto no se formula con claridad, es esperar. ¿A qué? A que el Estado haga suya la opinión del Tribunal Constitucional de que es posible un referéndum pactado.

Sin embargo, esto no es necesario. La posibilidad de un referéndum pactado está en la Constitución y su legislación de desarrollo. Basta con querer hacerlo. Lo explica mucho mejor que yo Francisco Javier Torices Pino en un artículo titulado ¿Es legal un referéndum en Cataluña sobre Catalunya? Basta con tener la voluntad política de hacerlo. Esa falta de voluntad política es la que se oculta detrás de la permanente afirmación de Rajoy de que la ley no permite el referéndum. Y lo mismo sucede con el PSOE y C's, con los tres partidos dinásticos. El "no" al referéndum es ampliamente mayoritario en el Congreso y así seguirá siéndolo. Hay más posibilidades de encontrar un unicornio por las Vistillas que de conseguir un referéndum pactado en Cataluña. Insistir en él equivale a pedir a los catalanes que se olviden de las veleidades referendarias, lo cual es inquietante cuando uno reconoce que más del 80 por ciento de aquellos quiere el referéndum, con independencia del resultado. Exigir un referéndum pactado a quien no tiene la menor intención de aceptarlo equivale a renunciar a él.

¿Es eso lo que se pretende? Evidentemente, no. Pero ¿cómo salir del paso? Aprovechando un oportuno deus ex machina en forma de En Comú Podem que es y no es Podemos pero sí definitivamente catalán, bajo inspiración de Ada Colau y función ejecutiva de Xavier Domènech. Mayoral, Podemos español, partidario del Estado plurinacional, en las cuestiones de estrategia catalana se remite a lo que En Comú Podem determine. Este es un asunto que incide en la viabilidad interna de Podemos como organización española. Su presencia en Cataluña está sometida a las mismas tensiones que lo estuvo la pareja PCE/PSUC y lo está la PSOE/PSC, pero con un agravante: que, para evitar la acusación de sucursalismo, Podemos tiene una presencia secundaria en En Comú Podem, en donde la alcaldesa Ada Colau, aclara que ella no es de Podemos y que en En Comú Podem hay gente con todas las orientaciones. Podemos es parte no decisiva de un conglomerado mayor y ha de aceptar la posición que en todo momento tenga su alter ego catalán, lo cual dice mucho de su genuina convicción plurinacional, pero arroja la sombra de la duda sobre su viabilidad como fuerza política estatal.

Y ¿cuál es aquella posición ahora mismo? Que, si no hay referéndum pactado, no debe procederse a un RUI, sino a unas elecciones anticipadas en Cataluña. Podemos hace suya la propuesta porque evita los dos riesgos opuestos: la confrontación de un RUI y la espera interminable a que aparezca el unicornio. Suena razonable. Una posición intermedia, siempre con buena prensa. Pero si se piensa un poco más, no está tan clara. ¿Por qué se propugnan elecciones anticipadas (implícitamente viene a decirse para septiembre, fecha del referéndum previsto) si la estabilidad parlamentaria en Cataluña, en principio, está garantizada? Porque hay una sensación general de que se vive en una situación única, decisiva, tanto si se hace el referéndum como si no se hace. En estas circunstancias, habiendo llegado hasta aquí, la opción de no hacerlo no está abierta a la Generalitat que seguirá adelante convocando un RUI. Y el Estado no parece dejarse a sí mismo más opción que impedirlo. La petición de elecciones que irían acompañadas, claro, de la renuncia al RUI, tienen la función de hurtar el cuerpo al conflicto, evitar la confrontación, con la esperanza de que según sea el resultado electoral, quepa cambiar de negociadores en la parte catalana. Es tentador y refinadamente claudicante, para no perder mucha cara, pero no basta para que el independentismo desista de su hoja de ruta.

La cuestión reside en averiguar hasta dónde están dispuestas a llegar ambas partes, Estado y Generalitat, la una para realizar el referéndum y la otra para impedirlo.

