lunes, 11 de septiembre de 2017

¿Quién define la democracia?


Hoy, once de septiembre de 2017, se celebra la que probablemente será la Diada más importante de la historia de Cataluña. El propósito de los independentistas es conseguir que supere en asistencia, organización, vistosidad e impacto a todas las anteriores. Y, por todo lo que sé y el entusiasmo con que se lo han trabajado los organizadores, así será. Y tendrá un gran impacto. JxS la presentará a los ojos del gobierno, de España y del mundo entero como la mejor prueba de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán de celebrar el referéndum del 1/10. El gobierno la estudiará con suma atención para ver hasta dónde puede llevar su táctica represiva y la comunidad internacional estará atenta para saber a qué atenerse en el caso de que el conflicto entre Cataluña y el Estado adquiera proporciones que impongan una mediación internacional

(Por cierto y antes de que algún lector o lectora se eche las manos a la cabeza escandalizada de que Palinuro dé por descontada la intervención exterior en un asunto interno de España o incluso la aconseje, bueno será recordar que, desde hace ya muchos años, siglos incluso, España no es un sujeto político plenamente soberano. Prácticamente desde la Guerra de Sucesión, todos los conflictos internos españoles han tenido decisivas intervenciones externas, si es que estas no han sido las que han iniciado el conflicto o lo han aprovechado. La última, la guerra civil que ganó Franco gracias a la intervención de Alemania e Italia.)

También Palinuro lo haría (y lo hará porque tiene pensado publicar un artículo al respecto en elMón.cat al final de la jornada) para aquilatar el efecto de la Diada sobre el posible resultado del referéndum.

Hasta ese momento quedará aplazada una respuesta al artículo de Juan Luis Cebrián en El País titulado Visca Catalunya! que es un repertorio de todos los topicazos unionistas y seudodemócratas que pasan por razonamientos políticos de altura en este conflicto y que consisten básicamente en marear la perdiz moviendo como el trile los conceptos de democracia, legalidad y gobierno. Quede para entonces la respuesta. Pero no sin dejar aquí constancia de un principio que todos estos adalides de la reflexión política estratégica al servicio del statu quo jamás mencionan, pretendiendo que se olvide en la maraña de sus logomaquias. El principio de que la única base de legitimidad de un gobierno es la aquiescencia de los gobernados. Nadie, por muy demócrata y legal que sea tiene derecho a gobernar en contra de la voluntad de los gobernados. Ese principio liberal por excelencia que estos servidores del poder ignoran se llama "gobierno por consentimiento" y es un hallazgo de Locke que, de admitirse, resolvería muchos problemas. Por muy democrático y respetuoso con la ley que sea un gobierno, si la voluntad de los gobernados (que, ciertamente, tiene derecho a cambiar) es contraria a él, el gobierno no será democrático sino tiránico y su legalidad, pura arbitrariedad.

Y ¿cómo se sabe cuál es la voluntad de los gobernados? En España hay dos procedimientos: uno, celebrando un referéndum, una consulta popular, cosa hasta la fecha prohibida por "antidemocrática"; dos, atendiendo al presidente de los sobresueldos para quien la mayoría es silenciosa y los independientes, una minoría o, mejor todavía, escuchando a la vicepresidenta, según la cual, el independentismo es inadmisible porque se empeña en hacer un referéndum "en lugar de escuchar a los catalanes", estupidez que no solo no está prohibida sino que es de obligado cumplimiento.

A esa estupidez presta retorcido apoyo el citado artículo de Cebrián.

Pero se verá una vez sepamos qué alcance ha tenido la Diada de hoy.