Mañana, Palinuro en Tarragona

Invitado por la Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural, mañana, viernes, 21, a las 20 horas estaré en Tarragona, en el Colegio de Abogados y Farmacéuticos, para una conferencia sobre el provocativo título de España sin Cataluña. La gran oportunidad. Lo llamo provocativo porque, obviamente, contradice el común sentir de la gente. Los españoles tienen la sospecha de que, si Cataluña se va, se va una parte importante de los ingresos del Estado, pues aquella aporta más de lo que recibe y los demás tendrán que apretarse el cinturón. No obstante, llevo un tiempo sosteniendo esta aparentemente contradictoria posición. La 1ª vez, con motivo de la presentación de Súmate en Madrid, que tuve el honor de hacer; la segunda con el de la presentación de Alfred Bosch en un desayuno del Ritz en Madrid, cuando acababa este de publicar un interesante libro, La independencia de Cataluña interesa a los españoles. 

Es difícil admitir que ese interés sea material y si, por tanto, la propuesta se mantiene en este terreno, no es verosímil. Pero si  la llevamos a otro, la cosa cambia. España lleva siglos gobernada por una oligarquía corrupta, meapilas, autoritaria, incompetente, ladrona y, en el fondo, antinacional. Y así sigue, como puede comprobarse con el actual gobierno de ladrones, el gobierno del hampa, de una banda de facinerosos dedicada a saquear el país. Los españoles han sido incapaces de quitársela de encima. Lo han intentado algunas veces. El actual Rey es heredero de Isabel II y Alfonso XIII, ambos exiliados. La monarquía borbónica (una dinastía de mangantes, analfabetos, disolutos y corruptos) se restauró tres veces. La tercera lo hizo un dictador genocida, Francisco Franco, si que ninguno de los reyes habidos desde entonces haya tenido el decoro o la dignidad de renunciar a esa sangrienta herencia y poner su trono en referéndum. 

Desde la Transición ni la izquierda ni la derecha españolas han sentido que fuera necesario acabar con la oligarquía nacionalcatólica y mucho menos con esta monarquía de risa. Y así ha venido a resultar que la única oposición real a este dominio oligárquico tradicional se ha dado en Cataluña, se ha territorializado en Cataluña. 

Cualquier español de izquierdas de buena fe aplaudirá el propósito catalán de independizarse y crear una república democrática. Ya que el conjunto de los españoles es incapaz de conseguirlo (y una porción nada desdeñable de votantes del PP está encantado con este gobierno de ladrones neofranquistas), por lo menos, que lo consigan los catalanes.

Sin duda, la independencia de Cataluña será un choque muy fuerte para la conciencia española. Pero es la única posibilidad de que este cuerpo yerto se reanime, cobre vida y se organice con un mínimo de dignidad y eficacia, sin vivir del robo, la corrupción, la humillación y el peloteo descarado a los poderosos, como hacen esos esbirros que la oligarquía tiene en los medios, al estilo de ese Marhuenda o las dos docenas de colegas suyos alimentados en los pesebres del Estado, del PP o de la Iglesia Católica, con la misión de mentir, abusar y engañar a la gente para que siga uncida al carro de esta tiranía de hampones.

Si no lo consigue a pesar de todo será porque España está definitivamente muerta, a manos de estos sinvergüenzas y ladrones de comunión diaria. En todo caso, lo más sensato que pueden hacer los catalanes es largarse.

Tiempo muerto

El País sigue beligerante contra el independentismo. Ayer publicaba una encuesta de Metroscopia que daba una aplastante mayoría de catalanes a favor de una tercera opción entre independencia sí o no, consistente en una nueva forma jurídica de la relación de Cataluña con España a base de competencias blindadas. Lo malo es que esa tercera opción no existe, si bien El País lleva meses pidiéndola por favor al gobierno. Al no conseguirlo, según se ve, ha decidido convertir sus deseos en realidades y se ha inventado un referéndum y, claro, lo gana. Pero eso no significa nada ni tiene valor alguno porque es una invención lanzada al vacío.  La pregunta del referéndum hasta la fecha solo es y solo puede ser "Independencia, sí o no".

Este enfoque es parte de una campaña amplia de los medios, los políticos nacionalistas españoles y los catalanes unionistas para desmantelar el referéndum antes de realizarse. Las desavenencias en la coalición gobernante se repiten y tienen un impacto negativo en una sociedad tan movilizada como la catalana. Además, la CUP, de quien depende el gobierno parlamentariamente, aprieta en el otro extremo, exigiendo la fecha y la pregunta del referéndum ya. El gobierno catalán quiere pactar la pregunta con Els Comuns, lo cual no está mal pensado para garantizar una mayor participación y evitar así una deslegitimación de la consulta a cuenta de una elevada abstención.

En todo caso, el tiempo apremia. Se sabía, porque los mismos de JxS lo dijeron repetidas veces, que el govern mantendría abierta la oferta de pacto hasta el último minuto. Pero también se sabía que ello no sería óbice para que el mismo govern continuara con su hoja de ruta. En consecuencia, debe creerse que las autoridades catalanas controlan los tiempos del proceso. Tal cosa afirma Junqueras. Pero no sé si se han calculado los tiempos muertos que se producirán inevitablemente con las distintas decisiones del Tribunal Constitucional suspendiendo y prohibiendo.

La verdad es que el tiempo, el que no está muerto, apremia.

Lo que es del común es de ningún

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Es una vuelta más de tuerca a la cuestión del nuevo partido catalán, encabezado por  Ada Colau y Xavier Domènech. Viene a ser una continuación del post de hace un par de días, Los comunes catalanes, y un intento de elaborar con más detalle la teoría del "partido gorrón" (o partido free rider) cuyo punto central consiste en buscar un espacio electoral en la izquierda entre los independentistas y los unionistas. Al compartir con los primeros sus confusas tesis soberanistas y la exigencia de un referéndum, a ser posible, pactado con el Estado, consideran los Comunes que saldrán muy bien parados sea cual sea el resultado final de la batalla por la independencia: si no la hay, ya ellos no eran independentistas sino "soberanistas"; si la hay, serán los primeros en acomodarse a ella e, incluso, atribuírsela en parte, dado que en la amalgama de la nueva formación coexisten unionistas e independentistas. Al final del artículo aporto una forma de hacer realidad tangible la nebulosa idea de Domènech de la soberanía compartida.

Aquí, la versión en castellano:

Lo que es del común es de ningún

La elección del nombre del nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech está lejos de ser una improvisación. La referencia a los comunes evidencia el ánimo de consagrarlo heredero de la contestación asamblearia indignada que suele englobarse bajo el término 15M. Son los comunes, la gente de la calle. En algún lugar la idea está institucionalizada de antes. Por ejemplo, el defensor del pueblo canario se llama “diputado del común”.

Es también un intento de apuntarse al carro del populismo soslayando el término de dudosa fama. El común es lo de todos (y lo de ninguno, según el viejo refrán), sin partidismos. Es un movimiento. Por eso, El Comuns huyen del término partido y prefieren llamarse “sujeto político”. Pero se darán de alta en el registro de partidos.

