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divendres, 27 de novembre del 2009

El editorial.

Las reacciones en la España no catalana al editorial de doce periódicos del Principado en defensa del Estatuto de autonomía frente a una posible sentencia del Tribunal Constitucional que reduzca su alcance han oscilado entre la prudencia y la más furibunda hostilidad. Nada más. No he leído ni escuchado frases de aprobación y mucho menos de admiración. La prudencia estuvo a cargo del señor Rodríguez Zapatero, muy en su función de presidente del Gobierno, al decir que había leído con "mucho interés" el editorial. La furibunda hostilidad al de la derecha más recalcitrante encabezada por el diario El Mundo que en su editorial sostiene que es imposible acumular más falacias en menos espacio faltando notablemente a la verdad porque sí es posible dado que es lo que hace él.

Lo primero que me parece digno de reseñar en el editorial es el envidiable espíritu cívico que trasluce. ¿Alguien cree que los periódicos de Madrid puedan alguna vez con algún motivo publicar un editorial conjunto? Nadie reflexiona sobre este hecho, sin embargo. ¿Por qué? A mi entender porque pone de relieve que la conciencia cívica catalana es muy superior a la española.

Parte importante de los críticos del editorial lo acusan de amenazar al Tribunal Constitucional y de pretender coaccionarlo. No hace falta tomarse mucho trabajo escarbando en lo que se ha venido escribiendo sobre este tribunal desde que comenzó a funcionar para ver que quienes hoy más acusan a los críticos de amenazas son los que recurrieron a todo tipo de descalificaciones e insultos en otros momentos pasados críticos en que el Tribunal hubo de pronunciarse sobre asuntos candentes, desde la expropiación de Rumasa hasta el posible procesamiento señor Felipe González con motivo de los GAL. Amenazas, coacciones e insultos que llenaban páginas de periódicos y horas en las ondas.

Asimismo el partido que en los últimos años más he hecho por instrumentalizar al Tribunal Constitucional al servicio de sus intereses bloqueando su renovación y hostigando a los magistrados que suponía no fieles a sus directrices es el que ahora pide no sólo acatamiento a sus decisiones -cosa que no esta en discusión- sino aceptación silenciosa y acrítica, cosa a la que nadie está obligado.

Por más que se quiera revestir el debate del Estatuto y la decisión del Tribunal de un ropaje jurídico para sustraerlos a las posibles objeciones, resulta obvio que el Tribunal Constitucional, por su naturaleza, composición y funciones, es un órgano político, jurisdiccional pero no judicial y sus decisiones son eminentemente políticas. Que por fiat constitucionl éstas hayan de acatarse cosa, insisto, que no está en cuestión pues nadie dice que no lo hará, no quiere decir que el trabajo del citado tribunal haya de estar exento de la crítica razonada tanto respecto a sus decisiones como a sus condiciones actuales para llegar a ellas. En cuanto a las últimas no sé cómo pueda pasarse por alto que, de los doce magistrados que componen el organismo, sólo pueden pronunciarse diez y, de esos diez, cuatro debieran haber sido sustituidos ya por haber vencido su mandato, cosa que no ha sido posible por las maniobras obstaculizadoras del PP. Es obvio que no es la composición más adecuada, que es lo que señala el editorial de marras.

En cuanto al fondo del asunto y por encima de las triquiñuelas formales está el espíritu de concordia que debe presidir las relaciones entre los distintos entes territoriales que componen España. Para bien o para mal, en esta sentencia esperada (desde hace tres años) sobre el Estatuto han venido a concentrarse todos los agravios de un entendimiento torcido y una convivencia problemática. Lo último que España necesita es que los catalanes y la derecha española más rabiosamente anticatalana puedan leer la sentencia como un escarmiento.

diumenge, 22 de novembre del 2009

El estatuto de Pandora.

Hablar sobre rumores es poco avisado; hacerlo sobre rumores judiciales, cosa de orates. Porque ello es que todavía no hay decisión firme alguna del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Cataluña. Todo lo que sabe al respecto son las habladurías que publica hoy El País y cuya arista más cortante es que el alto tribunal suprime el término nación del preámbulo del Estatuto. Asimismo cuestiona la constitucionalidad de cuarenta artículos de los 126 que impugnó en su día el PP. Mantiene la adjudicacion de competencias y, según parece, la práctica de la bilateralidad.

