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diumenge, 24 de febrer del 2013

Golpe de Estado

La gran marea ciudadana de ayer en todas las ciudades españolas ya no se deja minusvalorar con cuantificaciones de asistencias, que si 25.000, 250.000 o dos millones. Es una inmensa multitud que ha salido a la calle a protestar contra eso, contra lo que llama un golpe de Estado financiero implementado por un gobierno embustero, ineficaz y bajo fuerte sospecha de corrupción. Un gobierno que está promoviendo una verdadera involución en todos los órdenes. Está rompiendo los consensos básicos, dice Rubalcaba. Se entiende lo que quiere decir: el gobierno está tomando medidas más allá de la mera gestión del orden social, medidas que afectan a la estructura misma de ese orden social, de ese modelo, como se dice. La expresión no es feliz por cuanto tales consensos jamás fueron explícitos. Es mucho más claro hablar de medidas anticonstitucionales. Con independencia de si uno quiere reformarla o no, la Constitución incorpora todos los consensos reales. La acusación es que las medidas son materialmente anticonstitucionales. Es decir, respetan el tenor literal del Constitución pero la vacían de contenido. Es una mutación constitucional, un ataque a la constitución material del país.

Frente a esta situación la gran marea tiene un enorme significado. Es una respuesta del conjunto de la sociedad civil, esa que invocan permanentemente los neoliberales. Y lo es porque a las manifestaciones en las que concurren los trabajadores, los sindicatos, los parados, los pensionistas, se añade el estado de práctica resistencia de estamentos profesionales enteros, como el sanitario, el educativo, el judicial y el de los funcionarios en general. Pero, para que ese significado se plasme en la realidad, precisa la acción de un poder político que haya sido receptivo. Y no es el caso. Todo lo contrario: el poder político español es claramente hostil a ese significado.

El gobierno entiende la mayoría absoluta conseguida el 20-N de 2011 como un cheque en blanco por cuatro años. En democracia esto nunca es así y menos aun si ese gobierno ha roto todas sus promesas. Pero esta consideración vuelve a ser simbólica y convencional. El poder dispone del monopolio de la violencia y no se cuida poco o mucho de si es legítimo. Sin duda da respuesta a la movilización ciudadana en dos terrenos al mismo tiempo, el de la ideología y el de la violencia. El primero lo tiene muy descuidado. El intento de deslegitimar la gran marea comparándola con el 23-F de Tejero es tan estúpido que no lo puede mantener ni quien lo formula. Pero revela un carácter, una forma de ver la realidad autoritaria dominante en las autoridades que de democracia tienen solo una pátina.

La verdadera respuesta del gobierno a las manifestaciones, allí donde este se esmera, es la represión. Pero no solo la represión en el juego habitual de la acción-reacción, sino algo más brutal al tiempo que más refinado y que no solamente trata de reprimir sino también de amedrentar, incluso aterrorizar. El hostigamiento permanente de los ciudadanos por la policía, las identificaciones arbitrarias, las cargas injustificadas, las actividades de los agentes provocadores apuntan claramente al objetivo de criminalizar las movilizaciones y asustar a los ciudadanos. Dificultar o impedir el ejercicio de los derechos constitucionales y reprimirlo con medidas sancionadoras que abren procedimientos administrativos y judiciales cuando otro ministro de esta cuerda los ha sembrado de tasas es tiranizar a la población de hecho.

En esta situación, ¿cuál ha de ser la respuesta de la ciudadanía? ¿Cuál la de la oposición? Recuérdese que, salvo circunstancias excepcionales, el sistema solo admite cambios mediante elecciones cada cuatro años. La gran marea, en el fondo, aspira a ser una de esas circunstancias excepcionales, consiguiendo la convocatoria de un proceso constituyente. Pero es un sueño pues no se arbitran los medios para hacerlo realidad. En este asunto en concreto es más verosímil una excepcionalidad por la vía penal. No es impensable que a raíz de los papeles de Bárcenas haya una imputación al presidente del gobierno. Eso sí que seguramente obligaría a cambiar la presidencia, aunque pudiera no ser el caso tampoco. De hecho en el gobierno hay vari@s ministr@s que en cualquier país democrático del mundo habrían dimitido catorce veces.

Entre tanto, ¿qué hacer? Las mareas parecen decididas a seguir y a mantener la beligerancia frente al poder político. El PSOE, por su parte, se ha embarcado en una tarea de reflexión para, según parece, dotarse de un cuerpo nuevo de doctrina en una conferencia política en octubre próximo. Una especie de recapitulación de la acción del partido y hasta del mismo partido. Un intento de hacer una oferta más acorde con los tiempos, para lo cual se propone recabar información de la sociedad civil. Precisamente de esa que vive movilizada, pero con la que no parece tener mucho contacto. Recaba información, sí y no está mal. Pero la mejor manera de informarse es participando y no solo acopiando información para destilar después una teoría. Interaccionando con el movimiento según se produce. 

Y ahí es donde la ausencia del PSOE es clamorosa. La práctica inexistencia de la oposición socialista, que no consigue quitarse de encima el injusto sambenito de PPSOE, se hizo patente en el debate sobre el estado de la nación. La intervención de Rajoy fue tan vacua, ambigua y falsa como siempre. La de Rubalcaba más centrada, moderada y de nivel europeo. Pero anodina. El CIS levanta acta del resultado: el socialista ha perdido el debate frente a Rajoy ¡por 26,9 puntos!. Puede parecer injusto, pero esto interpela directamente a Rubalcaba. La gente lo quiere menos que a su adversario.

Sin duda un partido es más que su líder, sobre todo uno tan antiguo como el PSOE. Pero es también su líder en una época como esta caracterizada por dos notas especialmente negativas para la actual dirección socialista: de un lado, es la era mediática y en ella la imagen cuenta mucho; de otro, por ser mediática, es también la de la hemeroteca. Aparte de un serio problema de imagen, Rubalcaba lo tiene de crédito por cuanto fue ministro en los gobiernos de Zapatero, sobre todo en el segundo, en los que el PSOE hizo unas cosas y dejó de hacer otras por las que ahora se autocritica. Ciertamente, es encomiable que el secretario general reconozca los errores pasados y se arrepienta de ellos. Pero recuérdese que, según Spinoza, el arrepentimiento no es una virtud, porque no nace de la razón.

diumenge, 30 de desembre del 2012

La España oficial y la España real.