Es una cuestión abierta. Y quedan meses.

sábado, 31 de diciembre de 2016

Buen fin de año que viene

Traigo lo que se llama una "comparativa" de dos lenguajes que señalan dos mundos distintos; dos lenguajes excluyentes. Si Rajoy cumple su voluntad de gobernar él los cuatro años, Puigdemont no podrá hacer el referéndum. Si Puigdemont consigue hacer el referéndum es poco probable que Rajoy gobierne más allá de septiembre. Poco probable, no imposible, porque Rajoy está probando que para él no hay imposibles. Que su vida es un firme acto de voluntad, ya que no de razón.

¿Con qué medios cuenta Rajoy para frustrar el referéndum catalán? Aparte, naturalmente de su reiterada negativa a darle vía libre con el escueto argumento de que no puede hacerse porque la Constitución no lo permite. Tiene muchos, desde luego, algunos ya está usándolos como la supuesta "guerra sucia" desde el ministerio del interior o la persecución judicial de los independentistas y su hostigamiento. El juez Ismael Moreno, un expolicía del franquismo tardío, magistrado de la Audiencia Nacional, el que instruyó la causa contra los titiriteros, ha mandado traer a Madrid esposado al independentista Joan Coma a declarar acerca de una metáfora sobre que para hacer una trucha, hay que partir los huevos. A lo mejor lo que se le reprocha a fuer de contumaz independentista catalán es que diga "trucha" en vez de "tortilla", que es para lo que se parten los huevos en el imperio. (Me advierten amables lectores que en catalán "truita" es tanto "trucha" como "tortilla". Pues más divertido aun si cabe. Ya decía yo que no encajaba bien lo de los huevos con la trucha). 

No se crea que los medios a disposición de Rajoy tengan todos este nivel. Los hay serios. El procesamiento de las autoridades de la Generalitat, empezando por Carme Forcadell, por presuntos delitos de desobediencia o prevaricación, apunta a empeños de más graves consecuenciass. Detrás de estas medidas judiciales puede llegar la aplicación del art. 155 según el cual el gobierno puede ordenar a las autoridades autonómicas el cumplimiento de la ley. Y, por descontado, también cuenta con la posible declaración de algún estado excepcional, en el caso de encontrarse con una actitud de desobediencia civil de las autoridades quizá apoyada por una mayoría de la población. Llegados a este punto se certificaría el absoluto fracaso del gobierno español que, por su absoluta cerrazón a toda forma de negociación, habrá llevado el conflicto a una situación sin salida. Una intervención excepcional de la autonomía catalana, manu militari o no, sería más de lo que la UE estaría dispuesta a tolerar. Asustadas las instituciones europeas por el bloqueo político de España, acabarán imponiendo una mediación que se basará en un referéndum, digan Rajoy y el nacionalismo español (PP, PSOE, C's) lo que digan. 

Muy pocos en Europa admitirán que se niegue a una minoría nacional de más de siete millones de personas el derecho a decidir por su cuenta. 

La Generalitat está articulando un buen argumentario político y jurídico para posibilitar una transición, como dice Puigdemont, de la postautonomía a la preindependencia. La independencia se dará después del referéndum.

En el supuesto de que gane el sí. En la actualidad, el sí y el no están muy igualados. Por ello, ese referéndum es el momento político más importante en el Estado. Prohibirlo y tener sojuzgada una comunidad en la que el 85 por ciento de la población lo reclama, no es de recibo. Admitirlo y atenerse a las consecuencias, sean estas las que sean, abriría el camino a la democracia en España.

viernes, 16 de diciembre de 2016

Presentación teatre Romea (1ª) parte

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Aquí está por fin, el vídeo completo de la presentación de "La República Catalana" en el teatro Romea, Se divide en dos partes. La segunda, más abajo.

Una proeza técnica de mi amigo Bernat.

Presentación del teatre Romea (II parte)


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Lo dicho, segunda parte. Y bastante más larga.

