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viernes, 16 de junio de 2017

Los otros cuarenta años


Dejo aquí el vídeo del programa de HispanTV sobre el tema del día por la efeméride: 40 años de las primeras elecciones democráticas después de 40 años de una dictadura que quizá sea el episodio más humillante de la historia de este país. Y las llamamos "democráticas" por generosidad léxica porque se celebraron en condiciones muy problemáticas e importantes para el principio de igualdad de oportunidades; y con unas restricciones que socavaban su legitimidad democrática, al no poder presentarse una serie de opciones de la izquierda. Con todo, las hubo y tal fue el tema de la tertulia política con Victor Arrogante, Ángeles Villacastín y Willy Meyer. Debate interesante en el que se contrastaron opiniones sobre una base de acuerdo crítico generalizado. Descubrí una metáfora de la transición que pienso seguir utilizando y someto a consideración del(a) lector(a): la transición es el periodo entre dos amnistías: aquella por la que los asesinos se amnistiaron a sí mismos en 1977 y aquella otra por la que los ladrones también se amnistiaron a sí mismos en 2012.

jueves, 16 de marzo de 2017

Los dos frentes

El analista político español, si quiere atender a su oficio, acaba esquizofrénico. Vive en un país que, en realidad, es dos y mal avenidos. En cada uno de ellos, la dinámica política es distinta, los objetivos, los intereses, los partidos, hasta las palabras tienen diferentes significados: nación, soberanía, pueblo, democracia, ley, etc, términos esenciales en la política. Así son las cosas: dos realidades, dos países y menos mal que explícita o implícitamente se reconoce pues, hasta hace poco, el gobierno de España consideraba que el movimiento independentista catalán era una algarabía. 

Dos realidades, dos países que, además, en buena medida, se ignoran entre sí, al menos por la parte española. No estoy nada seguro de haber visto esta noticia de elMón.cat en ningún periódico español. Y tiene su importancia. El presidente saliente del Tribunal Constitucional reconoce que el conflicto catalán no puede resolverse en el marco de la Constitución que él estaba hasta hace poco encargado de interpretar. Hay que acudir, añade, al diálogo político, vulgo, negociación, eso de lo que Rajoy no quiere oír hablar. 

Por cierto, esta lúcida doctrina podría haber orientado sus decisiones en el Tribunal, en lugar de prestarse a servir de brazo ejecutor de la política del gobierno sabiendo, además, que era contraproducente. Y tanto más lamentable cuanto que descarga su conciencia en su alocución de despedida.

domingo, 18 de diciembre de 2016

Vuelve la trampa saducea

Prefiero esta expresión antes que la manida referencia al lampedusismo de esta propuesta de reforma. Sí, la expresión que revitalizó Torcuato Fernández Miranda al inicio de la Transición. Porque esta iniciativa de poner en marcha una reforma de la Constitución vigente es como una máquina del tiempo. Nos lleva hacia atrás. Y a cometer los mismos errores que en la Transición.

En efecto, el primero de todos fue aceptar que unas Cortes elegidas como ordinarias, se autodesignaran constituyentes, sin un mandato popular expreso en ese sentido. La Constitución fue obra de un cuerpo legislativo no constituyente sino constituido y de acuerdo, parcialmente, con una legislación que él mismo derogaría. El poder constituyente de aquellas Cortes era el franquismo y así puede verse en la edición príncipe de la Constitución, que luce el escudo franquista. La situación es muy parecida. Unas cortes elegidas el pasado 26 de junio en unas elecciones generales ordinarias se autodeclaran constituyentes por cuanto encaran la reforma de una Constitución que, según ella misma admite y regula, puede ser total sin que ninguno de los partidos llevara este propósito en su programa. Es decir, como las Cortes de la transición, abordan una acción para la que están legitimadas, desde luego, pero para la que no tienen un mandato expreso del pueblo. Ese en el que, según se dice, reside la soberanía.

El debate puede iniciarse, máxime si, como según parece, ya han acordado sus límites los dos partidos dinásticos. No servirá para gran cosa, salvo para tener entretenidos a los medios y los auditorios con cuestiones bizantinas y soslayar los problemas reales e inmediatos, el primero de los cuales es la llamada cuestión catalana. Desde el momento en que el referéndum y la autodeterminación quedarán excluidos, los independentistas perderán interés en la quisicosa y proseguirán con su hoja de ruta, cuya realización hará saltar por los aires la reforma por irrelevante. También fuera, según parece, queda la conservación de la Monarquía frente a la reivindicación republicana. Otra exclusión que también afecta a Cataluña porque el independentismo es republicano. Y de tocar el estado de privilegio de la Iglesia católica, de Estado dentro del Estado, ni se mencionará.

La reforma de la Constitución es hoy necesidad sentida por todos los partidos, incluido el PP, cuya respuesta a la iniciativa reformista fue siempre negativa, a pesar de tratarse de un texto que un buen puñado de sus fundadores rechazó en la votación originaria. Se quiere una reforma cosmética, que no afecte a los cimientos de la Constitución, que se limite a tocar aspectos parciales como el Senado, el régimen autonómico, quizá el sistema electoral, el título relativo a derechos y algunas cosas más.

Sin embargo, la actual crisis institucional parece exigir una reforma de mayor calado porque lo que está en cuestión, precisamente, son los fundamentos de la Constitución. Sería mucho más práctico y honrado con los ciudadanos disolver estas Cortes y convocar elecciones constituyentes, a las cuales los partidos presentaran sus programas específicos de reforma constitucional. De modo que ningún partido ni propuesta se vea sometida a la trampa saducea de rechazar una reforma por la que sin embargo aboga.

Esa convocatoria cogería al PSOE en el marasmo. Pero podría recomponerse rápidamente si la izquierda fuera capaz de ponerse de acuerdo en un programa electoral que incluyera la plurinacionalidad del Estado y la forma de ponerla en práctica, empezando por la realización de un referéndum contra la cual no hay razones válidas. Si, además, vamos al referéndum sobre República/Monarquía y la situación de la Iglesia, miel sobre hojuelas.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Reforma o revolución

Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "Café pa tós" una altra vegada. Versa sobre cómo se ha celebrado el aniversario de la Constitución de 1978 de una forma peculiar: en Cataluña, más de 300 municipios han considerado que no había nada que celebrar y un par de cientos de patriotas españoles, con la bicolor a cuestas, se han paseado por alguna céntrica calle de Barcelona. En España todos los que la celebran piden su reforma y algunos hasta su derogación. Incluso Rajoy y el PP admiten la posibilidad de que este texto sacrosanto (en contra del cual votaron sus predecesores ideológicos franquistas) se revise siempre y cuando sea por la mínima y sin abrir expectativas peligrosas que, para la derecha, son todas. Así pues, la reforma de la Constitución que ayer se celebró es deseo generalizado. Mi artículo sostiene que esa repentina fiebre reformista, azuzada en buena medida por el inesperado renacimiento de una conciencia nacional andaluza que, como el Guadiana, aparece de vez en cuando, lo que busca es enredar otra vez a los independentistas catalanes con una actualización del bonito cuento de federalismo. Desde el momento en que la Constitución blinda el Concierto vasco y el Convenio navarro pero deja la financiación de Cataluña al régimen común, hay dos conclusiones evidentes: a) fiscalmente hablando, Cataluña está fuera de la Constitución porque: b) es evidente que la pretendida igualdad de las personas y las tierras de España es una falsedad mientras existan los dos regímenes de privilegio vasco y navarro. A Cataluña no le interesa una reforma de la Constitución española, sino realizar un referéndum de autodeterminación y, si sale independencia, proceder en consecuencia. Porque eso es una revolución.

La versión castellana del artículo:

Café pa tós otra vez

El fallo más grave del llamado “Estado de las Autonomías” de la Constitución de 1978, cuyo aniversario se celebró ayer en España fue la generalización del régimen autonómico en condiciones de igualdad en todo el territorio español. La justificación, formulada por el entonces ministro adjunto para las Regiones, el andaluz Clavero Arévalo, fue que hubiera “café para todos”. La Constitución preveía un régimen extraordinario para Cataluña, el País Vasco y Galicia y un régimen común para el resto de los territorios, en la línea de la Constitución de 1931 y a semejanza de la vigente Constitución italiana de 1947. Pero la insistencia de Andalucía en ser tratada en igualdad de rango con las “nacionalidades históricas” (perífrasis de “nación” en el ánimo del legislador), movida por el PSOE y tácitamente aceptada por la UCD, la derecha de entonces, dio al traste con la intención del texto. Fue entonces cuando se impuso la idea de un régimen uniforme de autonomía para toda España, el “café para todos”.

De ese modo, al convertirlo en un problema de “todo el Estado”, se frustraba la pretensión original de las naciones catalana, vasca y, en menor medida, gallega de conseguir un tratamiento diferenciado en el seno del Estado español. Era una política de uniformación que todavía se quiso endurecer más con la extinta LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos), de 1982. “Armonización” era un término menos violento que la Gleichschaltung que aplicaron los nazis en Alemania pero compartía su espíritu: poner a todos al mismo nivel.

A esa doctrina igualadora, uniformadora, llamaban los glosistas, comentaristas y panegiristas de la Constitución de 1978, el “carácter federal” del Estado Autonómico. Según ellos, al haberse conseguido que las autonomías pudieran alcanzar todas el mismo máximo techo competencial, España había pasado a convertirse en una federación de hecho. No se usaba la palabra porque tenía mala fama, pero se daba la realidad.

