miércoles, 3 de noviembre de 2010

Privatizaciones: el expolio como programa.

Así como en los buenos viejos tiempos del Estado del bienestar la palabra mágica era socialización, incluso en Occidente, a partir de los años ochenta, con la llamada "revolución conservadora", iniciada por Thatcher y Reagan, la palabra mágica es privatización. En la medida en que el lenguaje es inseparable del contenido que transmite, el cambio de términos ha sido un éxito. Socialización suena a anticuado, pesado, ineficiente, corrupto e irracional mientras que privatización suena a moderno, ágil, serio, eficiente, racional. Todo un éxito. Todo un éxito porque parte de una teoría falsa que pasa por incuestionable: que el sector público es siempre más ineficiente por naturaleza.

La teoría no dispone de pruebas empíricas irrefutables. Hay empresas públicas muy eficientes y empresas privadas muy ineficientes. Pero, se dice, cuando las privadas son ineficientes tienen que cerrar y las públicas, no. Esto es cierto pero no hace al caso de la teoría ya que la naturaleza jurídica de las empresas (públicas o privadas) no prejuzga su eficiencia.

Es que, además, la teoría es falsa en sí misma. No es cierto que las empresas privadas sean más eficientes. Ello supondría que hay un criterio único de eficiencia para el sector público y el privado y eso es imposible dado que el público no busca la rentabilidad sino la satisfación de necesidades que se articulan como derechos. Las empresas privadas son, sí, más rentables en términos de beneficios privados. Pero eso es algo distinto. A su vez, las empresas públicas pueden ser muy eficientes si se gestionan adecuadamente teniendo en cuenta que su finalidad no es el beneficio privado sino el interés general.

La política de privatizaciones que practican los conservadores, firmes neoliberales, y que preconiza en España el señor Rajoy, juega en el terreno de la indefinición relativa del límite entre lo público y lo privado. Esa indefinición se da allí donde lo público afecta a la validez de derechos, como la sanidad, la educación públicas. Donde no afectaba, el procedimiento fue muy simple: las empresas públicas se vendieron como se vendió la Telefónica, por citar la más renombrada. Pero no es posible vender los hospitales o los colegios públicos porque la Constitución determina que los españoles tienen derecho a una sanidad y educación públicas. Y aquí es donde entra la indefinición a través de las interpretaciones tortuosas: la Constitución exige que la salud y la educación sean públicas pero nada dice sobre su gestión, que se puede privatizar.

Suena de nuevo el tintineo de la privatización, gracias a la cual la sanidad pública será más moderna, más flexible, más rápida, etc. Pero esto no es cierto, como puede comprobarse observando las prestaciones sanitarias en Madrid y Valencia, las dos comunidades en las que se privatiza la gestión, en relación con las demás. En cambio, se presta mucho a la aparición de la corrupción que en las dos comunidades ha venido siendo rampante.

Es verdad que la corrupción es un fenómeno transpartidista pero, si se consideran las dos corrupciones más significativas del PSOE y del PP (esto es, Filesa, Malesa, Time Export por un lado y "Gürtel" por el otro) se detectará una diferencia de la mayor importancia. En el caso del PSOE todas las corruptelas tenían como objetivo el beneficio personal del corrupto u, ocasionalmente, la financiación ilegal del partido. En el del PP, además de la financiación ilegal del partido, las corruptelas tienen como objetivo los beneficios de las empresas. Sin duda detrás de las empresas hay individuos concretos que se enriquecen pero, en principio, el beneficio de la corruptela es para una empresa. Tanta es la diferencia que, en este segundo caso, hay empresas que se constituyen exclusivamente para gestionar el negocio de la corrupción Esa indefinición y las oscuras relaciones de las empresas con la administración es la base misma de la corrupción que afecta de lleno al PP.

Es un fenómeno que recuerda la famosa institución de los privateers, en funcionamiento entre los siglos XVI y XIX, piratas, corsarios, mercenarios (que se dice hoy) gentes a quienes una patente de corso de su monarca autorizaba a abordar todo tipo de naves, incluso las comerciales, que enarbolaran el pabellón del país con el que se estaba en guerra. Como el "estado de guerra" en aquellos tiempos era difícil de determinar, dado que las hostilidades podían durar cien años, o treinta, o siete, los privateers actuaban siempre que se les presentaba una ocasión propicia para "privatizar" lo ajeno, fuera público o privado.

La base de la rentabilidad de las privatizaciones es que los beneficios que las empresas públicas reinvertirían en sus prestaciones, las privadas se los apropian privadamente. El fabuloso negocio de los nuevos privateers es que la gestion privada de los servicios públicos permite una utilización de infraestructuras de calidad sin tener que pagar por su amortización ni por su mantenimiento. Cuando la situación sea insostenible porque la infraestructura no se moderniza, la crítica a la ineficiencia del sector público se habrá hecho ya ensordecedora. Primero se destruye el sector público a base de convertirlo en recurso del privado, descapitalizándolo, y luego se argumenta que el sector público es un desastre para eliminarlo por entero.

Privatizar es expoliar a la gente de su propiedad colectiva a cambio de nada o de casi nada ya que, en cumplimiento de los juicios negativos acerca de la ineficiencia de la gestión pública, los gobiernos han vendido las empresas públicas a precios de saldo y, además, lo han hecho a propósito, para favorecer a su clientela.

(La imagen es una foto de Erprofe, bajo licencia de Creative Commons).