jueves, 14 de septiembre de 2017

Últimas noticias sobre la dictadura

A quince días del referéndum catalán de autodeterminación, se acelera la deriva dictatorial de un gobierno que está perdiendo el control y llevando el país a un punto de estallido. A la falta de autoridad y legitimidad de ejercicio por la corrupción que lo caracteriza se añade una serie de medidas que parecen pensadas, no para resolver los conflictos, sino para agravarlos. Y probablemente sea así: una provocación permanente en la esperanza de generar una rebelión que justifique medidas excepcionales.

I.- La fiscalía, punta de lanza de la agresividad del poder contra la ciudadanía, ha impuesto la censura en TV3 y conminado a cientos de de funcionarios de la Generalitat, amenazándolos con represalias si secundan las órdenes de sus superiores, es decir, si no desobedecen las órdenes de estos. Conviene recordar aquí que, no existiendo en España el eximente de obediencia debida frente a órdenes injustas y/o ilegales, esta circunstancia opera en ambas direcciones, generando mayor conflicto.

II.- Un juez de lo contencioso, de probada trayectoria política reaccionaria, ha prohibido el acto público previsto para el próximo día 17 en apoyo al derecho a decidir de los catalanes.  Siendo de criterio político opuesto a la ideología del acto, la decisión es sospechosa de prevaricación por actuar el magistrado como juez y parte. ¿Resultado, aparte del escándalo que esta prohibición suscita? Que los organizadores hayan decidido desobedecer al juez y mantener el acto, lo que forzará al gobierno a incrementar la represión o a desobedecer él también el mandato judicial. Una situación explosiva, aparte de ridícula.

III.- La farsa en que se ha convertido el gobierno del presidente de los sobresueldos está provocando un movimiento de desobediencia cada vez más generalizado. Su insistencia en imponer a los demás una legalidad hecha y deshecha a su medida ya solo encuentra apoyos entre una oposición cada vez más enfangada en su complicidad con esta restauración de la dictadura que ya está persiguiendo "delitos" de opinión, esto es, pisoteando la libertad de expresión.

IV.- Hace tres días se incendió el Palacio de Justicia de Valencia, destruyendo las pruebas acumuladas de los presuntos delitos de los miembros del PP en esa Comunidad. La idea de que se trata de un incendio intencionado y, por tanto, otro delito más, debe contrastarse con un criterio básico en toda investigación criminal: ¿a quién beneficia el delito? En la respuesta hay una poderosa pista sobre quién pueda ser responsable por obstrucción a la justicia.

V.- A las medidas represivas, censoras y autoritarias y los accidentes fortuitos (acompañados del continuo rosario de muertes también fortuitas de personas relacionadas con los procesos) se une una sistemática campaña de amenazas y coacciones de las autoridades. Respalda y magnifica estas prácticas mafiosas una caterva de medios de comunicación y publicistas comprados con dineros públicos, obviamente malversados.

VI.- El fiscal Maza, reprobado por el Parlamento, igual que su jefe, el ministro de Justicia, y hombre por debajo de toda sospecha, ordena citar a 712 alcaldes catalanes que han dado apoyo al referéndum y detenerlos en caso de incomparecencia. La desmesura de esta decisión se hace patente cuando se recuerda que, en los países civilizados, especialmente los de tradición romana, los alcaldes son la base misma del sistema de libertades. A ello se añade que, si bien la mayoría de ellos, de JxS, acudirá a declarar, los de la CUP ya han anunciado que no lo harán. Son 16 y está claro que ponen al gobierno en la disyuntiva de tolerar su desobediencia o encarcelarlos. Serán los primeros  probablemente  seguidos por los de ERC y JxS. Al final, más de 700 alcaldes encarcelados. Una situación explosiva que solo se explica por la incompetencia de las autoridades.

VII.- Por orden de un juez, la guardia civil ha cerrado la página web de la Generalitat sobre el referéndum. De inmediato se han puesto en marcha otras dos con servidores en otros países. La censura llega a las redes. Seguramente, el gobierno más corrupto de Europa pedirá cerrar internet. Algo imposible que provocaría la condena unánime en el exterior.

Sos dos fuerzas en crecimiento y orientadas al choque: la corrupción y el latrocinio del PP, que no cesa, y la libertad de expresión en las redes que el gobierno no podrá yugular. De ahí está naciendo un espíritu de desobediencia civil frente a una tiranía ridícula (para el siglo XXI) y desaforada. Lo encabeza el presidente y todo el gobierno catalán y eso no hay quien lo pare.

VIII.- Frente a ello, la actitud del PSOE entra en el terreno de la infamia. Su respaldo sin fisuras (la tímida reclamación de un diálogo de Sánchez no pasa de ser una mera súplica) a la política de represión y persecución del PP, fortalece a Rajoy, cuya dimisión habíase comprometido a pedir el secretario general en las primarias. Algo que no solo es moralmente detestable sino prácticamente estúpido porque no se traducirá en un incremento de intención de voto del PSOE, aunque las encuestas manipuladas de sus amigos se lo hagan creer a Sánchez. Si los socialistas van de comparsa con los franquistas, los votantes preferirán siempre el original a la copia.

IX.- Fraccionado en un mosaico de tendencias, la ambigüedad de Podemos y sus aliados los Comunes, que tratan de nadar y guardar la ropa en el referéndum también les pasará factura en las próximas elecciones. Únicamente se salvan de esta lamentable claudicación los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán y el líder de Podem, Albano Dante Fachín. Los únicos que tienen la dignidad y la coherencia de exigir la legalización del referéndum.

Resulta patente a estas alturas que, si no se quiere llegar a una putrefacción total, es urgente sustituir el gobierno de Mr. Sobresueldos por otro demócrata. Y solo hay un camino: una moción de censura inmediata, apoyada por el PSOE, Unidos Podemos y los indepes catalanes que permita negociar un referéndum pactado.

Es la única salida so pena de seguir con la deriva dictatorial del gobierno de la corrrupción.

Recuérdese que los indepes todavía tienen una baza de consecuencias todavía más graves para el Estado español: una declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament. Una DUI acabaría provocando una intervención exterior. No se olvide que muchos conflictos internos españoles, incluida la última guerra civil, se han "resuelto" con la injerencia de fuerzas foráneas.