Se trataba de una falsedad ideológica típica, como se ha demostrado posteriormente. Tanto el País Vasco como Cataluña han dado pruebas abundantes de querer mantener y agudizar su singularidad. Sobre todo Cataluña que es donde más ha avanzado la conciencia y voluntad nacionales, hasta el punto de plantear directamente la opción de la independencia. Frente a esa voluntad secesionista, parte del nacionalismo español, especialmente el PSOE y la izquierda en general, vuelve a agitar el señuelo federal.

Prueba evidente de que aquel federalismo que se decía condición material de hecho del Estado de las Autonomías era falso. El llamado “federalismo material” del Estado autonómico no lo era porque no consistía en una alianza y conjunción de territorios que estos hubieran acordado soberanamente por separado, sino de una imposición desde arriba por obra de un Estado que había decidido descentralizarse hasta cierto punto como podía y puede, y así lo hace cuando le viene en gana,, recentralizarse sin que las Comunidades Autónomas apenas puedan casi opinar.

El actual avance del independentismo catalán está generando reacciones similares a las de aquellos intentos “armonizadores” de los años ochenta. Tanto la moderación del nacionalismo vasco como la exacerbación del nacionalismo andaluz, ambos repentinos, en el fondo van dirigidos a remansar el independentismo catalán, unos por defecto y otros por exceso. Para los nacionalistas vascos carece de sentido la independencia frente a España, dado que ellos ya cuentan con un concierto que equivale a la independencia fiscal. Para los andaluces se trata de una nacionalismo “reactivo” cuyo único horizonte, como en los años ochenta, es no quedarse atrás en relación a Cataluña por más que ellos no hayan movido un dedo en estos treinta años por aumentar su autogobierno.

El terreno de la vuelta al café para todos está ya preparado: se trata de arbitrar una reforma de la Constitución que busque un nuevo “encaje de Cataluña en España”, en el entendimiento, ya claramente expuesto de nuevo en Andalucía de que ese “nuevo encaje” será también igual para todos. Porque, como dice el gobierno machaconamente: la reforma no puede romper la igualdad de las personas y las tierras de España, como si no fuera obvio que, con el Concierto vasco y el convenio navarro, esa igualdad no existe.

Cataluña no tiene nada que esperar de una reforma de la Constitución de 1978 y menos si es en un acuerdo con las demás comunidades del Estado. Cataluña solo puede llegar a un acuerdo bilateral con el Estado para la realización de un referéndum de autodeterminación en el que quede claro cuál sea el mandato de las autoridades catalanas y qué forma adoptará.

martes, 6 de diciembre de 2016

La Constitución

Hoy se celebra el aniversario de la Constitución de 1978 que hace la número ocho del país, según el autorizado criterio del Congreso de los Diputados. Faltan en la enumeración, la non nata liberal de 1856 y la republicana de 1873. La explicación es que el Congreso solo reseña las constituciones que han estado en vigor y aquellas dos, la una por el golpe de Estado del general O'Donnell y la otra por el general Manuel Pavía y su famoso caballo, no llegaron a estarlo. No pasaron de proyectos. No obstante, algunas historias del constitucionalismo las consideran. Pero dejar en ocho las constituciones que han estado en vigor en España plantea otro problema: en vigor también estuvieron la Constitución de 1808 o Estatuto de Bayona y las Leyes Fundamentales de Franco, ninguna de las cuales aparece en la relación del Congreso.

La "ideología" constitucional española ignora la Constitución de 1808, sin duda por considerarla un texto extranjero impuesto por la fuerza del ocupante, y las Leyes Fundamentales de Franco por no ser democráticas. Ambos argumentos, sin embargo, son más que dudosos. El Estatuto de Bayona fue una carta otorgada por quien tenía autoridad para hacerlo, José I, nombrado Rey de las Españas y las Américas por su hermano Napoleon, en cuyas manos habían puesto la corona los dos reyezuelos felones, Carlos IV y su hijo Fernando VII voluntariamente. Que la conciencia generalizada ignore el texto de Bayona, no quiere decir que no estuviera en vigor. Lo estuvo desde 1808 a 1813, fecha de la abdicación de José I, tanto en España como en América. Las Leyes Fundamentales franquistas lo estuvieron entre 1937 y 1978 y generaron unos efectos que llegan al día de hoy, razón por la cual se sigue discutiendo sobre la memoria histórica.

Total, según el punto de vista que se adopte España ha tenido ocho, diez o doce Constituciones, siendo la de 1978 la octava, décima o duodécima, según nos dé.

No es la única paradoja del constitucionalismo español. Hay otras también curiosas. Y lo mismo pasa con la vigente, que llega a su 38º aniversario en mitad de un clamor casi general pidiendo su reforma, cuando no su derogación sin más. Prácticamente todos los partidos piden revisar su texto. Hasta el PP, adalid férreo de la intangibilidad constitucional, se muestra abierto a sugerencias reformistas siempre que no vayan muy allá. Lo curioso es que el PP es el heredero de Alianza Popular, el partido de la derecha franquista de entonces bajo la dirección de Fraga Iribarne cuyos diputados se dividieron en tres grupos a la hora de la votación parlamentaria de la Constitución: unos votaron sí, otros votaron no y otros se abstuvieron. Los sucesores de estos "noes" son los partidarios de la intangibilidad de la Constitución. No deja de ser gracioso y significativo.

El alcance de las reformas que los demás piden es muy variado y oscila entre asuntos de mayor y de menor calado. Pero, a su vez, el procedimiento de reforma constitucional previsto en la misma Constitución es tan complicado y difícil, impone tales requisitos y diferentes mayorías (según sea la entidad de lo que se quiera reformar) que en el fondo, dada la orientación política del electorado español y la composición de las cámaras, toda reforma suena a quimera.

La reforma que debiera considerarse más urgente es la de la organización territorial del Estado, porque es donde se concentra la iniciativa política independentista catalana. Pero esta es probablemente la revisión que menos posibilidades tiene de salir en el Parlamento español. A no ser que se negocie un referéndum de común acuerdo, cosa harto improbable, el independentismo no tiene más remedio que actuar a través de la unilateralidad. Y ello porque, lejos de reconocer su actitud intransigente, el Estado se limita a responder a las peticiones catalanas que hay que cumplir la ley. La ley que él mismo no cumple.

Siguiendo inveteradas prácticas, el PP está tratando de resolver el problema a su manera, esto es, pactando al margen de la Constitución con el PNV, cuyo apoyo necesita para los presupuestos. A cambio de conseguir nuevos favores y dádivas del gobierno de central, los nacionalistas vascos acabarán apuntalando el gobierno de Rajoy.

Eso deja el independentismo catalán como estaba porque ya el domingo Urkullu venía negando posibilidad de materializarse a la independencia. No es nuevo y confirma un entendimiento tácito del juego de la transición constitucionalmente consagrado. El País Vasco y Navarra tienen su soberanía fiscal reconocida en la Constitución. Cataluña, no. A estos efectos prácticos, Cataluña se halla fuera de la Constitución y así lo vienen entendiendo las instituciones catalanas que consideran a Cataluña fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Nada de extraño, por tanto, que en Cataluña muchos, por no decir casi todos, piensen que el seis de diciembre no hay nada que celebrar.

viernes, 2 de diciembre de 2016

Querencia por la dictadura

La relativa ventaja de los tontos es que no saben que son tontos. Cuanto más tonto es alguien, menos se da cuenta de lo tonto que es. Es el caso de la vicepresidenta del gobierno. La cantidad de tonterías que lleva dichas y hechas esta ratita hacendosa en su interminable mandato daría para llenar bibliotecas enteras. Y ahí sigue, tan ufana, pensando que asombra al mundo con sus profundas ocurrencias. La última, anunciada ayer, es la intención de "regular" (léase suprimir) la libertad de expresión en la red porque, afirma esta lumbrera de la ciencia jurídica, "estamos absolutamente desprotegidos en digital".

Ni en digital ni en femoral o intestinal. No estamos "absolutamente" desprotegidos. Ni siquiera "relativamente". Si lo que esta pedante quiere decir es que en el ámbito digital hay más libertad para difamar, calumniar, atentar contra el honor, el buen nombre, etc, es falso de toda falsedad. Para eso está el Código Penal, tan vigente en lo digital como en lo no digital. Si esta señora cree que se mancilla su buen nombre (a la hora de reprimir y censurar los franquistas siempre están a vueltas con el honor y el buen nombre) solo tiene que acudir a los tribunales.

La desprotección frente al infundio, la calumnia, etc en relación al derecho al honor es mentira. Lo que estos franquistas quieren -como siempre- es censurar la esfera pública, impedir la libertad de expresión, criminalizar las opiniones políticas que no les gustan y que son todas excepto la de "Una, grande, libre", "Arriba España" y "Viva Franco", lo que llevan en el corazón. Quieren suprimir la libertad de expresión no en asuntos privados y particulares sino en el ámbito general: que nadie pueda criticar el gobierno o al rey o disentir de sus habituales monsergas. Quieren eliminar la discrepancia, la objeción, la crítica.

Quieren legislar el silencio.

Dice la enmienda 1ª de la Constitución de los Estados Unidos (ese país que los carcundas del PP tanto dicen admirar) que "El Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión, ni prohibirá la libre práctica de la misma; ni limitará la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni el de solicitar al gobierno una compensación de agravios". Si los tribunales españoles aplicaran esta sabia doctrina, todos los gobernantes del PP estarían en la cárcel, empezando por la ratita hacendosa, siguiendo por la señora Cifuentes y terminando en ese prodigio de veneranda tiranía callejera que es Fernández Díaz.