El elemento definitorio confeso de principio es el municipalismo. Algo similar a lo que sucede en Madrid, en donde la alcaldesa recordando el carácter municipal de su movimiento, anda ya buscándose un sucesor o sucesora en la tarea. Colau, en cambio, apunta a una segunda candidatura suya a la alcaldía. Y, sin embargo, el “sujeto político” que ha alumbrado tiene una clara vocación y propósito extramunicipales. Los Comunes se plantean como partido (en realidad, una confederación o confluencia o amalgama de varios) en un ámbito autonómico, con un discurso adecuado, pero que también se proyecta confusamente a escala estatal.

Els Comuns representan una opción de izquierda catalana con vocación de política española, pero sin dejar de hacer propuestas propias tanto en aquella como en la catalana, a veces con alegre desconsideración de las estructuras jurídico-políticas dominantes, como la opción de la República catalana dentro del Estado (monárquico) español o la de la soberanía compartida. El mensaje parece ser: no somos maximalistas ni pedimos imposibles pero no renunciamos a nada; queremos soberanía para actuar por nuestra cuenta y también tener voz en la política española.

La nueva formación es un caso más de una tendencia general por la cual, las grandes ciudades tienen una cultura y un comportamiento políticos distintos a los del conjunto del país. Los Comunes vienen a insertarse en el complejo sistema político catalán como voz barcelonesa de una izquierda catalana que, sin ser independentista, tampoco haría ascos a la independencia. Recuérdese: no se renuncia a nada. Ese pragmatismo que lo hace configurarse como una especie de partido “gorrón” lo singulariza frente a los demás. Del PDeCat lo separa la ideología. De ERC y la CUP, con quienes coincide, en principio, en la cuestión republicana y el municipalismo, el independentismo.

Aquí está el debate: independentismo como cuestión de principio o como rendimiento marginal. Esto es: la independencia como objetivo o la independencia como resultado final, después de haber pasado por unas etapas intermedias tan inverosímiles como las andanzas de Ulises.

Los Comunes dirigen su crítica catalana al bloque independentista al que acusan de valerse del señuelo de la independencia para hacer política electoral de partidos. Es decir, una acusación de hipocresía. La cuestión es saber qué porcentaje de electores se sentiría atraído por esta crítica y la propuesta sustitutoria de unas imprecisas o incomprensibles relaciones con el Estado español.

En todo caso, de esa duda se sale en breves meses, cuando corresponda culminar la hoja de ruta con la celebración del referéndum anunciado. En ese momento será preciso adoptar una actitud y en condiciones imprevisibles porque no sabemos cómo cumplirá su compromiso JxS ni cómo reaccionará el Estado. Solo sabemos que habrá que estar a favor o en contra del referéndum. O llamarse andana sosteniendo algo así como que se está a favor del referéndum, pero no de ese referéndum.

El referéndum, que responde al deseo de tres cuartas partes de la población de Cataluña, es un acto de soberanía. Els Comuns pueden sumarse sugiriendo al Estado español que la comparta.

Los comunes catalanes

La constitución del nuevo partido (o "sujeto político", como gustan decir sus promotores) catalán plantea algunos aspectos interesantes de considerar sosegadamente. En primer lugar, el partido, más que catalán, parece barcelonés. Cristaliza en torno los comunes del ayuntamiento de Barcelona y su personalidad más relevante es la alcaldesa Ada Colau, que forma una especie de dualidad con Xavier Domènech portavoz de los comunes en el Congreso en el grupo de Podemos. El partido subraya desde el inicio sus raíces municipalistas y, a través de estas, su herencia del espíritu del movimiento 15M. Es "nueva política", por tanto. Su pretensión parece ser romper los límites municipales y hacer política en Cataluña entera. Un ámbito de acción más amplio, español, por ejemplo, no es inverosímil, pero, en principio, el partido es de ámbito catalán.

En segundo lugar, el impacto del nuevo partido en el proyecto general de Podemos en España. La rama catalana del partido violeta, Podem, se ha situado extra muros de los Comunes de Colau/Domènech, en donde sí se han integrado EUiA, ICV. En realidad, la decisión de no integrarse fue adoptada por una mayoría aplastante de una ridícula minoría de votantes de las bases de Podem y, según se ve, por la firme voluntad de su dirigente, Albano Dante Fachín, de no darse de alta en la nueva formación. A pesar de todo, hubo disidentes de Podem que concurrieron (los llamados "críticos" con la dirección de Fachín) y han sido elegidos en la Ejecutiva de Los Comunes. En dos palabras: Podem se ha partido. En un primer momento, la intervención de Iglesias, le hizo reconsiderar su negativa, pero, en menos de 48 horas, la ruptura fue un hecho. Los miembros de Podem integrados en Los Comunes, según parece, son errejonistas. Viene a resultar así que la fractura se produce en la divisoria del II Congreso entre gente de Errejón y gente de Iglesias. Ello explicaría la ausencia de este en la celebración del congreso constituyente de Los Comunes en donde, sin embargo, si estuvo Alberto Garzón, de IU integrada en Unidos Podemos.

Este resultado no augura nada bueno para las aspiraciones de Podemos de constituirse en partido hegemónico de la izquierda a escala estatal. El discurso soberanista de Domènech no lo es menos porque esté todo el rato hablando de los "pueblos fraternos" y (es de suponer) sus fraternas organizaciones. Los Comunes son (o quieren ser) el partido de la izquierda no independentista en Cataluña; partido independiente, muy fraterno con Podemos en España, pero independiente de él. Probablemente ese sea el fondo de la discrepancia de Albano Dante Fachín, que quiere seguir siendo Podemos en Cataluña, Podem. El problema es si entre la izquierda independentista y la no independentista le queda espacio electoral. Y eso sin contar otras fuerzas centrífugas, por ejemplo, la de Andalucía, en donde Podemos plantea también una relación digamos "fraternal" con el Podemos del Estado, cosa que la dirección de este ve con muy malos ojos y que preanuncia una habitual movida de crisis interna.

En tercer lugar, el impacto de Los Comunes en el independentismo. El porcentaje que se le atribuye, en función de los últimos resultados electorales y posteriores sondeos, en torno al 47 o 48 por ciento del voto puede verse reducido con la competencia de Los Comunes. Estos entran en el debate sobre el indpendentismo con una posición que pretende resolver lo que juzga como el callejón sin salida de la política catalana y que sus adversarios tildan de deliberada ambigüedad para mantener un voto unionista y sumarle parte del voto independentista más moderado. El discurso sobre soberanías compartidas, la República dentro del Estado español y otras propuestas de este tenor trata de trazar una línea intermedia entre el unionismo y el independentismo. Lleva su compromiso hasta pedir un referéndum pactado y quizá también uno unilateral, aunque esto esté menos claro y haya declaraciones contradictorias.

El independentismo puede verse en un aprieto ante una nueva fuerza que pretende estabilizar la política catalana como parte de la española, sin veleidades de independencia. Para Los Comunes, los independentistas no son tales en verdad, sino gentes que se valen del señuelo de la independencia para ganar elecciones que es lo importante para ellos. Pero, por otro lado, Los Comunes respaldan el derecho a decidir, sostenido por tres cuartas partes de la población, con lo que están en terreno ganador. Y aunque la independencia se impusiera, ellos no perderían nada, ya que se pondrían a su lado de inmediato. En cierto modo, puede considerarse como un partido de free riders o de "gorrones" en esto de la independencia, pues, razonan los independentistas, se beneficiarán de ella sin haber hecho nada por conseguirla. Algunos creen, incluso, que habiendo trabajado ladinamente en contra de ella. 