Moltes gràcies, Bernat.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Abriendo camino al diálogo

Mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell,  a declarar por una supuesta desobediencia a una providencia del Tribunal Constitucional. Ayer, sin embargo, este mismo Tribunal comunicaba a la misma presidenta que se suspende cautelarmente otra medida de su Parlamento y la apercibía de las desagradables consecuencias, incluso penales, que tendría una nueva desobediencia. ¿Quién dijo que los tribunales son lentos? El Constitucional, como se ve, es raudo como una centella cuando le interesa y también parsimonioso como el olivo cuando le interesa al gobierno. 

Desde que este tomó posesión, viene anunciando una consistente voluntad negociadora. Parece, incluso que hasta se hubiera enterado de que la situación ha llegado a este punto por su obstinación en cerrar toda puerta de diálogo. Quiere evitarla.  Ahora la hay, asegura. Y, para mostrarla se aceleran los procesos judiciales contra todo tipo de independentistas.  Suele decirse que esos procedimientos judiciales no dependen del gobierno y siguen su curso con independencia de este. Es una fábula. Es el gobierno el que insta la acción de los tribunales, bien recurriendo al constitucional todo suspiro del Parlamento de Cataluña, bien instando la acción de la Fiscalía para que "afine" lo que al gobierno le interese.

Por eso no es creíble la oferta de diálogo del gobierno, porque afirma su voluntad de seguir con la acción represiva, a la que llama "cumplimiento de la legalidad" pero no es otra cosa que la legalidad de la "ley del embudo". Es más, el propio gobierno, por boca del presidente, ha enumerado todos los asuntos en las que está dispuesto a dialogar y que coinciden con todos los de su programa electoral y obviamnte, le importan tanto como ese mismo programa. Solo le ha quedado uno en el fondo de la caja, uno sobre el que no está dispuesto a negociar: el referéndum. 

Pues ya está. Se acabó: si no hay referéndum, no hay diálogo. Todos podían haberse ahorrado las consideraciones en público. Pero que no haya diálogo no quiere decir que las partes no sigan actuando. Continúan haciéndolo pero sin hablar. En estas condiciones de intenso diálogo, los independentistas dicen que el referéndum se hará diga el Tribunal Constitucional lo que diga. La verdad es que dada la inexistente autoridad de este órgano, convertido en correa de transmisión del gobierno, no es de extrañar el propósito del independentismo. Y entonces aparece la vicepresidenta del gobierno y virreina de Cataluña, Sáenz de Santamaría a decir, amenazadoramente, que el gobierno dispone de medios para que el referéndum no se realice.

¿Queda claro? No hay diálogo. 

Por eso resulta absurdo el enfado bíblico de los pensadores del Think Tank de la FAES, encabezada por el siempre malencarado Aznar. Acusan al gobierno de haberse entregado ideológicamente a los que quieren romper España. Lo acusan de aceptar un complejo de inferioridad por someterse al mundo conceptual del adversario. O quizá no sea tan absurdo. El "NO es NO" de la FAES  a negociar nada con separatistas o quienes le hacen el caldo gordo es la habitual intemperancia del personaje con su ridícula prosopopeya. Pero sigue siendo lo mismo: no hay diálogo. 

El camino está cegado. Como siempre.

sábado, 10 de diciembre de 2016

El diálogo y los radicales

El gobierno está en actitud dialogante. Lo dice su portavoz, que algo sabrá de eso. A todos los efectos prácticos esa actitud dialogante se observa tan solo en que lo dice. Pero hace lo contrario. Los procesos judiciales de una buena cantidad de independentistas siguen adelante. La presidenta del Parlament está citada a declarar ante los jueces el próximo día 16. Puede que haya diálogo, pero será entre imputados, investigados o acusados y jueces. No debe de ser este el diálogo al que se refiere el ministro. Pero el que él dice, no se ve.

Considera el ministro que la convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), un organismo creado hace unos años a instancias de Artur Mas con la idea de tejer un movimiento cívico-político, es un acto unilateral. Da gusto ser gobernados por gentes tan esclarecidas. Unilateral es todo lo que viene haciendo el movimiento independentista y la Generalitat luego desde hace años. El ministro no puede ignorarlo. El mayor acto unilateral hasta la fecha tuvo lugar el 9N de 2014, cuando él era ministro también, aunque de otra cosa. Unilateral es el proceso independentista y no parece que hasta la fecha el gobierno haya hecho algo para que deje de serlo, es decir para dialogar. Porque, con decirlo, obviamente, no basta.