"Ninguna ley que limite la libertad de expresión y de prensa" quiere decir exactamente eso: ninguna ley que limite la libertad de expresión y de prensa. Ninguna. Y esa Constitución lleva casi dos siglos y medio en vigor sin necesidad de otra, sin que el país, "absolutamente desprotegido",  haya padecido jamás dictadura alguna como las que han soportado repetidas veces los "protegidos" españoles y la última, si Prometeo no lo evita, la que quiere implantar el PP, considerado por algún juez como una asociación de delincuentes.

De ahí se sigue que, como tantas veces se ha dicho, la mejor ley de prensa es la que no existe.

Ni en lo virtual, en lo digital o en lo celestial. La libertad de expresión no se puede limitar bajo ningún concepto salvo en los casos de conflictos de derechos entre personas privadas. Pero no es esto lo que estos franquistas quieren, sino que pretenden reprimir la libre expresión de las ideas, como han hecho siempre, como hicieron sus antecesores desde la Inquisición, organismo por el que sienten verdadera pasión.

No se conforman con la protección jurídica ordinaria que con tino y eficacia brinda el Código Penal. Quieren que se prohiban todas las manifestaciones públicas no solo los infundios, injurias y calumnias a los particulares, sino aquellas otras que los "ofendan" en sus convicciones políticas y religiosas. Quieren volver a condenar a la gente por faltar al "respeto a la autoridad" o por "blasfemar" o por burlarse de los sacrosantos símbolos de la Patria, la bandera o el chundarata ese que llaman himno nacional.  

Es decir, como siempre, quieren restablecer la dictadura que es lo que les mola.

Porque la cabra tira siempre al monte. Sobre todo, la de la legión.

sábado, 26 de noviembre de 2016

Hoy, Palinuro en Palma


El PSOE/PSIB ha invitado a Palinuro a su Escola de Tardor que se celebra ayer y hoy sábado en el Casal de Barri des Jonquet, c/ del Terrer, 10, a partir de las 10:30. Es una muestra de confianza y apertura del PSIB al invitar a hablar a un humilde analista político independiente que tiene, desde luego, en muy alta estima a la socialdemocracia -sobre la que ha escrito un par de obras- pero no pertenece a ningún partido. Es mucho más de lo que todas las demás fuerzas políticas hacen, pues solo invitan a sus militantes... y si son obedientes al mando. Solo los socialistas se atreven a invitar a gente de fuera, crítica e independiente para contrastar ideas. Es algo que favorece al partido, sin duda el de más democracia interna hoy, y sirve de reto y acicate al invitado. En este caso, Palinuro.

El tema que se le ha asignado es El futuro de la socialdemocracia, una asignatura difícil e importante porque algo ha quedado claro en el último siglo en política: con la socialdemocracia es posible que no se alcance plena emancipación ni justicia social ni redistribución de la riqueza ni igualdad. Pero sin ella es seguro que ni uno solo de esos objetivos puede plantearse. La socialdemocracia tiene muchos defectos pero es la mejor opción con mucho a ojos de Palinuro. Una socialdemocracia de izquierda reformista, radical y moderada al mismo tiempo. Esto no es una contradición sino algo muy sencillo: moderada en las reformas sociales y económicas para no alterar el mercado con ilusiones irrealizables. Radical en los aspectos políticos y morales y audaz e imaginativa en los territoriales.

Como dado la apretado de la agenda del evento, me han asignado un tiempo relativamente breve para exponer mis conclusiones, incluyo aquí la sinopsis de lo que mañana expondré con más detalle en la Escola de Tardor y eso que llevamos ganado. La exposición se divide en cuatro bloques:

1.- La reivindicación crítica del pasado. La socialdemocracia tiene una historia y debe reivindicarla sin ocultar o disimular los errores que se han cometido, que no son tantos como los aciertos, pero sí demasiados y deben corregirse.

2.- Propuestas de presente

  • Ámbito institucional: reforma constitucional sobre las cuestiones que mañana se expondrán.



  • Ámbito económicoConstitución económica nueva o reforma Título VII CE.



  • Ámbito social: nuevo pacto social entre capital y trabajo, perspectivas de género y ecológica.



  • Ámbito territorial: Negociación de una referéndum de autodeterminación en Cataluña.



  • 3.- Reconstitución del partido.

  • Formulación del programa de la izquierda socialdemócrata.



  • Recuperación del voto sectorial perdido.



  • Recuperación del voto generacional perdido.



  • 4.- Nuevas formas de comunicación

  • Política de medios de comunicación.



  • Ciberespacio, internet, redes.



  • Participación colectiva.



  • Alli nos vemos.

    miércoles, 18 de mayo de 2016

    Los franquistas explicando la Constitución

    Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La Didàctica de l'unionisme. En dos días, los dos partidos dinásticos del nacionalismo español, PP y PSOE, han dado pasos para acercarse a lo que llaman "la cuestión catalana" que no es otra cosa que la "cuestión española" y la incapacidad de los nacionalistas españoles de ver lo que está pasando. El gobierno (en realidad, el PP) ha formado una task force, compuesta por dos mujeres para explicar su punto de vista (o sea, el del PP) sobre el independentismo catalán en las cancillerías extranjeras. Una de las mujeres es una diplomática con experiencia y una carrera anodina; la otra responde al sonoro nombre de Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, es asesora directa de Rajoy en La Moncloa y nieta de un militar golpista del 36 y de un vate reaccionario y fascista. Y ella, una franquista convencida. Que esta gente mande una franquista al extranjero a explicar la Constitución a la que unos franquistas se opusieron mientras otros franquistas la redactaban, dice todo sobre la transición y sobre las neuronas de esta banda de corruptos que hay en el gobierno central.

    Por otro lado, el PSOE ha delegado en Margarita Robles, reciente incorporación, la tarea de formular algo con sentido para Cataluña que no sean las habituales tarascada españolistas de Sánchez. Y, en efecto, Robles se esmera... en liar las cosas demostrando que no solo no entiende nada sino que cree que puede quedarse con el personal. Promete una reforma de la Constitución que sabe que no podrá hacer y, al amparo de esa no-reforma, un referéndum en Cataluña, pero sin explicar su alcance. El tercer partido, Podemos, que suspira por ser también dinástico promete igualmente un "referéndum pactado con el Estado". O sea, nada. ¿Cuál habrá de ser la actitud de los indepenentistas?

    Traigo la versión castellana del artículo por si alguien siente curiosidad.

    La didáctica del unionismo

    A trancas y barrancas, a regañadientes, porque no les queda otro remedio, los dos partidos dinásticos, PP y PSOE y el que aspira a serlo, Podemos, empiezan a percatarse de que lo de Cataluña va en serio y que el independentismo no se frena. Por eso han decidido moverse. Quieren demostrar que ellos también tienen ideas y que la iniciativa política no es monopolio de estos insufribles catalanes. Cada uno en su inimitable estilo por supuesto.

    Reconfortado con el homenaje a Rajoy de una alcaldesa del PP en Toledo, que ha proyectado una imagen de Franco y otra de Himmler sobre las torres de un castillo, el gobierno ha movido ficha. Con ese mismo recio espíritu imperial, envía a una franquista a explicar la Constitución española. La señora Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, nieta de un militar golpista y un insoportable vate fascista, tiene la misión de contraprogramar la labor exterior de la Generalitat. La pregunta de cómo entenderá la Constitución una franquista tiene fácil respuesta: muy bien. En parte, la redactaron los propios franquistas y la que no lo hicieron, no la aplican, salvo para asfixiar a los catalanes.

    Que la mensajera sea una franquista y, probablemente, por ello mismo, una incompetente, es aquí accesorio. Lo increíble es que el gobierno mande funcionarios (como si no bastara con los diplomáticos de carrera destinados en el exterior) a explicar su versión de partido (pues doña Cristina es, antes que nada, una funcionaria del PP) de la Constitución española. Y, así, caiga en la trampa de internacionalizar el conflicto que es precisamente lo que los independentistas quieren. Sin darse cuenta, además, de que los auditorios, por regla general, hacen más caso a las visiones críticas de los problemas que a las oficialistas. A fuer de franquistas, unos verdaderos negados.

    A su vez, el PSOE ha sacado a su reciente reincorporación, Margarita Robles que, por haber vivido y trabajado en Cataluña, tiene una sensibilidad mayor y quizá sea capaz de enderezar las barbaridades imperiales del muy madrileño Pedro Sánchez. Como jurista experimentada también se supone que sabrá hilar fino y hacer digerible la posición unionista a ultranza del PSOE. Propone Robles reformar primero la Constitución en un sentido federal y hacer luego un referéndum

    Oculta Robles –pues no creo que lo ignore- que es imposible que pueda hacerse esa reforma constitucional con las mayorías que hay y seguramente habrá en las cámaras. Sigue ocultando Robles cuál sería el contenido de ese referéndum catalán, si de autodeterminación o sobre otro estatuto. De esta forma su posición es menos cuartelaria que la del PP; incluso menos que la del secretario general del PSOE, pero sigue siendo lastimosamente alejada de la situación actual en Cataluña.

    Por último, los llamados “emergentes” de Podemos, esto es, los aspirantes a dinásticos españoles en sustitución del PSOE, vienen a decir lo mismo que Robles: referéndum pactado con el Estado. De momento, dicen con Robles, según la legalidad vigente, no puede hacerse, pero dejad que cambien las cosas, que nosotros pintemos algo y ya veréis cómo lo hacemos. Vuelve a ser tan falso como el discurso de Robles por dos razones: 1ª) no es verdad que la legalidad vigente impida el referéndum. La legalidad vigente no impide nada. Lo que lo impide es la voluntad política contraria del gobierno y de la oposición. 2ª) no hace falta esperar a más elecciones. Si de verdad Robles y Podemos apoyan un referéndum en Cataluña, que lo reclamen ya.