Dada la alacridad con la que la clase política catalana responde en frente amplio que va desde CiU hasta el gobernante PSC cada vez que hay rumores sobre el TC, tampoco sería extraño que este órgano recurriera a la socorrida práctica de los "globos sondas": "a ver, López, filtre por ahí que vamos a fallar que Cataluña no es una nación, y veamos cómo respiran esos mancebos". Sería antijurídico que procediera así pero humano y comprensible. Recuérdese que algunas de las reacciones de la clase política catalana son verdaderos ex-abruptos, por ejemplo el del señor Saura pidiendo la dimisión de tots els magistrats.

Veamos el asunto de corrido: en el fondo el problema es que es el TC quien viene a decidir que Cataluña no es una nación. Y ¿desde cuándo son los tribunales los que determinan quién es y quién no una nación? El concepto de nación no es, no puede ser, un concepto jurídico porque no es objetivo sino que es un concepto puramente político ya que es subjetivo. Estamos hartos de saber que la nación es un sentimiento y sobre los sentimientos, ¿qué diantres tienen que decir los tribunales, aunque sea uno Constitucional, que no es un verdadero órgano judicial?

El error, el fracaso es que la clase política española (no la catalana sólo) haya sido incapaz de consensuar un acuerdo acerca del contencioso nacional que hay dentro de España y le haya pasado la patata caliente al TC. En el momento en que un tribunal tiene que decidir si alguien es o no una nación está claro que la política ha fracasado. Y cuando la política fracasa ya puede esperarse cualquier cosa, por ejemplo que también fracase el propio TC y hasta el Estado. El fracaso del TC es cosa cantada por cuanto si, por un lado, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, por el otro no le queda más remedio que hacerlo. Al final, Cataluña, una vez más afrentada, planteará un problema institucional con el respaldo de todas sus fuerzas políticas (quizá con inclusion del PPC) que pondrá el debate sobre la soberanía catalana en la mesa del desayuno del país. Un país en el que cada dos por tres están celebrándose consultas independentistas que el gobierno español no sabe cómo parar y hasta es problemático que pueda hacerlo.

Por Dios que el problema ha acabado siendo el que ya se planteó al inicio mismo del primer mandato del señor Zapatero cuando, preguntado al respecto, dijo éste algo muy sensato: que el concepto de Nación es discutido y discutible. El señor Rajoy sacó la espada de Covadonga y empezó a decir que Bambi era un fementido traidor a la patria. Todo, es de entender, porque en su opinión el concepto de patria es indiscutible. No me digan cómo es posible que funcione nada cuando el dirigente de primer partido de la oposición y próximo candidato en La Moncloa cree que hay cosas indiscutibles. Pero esa es la fuerza del discurso demagógico: todos tienen que adaptarse a él si quieren sobrevivir. El señor Zapatero no ha vuelto a decir nada tan inteligente sobre la nación. En realidad no ha vuelto a hablar del asunto porque se lo come Santiago Matamoros. Que es parte del secular drama de España, país en que es imposible resolver contencioso alguno porque una de las partes sostiene que ya sólo hablar de contencioso es i-nad-mi-si-ble.

Dejo de lado el problema que se plantea por el hecho de que, según El País el TC reconozca la bilateralidad pero no la nación catalana. Si hay relaciones bilaterales serán de igual a igual en dignidad, esto es, aeque principaliter, pero no nación a nación sino, al parecer, nación a región/nacionalidad, cosa que no resulta creíble. Si Cataluña no es nación, tampoco debe haber negociaciones bilaterales porque el Estado no puede negociar consigo mismo ni con un inferior sino sólo con un igual.

Es claro que el TC niega la condición nacional a Cataluña con ánimo de que la tal no sirva en el futuro para substanciar una petición con efectos jurídicos: pues soy una nación, me corresponde tener un Estado propio. Pero si ello es así, el TC comete un error garrafal. El tribunal no puede decidir si los catalanes son o no una nación porque ésta es una cuestión eminentemente política y hacerlo sería ir claramente ultra vires. Sí puede decir si el término "nación" entra o no en el preámbulo del Estatuto: lo que sucede es que esta doble vía es una triquiñuela inútil e irritante. Es más justo, acorde con la naturaleza de la cuestión, dejar la nación del preámbulo porque luego es mucho más sencillo y claro denegar la cuestión planteada en un terreno objetivo: el hecho de ser nación, ¿te lleva al derecho a un Estado propio? La respuesta puede ser sí o no. Pero mientras que el sí te deja en el terreno subjetivo, programático, desiderativo de lo político, el "no" te lleva al sólido terreno jurídico de los hechos, la realidad comparada y el sentido común. Lo que sucede es que el TC tampoco puede decir esto porque la Constitución Española sostiene que en España sólo hay una nación: la española.

