miércoles, 19 de abril de 2017

El referéndum y el Estado fallido

Mi articulo de hoy en elMón.cat, titulado No hay marcha atrás, versa sobre la cada vez más afilada relación entre Cataluña y España. Como se han desarrollado las cosas, dada la cerrada intransigencia del Estado español y la negativa del gobierno central a negociar nada, el independentismo catalán -que nunca había tenido tanto apoyo social y tanta determinación política así como unidad- carece de otra salida que seguir su hoja de ruta y hacer un referéndum unilateral ya que pactado no es posible. En el caso de que tampoco lo sea el unilateral, Junqueras ha aclarado que procederán a una Declaración Unilateral de Independencia. Mayoría parlamentaria para ello la tienen y voluntad, también. Lo que pase a continuación es ya materia de especulación. Desde luego, en Cataluña se vivirá como una victoria, aunque acabe en derrota y en España como una derrota, aunque acabe en victoria. El Estado puede someter a Cataluña por la fuerza -no será la primera vez-, pero eso no le servirá de nada porque se habrá deslegitimado por entero, se habrá convertido en un Estado fallido y la separación que pretendía evitar se producirá en cualquier caso.

Aquí, la versión castellana:

NO HAY MARCHA ATRÁS

Ya está claro que el “prucès”, del que tanta burla hacen los nacionalistas españoles, es la cuestión más importante que afecta hoy al Estado. Lo es desde hace años, pero este y sus regidores parecen enterarse ahora, cuando la situación ha llegado a un punto de confrontación y ruptura por la obstinada negativa del gobierno cntral a negociar . Nadie en el fondo quiere el enfrentamiento, pero el gobierno hace gala de no tratar de evitarlo, confiando en que esa inflexibilidad será suficiente para disuadir a los independentistas de su pretensión de un referéndum.

Es una actitud no solo inflexible sino también poco inteligente del gobierno central y amplios sectores de la llamada oposición. Tanto que comienza a cundir la alarma, dentro y fuera de España, en donde se sigue el proceso con expectación creciente ya que se trata de un país importante de la UE; de segundo orden político, pero con peso. Y no está la Unión para más conflictos.

La alarma también cunde en el interior, en donde se ve con mucha preocupación la inactividad del gobierno central frente a la hoja de ruta catalana, fiándolo todo a la judicialización del conflicto. La actitud es típica de la derecha: no se trata de una cuestión de legitimidad (y, por tanto, política), sino de una de legalidad (y, por tanto, judicial) que se resolverá, si necesario fuere, por la vía coercitiva en toda su extensión. Es el discurso del cumplimiento de la ley y la defensa de la legalidad con pulso firme. El típico discurso autoritario de reducir los conflictos políticos como este a meros problemas de orden público o “algarabías”, como dice Rajoy. El problema es si eso ya no basta para reducir el movimiento por el referéndum y el conflicto político se convierte en social.

Abundan las declaraciones. Montero, de UP, pide al gobierno central que pacte un referéndum antes de enfrentarse a un RUI. Colau relativiza el valor de un sí a la independencia en el reférendum por el que aboga, e Iglesias se adelanta a reconocer que la consulta debe ser vinculante. Por supuesto, El País, convertido en think tank liberal del nacionalismo español, amontona las encuestas probando que la independencia no es la opción mayoritaria si se ofrece una alternativa de excepcionalidad pero no la independencia. A este juicio desiderativo (ya que la alternativa no existe, por más que el diario lleve meses implorándola del gobierno) se añaden sesudas consideraciones sobre la imposibilidad material, técnica de organizar la consulta por falta de tiempo.

Tardá advierte de que, según avance el proceso, abundarán declaraciones derrotistas de “buena fe”. Lo considera una táctica y confía en que la Generalitat cumplirá la hoja de ruta. Apostilla Puigdemont que habrá referéndum en el plazo previsto y, entre tanto, pide als Comuns pactar la pregunta con la obvia intención de sumarlos a la participación y que no se deslegitime la consulta por una alta abstención. La Generalitat organizará la consulta para ver hasta dónde llega la respuesta del Estado, pues no tiene marcha atrás.
Pero lo más importante de las declaraciones de Puigdemont es que vaticina que, además, ganará el “sí”. El “sí” a la independencia. Cosa de gran trascendencia, sea cual sea el tipo de consulta que se celebre.

Hace unos años nadie habría considerado que pudiera darse una mayoría electoral independentista ¿Qué ha sucedido? Que las cosas han cambiado mucho en Cataluña precisamente porque no han cambiado nada en España. Asunto que se mide fácilmente. Entre un 75 y un 80 por ciento de la población catalana quiere un referéndum en su tierra, en ejercicio de su derecho a decidir o derecho de autodeterminación. De esas magnitudes, más de la mitad es partidaria de la independencia. Para llegar a ser mayoría del cuerpo electoral, esta última necesita los votos de la minoría no independentista partidaria del referéndum.

¿Cómo conseguirlos? De eso se encarga la inflexibilidad del gobierno español, el mismo que ya se encargó de que el 20 por ciento de independentistas del año 2010 pasara al 47 por ciento en cinco años. Con la misma habilidad conseguirá que quienes quieren ejercer el derecho a decidir para decir “no” a la independencia, cambien el sentido de su voto, pues no verán razón alguna para seguir en un Estado que les niega el ejercicio de sus derechos.