    Una vez más, los unionistas no parecen entender el fondo de la cuestión. Este es que ni los indepes catalanes ni nadie en su sano juicio en estas circunstancias, admitiría una situación en la que Cataluña, sus derechos y libertades, sigan estando al albur de que otra mayoría absoluta parlamentaria vuelva a llevar al gobierno central a una banda de corruptos empeñados en hacer que Cataluña involucione. Decididos a someterla y seguir esquilmándola como hacen con el resto de los territorios del Estado.

    La transición fue muchas cosas, según quien hable de ella, pero algo sí parecía claro: se trataba de liquidar el franquismo. Ese franquismo que ha renacido más oscurantista, centralista y corrupto que nunca en 2011. Ahora ya no es tiempo de más reformas cosméticas. Es tiempo de que esa posibilidad no pueda volver a darse.

    Los unionistas españoles harían bien en entender de una vez que el problema no está en Cataluña, sino en España; que el problema no lo tienen los catalanes, sino los españoles que, mientras no sean capaces de acabar con este cadáver insepulto, no saldrán del agujero.
    Y la cosa es bien sencilla. Se empieza por reivindicar la República, cosa que hacen los indepes catalanes pero que ninguno de los tres partidos españoles mencionados se atreve siquiera a insinuar.

    miércoles, 20 de abril de 2016

    Hoy, Palinuro hablando sobre la República en Valladolid

    Hoy, en el salón de grados de la Facultad de derecho de la Universidad de Valladolid, convocado por el Ateneo Republicano, me cabe el honor de pronunciar una conferencia sobre "La organización territorial y las instituciones regionales". En nuestra época casi ningún partido admite que la disyuntiva Monarquía/República sea una cuestión de actualidad. No lo hacen los partidos de la derecha porque, entre otras cosas, sus militantes y votantes son en buena proporción gentes que se beneficiaron de la sublevación facciosa, la guerra civil que siguió y los cuarenta años de dictadura posterior. Se entiende muy bien que los descendientes biológicos o ideológicos de los franquistas no quieran ni oír hablar de la República. Tenía razón Jaime Mayor cuando decía que por qué iba él a condenar el franquismo, con lo bien que había vivido. Añado yo: que había vivido bien sobre las fosas comunes en donde los suyos habían enterrado a 130.000 compatriotas tras haberlos asesinado y, en ocasiones, sin haberlos rematado. 

    Mucho menos clara es la razón por la que tampoco los partidos y organizaciones de izquierda quieren plantear la cuestión. Al contrario, siempre que se les pregunta contestan que "no es el momento", que es un asunto inoportuno. Hace más cuarenta años que el criminal Francisco Franco nombró sucesor suyo "a título de Rey" al padre del actual monarca, que había jurado fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional o sea, a la legislación fascista, y que se saltó el principio dinástico, elemento esencial de la legitimidad de toda monarquía, pues accedió al trono dejando sin reinar a don Juan que, al parecer, era demasiado liberal para la mentalidad de Franco. Pero, según el PSOE y Podemos, no es el momento. Nunca es el momento de defender el último régimen democrático y legítimo que ha habido en España. Pero siempre es el momento para bailar el agua al Borbón, para defender esta Monarquía impresentable, para ocultar las fechorías de la familia real, para ejercer de cortesano y lacayo "simpático " con el rollo ese de "juego de tronos".

    En cuanto al tema, haré una referencia al concepto de "Estado integral" de la II República, revisaré de pasada el fracasado Estado de las autonomías de la Constitución de 1978 y me explayaré en cómo veo la futura organización territorial de una hipotética IIIª República, teniendo en cuenta, como es obvio, que antes habrá que ver qué sucede con Cataluña y si no será más probable que, antes de la IIIª República española, haya una República catalana.

    Y, si tal cosa sucede, esa será la mía, pues no quiero morir siendo súbdito de nadie, sino ciudadano libre.

    Por cierto, el acto es a las 19:30 y la entrada, gratuita.

    jueves, 11 de febrero de 2016

    Cataluña según Cebrián

    Para celebrar un aniversario de El País y que, con motivo de la imparable ruina de la empresa, él se ha metido otro millón y algo en el bosillo, Cebrián adoctrinó al otro país desde su diario. Según la crónica del correspondiente plumilla, el prócer diagnosticó que España ha de emplearse a fondo en tres graves cuestiones: mantener la recuperación económica, reducir la desigualdad con un plan d choque y hacer frente al "desafío independentista catalán" (sic). Por lo que se ve, la corrupción no es problema, aunque medio PP esté en la cárcel y parte de la Casa Real se apreste a hacerle compañía.

    El problema es Cataluña. Cebrián no es tonto y tiene algo más de vuelo que los nacionalistas españoles de DENAES, la cabra de la legión, la Societat Civil Catalana o el círculo "Español cazi ná". Pero, a la hora de articular una propuesta inteligible sobre Cataluña, la Minerva le abandona y lo deja dando vueltas al atajo, como decía Machado. Cree que la voluntad mayoritaria de los catalanes de reclamar el derecho de autodeterminación es un "reto independentista", como una plusmarca de cien metros vallas. Opina que será preciso reformar la Constitución, como si los políticos españoles pudieran hacerlo, cuando ignoran por dónde empezar;  y espera que la reforma sirva para implantar un federalismo del que sabe tan poco que hasta le parece una terrible audacia llamarlo por su nombre. Por supuesto no parece haberse enterado de que quienes recurren a este conjuro mágico de federalismo dominan tanto la pócima como el bálsamo de Fierabrás.

    Su evidente intención es la de siempre: Eadem sed aliter, como decían los escolásticos: que todo cambie para que siga todo igual; principio que Lampedusa ha elevado a ley universal del cambio sociológico. Dad unos abalorios federales a los catalanes y veréis cómo se tranquilizan. Ese es el nivel de la elite oligárquica española.

    jueves, 4 de febrero de 2016

    Los catalanes, a lo suyo: desconexión

    Ayer, mientras Junts pel Sí y la CUP presentaban tres proposiciones de ley en el Parlament para iniciar el camino a la desconexión de España o sea, la independencia, el juez de la Audiencia Nacional mandaba, al parecer, orden a los alguaciles para que investiguen si diversas asociaciones civiles independentistas pudieran estar incursas en los delitos de rebelión y sedición con una intención fácil de imaginar. Empieza el baile.

    Para que haya rebelión, el código penal exige que se recurra a la violencia y, para que haya sedición que se recurra a la fuerza. Es decir, los alguaciles pueden volverse por donde vinieron porque ninguna de las entidades ha recurrido jamás a la una ni a la otra. Son asociaciones compuestas por gentes muy pacíficas. Así que, nada de nada. Aunque es un signo de por donde vienen los vientos porque el juez actúa a instancias de la fiscalía y la fiscalía tiene que haber recibido las órdenes pertinentes del gobierno de empezar ya a incordiar. 

    A su vez, el Parlament debatirá las tres proposiciones de ley de desconexión: Hacienda, régimen jurídico de la administración y seguridad social catalanas. Es una propuesta de Constitución catalana in nuce. Cuando los tecnócratas franquistas (el catalán López Rodó y sus secuaces del Opus) pusieron en marcha la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento administrativo, allá por 1957 y 1958, proclamaron que, en realidad, se trataba de una Constitución para un verdadero Estado de derecho administrativo. López Rodó había aprendido esta pintoresca doctrina del portugués también catedrático de derecho administrativo, Marcelo Caetano, luego presidente de la República.

    Obviamente, no es el caso de Cataluña hoy por entero; pero sí en parte ya que los catalanes, de momento, no pueden dotarse de una Constitución. La Ley de Régimen Jurídico cumple esa función transitoria y no se expone a impugnación al no llamarse -ni, en el fondo, ser- Constitución.

    Pero lo más inteligente, a mi entender de este primer paso legal en busca de la desconexión es que se presenten como proposiciones y no como proyectos de ley, es decir, emanados del propio parlamento y no del gobierno de la Generalitat. Es una sobreabundancia de precaución: siempre será más difícil para el gobierno español impugnar un acto del Parlament que del gobierno.

    Y, políticamente, bien claro está: los catalanes siguen con su hoja de ruta o, como dicen ellos, per feina mientras que los españoles aún no saben si tendrán o no gobierno porque están discutiendo sobre el precio del desayuno en la cafetería del Congreso.

    domingo, 25 de octubre de 2015

    Hablar claro es bueno, II.

    En el post de ayer anunciaba mi intención de matizar algunas de las nuevas propuestas reformistas de Podemos. Lo hago ahora con ánimo constructivo y de modo sucinto:

    Reforma del sistema electoral. Si de verdad se busca la máxima proporcionalidad, no hay que ir muy lejos. Basta con copiar el sistema alemán que mezcla el criterio proporcional y el mayoritario y en todas las clasificaciones del mundo aparece en el primer o segundo puesto de proporcionalidad, mientras que el sistema español actual es el último, con menos proporcionalidad que muchos sistemas mayoritarios, lo que es francamente ridículo.