La conferencia de Vilafranca

Pensé que habría vídeo, pero, al pedir que me facilitaran el enlace, me explicaron que en los actos de la ANC ya no se graban vídeos ni, por tanto, se cuelgan en You Tube, para evitar episodios como el del juez Santi Vidal, a quien han metido en un lío por algo que dijo en una de esas conferencias.

Puede parecer extremo o radical, pero tiene su razón de ser. La cuestión del referéndum es un casus belli entre España y Cataluña. Y en la guerra, bien se sabe, vale todo. Así que como la autoridad, la policía, los jueces, la policía política del ministerio del Interior y las cloacas del Estado andan al acecho, tratando de reprimir y empurar a quienes puedan, los de la ANC hacen muy bien en no dar pie a que algún espía escuche expresiones (por lo demás frecuentes en el calor de los debates públicos) y vaya corriendo a chivarse a los jueces que, si son del opus, condenarán con contundencia.

No obstante, he encontrado esta reseña del acto en una página de la TV de Vilafranca y la reproduzco. Es un vídeo de la TV que resume la intervención y contiene un par de cortes de una entrevista previa rodada, por cierto, en un un salón del magnífico palacio de Berger Balaguer y ante una copia de un cuadro de Rafael. Está aquí.

Cotarelo cree que las clases dominantes harán lo que sea para impedir el referéndum

El catedrático Ramón Cotarelo se refiere a las clases dominantes españolas y catalanas.

Este viernes, y dentro del ciclo de conferencias que el ANC de Vilafranca organiza para hablar del proceso visto desde fuera de Cataluña, el politólogo español, catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ramón Cotarelo, dio una conferencia en el auditorio del Forum Berger Balaguer. Un auditorio que se llenó para escuchar las palabras del que se podría considerar una rara avis, un intelectual español que a pesar de querer que Cataluña no se independice está plenamente de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes y lo defiende de forma vehemente.

El portavoz del ANC recordó a los presentes que podían dirigir preguntas al ponente llenando unos boletos y en explicar que en la entrada se podían adquirir ejemplares del libro del conferenciante titulado "La república catalana". Por su parte la coordinadora de la ANC en Vilafranca, Esther Güell, le preguntó si el suyo es un caso único en Madrid.

Con una profunda convicción de izquierdas, Ramon Cotarelo está convencido de que son las clases dominantes españolas y catalanas las que harán lo que sea necesario para impedir el referéndum.

Cotarelo echa de menos en el Estado voces del mundo intelectual que apoyen el hecho democrático.

Ramon Cotarelo habló de manipulación de los medios y de una política del Estado hostil que hace que la gente en el resto de España, en general, no se entere de lo que pasa en Cataluña. Se preguntó por qué no hay, o no se dejan ver los intelectuales que tienen una opinión más democrática, abierta a que los catalanes puedan decidir mediante los votos. E incluso dijo que de seguir así las cosas, los demócratas de izquierdas españoles deberán exiliarse en Cataluña.

Ramon Cotarelo es autor del libro 'El Estado del bienestar' que fue pionero, ya que avanzaba como la política neoliberal amenazaba el estado del bienestar. En los últimos años se ha posicionado a favor del 'derecho a decidir de los catalanes'. Y no comprende como el Estado hay políticos que defienden el derecho de autodeterminación de los saharauis y no aceptan el de los catalanes.

Hoy, Palinuro en Igualada

Pues sí, en el Auditori Museu de la Pell, a las 11:30 del matí, continúa Palinuro con el discurso que comenzó ayer en Vilafranca, al que asistió mucha gente y fue un éxito. No hay vídeo porque la ANC ya no los hace de sus actos, para evitar luego represalias de las autoridades, al estilo de Santi Vidal. Prudente medida. No hay que facilitar las cosas al adversario

No se tenga cuidado de que, aunque se dé cierta coincidencia de títulos, la xerrada vaya a ser la misma. Ni hablar. Será una continuación y en buena medida versará sobre la muy interesante historia de por qué Madrid acabó siendo la capital de España y examinando qué consecuencias positivas y negativas (sobre todo, negativas), tuvo para la vertebración del país tan disparatada decisión y cómo el mantenimiento de esa decisión tuvo resultados nefastos para Cataluña que se mantienen al día de hoy. Porque aquella decisión no solamente afectaba a las cuestiones de preeminencia y boato -a las que los españoles son muy aficionados- sino también a asuntos de desarrollo e infraestructuras que coartan el desarrollo de los pueblos y sus culturas y economías.

Nada de extraño que la visión del procés desde Madrid sea extraordinariamente hostil.

Nos vemos en el Auditori bajo la ilustrada moderación de Jordi Còdol.

Mañana, Palinuro en Vilafranca

Mañana por la tarde Palinuro estará en Vilafranca del Penedès, invitado por los amigos de la ANC en el contexto de las actividades de Fem Futur. Se trata de una charla sobre el espinoso asunto del título: cómo se ve el proceso independentista catalán desde España. Si alguna vez estuvo justificado que retornáramos a la vieja denominación de las Españas, sería esta porque, no hay una única versión sobre el tema, sino varias. Y enfrentadas. Y tambien son distintas las versiones, según qué grupo las adopte dentro de una misma parte de España. 

En general, la opinión pública, movida o manipulada por unos medios de comunicación que son mayoritariamente nacionalistas españoles es negativa. Empezó siendo de ignorancia. Cuando, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, que daba la puntilla al proyecto de reforma del Estatut de 2006, tomó un nuevo impulso el independentismo que ya no pararía de crecer hasta el día de hoy, siguiendo inveterada costumbre, los medios y los políticos españoles fueron incapaces de calibrar la importancia de este movimiento. Y eso suponiendo que lo intentaran, pues es tal la animadversión a Cataluña de las clases dominantes, la oligarquía tradicional con sus implantes catalanes que normalmente ni se enteran de lo que pasa en el Principado, lo ignoran o lo desprecian. 

De tal modo, cuando el movimiento ha tomado ya un sesgo imparable, con una hoja de ruta a la que le quedan seis meses, el nacionalismo español (el político de derechas o izquierdas, el mediático, el empresarial), ya no se puede ignorar se ha formado un frente nacional de ataque a Cataluña: la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, los Pujol son unos presuntos corruptos, Mas es un psicópata, Puigdemont y Junqueras, dos politicastros, el independentismo es nazismo, Cataluña independiente quedará fuera del planeta tierra, la generalitat incumple la ley, el referéndum es antidemocrático, etc., etc. Es difícil saber cuánta gente cree semejantes paparruchas, pero es la mayoría de la opinión publicada.

Por cierto, hay otras Españas. Los de Podemos, en principio, aceptan el referéndum, aunque solo si es pactado. De sobra saben que el Estado español no lo pactará. Pero algo es algo. También saben en JxS que no habrá pacto, pero están obligados a pedirlo. Y lo mismo debiera hacer la candidatura de Sánchez si quiere instalarse en la izquierda y diferenciarse del nacionalismo español de pandereta y cabra de la legión de la caudilla Díaz. 

Y también hay algunos otros españoles que, sin renunciar a su condición de españoles, apoyan el derecho a decidir de los catalanes y un referéndum pactado. Pero, si no hay pacto, un referéndum unilateral. Pero esos, me temo, se cuentan con los dedos de una mano.