Y es difícil dialogar con alguien que razona tan malamente. Esa acusación de que la convocatoria del PNDD se debe a la fuerza de la CUP, cuyos diez votos necesita Puigdemont para aprobar los presupuestos mueve a risa. El uso del término "radical" es muy significativo. Tiene gracia escuchárselo a un gobierno que ha dado pruebas de un radicalismo atroz durante cinco años, aunque en un sentido opuesto al que pueda suponerse anima a la CUP. Los radicales acusan de radicales a los demás en cuanto se descuidan un milímetro. De esa forma creen sentar plaza de "moderados", algo que la legislación, la crónica de tribunales y la práctica diaria contradicen. La "Ley Mordaza", por ejemplo, es una ley radical de derechas. Por eso, como todo el mundo sabe, en España no hay un partido de extrema derecha. Está en el PP. Y legisla.

La observación del ministro lleva incorporado el veneno de insinuar que el gobierno de JxS es rehén de la minoría de la CUP, a la que obedece, no por convicción propia sino por conveniencia. Esto equivale a decir que si JxS no necesitara los votos de la CUP, desistiría de su hoja de ruta, se olvidaría del referéndum y, lógicamente, no tendría que convocar el PNDD.

Y eso no sé de dónde se lo ha sacado el ministro.

El mismo gobierno que presupuesta una partida para el referéndum es el que se apresta a organizarlo con tiempo suficiente para que le salga bien.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Reforma o revolución

Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "Café pa tós" una altra vegada. Versa sobre cómo se ha celebrado el aniversario de la Constitución de 1978 de una forma peculiar: en Cataluña, más de 300 municipios han considerado que no había nada que celebrar y un par de cientos de patriotas españoles, con la bicolor a cuestas, se han paseado por alguna céntrica calle de Barcelona. En España todos los que la celebran piden su reforma y algunos hasta su derogación. Incluso Rajoy y el PP admiten la posibilidad de que este texto sacrosanto (en contra del cual votaron sus predecesores ideológicos franquistas) se revise siempre y cuando sea por la mínima y sin abrir expectativas peligrosas que, para la derecha, son todas. Así pues, la reforma de la Constitución que ayer se celebró es deseo generalizado. Mi artículo sostiene que esa repentina fiebre reformista, azuzada en buena medida por el inesperado renacimiento de una conciencia nacional andaluza que, como el Guadiana, aparece de vez en cuando, lo que busca es enredar otra vez a los independentistas catalanes con una actualización del bonito cuento de federalismo. Desde el momento en que la Constitución blinda el Concierto vasco y el Convenio navarro pero deja la financiación de Cataluña al régimen común, hay dos conclusiones evidentes: a) fiscalmente hablando, Cataluña está fuera de la Constitución porque: b) es evidente que la pretendida igualdad de las personas y las tierras de España es una falsedad mientras existan los dos regímenes de privilegio vasco y navarro. A Cataluña no le interesa una reforma de la Constitución española, sino realizar un referéndum de autodeterminación y, si sale independencia, proceder en consecuencia. Porque eso es una revolución.

La versión castellana del artículo:

Café pa tós otra vez

El fallo más grave del llamado “Estado de las Autonomías” de la Constitución de 1978, cuyo aniversario se celebró ayer en España fue la generalización del régimen autonómico en condiciones de igualdad en todo el territorio español. La justificación, formulada por el entonces ministro adjunto para las Regiones, el andaluz Clavero Arévalo, fue que hubiera “café para todos”. La Constitución preveía un régimen extraordinario para Cataluña, el País Vasco y Galicia y un régimen común para el resto de los territorios, en la línea de la Constitución de 1931 y a semejanza de la vigente Constitución italiana de 1947. Pero la insistencia de Andalucía en ser tratada en igualdad de rango con las “nacionalidades históricas” (perífrasis de “nación” en el ánimo del legislador), movida por el PSOE y tácitamente aceptada por la UCD, la derecha de entonces, dio al traste con la intención del texto. Fue entonces cuando se impuso la idea de un régimen uniforme de autonomía para toda España, el “café para todos”.