    Independencia de la justicia. Dejar la composición del órgano disciplinario de la magistratura en manos de los propios jueces. La composición actual viene del temor que suscitaba el predominio de jueces franquistas. Ha pasado el tiempo y, aunque los jueces siguen siendo un estamento conservador, ya son mayoría los de generaciones posteriores. Supresión de la Audiencia Nacional. Supresión del Tribunal Constitucional y atribución de la jurisdicción constitucional con formulación nueva al Tribunal Supremo en una sala cuya composición quizá pueda fiscalizar el Parlamento.

    Blindaje de derechos de la ciudadanía. Reforzar la protección de los derechos económicos y sociales. Especial atención a los medioambientales. Recuperación, desarrollo y protección del derecho del trabajo, desmantelado por la derecha. En este campo de derechos, singular atención a la perspectiva de género que debe hacerse siempre eficaz dejando expedito el recurso a los tribunales de justicia para su aplicación.

    Lucha contra la corrupción. Aplicación de la legislación penal a los corruptos. Obligación de declaración de bienes al iniciar todos los cargos públicos, rendición pública de cuentas y auditorías en los relevos. Aumento substancial del plazo de prescripción. Obligación de todas las administraciones de publicar en la red todas sus transacciones económicas. Revisión de la financiación pública de los partidos.

    Cataluña. Referéndum vinculante de autodeterminación. Es posible, como decíamos ayer, que esta propuesta llegue tarde, pero debe formularse. Es posible también que, si la situación catalana se enquista en una espiral de acción independentista/reacción unionista, sean los otros Estados quienes obliguen al español a celebrar ese referéndum que debió de haberse convocado hace muchos años.

    A estas cinco propuestas reformistas, Palinuro añade dos sustantivas más y una de procedimiento que considera imprescindibles:

    Separación real de la Iglesia y el Estado y supresión de la financiación pública de aquella. Se entiende que ello implica supresión de las transferencias directas así como del lucro cesante de sus privilegios de todo tipo.

    Celebración de un referéndum para decidir la forma del Estado. Si república o monarquía.

    La cuestión de procedimiento: convocatoria de una convención general extraordinaria por si todavía existe alguna posibilidad de acordar una organización territorial española de consenso.

    viernes, 25 de septiembre de 2015

    Un artículo inútil.

    Hace unos días Felipe González publicaba una desafortunada Carta a los catalanes también en El País en la que sugería semejanzas entre el fascismo y el nazismo y el independentismo catalán. Hoy, el secretario general del PSOE escribe en el mismo medio una breve "Tribuna" más contenida de trato pero igualmente vacua. No obstante, es muy de agradecer el último intento de Pedro Sánchez de encontrar alguna forma de acomodo a cuarenta y ocho horas de unas elecciones que son decisivas para España, aunque los dos partidos dinásticos se hayan obstinado en ignorarlo sistemáticamente. Es de agradecer pero no resulta convincente.

    Es claro, como dice el autor que, "sin Cataluña, España ya no sería España". Pues sí, es cierto. De pronto, los políticos españoles tienen la revelación de que se encuentran ante una crisis descomunal, de Estado, de nación, de país, para la que no están preparados. Porque nunca se habían tomado en serio la cuestión catalana. Entendían que el Estado autonómico, al garantizar a Cataluña las "mayores cuotas de autogobierno de su historia" (como suelen decir), aceleraría el proceso por el cual la Comunidad autónoma querría configurarse como nación y, eventualmente, como Estado. Pero nunca consideraron seriamente que tal cosa sucediera y por dejación o por falta de información, no prepararon nada y confiaron en que la situación sería llevadera. Insisto, no hicieron nada.

    En su tribuna, Sánchez no se ajusta a la verdad. Sostiene que los socialistas españoles venimos diciendo, desde hace años, que deberíamos reformar la Constitución, pero no es cierto. Tuvieron casi catorce años de mandato en tiempos de González con tres legislaturas con mayorías absolutas y no hicieron nada en ese sentido. De la autodeterminación dejó de hablarse y del federalismo también. En el fondo, González era un jacobino sevillano, como se prueba ahora y de Guerra no hace falta hablar. Volvieron luego al gobierno en condiciones más precarias, con Zapatero y tampoco hicieron nada. O hicieron lo que quizá no debían: reformar la Constitución por mandato de una UE neoliberal y con acuerdo de la derecha.

    Empezaron a acordarse de la reforma constitucional territorial en el congreso de 2013, cuando estaban en la oposición y con unos propósitos tan inseguros e inciertos que aun no se sabe en qué consisten. Eso no es "desde hace años". Ni hablar. La preocupación es de ahora mismo, cuando han visto en dónde se han metido y presas de los nervios porque, a pesar de los bailes de Iceta, se temen un bajón en Cataluña, tradicional granero de votos del PSOE en España. O sea, como suele pasar en España, improvisan forzados por la necesidad. Porque se quedan sin país.

    Pero, como viene a decir el título, nunca es tarde, "si hay voluntad". O sea, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero tiene que ser buena. ¿Qué propone Sánchez?

    Una vía que cree ancha entre las dos extremas que juzga minorías, la "separatista" y la "inmovilista". Y, ¿en qué consiste esa vía? En una reforma de la Constitución en sentido federal que acomode a los catalanes. Por supuesto, queda en el aire cómo se les preguntará sobre esa vía federal y es de sospechar que de ninguna manera. 

    Las expectativas electorales del PSOE, aun las más halagüeñas, no auguran una mayoría parlamentaria para hacer dicha reforma en absoluto. En el mejor de los casos, tendría que contar con el PP y este ya ha dicho que no colaborará. Es decir, el contenido de la tribuna de Sánchez es pedir a los independentistas que depongan su actitud ante una promesa que es obvio que no puede cumplir. 

    Y ese el punto más débil de este apreciable intento que lo afecta a él y, en general, a todos los intentos de equidistancia en este proceso. Lo más llamativo de la tribuna no es lo que dice sino lo que no dice. Igualando "separatistas" e "inmovilistas" se olvida que ninguno de los dos lo ha sido siempre. Los "separatistas" antes no lo eran tanto, sino que han ido creciendo exponencialmente en los últimos años; y los "inmovilistas", en realidad no han dejado de moverse pero siempre en contra de Cataluña. 

    La importancia de los diez últimos años, desde la peripecia del Estatuto de 2006, es inmensa para explicar una situación como la actual. Pasarlos por alto es un grave error. Pero aun es peor no mencionar los últimos cuatro años, la legislatura del PP, un gobierno con mayoría absoluta que, además de corrupto, ha sido agresivo contra la mayoría de la población y, muy especialmente, contra Cataluña. Un régimen de involución que, vaciando de contenido la democracia, la ha sustituido por uno autoritario y represivo de clara inspiración franquista. 

    Durante este tiempo el PSOE ha estado prácticamente desaparecido, cuando no ha prestado su colaboración a las mayores demasías del gobierno. La oposición socialista, obsesionada con los pactos de Estado, que remiten a una mentalidad conservadora de esa que se nutre con la idea de la "seguridad nacional", ha sido cómplice de la destrucción de la democracia y el Estado de derecho en España. Y ahora, cuando le caen encima los cascotes del Estado del bienestar y la cohesión territorial del país, quiere encauzar los acontecimientos con unas fórmulas cuyo contenido desconoce y acerca de cuya factibilidad no posee certidumbre alguna. 

    No puede extrañar al secretario general del PSOE que los catalanistas, que ven la posibilidad de iniciar un camino nuevo ahora, no quieran esperarse a ese dudoso futuro. ¿Que ese camino tiene dificultades y no está exento de conflicto? Por supuesto, pero dígase: ¿acaso el presente no lo está igualmente? Pero, sobre todo, esa esperanza en un futuro incierto lleva en su seno la posibilidad cierta (y bastante verosímil) de que el PP vuelva a ganar las elecciones en España. No puede extrañar a Pedro Sánchez, por muy en la luna que se encuentre, que los independentistas no quieran aguantar otra legislatura como la que ha vivido este desgraciado país. Sobre todo porque el mismo Sánchez ya ha dicho que no admitirá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Como el PP.

    Realmente, el interés por esperarse es cero. El artículo de Sánchez es inútil.

    martes, 1 de septiembre de 2015

    La contrarrevolución en marcha.


    Empezaron enviando a la Guardia Civil, a ver si podían hundir a Convèrgencia y, con Convergència, la lista conjunta y con la lista conjunta, el movimiento independentista catalán acusándolos de corrupción, algo en lo que el gobierno, su partido y el sobresueldos que los dirige tienen máxima nota y muchos trienios.

    Muy mal han de venir los sondeos que el PP encarga en secreto con nuestro dinero para que no se haya "filtrado" en agosto ninguno de esos que augura la derrota del Sí. El paso siguiente fue encargar a Felipe González una carta comparando a los independentistas con los nazis y los fascistas. No con los franquistas, claro, pues se podría descubrir el sucio truco de condenar a las víctimas llamándolas victimarias. Una carta vergonzosa que El País, otro pecio de indignidad de lo que antaño fue un periódico decente, trompeteó a los cuatro vientos, ganándose de paso la subvención de la cuadrilla de facinerosos y más desprecio (si cabe) de la gente libre de este país.

