miércoles, 7 de febrero de 2018

2.060.000

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Dos milions seixanta mil y centrado en recordar algo muy simple que tiende a olvidarse en el ajetreado día a día de la investidura y la contrainvestidura. Que detrás de las negociaciones, las amenazas gubernamentales, el activismo político-judicial y el contexto internacional hay 2.060.000 votos, la mayoría simple del electorado y 70 escaños, mayoría absoluta parlamentaria.

La República Catalana no es una invención de cuatro inconscientes ni una conjura de otros tantos conspiradores. Es una revolución que, como todas, se abre paso en condiciones difíciles, de cerrada hostilidad, recurriendo a la imaginación y la creatividad para hacer camino al andar. Una revolución democrática, cívica, pacífica, que el Estado no parece estar en condiciones de detener sin convertirse en dictadura abierta en Cataluña.

Esos 2.060.000 ciudadanos que probablemente son muchos más, están viviendo una república de hecho, luchando por recuperar sus instituciones. Constituyen el núcleo de una acción colectiva permanente, auto-organizada en redes virtuales y reales que no se puede combatir con policías ni tribunales. Es una sociedad cada vez más orientada a la desobediencia y resistencia civil pacífica, como la que difunde la iniciativa en peu de pau.

En todo caso, aquí la versión castellana del artículo:


Dos millones sesenta mil

Esa es la cantidad de votos a favor de la independencia en las elecciones del 21 de diciembre pasado. Mayoría relativa electoral y absoluta parlamentaria. Esa es la roca contra la que se estrellan las agresiones del nacionalismo español en sus múltiples variedades. Por eso prefieren ignorarla, silenciarla, como han hecho los audaces artistas en la gala de los Goyas; presentarla a través de sus medios serviles como una conspiración de un puñado se provincianos, como ha hecho el puñado de provincianos bien pagados de Tabarnia; reducirla al delirio de un solo hombre en Bruselas, como sueña el delirio de un hombre solo en La Moncloa, centro operativo de la Gürtel.

Crecientemente agresivo, el nacionalismo español en su forma de bloque del 155 (B155) esto es, el gobierno, el PSOE, C’s y el vergonzante apoyo de Podemos, dio un golpe de Estado para poner fin abrupto al independentismo catalán que él mismo había suscitado con su política autoritaria, recentralizadora y corrupta. Intervino el Parlament, destituyó el govern, encarceló indepes, obligó a otros a exiliarse, embargó las propiedades de otros más, convocó elecciones trucadas con candidatos en prisión, medios parciales, absoluta desigualdad de oportunidades… y las perdió haciendo el ridículo de paso, como se encargó de subrayar con aspavientos y declaraciones disparatadas la cabeza de lista de C’s. Con 2.060.000 votos a favor de la independencia, el electorado catalán reiteraba e incrementaba el resultado del referéndum del 1º de octubre de 2017, celebrado en unas condiciones de brutal represión policial que ha escandalizado al mundo entero.

Habiendo perdido, el B15 se niega a reconocer el resultado de las elecciones y pone en marcha la maquinaria mediática y judicial para impedir ilegalmente que pueda aplicarse. La conversión de la seudodemocracia española en la dictadura caudillista que constituye su verdadera esencia resulta patente. La necesidad de ocultar que el deseo de independencia en Cataluña es mayoritario y debe ser atendido se hace con ayuda de todos los aparatos ideológicos del Estado los medios de comunicación, la red de fundaciones y think tanks, los centros educativos, los intelectuales orgánicos del poder. Nadie sobra en esta tarea de mistificación para desfigurar la voluntad mayoritaria de los catalanes en una conspiración de cuatro iluminados o provincianos o en el delirio de un político irresponsable.

Recientemente se han incorporado las gentes del espectáculo y los bufones. Las primeras, que tenían una tradición de protesta y lucha por las causas de justicia, en su gala de los Goyas cayeron en un denso silencio, como si en España no hubiera presos, exiliados y embargados por razones políticas, como si en el momento en que ellos manoseaban sus Goyas, la Audiencia nacional no estuviera juzgando a un rapero, uno del oficio, por “delitos” de opinión. También se cuenta con la impagable aportación de la bufonada de Tabarnia que goza de acceso irrestricto a los medios públicos de comunicación reiterando la esencia misma de los bufones: tirar contra todo aquello que desagrade al poder a cuyo sueldo y servicio están.

Además de estos bufones a su servicio más o menos libre, el poder cuenta con otros medios contundentes para reprimir por la violencia la voluntad mayoritaria de los catalanes: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sistema penitenciario, los jueces y, en último término, el ejército, como recurso final en el caso de que el frente mediático y el judicial no tengan pleno éxito en su misión. El mediático está cumpliendo su función bastante bien pues está al servicio incondicional del B155, miente, manipula y falsea si ningún escrúpulo, censura a los críticos y da barra libre a los propagandistas del unionismo. Últimamente amplía su servilismo a la denuncia de discrepantes a quienes se censura en los medios (públicos y privados), pero se los señala públicamente para que sean objetos de represalias.

El judicial está funcionando a pleno rendimiento con el encargo de dar una pátina de legalidad a lo que no es más que un abuso de poder político. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, convertidos en instrumentos del gobierno, están perpetrando una causa general contra el independentismo catalán, un proceso político contra sus dirigentes, siempre en la esperanza de aplastar una mayoría democrática de más de dos millones de personas, atacando a sus representantes. La idea, típica de todos los despotismos y las tiranías, de que, sometiendo a estos a medidas injustas y arbitrarias, se conseguirá atemorizar a la mayoría y que se resigne a vivir en la opresión, la explotación y el desprecio.

La imagen que da la justicia es la sempiterna en España, resumida en la “justicia de Peralvillo” en la que primero se ejecutaba al reo y luego se le instruía la causa. Lo mismo que está haciendo el Supremo: primero encarcela a la gente y luego se fabrican los supuestos delitos. Y más allá incluso. No solamente el Supremo se extralimita en sus atribuciones, procede por analogías, abusa de su activismo judicial e ignora el due process of law sino que se ha convertido en un tribunal inquisitorial que castiga a los reos por sus convicciones. Como ha quedado claro en los pronunciamientos del juez Llarena: tanto Joaquim Forn como Jordi González están en prisión preventiva contra toda justicia y derecho por sus convicciones independentistas,

Estas actuaciones judiciales debieran ser objeto ya de réplicas contundentes de las instancias europeas en defensa de los derechos de unos ciudadanos atropellados por una justicia al servicio de la dictadura del B155.