De ese modo, al convertirlo en un problema de “todo el Estado”, se frustraba la pretensión original de las naciones catalana, vasca y, en menor medida, gallega de conseguir un tratamiento diferenciado en el seno del Estado español. Era una política de uniformación que todavía se quiso endurecer más con la extinta LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos), de 1982. “Armonización” era un término menos violento que la Gleichschaltung que aplicaron los nazis en Alemania pero compartía su espíritu: poner a todos al mismo nivel.

A esa doctrina igualadora, uniformadora, llamaban los glosistas, comentaristas y panegiristas de la Constitución de 1978, el “carácter federal” del Estado Autonómico. Según ellos, al haberse conseguido que las autonomías pudieran alcanzar todas el mismo máximo techo competencial, España había pasado a convertirse en una federación de hecho. No se usaba la palabra porque tenía mala fama, pero se daba la realidad.

Se trataba de una falsedad ideológica típica, como se ha demostrado posteriormente. Tanto el País Vasco como Cataluña han dado pruebas abundantes de querer mantener y agudizar su singularidad. Sobre todo Cataluña que es donde más ha avanzado la conciencia y voluntad nacionales, hasta el punto de plantear directamente la opción de la independencia. Frente a esa voluntad secesionista, parte del nacionalismo español, especialmente el PSOE y la izquierda en general, vuelve a agitar el señuelo federal.

Prueba evidente de que aquel federalismo que se decía condición material de hecho del Estado de las Autonomías era falso. El llamado “federalismo material” del Estado autonómico no lo era porque no consistía en una alianza y conjunción de territorios que estos hubieran acordado soberanamente por separado, sino de una imposición desde arriba por obra de un Estado que había decidido descentralizarse hasta cierto punto como podía y puede, y así lo hace cuando le viene en gana,, recentralizarse sin que las Comunidades Autónomas apenas puedan casi opinar.

El actual avance del independentismo catalán está generando reacciones similares a las de aquellos intentos “armonizadores” de los años ochenta. Tanto la moderación del nacionalismo vasco como la exacerbación del nacionalismo andaluz, ambos repentinos, en el fondo van dirigidos a remansar el independentismo catalán, unos por defecto y otros por exceso. Para los nacionalistas vascos carece de sentido la independencia frente a España, dado que ellos ya cuentan con un concierto que equivale a la independencia fiscal. Para los andaluces se trata de una nacionalismo “reactivo” cuyo único horizonte, como en los años ochenta, es no quedarse atrás en relación a Cataluña por más que ellos no hayan movido un dedo en estos treinta años por aumentar su autogobierno.

El terreno de la vuelta al café para todos está ya preparado: se trata de arbitrar una reforma de la Constitución que busque un nuevo “encaje de Cataluña en España”, en el entendimiento, ya claramente expuesto de nuevo en Andalucía de que ese “nuevo encaje” será también igual para todos. Porque, como dice el gobierno machaconamente: la reforma no puede romper la igualdad de las personas y las tierras de España, como si no fuera obvio que, con el Concierto vasco y el convenio navarro, esa igualdad no existe.

Cataluña no tiene nada que esperar de una reforma de la Constitución de 1978 y menos si es en un acuerdo con las demás comunidades del Estado. Cataluña solo puede llegar a un acuerdo bilateral con el Estado para la realización de un referéndum de autodeterminación en el que quede claro cuál sea el mandato de las autoridades catalanas y qué forma adoptará.

lunes, 5 de diciembre de 2016

Tampoco es tan grave

Entre sollozos, il signore Matteo Renzi ha reconocido su derrota en la era de la posverdad. Y mucha gente se pregunta angustiada qué efectos tendrá esta derrota en la frágil UE, todavía recomponiéndose del Brexit. La tercera economía de la Eurozona, se dice. Y ahora, agudizada inestabilidad política. Como si Italia hubiera sido una balsa de aceite en los últimos cincuenta años. Como si no hubiera demostrado repetidas veces que, a pesar de todo, el país funciona en situaciones de interregno político y aun de caos.