    La vicepresidenta del gobierno gorgojeó a continuación su gran aprecio por la carta de González. En otro tiempo, el espaldarazo de esta ratita hacendosa, cobradora presunta de sobresueldos dudosos, hubiera sido un desdoro. En otro tiempo. No tardó en salir Aznar, símbolo del encanallamiento político español más hondo, a dar unas palmaditas satisfechas en el lomo de González por la carta y, de paso, una colleja, al recordarle que con la epístola se limitaba a enmendar yerros pasados. Y Felipe González, el gran líder de la renovación española, depositario de una tradición de la izquierda, callado y con los ojos bajos. Una humillación mucho mayor de la que puedan haber sentido los independentistas catalanes a quienes el presidente de honor del PP trata con el desprecio y la chulería de cuarto de banderas que acostumbra. Mucho mayor porque estos independentistas se han enfrentado a este rancio franquista amenazador con una gallardía de la que González carece.

    A su vez, el presidente de los sobresueldos decidió, con su perspicacia habitual, internacionalizar la cuestión catalana, metiendo la pata, como acostumbra, según señaló ayer Palinuro en su post sobre la revolución catalana. Para arreglarlo ha convencido hoy a Frau Merkel para que le eche una teutónica mano, advirtiendo al personal de la perogrullada de que los tratados y la ley han de cumplirse. Lo que no le ha dicho a su amiga (y, por tanto, la ha engañado, como siempre que habla con alguien) es que esa ley que hay que cumplir, el primero que no la cumple es él. Y no solo que no la cumple sino que, cuando le molesta, simplemente la cambia de un plumazo por medio del rodillo parlamentario de que dispone compuesto por diputad@s ovin@s a l@s que basta con despertar de un codazo para que voten lo que se les diga. Que para eso se les paga. Y se les repaga. Y se les sobrepaga. Y se les deja hacer asesorías verbales cuando los pagos, repagos y sobrepagos no les parecen suficientes.

    El atropello viene ahora por vía de una reforma exprés del Tribunal Constitucional, apañado por los miembros más franquistas y catalanófobos del PP con el fin de proceder contra Mas y yugular el proceso catalán con una apariencia de legalidad. En realidad, un berrido de jayanes de taberna, lo que son los Albioles y Hernandos y otros finos juristas, perfectamente inútil por tres razones: 1ª) porque, por motivo de forma y contenido, la propuesta es inconstitucional; 2ª) porque es ociosa pues el ordenamiento jurídico ya pone a disposición del gobierno -incluso uno tan incompetente y corrupto como este- los medios precisos para conservar la legalidad; y 3ª) porque nada puede conseguir que un Tribunal Constitucional, presidido por un militante del PP y enchufado directo del presidente, adquiera una autoridad y prestigio de los que carece y menos que nada este último atropello.

    Pero, claro, el atropello no pretende justificarse jurídicamente, sino que es una argucia política. Al presidente de los sobresueldos le importa una higa lo que pase en Cataluña en donde ya sabe que nadie va a votarlo. Lo que le importa es ganar votos en España a base de mostrarse duro, recio, íntegro, español, con los catalanes. Eso, calcula él, paga en votos y, al tiempo, deja hecha unos zorros a la oposición de izquierda, que ya no sabe que hacer.

    Y no le falta razón. ¿De qué le sirvieron sus jeremiadas a González? ¿De qué el españolismo impostado de Iceta en Cataluña? ¿De qué las patochadas e inmoralidades de Sánchez gritando "¡más España!", como si fuera Millán Astray, o envolviéndose en la rojigualda o, vergüenza inmunda, yendo a manchar el monumento a Lázaro Cárdenas con la bandera contra la que el expresidente mexicano luchó toda su vida? De nada. Enésima lección de que el acobardamiento, el apaciguamiento, la miseria moral frente a la oligarquía española y otras especies de chulos mesetarios no paga.

    Ya es tarde. En medio del griterío bravucón de estos franquistas neoliberales o nacionalcatólicos, el PSOE no tiene tiempo (ni su gente categoría intelectual) para tratar de explicar al electorado español las posibilidades de un enfoque distinto, dialogante, negociador que, con buena voluntad y respeto a los derechos de los pueblos, apunte a una posibilidad de solución que no sea un trágala perro. Y para su bochorno tendrá que uncirse al carro de la derecha más bestial y beber todas las cicutas de lo que vaya a pasar porque, como es de suponer, los independentistas no cederán (ni tienen por qué) y la confrontación entrará en una vía de "fuera terceros".

    Y a la llamada izquierda transformadora, en su versión tradicionalmente anguitesca o en la nueva de los rollos podémicos, ya ni merece la pena referirse. Muda de terror y espanto ante un conflicto que ha demostrado su vacío estratégico y su perfecta inutilidad, solo aspira a que el viento de la historia pase y no le desmantele el chiringuito seudo-radical.

    El duende del proceso seguirá informando.

    viernes, 7 de agosto de 2015

    Quieren reformar la Constitución.

    Sobre las razones reales de las propuestas de reforma constitucional. Vídeo y texto a continuación.

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    Todos quieren ahora reformar una Constitución que hasta ayer era intangible. Cómo se nota la preocupación que la cuestión catalana causa en España. Cómo se ven los nervios al comprobar que hay un riesgo real de partición del país, que los soberanistas catalanes tienen mucho más respaldo del que los españoles creen y que es necesario hacer algo, hacer como que se hace algo, para contener este movimiento social independentista que es lo más importante que ha sucedido en España desde 1975. 

    El PSOE promete una reforma constitucional para convertir el país en un Estado federal. No saben los socialistas a ciencia cierta de qué federalismo hablan pues nunca les ha preocupado; tampoco si los soberanistas catalanes aceptarían, cosa poco verosimil; y, por último, tampoco si podrán hacer esa reforma federal porque necesitarán el apoyo del PP y ese está ya descartado. Tampoco les importa gran cosa. Ya desde los tiempos del submarino de la derecha, Rubalcaba, quedó claro que en las llamadas cuestiones de Estado, el PSOE reconocería siempre su subalternidad respecto al PP.

    Los demás partidos, a toque de silbato, andan pensando qué reformas apadrinarán.

    El único que parece tenerlo claro es Podemos. Una claridad envuelta en tinieblas, como siempre: desprecia el reformismo constitucional, argucias del régimen del 78 porque lo suyo es más profundo, radical y verdadero: un proceso constituyente en el que se podrá debater todo. Perspectiva halagüeña. Solo que poco viable si, como parece, Podemos se queda en un 15% del voto o menos. La Constitución no se tocará y los asaltacielos se quedarán calentando el escaño y cobrando las dietas castizas.

    La preocupación es absoluta. Asustado por lo que se cuece en Cataluña, el ministro Catalá habla de reformar la Constitución en tres aspectos muy tasados: 1) reparto de competencias entre Estado y CCAA para fortalecer al Estado; 2) modificación de la línea sucesoria, asunto de capital importancia; 3) modificar el régimen de aforamientos para reducir la cantidad de sinvergüenzas que se valen de él para sus fechorías. Algunos añaden una reforma del Senado, cámara inútil pero muy conveniente para premiar lealtades perrunas de excedentes de cupo que no sirven para otra cosa. O sea, que no sirven para nada, pero los pagamos todos.

    Loables propósitos, pero, en lo que hace al PP, sería bueno que dejaran de hablar de lo que no les compete. Cada día aparece un caso nuevo de latrocinio a cargo de algún pepero relevante. No es momento de reformar la Constitución (que tampoco va a servir para nada porque en Cataluña, ya no los escuchan) ni de hablar de política ni de nada. No son un verdadero partido sino, digámoslo por enésima vez, una supuesta asociación de malhechores que ni entienden de política ni de democracia ni de nada y a los que lo único que importa es forrarse.

    No se molesten en reformar la Constitución: dimitan en bloque, devuelvan lo trincado y pónganse todos a diposición del juez.

    ¡Ah! Y saquen sus garras de Cataluña, como tienen que sacarlas de la caja común.

    viernes, 27 de febrero de 2015

    La terquedad catalana.


    No parecen enterarse. O no quieren darse por enterados. Los nacionalistas catalanes siguen erre que erre queriendo separarse. Y los nacionalistas españoles eñe que eñe, poniéndoles coto, límites, barreras que los otros se obstinan en sortear o saltarse limpiamente. No se enteran de que no pueden organizar referéndums en su tierra; ni consultas. No pueden llamarse a sí mismos "nación" si con eso pretenden ladinos "efectos juridicos". O deportivos. No pueden tener una selección nacional de fútbol, pero sí un Museo Nacional de Arte de Cataluña y una Orquesta Nacional de Cataluña. La cultura, al parecer, no tiene "efectos jurídicos". No pueden organizar su sistema educativo como quieran. No pueden hablar en catalán en el congreso. No pueden tener representaciones exteriores de fuste. Pasado el Ebro, no son catalanes, sino españoles. Allende los Pirineos, también. Eso dicen sus documentos de identidad.

    Ahora, si son jueces, tampoco pueden redactar proyectos de Constitución de entes imaginarios como una República Catalana. El juez Vidal queda fuera de la carrera por eso. No dudo de que la decisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estará impecablemente ajustada a derecho. Si no lo estuviere, ya se lo harán ver.

    Al margen de estas cuestiones, que se ventilarán sin duda en su momento, el asunto tiene unas implicaciones políticas de largo alcance. La decisión del órgano de vigilancia de los jueces ha sido contundente y veloz y contrasta con la lentitud e incluso dejadez en otros casos. Pero, sobre todo, es obvio que se trata de algo ideológico. ¿Qué pasaría si, en vez de llamarlo "proyecto" de Constitución, Vidal lo hubiera llamado "Utopia de Catalunya Lliure"? ¿En dónde están los límites que hacen de una obra del espíritu una creación literaria o un documento para la comisión de una delito? Aceptar esto nos lleva peligrosamente cerca del juicio de intenciones.

