jueves, 20 de abril de 2017

El gobierno del hampa

En 2015, José Manuel Roca y un servidor publicamos un libro titulado La antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España. Con el título, me ahorro explicar el contenido. Hago solo hincapié en que calificábamos a la derecha del PP de neofranquista y explicábamos cómo estaba (y está) dedicada al saqueo de su propio país. Abierta en la obra queda la cuestión de si es una especie de conjunción astral entre neofranquistas y saqueadores o si hay una relación causal, de forma que los neofranquistas son, por sí mismos, saqueadores. Roca y yo tenemos a mucha gala habernos adelantado con las claves de lo que luego ha ido pasando, hasta llegar a la sesión concentrada de fuegos de artificio de los últimos cinco días, luego de la resurrección de Cristo y de que el pendón nacional recupere el palo entero: descubrimiento de que Rato presuntamente delinquía mientras ejercía como vicepresidente y ministro de Economía, flotación del Tramabús (que viene a ser como un trailer o teaser), citacion a Rajoy a declarar como testigo, detención de Ignacio González y tutti quanti, imputación de Marhuenda y declaración hoy de Esperanza Aguirre.

Un espectáculo de sombras y silencios, del gris de los juzgados, que asombra en el exterior y tiene espantados a los del interior que dan cuenta de los hechos con vocabulario apocalíptico: Madrid, agujero negro del PP, la detención de Ignacio Aguirre por corrupción tritura al PP de Aguirre, "destrozo", "hundimiento", etc., etc. Ahorro también el relato del barullo de trapisondas, latrocinios, malversaciones, trampas, chanchullos, falsedades, prevaricaciones, extorsiones, cuñados, primos, sobrinos, amigos, clientes, enchufados. Está todo en los reportajes periodísticos. Es el habitual jardín de las delicias del expolio del erario a cargo de estos mangantes del PP.

Porque esa es la cuestión. Claro estaba desde hace tiempo que el PP no es un partido al uso, sino, al parecer, una asociación para delinquir y que, como tal, está imputado en dos procedimientos penales. En llano castellano: aquí no hay una ideología, un proyecto, una comunidad de propósito para lo público; aquí hay unas gentes que se ponen de acuerdo para organizarse con intención criminal y llaman partido a su organización, lo cual les posibilita, al ganar elecciones trucadas con financiación ilegal, acceso a los recursos públicos con el fin de expoliarlos en su propio beneficio. Caso Granados, por ejemplo.

¿Está claro ahora también qué hay detrás de las privatizaciones de bienes y servicios públicos, que defienden los expertos a capa y espada en los medios de comunicación del capital? Puro saqueo. Proyecto había de privatizar el Canal de Isabel II en el que este cogollo de ladrones centraba sus actividades. Si lo consigue, hubiera sido un puntazo: una empresa criminal gestionada por los gobernantes. Todavía quedan por conocer los resultados concretos de la otra gran ola privatizadora predicada por los neo-franquistas vestidos de neo-liberales, la de la sanidad. Lo que se va sabiendo de los famosos hospitales de Aguirre pone los pelos de punta. E imagínese lo que están dispuestos a mentir para hacerse con las pensiones públicas. 

Todo lo que ha estallado estos días era conocido por mucha gente, intuido por mucha más y visto por toda cuando se producían casos concretos que mostraban la corrupción general del sistema: el proceso de Urdagarin y su actual situación; la situación de Blesa, la de Rato. La connivencia entre el poder político, las instituciones y los delincuentes, condenados o presuntos, era total.

Esto solo era posible con unos medios de comunicación controlados y al servicio de la organización de presuntos malhechores. Y de ahí viene el frente de periodistas omnipresentes en los medios, en defensa cerrada del gobierno y su "partido" y al ataque de todos los demás. La imputación de Marhuenda, hombre clave en este comando mediático, ya permite resituar y recalibrar a sus congéneres en otros puestos de combate.

Lo incomprensible en este episodio es la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy. Esa decisión costó un golpe de mano en el partido, su fractura y una crisis sin precedentes. Se venía justificando por "razones de Estado". González pontificaba que era preciso dejar gobernar a Rajoy "aunque no lo mereciera". Una vez perpetrada la abstención, el PSOE oficial, el de la junta gestora al servicio de Susana Díaz, quería legitimarla valorando su propia oposición en una actitud patética. Por dos motivos:

1º) no es cierto que haga oposición y, además, el gobierno va a plantear un conflicto de competencias con el Congreso para cortarle las garras legislativas, invocando la ley de presupuestos;

2º) aunque la oposición fuera de verdad oposición, sería irrelevante porque Rajoy ya no quiere gobernar, si es que alguna vez lo intentó, sino seguir aforado y al mando de todos los departamentos de la administración del Estado. Evitar a toda costa que lleguen a los ministerios gentes de otros partidos. Por razones obvias.

Eso también era evidente. Y, sobre todo, era evidente que abrir camino a un gobierno que entraba en zona de turbulencia judicial era insensato. Podía pasar cualquier cosa. Y está pasando. La próxima vez que los jueces citen a Rajoy puede ser como imputado. A estas alturas nadie se atreverá a negar esta posibilidad.

Y, por supuesto, Rajoy no va a dimitir.

Ahora calcúlese con qué grado de autoridad y legitimidad puede este gobierno, sostenido por una asociación de presuntos malhechores, hacer frente a lo que la prensa llama "desafío independentista".