jueves, 26 de octubre de 2017

En legítima defensa

A pesar del ruido, del estrépito catalán, la Gürtel ha vuelto a manifestarse con unas conclusiones de la fiscalía que son una impugnación a la totalidad del PP, del gobierno, de Rajoy, durante más de veinte años: una asociación de malhechores para saquear las cuentas públicas a todos los niveles. Desde los sobresueldos del presidente con cargo a la caja B, hasta las comisiones en todas las adjudicaciones y la financiación ilegal. El PP lleva veinte años ganando elecciones ilegalmente, haciendo trampas. Todas sus decisiones son nulas e ilegales. Todas. Incluida la de aplicar el 155. ¿Con qué autoridad invoca la legalidad un gobierno todo él ilegal? Un gobierno que debería haber dimitido hace mucho y haberse puesto a disposición de los tribunales.

Con el PP en el gobierno, España no es una democracia ni un Estado de derecho, por más que los medios y publicistas nacionalistas españoles (prácticamente todos) así lo aseguren. Es imposible llamar Estado de derecho a un país gobernado por un partido fuera de la ley. No solo por encima de la ley, sino fuera de ella. Todos los actos de este gobierno son ilegales de origen y por lo tanto, de ejercicio. 

Por eso centra su atención el triunvirato nacional español en Cataluña. Para desviar la atención de ese hecho que, sin embargo, está en la conciencia de todos y empieza a ser valorado en el extranjero, en donde ya se piden explicaciones detalladas de cómo funcionan las instituciones en España. El hecho de la carencia de legitimidad del gobierno para abordar lo catalán. 

Esta le viene prestada por el apoyo del PSOE (C's no añade nada en punto a legitimidad), que quiere tranquilizar su conciencia moderando la aplicación del 155, como si eso fuera posible. Al estar ya activado, haya o no elecciones auonómicas, el gobierno ha impuesto su criterio de efecto "máximo". De entrar, entramos a saco. Pero hay un plazo de procedimiento y en él la Generalitat tiene previsto declarar la DI y la República Catalana en legítima defensa. Fin de fiesta.

Sigue siendo asombroso cómo, a la vista de los acontecimientos, el triunvirato nacional español no se entera de en dónde se ha metido. Da por hecho que destituir autoridades y cargos, clausurar el Parlamento, intervenir a los Mossos, cortocircuitar (supongo) las administraciones locales, secuestrar los medios de comunicación será coser y cantar. Enfrente tiene una rebelión ya anunciada y muy vigilada desde el exterior, en donde se multiplican las iniciativas intervencionistas. El Parlamento danés, por ejemplo, debate sobre la independencia de Cataluña. 

Aun suponiendo que esta ocupación fuera posible (y no se ve si no se hace con fuerza armada), queda vencer la resistencia de la calle. El gobierno parece dar por descontado que esa resistencia durará una semana y, después, la gente se resignará a ser gobernada desde fuera, como una colonia. 

Solo este propósito debiera poner sobre aviso al PSOE de que la situación no es de recibo. No es solamente que prestarse a reprimir sin más una movilización social durante una semana debiera repugnar a cualquier sensibilidad de izquierda. Es que, además, será inútil porque el alcance y la profundidad de la movilización social catalana son mucho mayores de lo que la capacidad represiva del Estado pueda controlar. 

El 155 es la puerta abierta a la dictadura. Que se invoque la democracia no quiere decir nada. Todas sus perspectivas hacen imposible un retorno a esta pero cada vez más posible un intento dictatorial renovado a base de prohibir partidos políticos independentistas. Algo que el PSOE tendrá que tragar o denunciar, corriendo el riesgo de que también lo prohíban a él. Nunca se sabe con la derecha que no suele defraudar en su gobierno: te mete en una guerra exterior o interior. 

Y como quiera que el gobierno anuncia su decisión de aplicar el 155 en cualquier caso y haga ya lo que haga la Generalitat solo deja a esta la posibilidad de proclamar la República Catalana en efecto, en legítima defensa.