domingo, 30 de julio de 2017

Camino del estado de excepción en Cataluña

El Sobresueldos dice a quienes quieren oírlo –que cada vez son menos, pues es obvio que el hombre no dice una verdad así lo aspen- que el referéndum del 1/10 no va a celebrarse porque es inconstitucional y por lo tanto ilegal. No perderemos tiempo en analizar sus razones porque no merece la pena. Los conceptos de “constitucionalidad” y “legalidad” han quedado fulminados con un gobierno corrupto hasta los calzones, cuyo sentido de la legalidad es como el de la honradez y uno que ha hecho mangas capirotes con el Tribunal Constitucional hasta el punto de convertirlo en una especie de consejillo político de gentes adictas.

Nos dedicaremos mejor a los aspectos prácticos. Exactamente, ¿cómo piensa Rajoy impedir ese referéndum que la Generalitat está empeñada en celebrar y contra el que, en realidad, no tiene razones? ¿A qué medios recurrirá? Según la inteligencia más aguda del gobierno, no se considera conveniente la aplicación del artículo 155 CE. Sáenz de Santamaría pasa por ser esa inteligencia más aguda; imagínese cómo serán las menos agudas, por ejemplo, la de Rafael Hernando.

Además de descartar el empleo del art. 155, tampoco goza de grandes simpatías la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ese bodrio arbitrario que cocieron en 2014 entre Rajoy y Rubalcaba en contra de los catalanes. El ejecutivo se resiste asimismo a aplicar la legislación de excepción por la mala imagen exterior de España.

Y, si ya no cabe bombardear Barcelona cada cincuenta años (los últimos bombardeos fascistas tuvieron lugar en 1938), ni enviar al ejército, ¿cómo va a impedir el también conocido como “señor de los hilillos” que los catalanes celebren su referéndum? El recurso a la ilegalidad de la guerra sucia tampoco parece dar ya buenos resultados. Se encomendó a la pareja de psicópatas al mando del ministerio del Interior que lo dejaron todo peor que estaba y ha quedado reducido a una comisión de investigación y un documental sobre “las cloacas del Estado” que pone los pelos de punta.

Cabe esperar una reacción típica de este gobierno que ha conseguido ya batir todos los records de corrupción a escala mundial, consistente en su inveterada práctica de decir una cosa y hacer otra, generalmente la contraria. Uno de esos casos es el de las recientes actividades de la Guardia Civil en el Principado que está actuando, según parece, por iniciativa propia, sin respaldo de mandato judicial y siguiendo órdenes de no se sabe quién, aunque se intuya.

Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan por iniciativa propia, sin cobertura de autoridad legítima, se convierten en organizaciones ilegales, de carácter parapolicial y cabe hablar de un estado de excepción más o menos encubierto. La arbitrariedad del poder consiste en ignorar y silenciar las actividades presuntamente ilegales de la Guardia Civil y completar la amenaza de estas con recursos de inconstitucionalidad de carácter preventivo ante un Tribunal Constitucional que opera como un brazo ejecutor de la política del gobierno, ajustando sus tiempos a las necesidades de este.

Parece claro que el gobierno movilizará a sus jueces y tribunales para dar una apariencia de legalidad a lo que no es otra cosa que una imposición arbitraria del poder. En un alarde de modernidad “democrática” esta derecha parece decidida a sustituir a los militares por los jueces y con los mismos fines represivos. Añaden los más viejos del lugar que no conviene confiar en que dicha substitución sea definitiva, salvo que los jueces consigan una “pacificación” de esa díscola población, como la de los militares, cosa poco probable.

Queda claro que el presidente sobresoldado no tiene ni idea de cómo resolver el “problema catalán” y que confía en su habitual recurso de la inacción, en el entendimiento de que si esta no consigue parar la consulta, se echará mano a los demás recursos, empezando por el uso de la fuerza.

De hecho ya se ha comenzado con las actividades de la Guardia Civil sin el correspondiente amparo judicial. Piénsese en qué puede pasar si en el curso de estos interrogatorios a los cargos públicos y funcionarios de la Generalitat, sucede alguna desgracia, prevista o imprevista. Para curarse en salud, la Generalitat ha denunciado en el juzgado a la Guardia Civil, supongo que por extralimitación de funciones y abuso de poder. A su vez, la Guardia Civil ha pedido amparo a los Mossos d’Esquadra frente a la manifa que la CUP tiene anunciada para mañana frente a su casa cuartel.

Está provocándose una situación de enfrentamiento institucional y desbarajuste de gobierno, lo que no es menos alarmante por el hecho de ser lo esperable en unos gobernantes neofranquistas cuyo espíritu democrático es inexistente.

Del otro lado, es llamativo el silencio de la izquierda no independentista, tanto española como catalana. Los Comunes todavía no han encontrado tiempo para condenar la actividad presuntamente ilegal de la Guardia Civil. Y PSOE y Podemos guardan un silencio cómplice frente a las arbitrariedades en Cataluña. Es de recordar aquí el famoso texto erróneamente atribuido a Brecht, siendo de Niemöller, acerca de quién no actúa y se rebela contra las injusticias porque afectan a otros sin darse cuenta de que él siguiente en la lista será él. Lo mismo con la izquierda: si esta no tiene la entereza y el espíritu de denunciar las arbitrariedades contra los independentistas, cuando los neofranquistas vayan por ella, tampoco habrá quien la defienda. No se olvide que el Sobresueldos, el gobierno y el PP actúan de acuerdo con pautas democráticas porque no les queda más remedio, igual que Rajoy tuvo que declarar ante el juez por obligación y a rastras, aunque luego dijera, con su habitual cinismo, que estaba contento de haber colaborado con la justicia. Ellos actúan más a gusto en contextos autoritarios.

Podemos no está jugando limpio en el asunto del referéndum y las declaraciones de sus dirigentes cada vez se parecen más a las del PP. El PSOE comulga con ellas de antes. Su propuesta de reformar la Constitución para neutralizar el referéndum es tardía, inviable y pobre. Cuando le aprietan las clavijas en asunto de la nación catalana, el PSOE camina del brazo del PP. Y que no se le ocurra aventurarse por vías nuevas, que llega la caudilla del sur, enarbolando la bandera de la una, grande y libre y empieza a mover la silla de Sanchez de nuevo. El plurinacionalismo es una bagatela y, aun así, despierta las iras encendidas de los socialistas más carpetovetónicos.

En resumen, una izquierda inútil, incapaz de aportar soluciones a los problemas colectivos si no es aceptando el marco conceptual y la idea de España de la derecha. Algo completamente absurdo porque esta tiene un interés patrimonial en el asunto (ya que considera que España es su cortijo y los españoles, sus esclavos), pero aquella, la izquierda, no tiene –o no debiera tener- otro que la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos. De todos. No solo del suyo. Pues cuando solo se tienen en cuenta las intereses del pueblo propio, no se tiene en cuenta ningún interés salvo el del partido.