A Renzi lo ha matado un cálculo psicológico erróneo. Grosso modo, la reforma constitucional propuesta en el referéndum, consistente sobre todo en acabar con el bicameralismo perfecto, estableciendo un monocameralismo de hecho, es sin duda más racional y eficaz. Eso está claro. Pero la cuestión es cómo lo explicas y cómo se lo toma la gente. Y es el caso que esta ha acabado creyendo que el referéndum es en realidad un plebiscito para fortalecer la figura del propio Renzi. Al fin y al cabo il signore Matteo no fue elegido por nadie, sino que se hizo con el cargo de primer ministro tras forzar la dimisión del anterior, Enrico Letta. Esa imagen de ambicioso que ha proyectado, con un partido hecho unos zorros, le ha hecho mucho daño y la gente no parece haberse parado a pensar en lo acertado o no de la reforma propuesta. Ha ido por alguien que ofrecía dimitir si perdía. Puede llamársele "posverdad". Y también error de cálculo.

Las dos formaciones que más han luchado por el "No" han sido el partido Forza Italia de Berlusconi y el Movimiento Cinco Estrellas, de Beppe Grillo. Las dos alimentan los miedos de los partidos tradicionales y las instituciones. Pero es exagerado decir que por esta situación, nada insólita en Italia, vayan a tambalearse (más) los cimientos de la UE,

miércoles, 23 de noviembre de 2016

La inútil represión

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "L'ésser i el voler ser", en el que sostengo que el diálogo aparentemente ofrecido por el gobierno central a la Generalitat es falso pues ni siquiera tiene el gesto de paralizar los procedimientos penales que él mismo pone en marcha. El artículo glosa el caso del juez Vidal, a quien el Supremo confirmó ayer su pena de tres años de suspensión de empleo y sueldo. En él se sostiene que afrontar la cuestión catalana como un problema de orden público con medios exclusivamente represivos no servirá para nada al nacionalismo español y, al contrario, avivará el independentismo catalán.

No había terminado de escribir el artículo y ya se conocían los siguientes pasos en este peculiar diálogo en dos dimensiones absolutamente distintas, como en diferentes galaxias. El juez Vidal, trocado en senador Vidal, intervino en la sesión de ayer en presencia del gobierno y pronunció un alegato impecablemente razonado, con lógica judicial, de la absoluta falta de legitimidad del gobierno y el Estado españoles en materia de independencia de la justicia. Un alegato demoledor, avalado por el hecho de que quien lo pronunciaba es víctima directa de lo que denuncia. Merece la pena ver el vídeo del juez Vidal y las caras y los gestos de Rajoy y Sáenz de Santamaría.

Pero no se quedó ahí la cosa. Ayer, el Congreso votó en votación secreta conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo proceda contra el diputado Homs por presunta desobediencia, creo. Si no he leído mal vino Puigdemont a Madrid a apoyar a Homs. Eso es mucho. El gobierno y toda la clase política debieran pensar a dónde conducen el país por la senda del sostenella y no enmendalla. Porque ahora viene otra andanada mediática: Forcadell citada a declarar en el procedimiento que también se le sigue y del que puede resultar una inhabilitación. La única respuesta que tiene el Estado a la demanda de un referéndum sostenida por más del 70% de los catalanes es procesar a sus representantes, democráticamente elegidos por cumplir el mandato de sus electores. Y eso no tiene salida. Solo la unilateral. 

A continuación, la versión castellana del artículo.

El ser y el querer ser

El Tribunal Supremo mantiene la sanción al juez Vidal de tres años de suspensión de la carrera judicial por haber contribuido a la redacción de un proyecto de Constitución para la República Catalana. No se han considerado sus razones de que la sanción no tiene fundamento jurídico sino ideológico y de que, en todo caso, la posible falta ya había prescrito cuando se le sancionó. Por supuesto, lo esencial es la primera razón, si motivaciones jurídicas o ideológico/políticas.