En fin, mañana ens veiem, a las 20:00 en el Forum Berger Balaguer, Rambla de Nuestra Senyora, 6. Vilafranca.

Pase lo que pase en Cataluña

Todo el mundo sabe que este gobierno, por debajo de toda sospecha, y sostenido por el partido más corrupto de la historia de España, no tiene vergüenza. Esa feliz carencia permite a su presidente presentarse en Cataluña con un cesto de promesas iguales a los abalorios con los que los conquistadores engañaban a los indios y les robaban el oro. Lo mismo. Pero los catalanes no son indios y todo el mundo tiene calada a esta tropa de embusteros compulsivos. Precisamente ayer mismo publicaban Puigdemont y Junqueras -que parecen haberse convertido en pareja literaria, al estilo de los hermanos Goncourt- una artículo en El Periódico, Cataluña, Estado por el progreso en el que, por debajo de la ambigüedad del título, dejan claro que la historia de las promesas del Estado en Cataluña es una de incumplimiento tan sistemático que parece una tomadura de pelo. Sostienen que Rajoy solo sería creíble si ofreciera una cláusula contra el incumplimiento. Y lo mismo decía la portavoz del gobierno, Neus Munté. Además de las promesas de abalorios y espejuelos, los gobernantes traen un mensaje envenenado que, como siempre, corre a cargo de la ratita hacendosa, quien aprovechó el tiempo en Barcelona para adoctrinar a sus periodistas unionistas en los medios. El mensaje: separaos de la CUP, que son unos radicales y hablaremos de todo. Obvio. La táctica imperial de siempre: dividir a quienes protestan. Sobre esto, mi artículo de elMón.cat de hoy. Si el bloque independentista cede, será el fin del referéndum y el comienzo de la venganza del nacionalismo español que Puigdemont vaticinaba hace unos días.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Pase lo que pase

A veces, los diálogos son esquinados, no directos y muy poco platónicos. Han sido años de desencuentros, de enfrentamientos entre un gobierno anticatalán en España y uno independentista en Cataluña que han llevado al conjunto del Estado a una situación límite. Ahora, cuando las famosas 46 reclamaciones de Puigdemont fueron rechazadas por Rajoy y la hoja de ruta lleva 2/3 de andadura hacia el referéndum y la posible independencia, una carta conjunta de Puigdemont y Junqueras en El País, que gane el diálogo, que las urnas decidan, con apariencia de ultimátum, pide al gobierno central un referéndum pactado como el escocés y avisa de que, en cualquier caso, el referéndum se celebrará, sí o sí.

El gobierno español no respondió, aunque su vicepresidenta reiteró que no habría referéndum de modo alguno y, para lo demás, disposición al diálogo. El principal partido de la oposición, PSOE, por boca de su comisión gestora provisional pide a La Moncloa que se negocien 45 de las 46 reclamaciones y el referéndum quede fuera. Ese parece, pues, ser el punto de encuentro del nacionalismo español frente al catalán, presidido por un saber convencional mesetario muy arraigado: los catalanes amenazan, pero, si se les ofrecen unas cuantas inversiones –de esas que el Estado lleva negándoles sistemáticamente desde hace años o incumpliendo en sus promesas (que es lo mismo)- se apaciguan y se avienen a razones.

Avenirse a razones, en Román paladino es que se olviden del referéndum y la independencia y que acepten los abalorios que la autoridad central aporta.

Con ese espíritu se persona Rajoy en Barcelona. El mismo Rajoy que pidió –y consiguió- cuatro millones de firmas “contra Cataluña”, el que se negó a todo diálogo con el independentismo, el que reformó el Tribunal Constitucional para usarlo como una porra contra el proceso, el que azuzó a la fiscalía para procesar a los dirigentes y representantes populares catalanes. Nada de eso importa, piensa el hombre, porque trae un cesto cargado de millones para invertir en infraestructuras negados durante años y los catalanes, como siempre, volverán a aceptar vagas promesas a cambio de abandonar la vía independentista.

Complementariamente, la vicepresidenta del gobierno y el aparato mediático de propaganda a sus órdenes trata de dividir el bloque independentista. Su idea es contentar a los sectores moderados (identificados con el PdCat y el empresariado catalán) con sus sempiternas promesas y enfrentarlos con el ala más radical del independentismo, la CUP. Argumenta que es una minoría radical perjudicial para Cataluña y no menciona que, radical o no radical, sin el apoyo de la CUP, el gobierno independentista tiene las horas contadas. Y de eso se trata: de derribar ese gobierno y forzar unas nuevas elecciones que terminarían con la hoja de ruta.

Es una operación de compraventa en la que, como siempre, la compra será todo y la venta, nada.

Rajoy ha declamado su política de aparente generosidad ante un auditorio bastante entregado, aunque semivacío, sin asistencia de ningún miembro del gobierno catalán, en justa correspondencia a los desaires que los catalanes reciben cuando van a Madrid. Varios empresarios y correligionarios ideológicos y algunos curiosos interesados del ámbito municipal. Los independentistas le han dejado tiempo para leer un artículo publicado en El periódico, Catalunya, Estado por el progreso, en el que aclaran la ambigüedad del título. Su punto central, sostenido luego por Neus Munté, portavoz del govern, es que las promesas de inversiones ya no engañan a nadie, que carecen de credibilidad y, por tanto, ya no son suficientes para detener la hoja de ruta, que es su único objetivo. Añaden los autores que, en tanto la situación siga siendo la que es, atenderán a las promesas de inversiones del gobierno español, siempre injustamente postergadas o negadas. Reiteran que pase lo que pase (una nueva ambigüedad que enlaza con el título), serán responsables en la administración de los recursos que reciban. Son consideraciones fundamentalmente dirigidas al empresariado catalán, inquieto por el efecto del choque de trenes en las cuentas de resultados. Pero dejan abierta una duda que puede tener consecuencias explosivas: ¿y si esta vez las promesas se cumplen y el gobierno central acepta la cláusula “anticumplimiento” que pide Munté? ¿Se desactiva el proceso? ¿Qué hay del referéndum?

Es cuestión que afecta directamente al apoyo de la CUP al gobierno de la Generalitat. A primera vista este tiene una difícil tarea: navegar un curso propio entre la Escila de vender el referéndum por un cesto de promesas de inversiones del gobierno central y la Caribdis de realizar el referéndum a toda costa que exige la CUP y abre un periodo de incertidumbre alimentado por las apenas veladas amenazas de Rajoy.

La CUP no es solamente un aliado incómodo. También es una buena ayuda para seguir negociando con el gobierno central el referéndum, al que no afectará en absoluto que, además, por fin, ese gobierno cumpla sus compromisos anteriores con Cataluña.

Algo debe quedar claro: si el gobierno central consigue enfrentar a la CUP con JxS a cuenta de las promesas y el referéndum, no habrá referéndum, las promesas quedarán como siempre en nada y los procesados seguirán siendo procesados.

Y se cumplirá el vaticinio de Puigdemont de la venganza del Estado.