El presidente afirmaba solemne en su lamentable comparecencia del día de los Inocentes: Creo en España y en su futuro. Estaría bueno. Cabe imaginar cómo sonaría otro tipo de enunciado, por ejemplo: No creo en España ni en su futuro. Ningún presidente del gobierno puede decir algo así. Y, como tampoco es cosa de andarse con pamplinas del tipo de mediocreo en España y en su mediofuturo, la expresión primera resulta obligada y es una vaciedad. Porque si Rajoy no creyera en España y en su futuro, ¿por qué empeñarse en ser presidente del Gobierno? Para los neoliberales, tan admiradores de lo empresarial, sería como si un fabricante de quesos, por ejemplo, dijera no creo en mis quesos ni en su futuro

Son las perogrulladas de Rajoy. Adornadas, además, por el hecho de no saberse nunca qué diantres quiera decir. Porque, en efecto, ¿qué significa exactamente creer en España? Por supuesto, nada. No significa nada. Es una consigna de la España oficial, perfectamente encarnada en esa esfinge sin secreto del presidente Rajoy, especialista en la retórica vacua de creer en España, como si España fuera el misterio de la trinidad. Son expresiones genéricas, vagarosas, sin substancia concreta: saldremos de esta todos juntos, trabajando con tesón, con confianza, con comprensión. Somos un país serio, capaz de afrontar los sacrificios necesarios para salir adelante. Somos una gran nación. Pero ni una referencia específica a medidas prácticas, propuestas para resolver los problemas.

El PSOE es también parte de la España oficial pero, al estar en la oposición, no tiene por qué compartir la retórica del gobierno y puede aportar soluciones. Al parecer trae hoy una de manifiesto calado, consistente en reformar la Constitución para implantar un Estado federal. La reforma necesitará el consenso del PP y, como es harto improbable que lo consiga, ello nos evita dedicar espacio a la propuesta federal en sí misma, al menos hasta que se formule con detalle. Es bueno, sin duda, que la España oficial se digne reconocer uno de los dos grandes problemas que la atosigan, el de su planta territorial, aunque la propuesta federal esté lejos de ser la panacea como algunos se figuran. El otro, el de la crisis económica y social aguarda aún soluciones, después de cinco años de un proceso de deterioro sin precedentes.

Así pues, la España oficial conjuga el viejo españolismo huero con una propuesta de reforma de la organización territorial del Estado.

¿Y la España real? Es esta especie de democracia autoritaria en la que, a cuenta de una crisis todavía inexplicada, se desmantela aceleradamente el Estado del bienestar y se despoja de sus derechos a sectores enteros de la población, empezando por los trabajadores. La manipulación de los medios oficiales y la concepción represiva del orden público dibujan un panorama desolador con el que nadie, ni siquiera quienes lo están imponiendo, puede estar de acuerdo. Esta España real es fácil de encontrar pues se pasa el día en la calle, en manifestaciones, huelgas y actos de protesta en contra del gobierno del PP. Es una masa gente de todos las profesiones, oficios y andaduras de la vida en estado de permanente movilización, la acción de multitudes que tan pronto se manifiestan como revientan en acciones concretas todos los actos públicos de las autoridades. Esta acción colectiva, sin embargo, a duras penas se cuela en las informaciones de los medios y nunca consigue de los gobernantes un mínimo de consideración, una reflexión, una flexibilización o modificación de sus medidas más agresivas. 

Esa España real se organiza cada vez más de modo espontáneo a través de las redes. Se da, pues, la paradoja de que la España real es virtual. Pero es y tiene cada vez mayor presencia. Es una sociedad civil en marcha contra un gobierno empeñado en imponer una concepción ideológica doctrinaria radical, un modelo de capitalismo expotador y primitivo, rechazado por la mayoría de la gente (pues no debe confundirse la mayoría electoral con la social) y contrario a las convicciones jurídicas y morales contemporáneas.

Ese movimiento de multitudes, al enfrentarse al gobierno, cuestiona el conjunto del sistema político y sus fundamentos: el procedimiento electoral, la representación parlamentaria, la Constitución misma y, en la medida en que postula un proceso constituyente, rechaza las instituciones incluidos los partidos. Sin embargo, hay entre estos algunos parlamentarios, singularmente IU, y otros extraparlamentarios de la llamada izquierda anticapitalista interesados en tender puentes con el movimiento social y encontrar vías de integración y/o acción conjunta.

Son formas nuevas de acción y están por explorar. No es desdeñable que parte de la España oficial busque unidad con la España real, pero no contará con amplias expectativas en tanto el PSOE, como la fuerza mayoritaria de la izquierda en la España oficial no dé el paso de hacer una propuesta de integración de las reivindicaciones de este movimiento similar por su definición a la que hace acerca de la organización territorial del Estado.La formulación de una alternativa económica y social al neoliberalismo salvaje importado y autóctono que el país está padeciendo no es algo tan sencillo como una propuesta federal. Si no se hace, sin embargo, el abismo entre la España oficial y la real puede llegar a ser infranqueable y tomar formas inesperadas.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

dimarts, 25 de desembre del 2012

La aversión al cambio

El cambio. Ese misterioso término de contornos imprecisos, por todos invocado para los más diversos fines. El concepto apunta a una experiencia humana universal. Todos los filósofos menos Parménides lo han aceptado; los poetas lo han ilustrado; las religiones lo han consagrado. El cambio es la vida. Solo la muerte se nos aparece inmutable, sin serlo tampoco. El cambio es y, pues es, debe ser bueno ya que aquí estamos y no hemos muerto por ahora. El cambio tiene connotación rotundamente positiva. Por esos los políticos lo invocan. Por eso y porque no compromete a nada. Porque la pregunta es: ¿exactamente qué se pretende cambiar?

Modernización, progreso, futuro. El cambio propuesto por el PSOE en 1982 pretendía poner España a la altura de los otros Estados europeos en bienestar social (sanidad, pensiones), educación, infraestructuras y eficiencia de la administración. Treinta años después, visto lo sucedido entre tanto, es legítimo plantear la cuestión de si era ese el cambio deseado por la sociedad. La abrumadora mayoría absoluta socialista de 202 diputados, superior en 16 escaños a la actual del PP, ¿era únicamente un mandato para reformar la seguridad social, el sistema educativo, el ingreso de España en la Comunidad Europea o apuntaba más alto, a la Constitución misma?
Incidentalmente debe observarse cómo los 186 diputados del PP están sirviendo a este para hacer tabla rasa con todo lo conseguido desde 1982. La sanidad, ni la educación, ni la justicia son ya servicios universales ni gratuitos; las pensiones están en el alero y, por supuesto, los derechos de los trabajadores son recuerdos de tiempos mejores. Y estamos al comienzo, en el primer año triunfal de la vieja derecha española, convertida al liberalismo radical al que tanto combatió hasta bien entrado el siglo XX.

