viernes, 10 de noviembre de 2017

Acatar lo inevitable

Los titulares de la prensa son interpretativos puesto que se basan en rumores y noticias orales. Habrá que esperar a conocer con más exactitud el contenido de la declaración de Forcadell. Habrá que ver si, en efecto, dijo que la declaración de independencia fue "simbólica" (como aseguran todos los periódicos) o "política", como he visto por ahí. Es un matiz que tiene su importancia, desde luego, pero es un matiz que viene acompañado de una especie de retirada táctica retórica. Hay un poco de lío sobre si se acata la Constitución o el 155. Pero, en definitiva, el mensaje que se difunde es el del repliegue del frente parlamentario del independentismo. La cuestión es saber qué valor tiene ese gesto, ese acatamiento, cuenta habida de que el Parlamento ha sido disuelto y su mesa destituida. Exactamente, ¿qué significa que se acata algo que no se puede evitar?

Es el error de mezclar las vías judiciales con las políticas y dar valor jurídico a cuestiones subjetivas, de convicciones y hasta creencias. En realidad, es el espíritu inquisitorial. El propio presidente del la sala del Supremo asume esa situación al advertir que el acatamiento pudiera ser "mendaz". Es el problema de los conversos, que son tales a la fuerza y su conversión solo tiene valor exterior, pero no interno, pues no vincula en conciencia. Para la línea jurídica lo externo es suficiente. Si Forcadell vuelve a las andadas, será perseguida. Pero para la línea política no se resuelve nada; al contrario, el problema se agrava. Forcadell seguirá siendo independentista y actuando como tal y allí donde ella no alcance habrá otra Forcadell para sustituirla. Las ideas no se encarcelan, aunque quepa encarcelar a las personas. Las revoluciones no se detienen con sentencias de los tribunales en sus problemáticas relaciones con el poder político.

No hay que perder el tiempo. Los procesos en marcha son procesos políticos en contra del independentismo. Se pretende reprimir, incluso extirpar, una opción ideológica sostenida por millones de personas. Los presos independentistas son presos políticos y hasta rehenes canjeables en alguna posible negociación política. La prueba más contundente la dan los distintos cargos públicos del PP que han dejado claro que, si en las elecciones de 21D ganara de nuevo el independentismo, seguiría aplicándose el artículo 155, algo equivalente a la perpetuación del estado de excepción no declarado.

Obviamente, eso no tiene nada que ver con la democracia ni con el Estado de derecho, sino con la dictadura. La dictadura que mana del art. 155 como manó la de Hitler del 48 de la Constitución de Weimar, su abuelo. Obviamente también, el poder judicial podrá seguir legitimando la situación, pero ya estará claro que lo hace en el marco de una dictadura, no del Estado de derecho que hoy esgrime de forma ya tan cuestionable.

Todo este conflicto se agita mezclado con un escándalo descomunal, el de la Gürtel, que es imposible ocultar aunque la batería de medios del gobierno lo ignore, las televisiones no lo transmitan, los periódicos no lo mencionen, las radios lo silencien. La fiscalía da por probado que el presidente del gobierno cobró unos 220.000 euros procedentes de la caja B de su partido. Fueron más los perceptores (incluida, al parecer, la vicepresidenta del gobierno) y muchos los años de los cobros, aunque no tantos como los de las campañas electorales que se ganaron fraudulentamente al estar financiadas de modo ilegal. "Corrupción en estado puro", declaró el otro día el jefe de la investigación policial sobre la caja B del PP. Y corrupción que afecta al Estado de derecho.

Cierto, pero lo más grave es que el presidente del gobierno esté pringado en esa basura con sus efectos concomitantes de viajes, trajes y empleo de fondos públicos para beneficio privado, sin contar el cobro de plus parlamentario por tener la residencia fuera de Madrid. Se ha dicho hasta la saciedad, pero fuerza es repetirlo: en ningún país europeo se toleraría una situación así. ¿Acaso no es esto obvio motivo de dimisión? ¿No es una prueba de que esa democracia y ese Estado de derecho que el de los sobresueldos dice querer imponer en Cataluña no valen nada? La democracia española no es lo que sus epígonos cacarean en el exterior sino este extraño adefesio de un gobierno irresponsable que los socios europeos comienzan a mirar con prevención.

Ya se verá cuando, además, caigan en la cuenta de que el episodio de los sobresueldos es público y notorio, cuando menos desde 2010 y que no ha pasado nada ni nadie ha dicho nada. La corrupción no figuraba entre las preocupaciones dominantes de los españoles y estos elegían al PP de la Gürtel en 2011 con mayoría absoluta y revalidaban la victoria (aunque por mayoría simple) en 2015 y 2016. Una democracia requiere sólidas instituciones democráticas. Pero estas siempre se pueden manipular e instrumentalizar con fines antidemocráticos, como viene haciendo este gobierno. Por eso, una democracia requiere también una ciudadanía consciente de sus derechos, crítica, fiscalizadora. Si, por el contrario, la ciudadanía tolera la merma y supresión de derechos, no ejerce la crítica ni fiscaliza nada y da por buenos los mayores, más corruptos y escandalosos desmanes del gobierno, hablar de democracia es como hacerlo de la piedra filosofal.

La autoridad del gobierno en este conflicto es magnitud negativa; la del Estado, inexistente; la de la Monarquía, aniquilada en dos comparecencias reales. Los partidos de la oposición, todos, están paralizados. Los medios, volcados en la lucha ideológica, han perdido el escaso crédito que les restaba y se prestan, incluso, a campañas propagandísticas de la parte nacional española. Cuando no de la guerra sucia.

En ese contexto, el llamado "reto independentista catalán" es una crisis constitucional, estructural, española que no va a resolverse poniendo a los tribunales a perseguir el independentismo. Es un problema profundo que afecta a esta cuestión del acatamiento y el consentimiento. Solo es democrático el gobierno que lo es por consentimiento. Pero el consentimiento ha de ser libre.