El PP ha presentado una querella contra los presuntos responsables de la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el bigotes, así como contra los cómplices, encubridores e inductores. Entre estos bien pudieran estar Francisco Camps, el curita y otros altos cargos del PP y de la Generalitat valenciana, ya que la vertiente gurteliana en Valencia, además de las menudencias de petimetre de los trajes, afecta a cuestiones más substanciosas, en las que se movió una pastuqui muy considerable. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ante quien se ha interpuesto la querella, investiga la posible financiación ilegal del PP de la comunidad a base de supuestas estafas, malversaciones y prevaricaciones que llevaron, por ejemplo, al gobierno de Camps a pagar cinco millones de euros a la empresa Gürtel en Valencia, Orange Market, para que organizara en cinco años seguidos el pabellón de la comunidad en la FITUR. Por otro lado anda investigándose la desaparición de unos millones de euros en las cuentas de la visita del Papa a Valencia en 2006, de la que algunos sacarían beneficios espirituales y otros ganancias materiales ilícitas. Igualmente se indagan unos chanchullos también millonarios con la televisión valenciana, caja de resonancia y agitprop del gobierno del PP. Valencia es un verdadero jardín de corrupción.
Lo extraño es la presentación de la querella, que ya ha provocado malestar en el partido de la derecha. La dirección la justifica por su interés en velar por el buen nombre del partido. En realidad, la acción obedece a un requisito impuesto por el presidente del tribunal: si el PP quiere personarse en el proceso, como ya lo está en el que se sustancia en Madrid, tiene que interponer una querella y, claro, esta no va a fundamentarse en el deseo del partido de obstruir la acción de la justicia y de que los suyos se vayan de rositas. De ahí que se invoque el buen nombre del partido. Ahora bien, tanto la fiscalía como las otras partes se quejan de que, en el proceso en Madrid, el PP no hace más que obstaculizarlo, poner inconvenientes, recurrir sistemáticamente. Y esa será probablemente su actitud en Valencia. Siendo Cospedal, especialista en decir una cosa y hacer otra, quien ha dado la orden de querellarse, hay poca duda de que así será y con eso hay que contar. Parafraseando a Hegel, todo lo que es legal, es racional.
De todos los delitos que pueden cometerse en nombre de los partidos el más feo es el de financiación ilegal. El PSOE lo cometió en los años ochenta en el caso Filesa, Malesa y Time Export. ((Por cierto, qué sorprendente manía la de los delincuentes de bautizar sus "empresas" en inglés. Probablemente piensan que, en esa lengua, resultan los nombres menos absurdos, incluso surrealistas. Porque es difícil tomarse en serio una empresa que se llame "Exportación de tiempo" o "Mercado naranja".)) Y es el más feo porque, al margen de que suponga el enriquecimiento ilícito de alguno o no, rompe el principio elemental del juego limpio, de la igualdad de oportunidades de los contendientes. La financiación ilegal es en la pugna partidista el equivalente al dopaje en el deporte. El atleta que se dopa tiene una ventaja injusta sobre los demás y no es merecedor del triunfo. En el caso de los partidos, en puridad de criterio, la financiación ilegal probada debiera ser causa de anulación de las elecciones. Recuérdese cómo el curita sostenía que sus mayorías absolutas venían a exonerarlo de sus posibles responsabilidades penales. Si, a su vez, esas mayoría se obtuvieron ilícitamente, sus reponsabilidades penales serán aun mayores.
(La imagen reproduce el esquema que se encuentra en El País de hoy.