    Dicen los guardianes del orden que se trata de un proyecto ideológico partidista. Y los jueces no pueden pertenecer a partidos. Ideológico es seguro; partidista, falso. El popio Vidal ha señalado en repetidas ocasiones que tras su iniciativa no hay partido alguno. Añadase a ello que la medida tomada contra él lo ha sido por un órgano que ve bien que el presidente del Tribunal Constitucional haya militado activamente en el partido del gobierno. En el caso de Vidal no hay partido y lo de la ideología no es algo que los jueces tengan prohibido, según se colige de que estén organizados en tres asociaciones profesionales separadas por razones ideológicas. Resumen aparente, si eres juez y tienes un problema ideológico, solo te pasa algo si eres catalán.

    La indiferencia, desconocimiento e irresponsabilidad con que el nacionalismo español -especialmente enraizado en la judicatura- se enfrenta a la cuestión catalana, que es la cuestión española, son asombrosos.

    lunes, 29 de diciembre de 2014

    La Constitución de la República Catalana.


    Hace tiempo que los soberanistas catalanes hablan de proceso constituyente. Es un nombre que no designa un procedimiento específico, jurídico, a cargo de ningún agente con un mandato concreto. Es un enunciado casi político-filosófico, un lema, una consigna lanzada a la sociedad civil y las instituciones catalanas para configurar lo que, siendo deliberadamente genéricos, llamaríamos un "nuevo orden de cosas".

    Ayer se filtraron a la prensa dos anteproyectos de Constitución de la República Catalana, a cargo uno de un grupo de expertos coordinado por el juez Vidal y el otro de cuatro ciudadanos anónimos. Y todavía se espera un tercero proveniente, al parecer, de expertos de la ANC. Tres propuestas. El proceso constituyente tiene base documental suficiente sobre la que debatir. Cómo se articulen luego tales debates ya será cosa del curso que sigan los acontecimientos en Cataluña. De momento y en espera de que esta primera filtración se substancie, cabe hacer algunas consideraciones.

    A pesar de los diferencias, hay algo claro en los tres casos (a falta de conocer el tercero) en cuanto ninguno considera la posibilidad de que Cataluña no sea independiente. Las tres presuponen la independencia, y dado que esta está todavía por articularse siquiera como proyecto, las tres son puros futuribles, por no decir utopías. De momento. Son asimismo Repúblicas.

    El proyecto del juez Vidal es el que parece más detallado. Configura una república parlamentaria frente al de los cuatro ciudadanos que la prefieren presidencialista. Parlamentarismo frente a presidencialismo es uno de los grandes debates políticos. Toda América continental, excepto el Canadá, es presidencialista y casi toda Europa es parlamentaria. Eso tampoco es grave. Hay ejemplos mixtos, como el semipresidencialismo francés. Tiene las virtudes de ambos sistemas. Y sus vicios.

    El proyecto del juez quiere prescindir del ejército en medio de declaraciones de un pacifismo casi ditirámbico. No está mal si se recuerda que eso quiere decir que Cataluña saldrá de la OTAN, salvo si esta destina recursos a la defensa de un territorio que no contribuye. No suena muy factible.

    La constitución quiere limitar el número de mandatos y establecer la revocación. Todo dirigido a fortalecer el control popular de los representantes. La revocación me parece imprescindible. La limitación del número de mandatos, no tanto. Si los cargos se renuevan en elecciones libres, ¿por qué no se va a permitir que la gente elija a quien quiera las veces que quiera? En todo caso, es un debate abierto.

    En el asunto de las relaciones con España, la Constitución prevé la cooficialidad universal del español y reconoce a los ciudadanos la posibilidad de optar por la doble nacionalidad, catalana y española, en el primer año de vigencia del texto. Es, pues, una disposición transitoria. Es claro que la oferta se dirige a los ciudadanos residentes en Cataluña pero un alma maliciosa podría preguntar si se extiende asimismo al resto de los ciudadanos españoles.

    Se elimina el Tribunal Constitucional, del que los catalanes tienen áspera memoria, y la jurisdicción constitucional se residencia en una sala especial del Tribunal Supremo con una composición asimismo especial. Eso es básicamente correcto para no incurrir en esa dualidad jurisdiccional tan molesta, pero no es asunto decisivo. Lo decisivo es el régimen de reforma de la Constitución que la propia Constitución establezca.
     
    En todo caso, piensen los soberanistas en que desde el Estado se aprestan ya acciones que quizá obliguen a plantear la cuestión en otros términos. El País , que quiere ser buque insignia de la nueva Invencible en Cataluña ante la evidente inoperancia e incompetencia de Rajoy, editorializa enviando expresamente al Rey a resolver la cuestión catalana. Es casi una orden titulada La hora de Felipe VI. O sea, su bautismo de fuego. Si el Rey Felipe quiere ganarse el trono debe retornar victorioso de Cataluña, lugar en donde quizá no le lean la cartilla, sino la Constitución.

    sábado, 20 de diciembre de 2014

    Cataluña según los catalanes ahora mismo.


    El Centre d'Estudis d'Opinió. (CEO) ha publicado su Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014 con trabajo de campo hace unos días. Probablemente la prensa española no le dará mucha relavancia, pues está más pendiente de los barómetros del CIS. Y debiera, in embargo, ya que los trabajos del CEO son tan importantes para Cataluña y, por ende, para España como los del CIS para España y, por ende, para Cataluña. La enquesta catalana da un cuadro que los partidos españoles harían bien en considerar. Porque es un cuadro distinto al español. Repasando las partes del sondeo se echa de ver enseguida que Cataluña es otra cosa. La autoubicación ideológica del electorado no coincide con la de España y hay otros datos no menos significativos. Uno por todos: la intención directa de voto de Podemos en elecciones autonómicas está en un miserable 4,6%, a dos décimas del PSC pero muy por debajo de CiU y ERC. Compárese con la intención de voto en Andalucía, en donde, si no he leído mal, es la primera o la segunda. Sube, sin embargo, a un 14,7% y es la primera, en unas hipotéticas elecciones al Congreso de los diputados, lo cual indica un comportamiento dual del voto, muy digno de tenerse en cuenta. Por lo que hace al PP, si su intención de voto en Andalucía es alta, en Cataluña en las autonómicas está en un ridículo 1,8%, con claro riesgo de quedarse en un partido extraparlamentario y tampoco aumenta mucho en unas generales, pues se quedaría en un 3,4%. Realmente, es otra cosa. Eso se nota en un sistema de partidos más complejo y fragmentado que en el resto de España.

    El dato más significativo es que, en este momento, los contrarios a la independencia de Cataluña son mayoría. Por poco, pero mayoría. Cuando se desglosa esa mayoría, otra mayoría en su seno propugna una estatalidad federal frente a otros que quieren ser una autonomía en España o, mucha menor medida, una región española. Lo cual significa que, de las propuestas de los partidos españoles para Cataluña, la que parecería gozar de mejores perspectivas sería la federal del PSOE. Tiene centralidad. A ella podrían sumarse algunos partidarios del estatuto de Comunidad Autónoma por exceso y otros partidarios de la independencia por defecto, pues cálculo humano habitual suele ser quedarse con el mal menor. Esto obliga al PSOE a perfilar con mayor esmero esa oferta federal. Porque federalismos hay de varios tipos y, si ha de recurrirse a la reforma de la Constitución (CE) (y dado el puntillismo del PP que quiere conocer hasta las comas de cualquier proyecto de revisión) conviene especificar lo más posible.

    A su vez los soberanistas, aun estando en minoría, cuentan con un apoyo sustancial, pero no podrán cuantificarlo en tanto no haya elecciones formales. Y elecciones reclama el bloque soberanista. Si no están fijadas ya es, al parecer, debido a la falta de acuerdo acerca de cómo concurrirá a ellas, con o sin lista única. Es un debate complicado que depende exclusivamente de los catalanes. Estos, a su vez, juegan en un horizonte de elecciones municipales que son españolas. Por eso las autonómicas catalanas han de ser antes ya que de ellas se quiere que salga otra decisión política trascendental: una declaración unilateral de independencia o la convocatoria de otro referéndum y, tanto en un caso como en el otro, tendrían lugar en el proceso hacia las elecciones legislativas españolas de 2015. Resulta absurdo ignorar que en esas elecciones va a ser decisiva la cuestión catalana.

    Con eso cuenta el bloque soberanista y por eso las CUPs apremian a Podemos a clarificar su posición respecto a un posible referéndum de autodeterminación. Podemos, con su 4,6% de intención de voto, muy inferior a la del resto del Estado pero que puede tener su peso. La cuestión es si Podemos puede clarificar. Hacerlo a favor de la autodeterminación se considera receta segura para perder votos en España. Hacerlo en contra tiene difícil acomodo en una perspectiva de izquierda.

    Los nacionalistas españoles no disponen de más salida que la opción federal y una reforma a fondo de la CE. Y no tienen garantizado en modo alguno el éxito. Para los soberanistas llega tarde y es insuficiente. Para los integristas españoles es un salto en el vacío. Por cierto, lamentable también ese obstinado rechazo a toda reforma de la Constitución. Indica el mismo miedo que la negativa al derecho de autodeterminación de los catalanes; miedo a que salga lo que no se quiere que salga, pero cuya posibilidad se admite porque, en el fondo, los negacionistas no confían en su propia nación ni en la Constitución que dicen defender. Ya se sabe y por eso no se dice que la verdadera dificultad es la Monarquía y la eventualidad de que una reforma quisiera afectarla. Claro, la Monarquía está prendida con alfileres y su defensa consiste en imposibilitar la reforma de la CE. Sin embargo seguirá siendo problemática mientras su legitimidad no proceda de la voluntad popular.