Rajoy responde a la carta de Puigdemont y Junqueras

Esta vez, Palinuro se ha ahorrado su semanal artículo y se ha limitado a transcribir una carta respuesta a la de El País que le ha enviado Presidencia del gobierno para publicación en algún periódico catalán. Y así, ha cedido su lugar para que el presidente responda a la carta de los gobernantes catalanes. Entre bromas y veras y con su peculiar forma de ver las cosas, Rajoy sintetiza el grueso de los argumentos del nacionalismo español en contra del referéndum. Aquí va la versión castellana:

Respuesta de Rajoy a la carta catalana.

Estimados presidente y vicepresidente: muchas gracias por su carta publicada en El País, diario de mi máxima consideración, aunque no tanto como El Marca. Proponen ustedes en ella por enésima vez un referéndum pactado, siendo así que ya les hemos avisado la vicepresidenta y yo que de referéndum, nada. Ni pactado ni sin pactar. Aquí no habrá referéndum. Cuando les ofrecimos iniciar un diálogo, llegando, incluso a abrir un despacho dialogante de la vicepresidenta en Barcelona, quedaba ya claro que el diálogo tenía como tope la unidad de España contra la que atenta su referéndum.

Insisten ustedes en argumentar el caso de Escocia como la única baza de que disponen para su desmesurada pretensión. Parece mentira que no se hayan dado cuenta de lo que he visto hasta yo: que Cataluña no es Escocia. Ni España el Reino Unido. En España un referéndum es ilegal y, por ende, inconstitucional. Sospecho que en el Reino Unido, también. Pero allí, con eso de que no tienen Constitución escrita se permiten ciertos lujos que no voy a calificar. En España, la ley se cumple. De eso estoy encargado yo por voluntad de los españoles, entre ellos muchos catalanes. La mayoría silenciosa y no hace falta contarla. Se ve en la calle. Resumiendo y para entendernos: no hay referéndum porque no.

No soy un legalista estrecho. Estoy dispuesto a reconocer el carácter político de sus pretensiones y a sentarme a negociar sobre ellas en el marco de la Constitución. Incluso a abordar la reforma de esta. Es el camino para las discrepancias políticas en un Estado de derecho. Lo que no sea eso será un golpe de Estado propio de fascistas, de lo cual sabemos mucho en el PP,y no lo toleraremos. Para las de derecho común, los tribunales ordinarios. La causas contra cargos públicos independentistas no lo han sido por sus ideas, sino por sus actos presuntamente contrarios a la ley. Que estos casos coincidan con independentistas es una casualidad.

En el marco de la Constitución me encontrarán ustedes. Propongan una reforma del texto del alcance que les plazca y, si se aprueba por los cauces debidos , podrán ponerla en práctica. Me dirán que eso es imposible y casi una burla, dado el carácter minoritario de Cataluña en el conjunto del Estado, pero esa es una realidad ajena a nuestras voluntades. Consigan apoyo mayoritario en España a su propuesta de reforma constitucional y no harán falta cartas.

Parecen haber pedido permiso al presidente del Senado, Pío García-Escudero para pronunciar la conferencia que ya han dado ustedes en otro lugar. Pío es autónomo, por supuesto, y él decidirá pero, si fuera yo, no la autorizaría por una razón de respeto a la cámara. Al Senado se va con un discurso original, nuevo, inédito, no con un refrito, ensayado para otros auditorios.

Afronten ustedes su responsabilidad como gobernantes de una Comunidad Autónoma y resuelvan los problemas de sus administrados, que no son de banderas. Son ustedes parte de esta gran nación que es España. Sean leales al esfuerzo común y sigan contribuyendo al engrandecimiento de nuestra patria. Todos los españoles están agradecidos a la solidaridad catalana y orgullosos de ser sus compatriotas. Y, para demostrarlo, visitaré Cataluña próximamente con un plan de inversiones en infraestructuras que siempre proponemos y nunca cumplimos porque sabemos que ustedes los catalanes se avienen a razones cuando se trata de dinero, sobre todo si es el suyo.

Lamento que el resumen de mi respuesta haya de contabilizarse en la columna del “no”. No ha lugar a negociar referéndum catalán alguno porque, como explica con su habitual brillantez la vicepresidenta, el gobierno no puede negociar con lo que no está en su mano conceder, que es saltarse la ley. Ni más ni menos. No es un desaire. Es una necesidad.

No hay otra vía pues cualquier otra apunta directamente a la legislación de excepción. Obviamente no queremos recurrir a ella por una cuestión de imagen. Pero, si ha de hacerse, se hará, y no nos temblará el pulso, pues contaremos con el apoyo de los demás partidos, PSOE y C’s, tan españoles como nosotros, aunque estén en la oposición. Estamos seguros de que la UE entenderá la necesidad de hacerlo. Y, si no fuera así, habiendo quedado todo “atado y bien atado” desde los tiempos de aquel caudillo cuya memoria quieren ustedes mancillar, sabremos prescindir de una Europa que no nos quiere como somos.

Al fin y al cabo, más se perdió en Cuba.

Parecidos de ida y vuelta

Que Cataluña y España evolucionan en sentidos muy distintos se echa de ver con cada nueva noticia del ámbito público. El sistema político catalán es más matizado y complejo que el español, lo cual obliga a interpretar lo que allí sucede teniendo en cuenta factores propios, diferenciales. Por ejemplo, al hablar de "izquierda", la catalana está dividida básicamente en dos bandos (a su vez con diferencias en sus respectivos interiores), uno independentista y otro no necesariamente independentista pero partidario del referéndum. Los dos son izquierda catalana, por supuesto. 

La parte no (oficialmente) independentista incluye Podem, la versión local de Podemos y prácticamente idéntica a él. Los mismos usos, discursos y resultados. Las asambleas toman las decisiones; como en Madrid. Las toman unos porcentajes de voto francamente ridículos, tan bajos que convierten casi en cómica la gravedad con que se invoca el principio rousseauniano de que cada ciudadano (o militante, o comunicante por internet) pueda expresar su opinión. El 7,5% del censo de Podem se ha dado a sí mismo con la puerta en las narices al tratarse del ingreso en el nuevo partido liderado por Colau (que no es de Podem) y Doménech (que sí lo es), En Comú. Los responsables, incrementan tan escuálido dígito elevándolo a un 11,3% a base de restringir el cuerpo electoral a los "militantes" activos, entendiendo por tales los que en el pasado hubieren interactuado con la organización por las redes.

Este resultado plantea la cuestión de cómo quedará Podem si no se integra en el otro partido. Una reserva que recuerda los reparos y amarguras de la integración de IU en un Podemos triunfante. Pero esto es Cataluña y Podem es resistente y poco más. Resta por saber si la dirección de Podemos, al final, impone la integración por intervención personal del líder, recientemente reconsagrado, como sucedió en Galicia. Cualquier cosa que se haga generará agravios comparativos en una organización que los conoce de todos los colores.

Podemos no es propiamente un partido. Ni siquiera una asociación, pues carece de toda razón objetiva que no sea puramente negativa, de cualquier concepción unitaria. La decisión catalana no se verá con buenos ojos, ya que se verá como una prueba más de ese carácter fragmentario que es lo más opuesto a la idea de partido-instrumento de raigambre leninista cara a la dirección.

