dijous, 15 d’octubre del 2015

75 años después.


En 1940, los fascistas españoles asesinaron a Lluís Companys por orden de Franco. 75 años más tarde su espíritu, su lucha por la dignidad y la independencia de Cataluña están más vivos que nunca y hoy los herederos y simpatizantes de los asesinos se los van a encontrar de nuevo. Democráticamente. Pacíficamente. Pero con la misma determinación que movió a Companys.

Ante la concentración del martes para acompañar a las consejeras Rigau y Ortega, el TSJC emitió un precipitado, duro y sorprendente comunicado calificando la movilización como "ataque directo y sin paliativos" a la independencia judicial. Horas después, el Consejo General del Poder Judicial respaldaba a los magistrados catalanes, hablando también de "inadmisibilidad". Por último el gobierno, en esa alegre coyunda que tiene con los jueces cuando son de su cuerda, consideraba igualmente "inadmisible" la presencia de consejeros del gobierno de la Generalitat en la concentración de apoyo a las dos imputadas. También Iceta, del PSC, afeaba la manifestación.

De inmediato llovieron docenas de ejemplos de cómo en el pasado tanto el PP como el PSOE arroparon a diversos imputados y condenados suyos al ir a declarar ante el juez o ingresar en la cárcel. Típica respuesta del "y tú más" que Palinuro considera siempre inaceptable. Si algo está mal, seguirá estando mal aunque otros lo hayan hecho antes.

Pero la concentraciones del martes y las mucho más concurridas que se prevén para hoy, ¿están mal? Sí, dicen quienes las rechazan, son "contrarias al Estado de derecho". A Palinuro le parecen manifestaciones pacíficas y legítimas de libertad de expresión, un derecho esencial de la ciudadanía. ¿Por qué están mal? ¿Son delito? Si son delito ¿cuál? Y ¿por qué no se detiene y denuncia a los delincuentes?

¡Ah! que no son delito pero a los jueces les molestan porque se sienten presionados. Pues es lamentable que sea así, ya se sabe que la política no es un rigodón versallesco y, cuando se actúa contra alguien que cumple un mandato democrático, uno debe esperarse condigna respuesta. Por lo demás, quienes afirman que la solidaridad con las personas investigadas, en este caso Mas y sus consejeras, intenta influir y condicionar el parecer de los jueces muestran escasa confianza en la integridad e independencia de estos. Quizá porque las miden según el juicio que les merecen las que ellos tienen.

Esta actuación judicial no debió producirse nunca. Un conflicto político como el que vive España con Cataluña debió tratarse siempre en clave política, no judicial. Pero, para que eso se produzca, es preciso que en los dos lados de la falla tengamos políticos demócratas. No políticos demócratas en uno y franquistas, autoritarios, represivos e incapaces de entender problema complejo alguno en el otro. Era preciso negociar y buscar alguna solución pactada. Pero fue imposible. Durante cuatro años, el gobierno, con ese incompetente fanfarrón a la cabeza, se cerró a todo diálogo y dejó que el independentismo ampliara su iniciativa, tomara impulso y, al final, despegara en dos consultas que, se miren como se miren, son dos hitos en el camino de los catalanes hacia la independencia.

Ahora, probablemente, no hay remedio. Esa citación a declarar a Mas en el aniversario del asesinato de Companys revela tal insensibilidad y desprecio ante la historia de Cataluña que asombra. Induce a pensar si, lejos de tratarse de mera ignorancia, quizá responda a un espíritu provocador con el fin de enconar las cosas en la esperanza de llegar a una situación que justifique un estado de excepción y una suspensión de las elecciones. Algo que está muy en la historia y el espíritu de la derecha franquista que hoy gobierna España.

Dice el ministro Catalá, en funciones de zahorí, que si Mas resulta condenado, no se convertirá en un  mártir. Delo usted por seguro, señor ministro. Ambas cosas: que será condenado y que se convertirá en un mártir en torno al cual arreciará el independentismo.

Será condenado porque el Estado no puede dar marcha atrás habiendo llegado hasta aquí. Fue él quien ordenó a la Fiscalía General actuar, aunque los fiscales catalanes, mejor avisados de la situación, se opusieron y aquella instó la actuación de los tribunales. Cualquier decisión de estos que no incluya una condena, por leve o suave que sea, sería vista como una irresponsable dejación de competencias y una invitación a continuar con el reto independentista al Estado. Pero cualquier condena, por insignificante que sea, convertirá a Mas en el símbolo de la lucha del pueblo catalán por su independencia.

Es difícil imaginar mayor ineptitud.