He aquí por qué el TC no tiene más remedio que pronunciarse sobre lo que no puede pronunciarse, en una situación absurda en la que el fracaso de la política ha llevado al sistema en su conjunto a uno de los puntos más críticos de los últimos años y del que me temo que sólo podremos salir a base de esperar que los catalanistas no se pongan intransigentes, que muestren el tradicional seny, que, como viene a decir el M.H. Pujol, sigan tragando quina.

Pero no sé si está el horno para bollos.

(La imagen es un detalle del Retablo de San Jorge (h. 1400) de Marçal de Sax, que, se supone, representa a Jaime I el Conquistador en la batalla de El Puig de Santa Maria; ayudando al Rey aragonés y Conde de Barcelona, cómo no, San Jorge, patrón de Cataluña. La pieza se encuentra en el Victoria and Albert Museum, Londres).

diumenge, 23 d’agost del 2009

Choque de legitimidades.

Los escalofríos que recorren los espinazos de los políticos ante la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional contraria en algún aspecto esencial al Estatuto de Cataluña es una muestra palmaria más de uno de los principales defectos de la política española, consistente en su incapacidad para resolver los conflictos y su costumbre de derivarlos a los tribunales que, al intervenir, suelen eliminar todo acuerdo por consenso y dejan el sabor amargo de unos vencedores y unos vencidos en cualquier pleito. Así sucedió desde el principio con la articulación del Estado de las Autonomías del Título VIII de la Constitución Española que hubo de hacerse -y ésta del Estatuto es una prueba más de ello- a golpe de decisión del Tribunal Constitucional que, al tener que decidir en contenciosos típicamente políticos (como qué sea una "nación") se ve arrastrado al terreno de la confrontación con la consiguiente merma de su prestigio. Y así sucede también con la vida política ordinaria, que tiene un alto nivel de judicialización. No es raro que los enfrentamientos y conflictos entre partidos acaben en sede judicial civil o penal. Precisamente en algunos casos se prevé la intervención del Tribunal Constitucional cuando se haya agotado la vía judicial de forma que aquel funciona de hecho como una especie de Tribunal Supremo bis, lo que también da origen a frecuentes choques y enfrentamientos.

En el caso del Estatuto de Cataluña el conflicto político se ha exacerbado a extremos peligrosos para el normal funcionamiento de las instituciones. Cuando el señor Carod Rovira, con ese estilo directo suyo tan escasamente convencional, habla de convocar una manifestación el once de septiembre en favor del Estatuto catalán, el Gobierno, por boca de su vicepresidente, señor Chaves, ve "intolerable" la manifestación que promueve Carod Rovira para presionar al Constitucional, lo cual estaría muy bien y sería ejemplar de no ser porque, acto seguido, el mismo señor Chaves asegura que respetará la decisión del TC, pero que espera que el Tribunal dicte una sentencia "que declare la constitucionalidad del Estatuto" que, recordó, fue aprobado por el Parlamento de Cataluña y mayoritariamente por la Cortes en un acto de no menor presión hacia el Constitucional que el que pueda realizar el señor Carod.

Se presione o no, en la fórmula que utiliza el señor Chaves, como en los argumentos de muchos partidarios de la constitucionalidad del Estatuto, se perfila el choque de legitimidades que habita siempre en el alma del Estado democrático de derecho entre la legitimidad de la voluntad popular (especificada aquí por las decisiones de dos parlamentos y un referéndum) y la que emana de los tribunales incluido a estos efectos el Constitucional. Esta contradicción entre soberanía popular (principio democrático) y primacía de la Constitución en cuanto ley de leyes (principio de Estado de derecho) no tiene una solución única sino que su encaje depende de la dinámica del sistema político en concreto. En los Estados Unidos ha funcionado siempre ejemplarmente, pero no ha sido así en otras partes. En España, por ejemplo, es de esperar una reacción deslegitimatoria del Tribunal Constitucional de parte de las fuerzas nacionalistas catalanas en el caso de una sentencia contraria a algún punto clave del Estatuto. Ojalá que esa reacción, de darse, no lleve al cuestionamiento directo de las normas básicas de convivencia en el sistema político español.

(La imagen es una foto de Saül Gordillo, bajo licencia de Creative Commons).

dissabte, 3 de maig del 2008

Bicentenario II.