Nada nuevo

Puigdemont y Junqueras se han asomado a la tribuna de El País para decir lo que llevan meses diciendo y reiterarlo con razones que llevan años esgrimiendo. Nada nuevo de su parte. La diferencia es que ahora lo dicen desde El País con lo que ya no queda más remedio en España que darse por enterados. Cosa hasta ahora evitada por cuanto los medios ocultaban o desfiguraban sistemáticamente la realidad catalana; entre ellos el propio El País. El diario parece estar reconsiderando su actitud, a la vista de la importancia de la cuestión. Pero le sale su resabio nacional-español con esa entradilla de El desafío soberanista.

Si el presidente del gobierno deja El Marca y lee El País encontrará un resumen preciso y claro de la situación a la que, quiera o no, deberá hacer frente. Aunque en su insólita soberbia, animado por el reciente desarme de ETA, es capaz de pensarse Gregorio VII haciendo esperar de rodillas a las puertas de Canossa al emperador arrepentido. Será magnánimo, solo exigirá tres días de rodillas en la nieve o viendo partidos de fútbol. Pero es preciso el arrepentimiento. Ahí está el problema. Los dos firmantes del artículo-manifiesto no están arrepentidos de nada. Al contrario: piensan seguir con la hoja de ruta. 

Por eso es muy de señalar la lamentable situación de Rajoy: no puede gobernar porque la oposición no le deja, pero tampoco puede convocar elecciones anticipadas porque Cataluña necesita un interlocutor. No otro duelista, como parece pensar El País, sino un interlocutor, alguien que se siente en la mesa de negociaciones en la que están sentados desde hace meses los dos firmantes del escrito. Alguien con autoridad. No con autoritarismo.

Los dos frentes

El analista político español, si quiere atender a su oficio, acaba esquizofrénico. Vive en un país que, en realidad, es dos y mal avenidos. En cada uno de ellos, la dinámica política es distinta, los objetivos, los intereses, los partidos, hasta las palabras tienen diferentes significados: nación, soberanía, pueblo, democracia, ley, etc, términos esenciales en la política. Así son las cosas: dos realidades, dos países y menos mal que explícita o implícitamente se reconoce pues, hasta hace poco, el gobierno de España consideraba que el movimiento independentista catalán era una algarabía. 

Dos realidades, dos países que, además, en buena medida, se ignoran entre sí, al menos por la parte española. No estoy nada seguro de haber visto esta noticia de elMón.cat en ningún periódico español. Y tiene su importancia. El presidente saliente del Tribunal Constitucional reconoce que el conflicto catalán no puede resolverse en el marco de la Constitución que él estaba hasta hace poco encargado de interpretar. Hay que acudir, añade, al diálogo político, vulgo, negociación, eso de lo que Rajoy no quiere oír hablar. 

Por cierto, esta lúcida doctrina podría haber orientado sus decisiones en el Tribunal, en lugar de prestarse a servir de brazo ejecutor de la política del gobierno sabiendo, además, que era contraproducente. Y tanto más lamentable cuanto que descarga su conciencia en su alocución de despedida.

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

Si Mas fuera escocés

Al día siguiente de conocerse la recomendación de la comisión del Consejo de Europa de reconducir la reforma de la LO del Tribunal Constitucional a los términos de la apariencia, cuando menos, del Estado de derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación y una elevada multa, haciendo lo mismo en congruas partes con las señoras Rigau y Ortega, todos tres por desobediencia. Absueltos del delito de prevaricación.

Se trata de una condena por unanimidad, para dar idea de fuerza, pero de mínimos para darla de magnanimidad. Tan mínimos que el fiscal sopesa la posibilidad de recurrirla pidiendo condena por prevaricación. El carácter mínimo de la pena es una implícita confesión de inquietud ante la naturaleza del proceso mismo. Un proceso político contra el independentismo disfrazado de procedimiento judicial. Proceso político/proceso jurídico son los términos del conflicto, por lo demás irresoluble porque lo que es para unos no lo es para los otros.

Aparte de los argumentos técnicos, hay un dato fuerte a favor de la tesis del proceso político: es insólito que el gobierno de una CA arrostre un proceso penal por razones estrictamente políticas. Por razones de derecho común hay algún presidente autonómico en la cárcel. Pero eso es otra cosa. Y todavía más insólito que, siempre por razones políticas, se esté dispuesto a llevar el asunto hasta Estrasburgo, un paso más en la internacionalización del conflicto, que es un objetivo del independentismo. Pero la de mayor calado es la necesidad que se dará de seguir inhabilitando cargos públicos que, a su vez, como señala la comisión del Consejo de Europa, quizá no acepten la inhabilitación. Y es la de mayor calado porque la alternativa a inhabilitar series enteras de cargos públicos de la Generalitat es recurrir a la legislación de excepción, cosa que ya advierte el gobierno.

Al propio tiempo se da la noticia de que Escocia pedirá permiso de nuevo a Westminster para hacer un segundo referéndum en la patria de John Knox. Si Mas fuera escocés, tendría el asunto fácil: encabezaría el movimiento por la independencia de Escocia, habiendo antes vencido la muy previsible resistencia de la primera ministra, May que, sin embargo, tiene poca fuerza dado el precedente que sentó Cameron. Y obtendría la independencia o se repetiría el resultado negativo del referéndum anterior. En democracia nunca se sabe cómo van a salir los referéndums.

Pero Mas no es escocés ni España, el Reino Unido. Aquí se dijo desde el principio que no al derecho de autodeterminación de los catalanes porque no, por asunto de principios. Frente a esta negativa, de nada sirven los ejemplos escocés o quebequés, precisamente porque es un asunto de principios: no, porque no. Los dos argumentos esgrimidos hasta la saciedad por Rajoy no son serios: uno es el de la igualdad de todos los españoles que es, simplemente, mentira: el otro, que no se negocia con la soberanía del pueblo español que es, simplemente, falso pues nadie pide eso, sino que el soberano pueblo español -a través de sus representantes o a iniciativa propia- negocie la soberanía del catalán. Los castellanohablantes harían lo mismo si en la península fueran los catalanes quienes predominaran como ellos lo hacen ahora.

Esa sentencia pone el proceso independentista en un camino de no retorno, dado que lo más lógico es pensar que no habrá referéndum pactado. Pero lo irresponsable no es la sentencia sino el procedimiento en sí.

López quiere "parar máquinas"

A buenas horas, mangas verdes. A cinco meses de la realización del referéndum en Cataluña, el candidato a la SG del PSOE, Patxi López, visita Cataluña. se asusta y empieza a decir que hay que parar máquinas ante del choque de trenes para darnos tiempo y encontrar una solución. Sobre eso, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Parlar per parlar. Cuando el independentismo lleva años pidiendo diálogo y negociación sin obtener otra cosa que burlas, desplantes, silencios y un cierre total, ahora que ya la cuestión nos aboca a una confrontación, se acuerda el vasco de la necesidad de "ganar tiempo" para encontrar una solución. Rápido no es el pavo. A lo mejor por eso se presenta candidato al PSOE. En la misma tónica, aunque con varios grados más de estupidez, la vicepresidenta del gobierno advierte de que la aprobación de la vía rápida de la desconexión en la mesa del parlamento es una huída hacia delante y que la Generalitat vive "una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes". De catalanes sabe este gobierno mucho. No en balde su partido gobierna en un municipio de los 900 que hay en Cataluña; un conocimiento que puede medirse en un 1/900 de la realidad catalana. Abrumador, como siempre con la derecha. No se preocupen López y Sáenz, Sáenz y López. La hoja de ruta irá adelante y los catalanes conseguirán ser lo que quieran ser gracias a su propio esfuerzo. Ojalá los españoles pudieran decir lo mismo.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Hablar por hablar

En su precampaña a las primarias del PSOE, Patxi López ha hecho escala en Cataluña y ha hablado de la “cuestión catalana”. Muy típico de los políticos españoles: hablar de Cataluña cuando están en ella, pero nada más. El resto del tiempo, cuando están en España, es como si Cataluña no existiera. Creen que pueden proponer un futuro para el conjunto del país sin contar con los catalanes. Grave error.