¿Cambiar la Constitución.? Impensable e indecible. Era el texto de un acuerdo, un consenso histórico, un documento casi mágico. Había hecho posible el milagro de que los dos bandos enfrentados en numerosas guerras civiles durante doscientos años llegaran a un entendimiento. Sería un irresponsable quien lo reformara. En privado, los exégetas reconocían que el texto tenía chapuzas sin cuento que jamás funcionarían o lo harían perversamente. Todo el mundo sabía desde el comienzo que el Senado no sirve para nada, las Comunidades Autónomas estaban mal planteadas y fueron delirantemente desarrolladas, el sistema electoral era desproporcional, injusto y, conjuntamente con los partidos políticos y su posterior regulación legal, daría lugar a un sistema caciquil y una partidocracia que algunos confunden con el bipartidismo.
Pero no se podía hacer nada porque la Constitución era el modélico fruto de un consenso y los consensos no se cambian. La cuestión es, sin embargo, sencilla: si fue fruto del consenso, ¿por qué no va a cambiarse? ¿Quizá porque no fue fruto del consenso sino de la imposición y el trágala, cosa que sus hacedores y herederos no quieren reconocer unos por interés y otros por vergüenza? Los partidarios del cambio no eran tales sino de una mudanza restringida, sin tocar la Constitucion. Para los gobernantes de hoy, el cambio es lo contrario y, con la misma Constitución nos descambian el cambio de 1982 y nos dejan en donde estábamos. Treinta años de cambio se van por el sumidero de la historia.

El dinero todo lo tapa. No se podía cambiar la Constitución porque el tal consenso ocultaba una situación conflictiva que podía explotar de cualquier modo. Por eso se optó por soslayar los problemas anegándolos en dinero. El ingreso de España en la Comunidad Europea fue la entrada en Eldorado. Sobre el país se derramaron los fondos destinados a la cohesión y, una vez cohesionado, en Maastricht le dieron el espaldarazo de la moneda única para ingresar en el club de los ricos. Y así no pareció necesario encarar los problemas, guardados en cofres dorados.
En aquella Jauja moderna, los defectos constitucionales antes mencionados se tornaron en actividades delictivas y una marea de corrupción: el Senado, las CCAA, la política y los políticos locales, la patrimonialización de la administración pública a todos los niveles son los pilares que han sustentado una actividad política en los últimos veinte años hecha de redes de corrupción, malversación de fondos, estafas, pelotazos, especulaciones, un caos de delincuencia, caciquismo y abuso que no ha dejado institución sana, desde el presidente del Tribunal Supremo a la familia Real, pasando por una infinidad de administradores de las cajas de ahorros que llevan años saqueando literalmente a los impositores. Y todo mezclado con las mafias internacionales, las redes de blanqueo de dinero, la evasion de capitales. ¿O es que nadie recuerda cómo la mitad de todos los billetes de 500 euros en circulación estaba en España? Parafraseando al poeta podría decirse "venid a ver el dinero corriendo por las calles".

Hasta que viene la quiebra. No puedo dejar de pensar en el reportaje de la BBC sobre el crac español, en el que se ilustran muchas de estas cuestiones. Con la crisis financiera vino la quiebra española y ahora nos encontramos cuesta abajo y marcha atrás a toda velocidad en manos de un gobierno de la derecha decidido a hacer pagar la crisis exclusivamente a las clases medias y bajas, favoreciendo el capital financiero, las grandes empresas y sin tocar las grandes fortunas ni, por supuesto, la mayor de ellas, la de la iglesia católica y sus privilegios de Estado dentro del Estado.
Ahora sí toca cambiar la Constitución. Lo admiten hasta quienes se opusieron a ello hasta ayer, a pesar de haber propiciado un cambio constitucional en agosto de 2011 que literalmente yugula todas las demás posibilidades del Estado social. Ahora hasta Rubalcaba habla de reformar la Constitución. Es decir, de cumplir el mandato que se dio en 1982 bajo la consigna del cambio, pero no se hizo por miedo al cambio. Y hoy ¿estamos a tiempo o también esa propuesta de cambio va a quedarse corta? Porque ahora, además del desmantelamiento del Estado del bienestar, el saqueo de lo público y la negación de derechos, se alza un reto soberanista catalán muy complicado. A su vera, lo de Ibarretxe, tortitas y pan pintado. Para hacerle frente se propone reformar las constitución para convertir España en un Estado federal. Los partidarios del cambio que, en el fondo, son sus enemigos, los federalistas sobrevenidos, todavía no han conseguido explicar cómo si España no ha sabido ser un Estado autonómico sabrá ser federal.

¿Reforma o proceso constituyente? Los reformistas de hogaño, en efecto, pueden estar llegando tarde. A su izquierda y en los movimientos sociales surge la petición de un proceso constituyente. No vamos a pegarnos por los términos. La propia Constitución prevé su revisión total. Siendo así, propóngase y a ver qué sucede. No es de recibo seguir oyendo que no es conveniente reformar la Constitución no vaya a ser que los republicanos pidamos la restauración de nuestra República. Pues claro. Estamos en nuestro derecho. Hemos soportado cuarenta años de dictadura fascista, militar y clerical y treinta y siete de monarquía impuesta. Y el fracaso está a la vista. ¿Por qué no intentarlo de nuevo con una República? ¿No son todos tan amigos del cambio?

divendres, 7 de desembre del 2012

La Constitución y el estado de excepción.