¡Qué oportuna filtración traía ayer La Vanguardia del proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña! Según el periódico El Tribunal Constitucional avala que Catalunya sea nación. Ni más ni menos. Luego, la letra pequeña es menos rimbombante: el término "nación" se encuentra en el preámbulo del texto estatutario que, según el TC carece de valor jurídico. Además, no se dice expresa o taxativamente que Cataluña sea una nación sino que se emplea la alambicada forma de que, recogiendo el sentir popular, el Parlamento catalán ha definido a Cataluña como nación y que la Constitución Española (CE) reconoce este extremo en su artículo 2, al hablar de "nacionalidad". Por último, según cree saber La Vanguardia, el TC pretende compensar esta concesión con la eliminación de los aspectos de bilateralidad que contiene el Estatuto.

Un galimatías: ¿se reconoce o no condición nacional a Cataluña? Me parece que sí: a) el TC dirá lo que quiera sobre los preámbulos, pero está claro que orientan e informan al resto del articulado y que, aunque no tengan efectos jurídicos inmediatos, habrán de tenerlos mediatos. Por "efectos jurídicos" debe entenderse aquí derecho a constituirse en Estado independiente (véase mi post de ayer más abajo).

b) La referencia al artículo 2 de la CE está envenenada y viene paradójicamente a dar la razón a los parlamentarios de derechas, empezando por el señor Fraga que, en el debate de la Constitución hace treinta años, advirtieron de que el término "nacionalidad" acabaría siendo sinónimo de "nación". Con esta interpretación del TC, de ser cierta la filtración, ya se ha realizado la sinonimia y, de paso, se ha convertido al artículo 2 -que nunca fue un prodigio de elegancia o claro razonamiento- en un texto perfectamente absurdo pues proclama la exclusividad de la "nación" española para negarla a continuación al afirmar que reconoce y ampara las nacionalidades siendo así que éstas también son naciones.

c) La negativa del TC a admitir la "bilateralidad" será un jarro de agua fría a las aspiraciones catalanistas que ya creían haber hecho realidad su antigua pretensión de relacionarse con España de igual al igual. No obstante, al admitirse que el Principado es nación, esta nación volverá a plantear la reclamación, que viene de antiguo, de que se aplique al caso el principio eclesiástico del aeque principaliter.

Entre tanto el Rey engolaba ayer la voz para hablar de la "conciencia nacional" del pueblo sublevado el dos de mayo de 1808, y la señora Aguirre gorjeaba admiraciones al sentido de la libertad de aquel y su seguridad acerca de lo que era España. Por supuesto, al hacerlo como reproche implícito al desvaimiento nacional actual lo que hacía era poner de manifiesto que tampoco aquel heroico momento fundacional de la nación debió de ser tan exitoso cuando a los doscientos años hay que seguir luchando por imponer un concepto de nación que, al parecer, no es una verdad apodíctica. Y tan no lo es que el TC sanciona que en el solar patrio hay cuando menos dos naciones (aunque una sea "sin efectos jurídicos"), abriendo así el paso a que sean más, quien sabe si tres o diecisiete o incluso más porque, ya puestos, también tendrá algo que decir el Cantón de Cartagena.

Al comienzo de la Historia de la Revolución Francesa, Jules Michelet dice lleno de orgullo que la France a fait la France ("Francia ha hecho a Francia"), de donde se sigue que la condición de "nación" es un avatar que una Francia preexistente experimenta, un atributo que se asigna para constituirse en sujeto jurídico frente al Rey. Por lo que entiendo del discurso del Rey (el español) y el punto de vista de quienes se lo hayan redactado, la constitución de España en nación es simultánea con la constitución de España a secas. Antes de ser nación, España ni siquiera es España. De forma que habría que proseguir la propuesta de Michelet para que diga que la France a fait la France et l'Espagne.

Por el contrario, en el discurso de la señora Aguirre, la sublevación del dosde es la de una nación preexistente, humillada por el infame gabacho. No me importa decir que coincido con ella en este punto porque será el único en el que coincida y de modo limitado. Yo también creo que los españoles poseen una clara conciencia de formar una colectividad específica que se va abriendo paso en la Edad Media y cuaja en el Siglo de Oro. El problema es lo que vino después, en el siglo posterior (de la "decadencia") en el que se deshizo lo que se había hecho antes y el hecho de que, aun con la llamarada de la guerra contra el francés, esa nación española más o menos en agraz entonces ha mostrado estar muy mal avenida en los siguientes doscientos años, hasta llegar al día de hoy en que se discute acaloradamente (incluso a tiros y bombazos) si hay o no una única "nación española" en la parte de la Península Ibérica que corresponde con el Estado español o esta nación española coexiste con otras a las que, de paso, oprime.

Se celebren los fastos que se celebren, ¿es posible soslayar este debate en España hoy? A la vista de la interpretación que según La Vanguardia da el TC al artículo 2 de la CE está claro que no.