En Cataluña se hacen las propuestas y en Cataluña se quedan sin que nadie las recoja o actúe en consecuencia. López vino a Cataluña a decir que es preciso parar las máquinas para evitar el choque que muchos vaticinan y darse tiempo para buscar una solución. Parece una actitud equidistante, arbitral, prudente, respecto a dos partes en igualdad de condiciones. Solo que no están en igualdad de condiciones. La hoja de ruta, las máquinas son la única garantía con que cuenta el independentismo, su única posibilidad de imponerse. Si las para, desaparece.

En el gobierno central hay más opciones. Además de las máquinas que puede parar (los procesos judiciales, por ejemplo) puede poner en práctica medidas políticas y abrir vías de negociación, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero eso es asunto suyo.

El alcance de la petición de López de “parar máquinas” se observa en su propuesta de reconocer a Cataluña como nación “cultural”. Un verdadero anacronismo, poco atento al estado de las posiciones hoy día en un proceso de crisis constitucional. Reconocer una evidencia para no reconocer una necesidad: que Cataluña es una nación política y que la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010 es un disparate jurídico y un abuso político.

Parar las máquinas para negociar es algo que el nacionalismo español debió hacer mucho antes de la actual hoja de ruta, quizá a raíz de aquella sentencia o de las reacciones posteriores. Pero, para eso, se hubieran necesitado dirigentes capaces de comprender lo que estaba pasando.

Sin duda, el gobierno central tiene muchas máquinas para parar. Los procesos judiciales los primeros, sobre todo porque no son tales, sino puros juicios políticos disfrazados de actos jurídicos. Las presuntas actividades de guerra sucia del Estado contra el independentismo y contra personas en concreto. La política de recentralización del Estado y estrangulamiento de la autonomía catalana.

La cuestión es qué implica el “parar máquinas”. No puede ser aplazar el referéndum porque es el compromiso de la mayoría parlamentaria catalana. En el nacionalismo español se argumenta que no es posible negociar nada cuando una condición inexcusable es la realización del referéndum o referéndum “sí o sí”. Pero no se ve por qué esta posición ha de ser más inadmisible que la contraria, la que pone como condición inexcusable la no realización del referéndum o referéndum “no o no”. De no darse esta negativa cerrada, bien podrían pararse las máquinas siempre y cuando fuera para establecer la fórmula de un referéndum pactado.

De no ser así, la petición de “parar las máquinas” es completamente irrealizable. Una de las partes, la catalana, no puede y la otra no quiere. Al carecer de toda voluntad de entendimiento con Cataluña, se cierra en una actitud intransigente, avisando de que, según se desarrollen los acontecimientos, se aplicará la legislación vigente. No hay un problema político; hay un problema judicial y de orden público. La parsimonia del gobierno central en todo lo referente a Cataluña apunta a la voluntad deliberada de dejar que los acontecimientos lleguen a la confrontación institucional y ver a continuación, que vía represiva resulte la más adecuada según sea la reacción.

Ante la parálisis del nacionalismo español, la iniciativa cae de nuevo del lado del independentismo. La mesa del Parlament da vía libre a la tramitación de urgencia de la ley de desconexión. La vía está abierta, el referéndum espera. El Estado solo puede prohibirlo y la cuestión será qué reacción tendrá la sociedad catalana ante la enésima prohibición arbitraria y despótica.

La destrucción de España

Al final tendrá razón el procesado Homs en su vaticinio del fin del Estado español. A estas alturas, las mentes más lúcidas dan el referéndum por inevitable y, con ellas, mucha otra gente, aunque no lo diga. No está mal para un problema que hace dos o tres años no existía o era una mera algarabía, según el muy previsible Rajoy. Pero ya es poco. La cuestión es si, a fuerza de no transigir, no negociar, no dialogar, no proponer nada, el nacionalismo español, carente de toda iniciativa, ha hecho inevitable también la independencia de Cataluña.

Voluntad catalana no falta y la hoja de ruta de JxS con el apoyo de la CUP propone un escenario de confrontación total de aquí a breves meses. Se asume que el Estado intervendrá la autonomía catalana y que en Cataluña habrá una reacción. A partir de aquí, el territorio no está cartografiado.

El problema de fondo es la falta de proyecto del nacionalismo español, incapaz de proponer nada salvo la continuidad de una situación que disgusta a todos. Falta el proyecto porque falta el nacionalismo que ha de empujarlo. El franquismo, al apropiarse durante 40 años de dictadura los significados nacionales, deslegitimó de tal modo el nacionalismo español que este debe de ser el único en el mundo cuyos seguidores afirman siempre no ser nacionalistas de nada.

Franco murió, cierto. Pero el franquismo sigue, los franquistas siguen. Los gobernantes del PP, un partido fundado por seis ministros de Franco, nunca han repudiado de modo solemne y convincente la dictadura de la que provienen. Les van en ello intereses ideológicos y materiales considerables. Los últimos, sobre todo, unen mucho. Para formar esta clase gobernante que, como dice García Montero tiene como único negocio el Estado. Así ha sido siempre con la oligarquía española ya desde el Siglo de Oro, una clase de parásitos que vive a costa del Estado hasta que lo arruina. 

No solamente no condenan el franquismo sino que lo conservan, amparan y protegen. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Garzón y otros de remover los huesos del tirano del Valle de los Caídos. Léase el atinado artículo de Carlos Hernández ¿Democracia franquista? El franquismo sigue vivo. Entre nosotros. A tiro de piedra del otro monumento imperial español, el Escorial, este innoble memorial fascista es una especie de símbolo del arco vital español, el alfa y el omega de España: del Escorial al Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava de presos políticos.

Es poca la legitimidad de que puede tirar el nacionalismo español a la hora de proponerse frente al catalán. Y queda reducida a la nada cuando coincide con las peripecias procesales de un verdadero laberinto judicial de casos de corrupción que muestran cómo los franquistas herederos de los franquistas siguen considerando que el Estado es suyo y sirve para enriquecerse por todas las vías, legales e ilegales. Y, con la corrupción, los privilegios de los corruptos que todavía hieren más a la opinión pública. La sentencia del caso Noos muestra una justicia sometida al poder político.

Los privilegios de la Casa Real escandalizan (seguimos sin saber nada del origen de la fortuna de Juan Carlos, de 2.000 millones de dólares) en verdad porque es la Casa Real. Pero privilegios hay continuamente a lo largo de esta aventura. El mismo presidente que está hablando siempre del cumplimiento de la ley tiene el privilegio de haber estado cobrando presuntamente jugosos sobresueldos de un caja B; el mismo que habla de la igualdad de todos los españoles tiene a su padre gran dependiente a cuenta de los dineros públicos, esos que dice el hijo que no dan para los demás dependientes.