El aniversario de la Constitución Española (CE) ha sido muy simbólico. Nada de puertas abiertas en el Congreso que aparece casi bunkerizado, rodeado de vallas policiales y enmarañado en las redes de seguridad de la renovación que había de hacerse ahora precisamente. La recepción se ha hecho en el Senado, una cámara que más parece camarilla. Fuera, un grupo de descontentos, que ya empiezan a ser parte del paisaje urbano madrileño, doquiera que vayan las autoridades y hagan lo que hagan, básicamente de Telemadrid, lanzaban insultos a voz en cuello al paso de los dignatarios: ladrones, sinvergüenzas, chorizos entre los más coreados, algo que sintoniza con un sentir popular muy generalizado: gobernante = mangante..
Ya a buen recaudo en el interior, Rajoy por un lado y Rubalcaba por el otro, han accedido a sendos breves encuentros con la prensa sin aceptar preguntas ninguno de los dos. Se habrán puesto antes de acuerdo. Francamente lamentable porque revela una falta de cintura pasmosa en dos veteranos de la política, carencia total de recursos, desprecio por la ciudadanía. Comparecencias como partes de guerra. Rajoy: la CE no se toca. Rubalcaba: hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Desacuerdo máximo salvo que Rubalcaba crea posible adaptar la CE sin reformarla. Y de reformarla, nada, zanja Rajoy, coautor de la última controvertida reforma. Quiere decir: de reformarla, nada, hasta nueva orden. Y punto. Fuera braman las masas indignadas, la marca cataláunica está en pie de guerra. Los médicos, las profesiones jurídicas, los profesores, los discapacitados, los jubilados, los perroflautas, las yayoflautas, todos se la tienen jurada al gobierno. Sin embargo, hay dos cuestiones prioritarias: la deuda y el orden público. La primera es un albur; el segundo, depende de las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, los antidisturbios, la guardia civil, hoy casi en estado de movilización permanente.
Mientras la situación se encrespa por momentos, el debate sobre la reforma de la Constitución se da más o menos entre estas posiciones:
  • La CE es buena, pero se incumple sistemáticamente. Un argumento muy extendido y erróneo. Si la CE fuera buena no sería posible incumplirla.
  • La CE es buena y hay que defenderla reformándola. Vale, pero no será tan buena.
  • Es buena, pero hay que adaptarla, dice Rubalcaba, y añade: y cumplirla. O sea, lo de antes, mejorado: que para cumplirla, hay que reformarla.
  • La CE fue buena en su tiempo como astuto mecanismo para que los franquistas pasaran por el aro de la democracia, pero se ha quedado obsoleta y hay que reformarla en profundidad, quizá mediante lo que ella misma llama en delicada perífrasis "revisión total" (art. 168, 1).
  • La CE es mala y hay que cambiarla por entero mediante un nuevo proceso constituyente. Es lo que dicen los del 15-M. Por supuesto, están en su derecho como Rajoy en el suyo al decir que aquí no se mueve nada. No hace falta que recurran a ese argumento de que más del 50% de los españoles no la votaron. Nadie hoy vivo en los Estados Unidos votó la vigente Constitución y son ínfima minoría quienes quieren cambiarla. Ese no es el problema.
El problema es una Constitución formal que ampara una constitución material cada vez más parecida al estado de excepción agambeniano. Y no muy encubierto. Lo substantivo de la excepción es la suspensión de derechos y el traslado de la autoridad civil a la militar. Los derechos están siendo sistemáticamente pisoteados: expresión, reunión, manifestación, intimidad, presunción de inocencia, integridad física, garantía frente a tratamientos inhumanos o degradantes. Hay además una clara transferencia de la autoridad civil a la policial, que todavía no es la militar.
Pero... ojo: ahí aparece ese general Pérez Pitarch avisando de que en el ejército se está instigando un ánimo en pro de la intervención militar en Cataluña. El toque más español a la situación es que, junto al ruido de sables, suele escucharse el susurro de las sotanas.
Por cierto, muy bien por ese Congreso Internacional contra la Represión que se celebra en el Ateneo de Madrid en donde se denuncia que las calles de la capital están prácticamente tomadas por la policía en jornadas de manifas y protestas con la finalidad de intimidar a la población e impedir el libre ejercicio de sus derechos.
(La imagen es una foto de Infinauta, bajo licencia Creative Commons).


divendres, 22 de juny del 2012

La justicia de Aguirre.

La lideresa es una deslenguada, castiza, cheli, un poco rabanera, bastante impertinente y carece por entero del sentido de la oportunidad. Aunque puede ser que esto último sea aparente, una táctica buscada por sus asesores de imagen ya que, cuando un personaje dice algo inoportuno suele provocar mayor revuelo que si no lo es. Si, además de inoportuno, lo que se dice tiene calado, fundamento, el efecto es mucho mayor y estas cosas a Aguirre le salen de miedo.
Porque es, en efecto, algo descarada y sus cosas suelen sacar de quicio a más de uno, incluso en su partido. Pero muchas veces se atreve con lo que nadie osa y, a su modo, marca el territorio de un debate razonable. Dicho en plata: puede molestar, pero es doscientas veces más inteligente, audaz y original que Botella, Pons y Wert todos juntos. Ya quisieran estos.
Los propósitos de Aguirre sobre el Tribunal Constitucional (TC) son inoportunos por decirlos justo después de que una decisión de este vaya en contra de las manías autoritarias y censoras de la derecha. Quizá debiera haberse esperado a otro momento para no dar pie a una acusación de reacción intemperante ni empujar a los guardianes de las esencias democráticas -de las que no entienden nada habitualmente- a salir en su defensa como si Aguirre astuviera atacándolas. Nada más falso. Los propósitos de la lideresa sobre el Tribunal Constitucional son ciertos y oportunos. Pero, al sacarlos de contexto y pronunciarlos casi como venganza por una decisión incómoda, pareciera que no lo son. Y lo son. es obvio que están movidos por la obsesión en contra del nacionalismo vasco y que demuestran un espíritu españolista, dictatorial muy desagradable. Pero haciendo esto a un lado, la idea aquirresca no es nueva ni absurda. Veamos.
El TC no es un tribunal de verdad, no está compuesto por jueces ni forma parte del Poder Judicial sino que es una instancia política supraordinada a este en ejercicio de una jurisdicción que podría ser adjudicada a otro órgano, incluso al Supremo, como sucede en los Estados Unidos. Consciente de esto el legislador ha querido disimular la naturaleza política del órgano llamándolo "tribunal" y llenándolo de juristas de "reconocido prestigio, etc". Pero igual podía estar compuesto por políticos, expresidentes (como sucede con el Consejo Constitucional francés), por comerciantes o ciclistas siempre que tengan sentido común que, por cierto, no es monopolio de los magistrados.
Es perfectamente legítimo y hasta razonable, suprimir el tal TC y encargar su tarea al Tribunal Supremo (TS). De hecho, así es como funciona el primer ejemplo del mundo, el de los Estados Unidos. Tuvo que llegar después el alambicado genio de Kelsen para dar con la fórmula germánica  de un TC especial, variante del "guardián de la Constitución" schmittiano. En el fondo, probablemente, algunos europeos prefieren este recurso al del TS probablemente porque no se fían del espíritu constitucionalista de la judicatura.
Sin embargo, tampoco la solución del TS está libre de peplas. Aparte del evidente riesgo de conservadurismo de los jueces de carrera, está el hecho de que puede ser un órgano tan político como el TC o incluso más. Es el presidente de los Estados Unidos quien nombra a los magistrados del TS, es verdad que solo cuando hay vacantes, que el nombramiento es vitalicio y que interviene decisivamente el Senado, pero los nombramientos son indudablemente políticos, ideológicos. Y, sin embargo, el TS gringo funciona muy bien. Lo que quiere decir que no es necesariamente su condición política la que malea el TC español. A lo mejor es su condición de español. Y eso tiene peor arreglo.
Es más, no hay obligación alguna de aceptar una jurisdicción constitucional independiente. La mayoría de los países europeos más democráticos carece de TC: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suecia o Suiza no tienen TC. En cambio sí lo tienen Alemania, España, Italia, Austria y Portugal (llamado Comisión Constitucional); es decir, los países con mayor tradición de dictaduras y falta de democracia del continente. 
No, lo que dice Aguirre no es un sinsentido, aunque, como suele hacer, lo diga para llevar el agua a su molino de otorgar la jurisdicción constitucional a una casta de jueces conservadores todavía penetrados de franquismo. Pero no es un sinsentido. Sinsentidos son muchas de las críticas que se le han hecho.
(La imagen es una foto de ppcv, bajo licencia de Creative Commons).