    A este respecto los catalanes también son otra cosa. En Cataluña es mayoritario un partido expresamente republicano, cosa que en España el PSOE no se atreve a ser, habiéndose convertido en un partido dinástico. Se escuda en la hoja de parra de la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno que en España, con su historia, no es admisible.

    domingo, 14 de diciembre de 2014

    El contramotín de La Granja.


    Al histórico sitio de La Granja de San Ildefonso se ha llevado el presidente del gobierno a los barones del PP para un acto de afirmación constitucional, nacional, española. Los presidentes territoriales han leído una declaración con la doctrina oficial del partido sobre la reforma de la Constitución que pasará a la historia como La declaración de La Granja por su laconismo y brevedad pues consiste en una sola palabra: "No".

    El presidente, sin embargo, ha condescendido a dar explicaciones complementarias, matices y hasta lo que él entiende por razones. La Constitución no es intocable, claro, pero casi. Hay que tener razones muy poderosas y muy claras para reformarla. No es cosa de andar con ocurrencias y frivolidades, dos abominables deslices que suelen ir a la par en sus discursos, como los tirios y los troyanos o la gimnasia y la magnesia. Su última fórmula, que la crisis es ya historia, al parecer, no es una ocurrencia ni una frivolidad. En efecto. Es una tontería. Y, como todas las tonterías, cuando se amplia y se explica resulta más tontería. Ligando la constitución a la salida de la crisis, pues ambas son historia, justifica la primera comparando los datos económicos (PIB, red viaria, gasto público, etc) de 1978 y los de ahora, 2014. Por esa misma brillante vía podíamos justificar la validez del Fuero Juzgo porque el PIB de hoy es estratosférico comparado con el de 1241.

    La facundia presidencial tiene respuesta para todos los desatinos y desvaríos que profieren distintos grupos de gentes a los que suele referirse de modo esquinado, perifrástico. Así, Rajoy sostiene que es preciso explicar a los adanes que España es un gran país. El intento es absurdo porque esos "adanes", esto es, las gentes del PSOE, IU y Podemos básicamente, están tan convencidas como él de que España es un gran país. Eso lo dicen todos. Quien no parece estar convencida es España, cuyas magnitudes y parámetros en cualesquiera órdenes de la vida, desde los económicos a los culturales, la hacen aparecer como un país mediocre tirando a malo, de los más retrasados en todo de la UE con perspectivas de seguir siéndolo.

    Para hacer creíble la nueva línea de propaganda según la cual la recuperación se nota ya en la vida diaria, se palpa en el bolsillo, se huele en el aire, nos alegra el día, Rajoy va a necesitar los servicios de hipnotizadores de masas. La televisión no es suficiente.

    En cuanto al soberanismo catalán, el juicio presidencial ha pasado de considerarlo una algarabía y luego un festival a verlo como una ensoñación shakesperiana. ¿Cómo vamos a reformar la Constitución para que quepan los sueños? Porque aquí hay algo absolutamente claro: la soberanía nacional, la unidad de España, los derechos fundamentales de los españoles, la libertad y la igualdad de todos no se negocian. Quienes dicen que eso les parece muy bien pero que no reza con ellos, pues no son españoles, es obvio, se mueven por ocurrencias y frivolidades. Y, además, no saben lo que dicen.
     
    Despachadas así las dos tribus alborotadoras, de los adanes y los catalanes, la jornada de La Granja toca a su fin. Sobre la corrupción no hay nada que decir. Rajoy, acusado de haber cobrado sobresueldos durante años y de presidir un partido al que un juez considera partícipe de un delito a título lucrativo, es el paladín de la transparencia y la regeneración democráticas. La corrupción, como la crisis, ya es historia.
     
    Es el paladín de la estabilidad constitucional frente a los adanes y de la unidad de Epaña frente a los catalanes. Para ejercer esta función acude a lo que precisa: ha aumentado los medios de los cuerpos de represión y se ha dotado de una Ley Mordaza, también para reprimir el descontento que equivale a una especie de ley de excepción administrativa o ley de plenos poderes del ministro del Interior.
     
    Y a esto lo llaman democracia.



    lunes, 17 de noviembre de 2014

    La agonía de la Constitución.


    Desde tres ángulos se cuestiona hoy la Constitución de 1978. De un lado, parte importante del soberanismo catalán quiere derogarla en Cataluña e iniciar un nuevo proceso constituyente. Obviamente restringido a ese nuevo Estado que se propugna y para el cual ya está redactándose un proyecto. De otro lado, el PSOE aboga por reformarla porque, aunque la da por viva, considera que no refleja la realidad española actual en lo territorial ni en lo social ni en lo político. Es decir, vive, pero malvive. Por último Podemos también la da por liquidada, por periclitada en cuanto fórmula jurídica del régimen de la fementida transición y fía una parte importante de su programa a un proceso constituyente que no es el de los soberanistas catalanes porque se plantea para toda España.
     
    Si tanta gente cuestiona la Constitución, por algo será. Y lo es. La situación de deterioro del sistema político en su conjunto, que afecta a la convivencia de los españoles muestra que si la Constitución no está muerta, está moribunda. Y lo muerto o moribundo hay que sustituirlo, como quiere hacer Podemos o revivirlo, como desea el PSOE. Hay puntos en común aunque no lo parezca. El PSOE pretende limitarse a reformar la vigente, no a sustituirla. Pero la propia Constitución admite la posibilidad de una "revisión total" (art. 168,1) y ¿qué es una "revisión total" sino otra Constitución? Pero los socialistas quieren asimismo limitar, acotar la materia de reforma. Para eso se han reunido y tienen ánimo de llevar su propuesta al Congreso. No para que se tramite, pues saben que es imposible con mayoría absoluta del PP, sino para dar fe de su ánimo reformador, pero limitadamente reformador. No haya miedo. Hay cosas que no se tocan. Es la herencia de Rubalcaba admitida sin más por Sánchez: hacer una reforma acotada a dos o tres asuntos previo pacto con el PP para evitar un proceso constituyente. O sea lo de siempre.  Con la propuesta trata también librarse del abrazo asfixiante del inmovilismo de la derecha que parcialmente comparte.
     
    En el PP hablan igualmente de reforma pero es para oponerse a ella. Recomienda Rajoy a Mas que encauce en la reforma constitucional sus pretensiones soberanistas y, acto seguido, anuncia que se opondrá a cualquier revisión que cuestione lo que él cree que no se puede cuestionar. O sea, a toda reforma. Los más fieros defensores de la vida, la vigencia, la intangibilidad de la Constitución son los miembros de un partido que in illo tempore se dividió en tres facciones frente a ella: a favor, en contra y abstención. Títulos suficientes a su juicio para dárselas ahora de paladines.

    La Constitución, dicen, ha amparado el más largo periodo de democracia de la historia de España. La prueba es que el PP gobierna con mayoría absoluta, lo que le permite hacer de su capa un sayo. Por ello está dispuesto a bloquear todo intento de reforma y, por supuesto, toda propuesta de proceso constituyente. A utilizar la Constitución como un freno, una barrera frente a movimientos sociales y políticos masivos que reclaman cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico. ¿Cambios? Por supuesto, cuantos se quieran, pero siempre en el marco de las leyes y la Constitución.
     
    Tratándose  de una Constitución moribunda o ya muerta de hecho, el empeño del PP por mantenerla intacta y obligar a todos los agentes a ceñirse a ella sin reforma alguna es casi un acto de crueldad. Recuerda a aquel tirano etrusco, Mecencio, quien, según Virgilio, hacía atar a los condenados a muerte a un cadáver, mano con mano, boca con boca. Parece como si, en lugar de ser una Constitución, fuera las tablas de la ley divina. Es su mentalidad.
     
    Sin desmerecimiento alguno para quienes redactaron y aprobaron el texto constitucional, lo cierto es que más de treinta y cinco años después, no funciona. Y no funciona en parte por su horror a toda reforma. La Constitución alemana vigente de 1949, en la que la española se mira, se ha reformado más de medio centenar de veces y, claro, sigue funcionando. En España, no. La protección de los derechos es infame; la regulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, una burla; la forma política de gobierno, impuesta; y el conjunto del Título VIII, con el cual había de resolverse definitivamente un conflicto territorial crónico no ha conseguido su objetivo, como se ve en el País Vasco y en Cataluña.

    La Constitución está muerta y los dos partidos dinásticos tratan de tirar de ella pero, mientras el PP lo hace al modo de Mecencio, atándonos al cadáver, el PSOE da más cuerda y semeja a aquel personaje de Un perro andaluz que arrastra dos curas así como dos pianos de cola sobre los que hay dos burros muertos. O sea, la Constitución con todas sus peplas, sus defectos, insuficiencias y mixtificaciones, más abundantes que las de Silvestre Paradox.

    En esta situación Palinuro considera oportuno disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas para afrontar los inminentes cambios legislativos con una representación popular más ajustada a una opinión pública que ya no tiene nada que ver con la de 2011. A continuación, un proceso de reforma constitucional que no excluya la revisión total de la Constitución. Palinuro convocaría asimismo una Convención específica sobre la organización territorial del Estado, con el compromiso de trasladar sus conclusiones, fueran las que fueran, al texto de la nueva Constitución.

    Por supuesto, todo ello sin perjuicio de lo que decidan los catalanes por su cuenta.  
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