Para decidir habría que saber qué carácter reviste ese proyecto de Constitución, si es un panfleto, un comunicado, un llamamiento a la movilización. Teniendo en cuenta que es una Constitución de la República Catalana, es decir, un futurible, hasta podría tratarse de una utopía. Las utopías no han gustado nunca al poder. A modo de aviso, el fundador del género, Tomás Moro, murió decapitado.

Hasta aquí no se llegará en la presente ocasión, pero es conveniente saber hasta dónde se llegará. Por supuesto que en la sanción al juez Vidal hay una gran carga ideológica. Pero es una ideología básica del Estado español, que lo ve como única nación y a la mayoría de los jueces no le parece ideología sino el fundamento mismo de legitimidad de su actuación. Lo mismo le sucede, aparentemente, al juez Vidal, tan movido por su idea de la legitimidad de la nación catalana como sus colegas sancionadores por la española.

Es un conflicto de legitimidad que se está dirimiendo en un terreno de legalidad, mucho más estrecho. En este, cada una de las partes no puede sino hacer lo que hace. El juez Vidal propugnar la independencia de Cataluña; los tribunales españoles sancionarlo por ello. Los dos saben que es un proceso de acción-reacción que se autoalimenta hasta conducir a situaciones (más) indeseables. Pero no pueden evitarlo, como en las tragedias griegas.

Actualmente el juez Vidal es senador. Desde el Senado, en representación de ERC, seguirá argumentando en pro de la independencia de la República Catalana. Es más, al encontrarse “suspenso” de la carrera judicial, podrá intervenir también en la vida pública catalana, incluso reanudar sus tareas redactoras del proyecto. Habrá quien sostenga que, estando “suspenso”, sigue en la carrera judicial y, por lo tanto, podría solicitarse ya su expulsión completa. Pero eso sería una arbitrariedad ya que el senador podría argumentar que está redactando un proyecto de Constitución de la República Catalana para presentarlo a la consideración de las Cortes españolas, por si tuvieran a bien aprobarlo. Entra dentro de lo filosóficamente imaginable que el Estado que es, deje lugar para el Estado que quiere ser.

Es obvio que la política meramente represiva no va a bastar para aquietar el impulso independentista. Al contrario, va a avivarlo. La experiencia, el sentido común, el realismo, así lo muestran. El independentismo se ha ganado el ser tratado como una cuestión político-constitucional que está pidiendo negociación bilateral urgente. El considerarlo, cual ha hecho hasta ahora el gobierno central, como un mero problema de orden público, solo da como resultado aumentar la movilización independentista fabricándole un panteón de héroes y mártires, Vidal, Mas, Forcadell, etc, tienen una enorme proyección simbólica, son referentes que focalizan una voluntad colectiva.

Parece atisbarse un nuevo talante en el gobierno del PP, un mayor empeño por entenderse con Cataluña y la Generalitat lo ha acogido con gran celeridad por iniciativa del vicepresidente. Justamente ahí parece haberse introducido un equívoco, si es un equívoco y no una manipulación infantil cuando se insinúa que los independentistas cambiarían la hoja de ruta y el referéndum por unas conversaciones del nivel que fuera con el Estado.

La negociación posible que el gobierno apunta y la Generalitat acepta tendrá que empezar con la cuestión del referéndum ¿Con qué, si no? La feroz oposición de principio del PP del “carácter innegociable de la soberanía nacional” se elimina a base de negociar un referéndum catalán y someterlo a la aprobación de las Cortes españolas, que son las depositarias de dicha soberanía. Si el gobierno se presentara ante el Parlamento con un proyecto de referéndum negociado, con una pregunta binaria clara, “sí” o “no”, las mayorías necesarias también negociadas y negociado asimismo el plazo de carencia hasta el siguiente referéndum, ¿por qué no iba a aceptarse si es la única forma democrática y civilizada de encauzar este conflicto?