dilluns, 19 de març del 2012

La teocracia liberal

Se cumplen 200 años de la Constitución de 1812, popularmente conocida como La Pepa, y Cádiz, ciudad en la que esta Constitución se proclamó, anda en fiestas. La Pepa estuvo en vigor en tres breves periodos de la historia patria, en 1812/1814, 1820/1823 y 1836/1837. Pero lo que no alcanzó en términos de norma positiva lo logró en cambio en el orden simbólico. Ha servido siempre -y sigue haciéndolo- como emblema del liberalismo español, como prueba de que la raza no está condenada a sufrir sempiterna tiranía sino que, cuando el pueblo quiere, es capaz de dotarse de instrumentos esclarecidos de gobierno. La Constitución de 1812 influyó mucho en el constitucionalismo europeo del XIX y de hecho estuvo en vigor y más tiempo que en España en el Reino de las dos Sicilias.

¡Loor, pues, al símbolo del liberalismo hispano! El documento que anuncia al mundo la llegada de la nación española. Porque esa es la gran virtud del texto, el ser el acta del nacimiento nacional. ¿Acaso no estaba entonces en ilegítimo vigor la Constitución de Bayona de 1808, la Constitución de José I? En modo alguno, sostenían los patriotas gaditanos: la nación española habla en el texto de 1812, afrancesado por la forma (ya que, al fin y al cabo, es una Constitución) pero reciamente hispánico, castizo, en su contenido.

Resulta así que, efectivamente, por obra de esta interpretación del origen de la nación española, La Pepa es el crisol en el que se se forja y aparece identificada desde el principio con los valores del liberalismo. Será la Constitución de la libertad frente a la tiranía. Así es como surgen también los mitos y las leyendas, sobre todo cuando nadie se preocupa por indagar en la naturaleza exacta del símbolo mismo. Prácticamente ninguno de los que estos días celebran la Constitución de 1812, hablan de ella y la presentan como el ideal al que los liberales y demócratas españoles han dirigido la mirada, la han leído y, por tanto, no saben lo que dice en realidad. El origen de todo suele ser oscuro, pero no sé si tanto que acabe siendo lo que no es.

Personalmente siempre me ha llamado mucho la atención que el liberalismo español sea cosa del clero y que, en el fondo, la Pepa sea una constitución de curas que, en definitiva, establece una teocracia disimulada y no tan disimulada, al extremo de que vincula la condición nacional española con el catolicismo. El artículo 12 retrata el empeño: La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Por cierto, gustará más o menos a los patriotas pero la odiada Constitución de Bayona (que conocía muy bien al pueblo español) decía ya en su artículo 1ºLa religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra lo que, entre otras cosas, demuestra la tradicional y anfibia habilidad de la iglesia, que apostaba a las dos barajas, la española y la francesa.

Los curas están presentes en la gobernación del país pues cuatro de ellos (dos necesariamente obispos) forman parte del Consejo de Estado (cuarenta personas, art. 232), del que se asesora el Rey para gobernar. Y no solamente gobierna, sino que se reproduce en el sistema educativo en términos que la jerarquía siempre ha visto con buenos ojos, pues es negocio de almas y de dineros, idénticos para la iglesia. Según el artículo 366: En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Es decir, en la Pepa la educación para la ciudadanía competía a los curas. A esto llaman las buenas gentes de hoy liberalismo; y lo será, pero en los términos de Esperanza Aguirre.

También los otros motivos de enternecedora simpatía de la Pepa tienen sus más y sus menos. Es cierto que reputa españoles a todos los hombres libres nacidos en los dominios de la Españas de ambos hemisferios. Pero ello mismo lo dice, hombre libres. Los esclavos no son españoles. El espíritu doceañero acepta la esclavitud. Es también una determinación racista, aunque esta no se explicite: los españoles nacidos en el África no son ciudadanos salvo que se lo ganen "por la virtud y el merecimiento" (art. 22).

Entre los habituales temas hagiográficos que señalan la bendita ingenuidad de los constituyentes suele señalarse que se ordena a los españoles que sean "justos y benéficos" (art. 6) y que se considere que el fin del gobierno sea la felicidad de la nación. Menos se conoce que da como forma de gobierno una fórmula ideológica que también huele a eclesiástica, una Monarquía moderada hereditaria (art.14) en la persona de un Rey que es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad (art. 168), condición que prácticamente reproduce la Constitución vigente de 1978 al decir que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56, 3).

Pero lo mejor de todo y lo que definitivamente sitúa a los constituyentes de 1812 no ya solo en la ingenuidad sino directamente en Babia es el hecho de proclamar que el Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina. Esto es, si el liberalismo de la Pepa tiene un tufo eclesiástico evidente, la capacidad de los constituyentes para entender el momento en que vivían y las gentes que lo hacían era tan inexistente como la de prever el futuro más inmediato.

No está mal celebrar un hecho histórico, pero conviene saber qué se celebra en concreto y no darle más alcance del que tenía en realidad. La Pepa no es otra cosa que el primer hito del nacional-catolicismo e inaugura una idea de nación con la que Palinuro no está ni estará jamás de acuerdo.