Y de privilegios va la Iglesia católica, verdadero Estado dentro del Estado, infiltrada en todos los poderes públicos, especialmente el judicial, así como en una densa red de instituciones sociales de todo tipo. Además de franquista y, por ende, corrupto, el gobierno es también clerical con puntos de nacionalcatolicismo

Añádase a todo ello el aparente recurso del Estado a la guerra sucia, que se evidencia en la Operación Cataluña y ya se habrá llegado a la conclusión de por qué el marasmo actual de España propicia la independencia del Principado. En ese marasmo, nadie se atreve a poner coto a los desmanes de esta oligarquía corrupta, expoliadora, clerical y franquista excepto el independentismo catalán. Casi como si la oposición a la oligarquía se hubiera territorializado en Cataluña. Y como la reacción acabará siendo la fuerza bruta, terminarán votando por la independencia hasta los catalanes no independentistas.

Juzgan ideas, como siempre

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Què es jutja? sobre la interesante cuestión de qué se juzga en el Tribunal Supremo (Homs) y el Superior de Justicia de Cataluña (Mas, Rigau, Ortega), si la comisión de unos supuestos delitos de desobediencia y prevaricación o unas ideas políticas acerca de la independencia de Cataluña y su posible forma republicana de gobierno, esto es, si es un proceso judicial o político. Desde el punto de vista de Palinuro es un proceso político, incluso inquisitorial, para seguir con las gloriosas tradiciones de la patria. De eso se habla en el artículo, cuya versión castellana viene a continuación:

¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, RIgau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.

Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.

La concordia por whatsapp

Acontecimiento de primera magnitud, el Mobile World Congress, una feria internacional de tecnología móvil que reúne a más de 100.000 participantes. Un momento único para que los usuarios de lo digital, los blogueros, los internautas, los administradores de redes, los tuiteros en todas sus ya diversas manifestaciones, intercambien información e ideas, incorporen novedades, reprogramen. De no ser en Barcelona, no me la hubiera perdido. Otra razón para envidiar a los catalanes que siempre montan estos acontecimientos rompedores, mientras aquí, en la corte, tenemos ARCO.

El evento atrajo una representación de las fuerzas e instituciones del Estado en la parte más conflictiva de este, Cataluña. El Rey y la virreina o vicepresidenta del gobierno central. Del lado catalán, Puigdemont, un descorbatado Junqueras, Forcadell y Colau. Ignoro si en los séquitos había alguien que entendiera realmente de móviles. Pero eso es indiferente. No estaban allí como usuarios directos de estas tecnologías sino como representantes políticos. La presencia del jefe del Estado testimonia la gran importancia que la autoridad concede a las llamadas TICs. La de la vicepresidenta del gobierno personificaba el nuevo espíritu de diálogo, cuyos efluvios llegan a Cataluña en forma de interesantes entrevistas que Sáenz de Santamaría celebra de vez en cuando con cargos de diversos gobiernos locales y solo ahora medita incluir en tan laudable actividad al gobierno de la Generalitat.

El día anterior, en una cena -esta gente pasa la vida entre cenas, galas y festejos- el rey pidió colaboración leal entre las administraciones. Hasta ahí llega el compromiso del monarca con las aspiraciones de los catalanes que, mientras las cosas no cambien y mucho, son tan súbditos suyos como los extremeños. Tiene gracia, además, que estas invocaciones se hagan siempre dirigidas a unas administraciones más que a otras. Felipe VI no se acuerda de la colaboración entre administraciones cuando habla en Madrid.

Claro, a su lado vigilaba la temible vicepresidenta del gobierno, dispuesta a imponer su forma de diálogo, consistente en un enunciado seco y negativo: "referéndum, no". Escaso es, por tanto, lo que la parte española puede aportar a diálogo o negociación algunos. Y tampoco la otra parte, la catalana, parece propensa a la comunicación en los casi infinitos campos de la actividad humana que no estén relacionados con su rotunda posición de "referéndum, sí". Si son políticos que van a un acto de tecnologías que no controlan y no hablan de política, ¿de qué hablan? De nada, claro. Y de ahí esa foto que parece un funeral con gente cariacontecida excepto el payo de segundo plano que parece haber reconocido a un pariente del pueblo. El humor lo pusieron los del Mundo Today avisando de que el Mobile World Congress era un caos porque sólo había un enchufe para cargar el móvil.

La realidad era que ese encuentro de reyes, gobernantes, autoridades estaba a la sombra de un acontecimiento que se producía a 600 kilómetros de allí: la comparecencia de Francesc Homs ante el Tribunal Supremo, acusado de desobediencia y prevaricación por la convocatoria del 9N. Un hecho tan insólito que llevó a Homs a decir que, si hay sentencia por el 9N será "el fin del Estado español". Era el titular de El País. Al ver en la crónica, sin embargo, que Homs hablaba del "fin del Estado de derecho en España", Palinuro publicó un post, Por la tremenda, entendiendo que El País manipulaba la información. Y no era así, Homs habló del "fin del Estado español". Procede, pues, disculparse ante el periódico.

Los juicios por el 9N son un auténtico disparate. Para refutar el argumento de que se trata de juicios políticos se señala que la acusación es desobediencia, no por razones políticas o ideológicas, porque los acusados sean independentistas. Pero desobediencia ¿a quién? Al Tribunal Constitucional y a su prohibición de adoptar medidas independentistas. Lo que se prohíbe es el independentismo. Es un intento de disimulo ridículo: se judicializa un proceso político pero luego se utiliza políticamente a los jueces.

En esas condiciones de diálogo efectivamente bloqueado, procesos abiertos, otros por abrir, quizá docenas, cientos, si entran en danza las autoridades municipales, y con una hoja de ruta que fija un referéndum en menos de siete meses, no están los ánimos para muchas celebraciones, como puede verse en la foto del Congreso Mundial de Móviles.

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue entrecomillando, es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

Operación diálogo

El nuevo talante abierto y negociador del gobierno central en relación a Cataluña está dando resultados óptimos. Basta con ver la foto. Siempre se acusa a los políticos de ser falsos y ocultar sus fracasos y traiciones tras exageradas sonrisas. Esta imagen prueba que aquí de falso no hay nada. Los gestos retratan el alma. La virreina a la izquierda no solo alza la cabeza por exigencia física de las respectivas estaturas, sino también como gesto de imperio que espera sumisión. Los gestos de los otros dos reflejan los momentos por los que pasan: la señora Forcadell, ya procesada, puede serlo por segunda vez y el señor Junqueras acaba de firmar una comunicación del TSJ, dándose por enterado de que la decisión del Parlament de convocar un referéndum es ilegal.

Como diálogo, todo un éxito.

La composición en sí misma es un poema. Ignoro si la centralidad de Junqueras se atiene al protocolo, incluso si ha lugar aquí a aplicar protocolo alguno. Desde el punto de vista gráfico, la imagen tiene un lejano eco de retablo medieval. La figura del centro, de dimensiones mayores en comparación con los paneles laterales parece considerar con la mirada puesta en el espectador, aunque perdida, de qué lado inclinarse, si el bien o el mal, el vicio o la virtud. Estas dos opciones, a su vez, cruzan sendas miradas entre sí que sin duda, hablan de cómo prospera el diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. Un camino de rosas.