Actualización a las 12:00.

Las prisas de esta desenfrenada época de torbellino tecnológico me hicieron olvidarme de la Inquisición, que los doceañistas mantuvieron incólume -prueba de su intenso espíritu liberal- hasta 1821. Me la ha recordado Juan Domingo Sánchez Estop, con quien tengo abundantes afinidades electivas. Gracias, Juan.


(La imagen es una foto de zugaldia, bajo licencia de Creative Commons).

dilluns, 29 d’agost del 2011

La reforma de la Constitución y el referéndum.

A semejanza de los viejos partidos socialdemócratas europeos, Palinuro tiene un programa máximo y un programa mínimo en lo referente a la reforma constitucional, lo que también afecta el uso del referéndum. El programa máximo consiste en reformar la Constitución Española (CE) en los asuntos que entiende tienen verdadera enjundia, a saber, la forma de Estado (Palinuro es republicano), el sistema electoral (Palinuro es partidario de un sistema verdaderamente proporcional) y la organización territorial del Estado (Palinuro es federalista y partidario del reconocimiento del derecho de autodeterminación), mudanzas todas ellas que requerirían, entre otras cosas, un referéndum de ratificación. Pero esta reforma de programa máximo no tiene prácticamente apoyos; al contrario, hay un consenso abrumadoramente mayoritario para dejar las cosas como están si bien la reforma del sistema electoral parece ir ganando adeptos en el PSOE, a juzgar por lo que dice Rubalcaba. De los otros dos puntos casi nadie quiere oir hablar salvo minorías puramente testimoniales.

En esas condiciones, funciona el programa mínimo y éste dice que, con todos sus defectos, esta es la mejor Constitución que hemos tenido los españoles (salva la Constitución de 1931) y, por tanto, es bueno no tocarla. Y, si hay que tocarla, que se haga rápida, legal y tranquilamente, sin provocar más tratorno que el imprescindible. El modelo de la mini-reforma de 1992 (derecho de sufragio pasivo de los extranjeros residentes en elecciones locales y bajo principio de reciprocidad) es el más adecuado. Cualquier otro puede dar lugar a consecuencias no deseadas, por ejemplo el de solicitar que haya un referéndum con el cual sus partidarios parecen creer que conseguirían impedir la reforma que prevé constitucionalizar el límite del déficit. Además, y ello es esencial, no tiene posibilidades reales de prosperar por más peticiones y manifestaciones que se hagan. No tiene posibilidades reales por dos tipos de razones: las de fondo y las de forma.

En cuanto a las de fondo, debe recordarse que el tope del déficit ya existe, se fijó en el Tratado del Maastricht en un tres por ciento del PIB y se mantuvo en el de Lisboa. Lo que se nos está pidiendo ahora es que lo constitucionalicemos para darle mayor eficacia ya que, con un déficit en torno al diez por ciento, es evidente que no hemos sido capaces de respetarlo. No es una petición disparatada sobre todo si se evitan los efectos desastrosos para el Estado del bienestar si el tope se cuantifica y se hace rígido. Pero una vez que se ha pactado un texto con un nuevo artículo 135 que recoge todas las peticiones de flexibilizar el tope, no fijar una cantidad y remitir a una posterior ley orgánica su regulación, no hay razones para oponerse.

Se dice que es una imposición de los alemanes. No sería de extrañar pero, antes de volverse germanófobo, conviene pensar en dos cosas: la primera es que están en su derecho de pedir garantías a los socios que recurrimos a ellos para que nos saquen del atolladero y que sean la locomotora económica de Europa. Eso tiene unos costes y no es legítimo pedir que los soporten sin poner nosotros garantías de nuestra parte. La segunda razón es que los alemanes predican con el ejemplo pues ellos ya reformaron su Constitución en el sentido de limitar el déficit. En realidad la reforma propuesta española se inspira mucho en la alemana que, siendo flexible, no ha afectado a su Estado del bienestar.

Por si estos asuntos no hicieran mella, hay que advertir que las razones de forma son contundentes. El referéndum sólo es posible si lo pide un diez por ciento de diputados (treinta y cinco) o de senadores (veintiséis). Para que esas cantidades se alcancen es imprescindible que algunos diputados o senadores del PSOE y/o del PP rompan la disciplina de voto. Una posibilidad no enteramente descabellada (pues varios diputados o senadores del PSOE muestran proclividades referendarias por distintas razones) pero sí muy improbable. Tanto que algún diputado catalanista juega con la idea de votar a favor del referéndum... en la seguridad de que no va a salir, lo que le permitirá sentar plaza de avanzado pero dejando las cosas como están. La política tiene estas triquiñuelas. Si no se rompe la disciplina de voto, no hay reférendum, aunque lluevan peticiones o se multipliquen las manifas.

Y no es solamente que la CE esté blindada por obra del acuerdo entre los dos grandes partidos sino que, además, las razones de los partidarios del referéndum no son convincentes en absoluto. Las razones referidas al contenido, esto es, la indeseabilidad del techo de déficit no se pueden invocar por lo que se ha dicho más arriba.

Hay otra razón que se esgrime mucho, sobre todo por los indignados y los jóvenes en general y es el hecho de que ellos no votaron la CE y que ahora quieren votar en un asunto tan importante porque mantienen la idea de que la Constitución que los vincule debe haber sido votada por ellos. Esta actitud revela un adanismo asombroso. Las constituciones, como todas las leyes, tienen voluntad de permanencia a lo largo del tiempo y no existe un derecho generacional (supuesto que quepa fijar las generaciones) a renovar su voto a la legislación como el que renueva un juramento. En otro caso, ¿por qué limitarse a la Constitución y no exigir votar asimismo la ley de aguas, la de sociedades mercantiles o las ordenanzas municipales? Ya sé que cuesta entender que la sociedad en la que nacemos no comienza con cada uno de nosotros, que somos lo más importante del mundo, sino que la heredamos bastante hecha. Cuesta, sí, pero conviene ir acostumbrándose a una realidad que hace posible la convivencia. La última generación que votó la Constitución de los Estados Unidos murió en el siglo XVIII y, desde entonces, con sus veintisiete enmiendas, a nadie se le ha ocurrido que haya que votarla de nuevo.

Estoy especialmente interesado en señalar que, con esto, no vengo a decir que el pueblo soberano no pueda cambiar de Constitución, derogar la anterior y darse una nueva o ninguna. Lo que estoy diciendo es que no se puede entender en términos de un derecho legal que nos asista y que los poderes sólo pueden ignorar prevaricando. Es, sí, un derecho, pero no es legal, no está reconocido, no se pide permiso para ejercerlo: se toma. Es un derecho a la revolución que, de ser algo, es moral o, si se quiere para quienes gusten de otra terminología, "natural." Pero, según parece, no se trata aquí de eso que en definitiva requiere pasar a los hechos, sino de pedir que se reconozca un derecho que no está previsto. Cierto que puede argumentarse que negarse a hacerlo implica un déficit de legitimidad democrática. Es posible, según de qué concepto de democracia se parta; si es del de la democracia directa, hay déficit; si es del de democracia representativa, no lo hay. Pero, además, es perfectamente legal y constitucional. Esta reforma no es un nuevo golpe de Estado financiero, como dice melodramáticamente Democracia Real Ya. Es competencia del Parlamento representativo (a través de ese diez por ciento de parlamentarios) decidir cuándo debe y cuándo no debe haber referéndum en la reforma digamos "liviana". De "golpe de Estado", nada de nada.

Entiendo, sin embargo, que la izquierda no socialista insista en pedir el referéndum. Prácticamente lo ha convertido en caballo de batalla porque piensa que el PSOE saldrá aun más debilitado para las ya muy cercanas elecciones generales. Dado que lo más probable es que no haya referéndum, IU tendrá cartel electoral presentando el acuerdo PP-PSOE como la verdadera pinza, por fin descubierta. Es de nuevo un cálculo similar al del diputado catalanista mencionado: propugnar algo a sabiendas de que no va a salir porque, si saliera, sería perjudicial para el que propugna que, de este modo, nada y guarda la ropa. En efecto si, por la razón que fuera, hubiese referéndum, lo más seguro es que ganara el "sí" por abrumadora mayoría e IU quedaría derrotada una vez más, lo que no ayudaría en absoluto a su reconstitución.

divendres, 26 d’agost del 2011

El valor simbólico de la reforma de la Constitución.

La propuesta de reforma constitucional puede verse de muchas maneras. Una de ellas, distinguiendo entre su contenido material (qué se quiere reformar) y su valor simbólico, al que el presidente Zapatero parece haber prestado poca atención. Si añadimos que el contenido material ha provocado un estallido de indignación en la izquierda, es lógico que apenas se hable del segundo.

Y, sin embargo, puede ser más importante que el del contenido material. No todos los sistemas políticos son iguales, aunque se denominen "democracias parlamentarias". Tienen culturas políticas disímiles. Por ejemplo, en lo relativo a la función que cumple la Constitución. Hay países en donde ésta se reforma con cierta frecuencia; por ejemplo, Alemania, que tiene una constitución rígida pero flexible o, como dijo un estudioso con sentido del humor, "flexiblemente rígida o rígidamente flexible". En otros, en cambio, no se reforma nunca; por ejemplo, España, cuya Constitución es súper-rígida y sólo se ha reformado una vez en 1992 para un asunto menor del sufragio pasivo de extranjeros residentes en elecciones locales. Una vez por aunto menor en 33 años de vigencia .

España es un país con un sistema político cuestionado en cuanto a su legitimidad por la forma en que se hizo la transición y el modo en que se han articulado los nacionalismos. Sectores mayores o menores de la sociedad suelen pedir un referéndum sobre la Monarquía o la República o el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Otros piden la reforma del sistema electoral. En todos estos casos las peticiones sólo pueden avanzar mediante reforma constitucional. Pero la mera mención de ésta pone en contra cerrada a los dos partidos mayoritarios, al menos hasta ahora, en que Rubalcaba admite que habría que cambiar el sistema electoral. Nadie quiere hablar de la reforma constitucional porque se considera terreno peligroso. La Constitución es intangible, sacrosanta.

Sin embargo, de la noche a la mañana, ambos partidos deciden revertir su oposición acotando la reforma al asunto del techo del déficit. Pueden hacerlo porque entre los dos cuentan con más del 92 por ciento de los escaños, aunque sólo con el 66,5 de los sufragios del total del electorado, que tampoco es baja cantidad puesto que equivale al 82 por ciento de los votantes. Ese aplastante predominio bipartidista explica que los dos partidos puedan bloquear toda reforma de la Constitución y puedan hacer lo contrario sin explicación alguna, imponiendo una reforma en los términos que quieran. Pueden, pero dejan una desagradable sensación de arbitrariedad. Van a aprobar una reforma constitucional con un apoyo electoral real inferior al que obtuvo el texto en referéndum (88 por ciento de votantes de síes) lo que es significativo. ¿Por qué hay que reformar la Constitución no solamente cuando el bloque mayoritario quiera sino en los términos que quiera?

Y hay una pregunta aun más peliaguda: ¿por qué ahora? Zapatero viene dando a entender desde mayo de 2010 que las medidas que toma son obligadas y no hay alternativa. Dicho en forma algo más rotunda, que no gobierna sino que lo gobiernan. ¿Quién? Hasta ahora se decía que "los mercados", pero la decisión de la reforma parece provenir del Banco Central Europeo (BCE) o la señora Merkel, lo que es igual porque el BCE es la señora Merkel. Para los alemanes, ya se ha visto, la reforma constitucional es cuestión menos trascendente que para los españoles y los españoles no han sabido explicar que en España el asunto no es lo mismo.

En cuanto al contenido, el techo del gasto, que ha incendiado a la izquierda, es más sencillo de tratar. Obviamnte, la protesta no está en el techo en sí (puesto que ya lo hay en el 3 por ciento del PIB, según el tratado de Maastricht) sino en su constitucionalización. Los dos argumentos que utiliza la izquierda para oponerse tienen fallos: de un lado se dice que el techo termina con el Estado del bienestar pero eso sólo será cierto si ese techo es rígido y, además, se abandona la política de ingresos por vía fiscal que es lo que se viene haciendo dsde los años 90.

El segundo argumento de la izquierda señala que la constitucionalización del techo de gasto no solamente maniata a los parlamentos sucesivos sino que supone una dejación lamentable de soberanía ya ahora mismo. Lo de los parlamentos posteriores es un futurible y tiene un valor relativo. Lo de la dejación es más interesante puesto que se esgrime en una situación en la que todo avance que se da en la Unión Europea sólo puede hacerse a costa de mermar soberanía de los Estados miembros. Otra cosa es que la merma de soberanía no la imponga la Unión sino los miembros más poderosos de ella. Eso obliga a una revisión del funcionamiento de la organización.

Por último la petición de referéndum no parece que vaya a cumplirse salvo que algunos diputados de los dos partidos mayoritarios, singularmente el PSOE, rompan la disciplia de voto y se sumen a los de la oposición minoritaria hsta llegar a los 35 necesarios en el Congreso y 26 en el Senado. Solicitar algo que seguramente no va a producirse y que, si se produce, probablemente se perderá no es táctica ganadora. Claro que puede ser que su finalidad no sea ganar un referéndum improbable sino debilitar al PSOE y fortalecer las opciones a su izquierda. Es el síndrome del referéndum de la OTAN en 1986. Es posible que, en efecto, el PSOE quede en mala situación. En realidad ya lo está. Pero no es exagerado decir que no sólo el PSOE sino toda la izquierda está en mala situación. La insistencia en la petición de referéndum la empeorará.

(La imagen es una foto de Chesi - Fotos CC, bajo licencia de Creative Commons).

dissabte, 14 de maig del 2011

El Tribunal Constitucional.

Algunos amigos me han reprochado que en mi artículo de Público, Lo más sagrado, a mi vez sacralizo el Tribunal Constitucional como requisito esencial e intangible del Estado de derecho y de la democracia. Nada menos cierto. Sé de sobra que hay Estados de derecho y democracias antiguas y sólidas que carecen de Tribunal Constitucional bien porque es el mismo Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos (lo cual, dicho sea de paso, ahorra muchos disgustos), bien porque simple y llanamente, no existe, como es el caso de los Países Bajos o de Dinamarca, entre otros. Los tribunales constitucionales se abren paso en algunos países europeos por influencia germánica y, allí en donde existen, su función es crucial para el imperio de la ley y la democracia. En donde no existen, obviamente, no.

Lo que sucede es que si hago estos matices se me acaba el artículo que iba sobre si se puede o debe cuestionar las motivaciones de los magistrados del Constitucional. No criticar sino sugerir que los magistrados actúan por razones políticas antes que jurídicas. Eso equivale a deslegitimar el Tribunal Constitucional que tenemos, el máximo intérprete de la Constitución que es una fórmula política bajo la forma de una ley.

(La imagen es una foto de Invisgoth (Own work), en el dominio público vía de Wikimedia Commons).

dilluns, 26 de gener del 2009

El referéndum de Bolivia.

El 19 de diciembre de 2007 subí un comentario sobre el proyecto de Constitución que acababa de aprobar el Parlamento boliviano titulado Las dos Bolivias así que ahora puedo ahorrarme reiterarlo y vale con que resuma diciendo que la Constitución que ayer se aprobó en referéndum en el país andino es una de las las más avanzadas y radicales del mundo, si no la que más, amén de las más luengas, prolijas y normativas. Desconfío del exceso de normatividad y regulación. Normalmente oculta la intención de dejar que la letra sepulte a la letra y nada cambie en la realidad. En este caso puede ser muestra de un intento genuino de hacer justicia a la mayoría de la población boliviana, descendiente de aborígenes y tradicionalmente explotada y preterida. Esa será cuestión que zanje el tiempo. Pero habrá dificultades.

El texto consagra la oficialidad del español y treinta y seis lenguas indígenas en sus correspondientes territorios. Más lenguas que en Europa. Se me hace difícil ver cómo funcionará la administración del Estado en esta Babel. El de las lenguas es uno de los rasgos sobresalientes de las dificultades del nuevo ordenamiento constitucional. En lo básico éste consagra una descentralización territorial considerable con otra de carácter lingüístico-cultural pues reconoce los ordenamientos jurídicos indígenas consuetudinarios en el general boliviano manteniendo la autonomía de los primeros e integrándolos en la jerarquía de la administración de justicia hasta llegar al Tribunal Constitucional que estará compuesto paritariamente por magistrados de la administración ordinaria y los de la jurisdicción indígena campesina. Traza, pues, la Constitución un mosaico complicado de relaciones territoriales y culturales que se parece a la planta actual de Bélgica pero más enrevesada.

En todo caso, es la Constitución más progresista en la actualidad. Su parte declarativa en materia de derechos casi parece salida de un laboratorio del pensamiento más avanzado pues reconoce los de los indígenas, los discapacitados, etc y se amplía de los políticos, económicos y sociales a los culturales y medioambientales. Asimismo reconoce derechos colectivos a las comunidades indígenas.

En la entrada del 19 de diciembre de 2007 señalaba que una Constitución tan avanzada debería ser aprobada con sustanciosa mayoría. Desde entonces, como se sabe, Bolivia ha vivido momentos tumultuosos, con amenaza incluso de secesión de los departamentos orientales, los ricos en los que se concentra la oligarquía pero, al final, el referéndum se ha celebrado y, en el momento de redactar estas líneas, los sondeos dan una victoria del 60 por ciento en todo el país lo que probablemente quiere decir que será mayor en los departamentos occidentales de mayoría indígena que en los orientales. Lógico, además, si se tiene en cuenta que, con la Constitución también se ha aprobado una medida histórica que reduce la extensión máxima de los latifundios de las actuales 10.000 Ha. a 5.000, cosa que no gusta nada en la oligarquía.

Es decir, de hecho, la Constitución divide al país en dos y no es un buen comienzo. Pero ¿quién ha dicho que las causas justas tengan comienzos fáciles?

(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, con licencia de Creative Commons).

diumenge, 7 de desembre del 2008

La imposible reforma de la Constitución española.

Como todos los años, ayer, seis de diciembre, se conmemoró el aniversario (esta vez el trigésimo) de la Constitución Española (CE) en un acto que cada vez resulta más ridículo y vacío, más de símbolo de Corte de los milagros que festeja un texto inoperante y que, por mucho que digan algunos que cabe reformarlo (otros, por ejemplo, el señor Bono, echan las muelas ante la sola idea de la reforma) es, de hecho, irreformable jurídica y políticamente. Véamoslo:

Jurídicamente. Los artículos 166 a 168 que regulan la reforma (del tipo de las llamadas "agravadas") plantean tal cantidad de requisitos que, de hecho, la hacen imposible. Según lo que quiera reformarse, se precisan tres quintos o dos tercios del Congreso, así como un referéndum casi automático pues basta que lo solicite la décima parte de la Cámara. Y eso en la reforma de menor calado. En la de mayor, los dos tercios, disolución de Cortes, nuevas elecciones, nueva aprobación de la propuesta de reforma y referéndum. Prácticamente imposible a no ser que haya acuerdo completo entre los dos grandes partidos nacionales.

Políticamente.La reforma es imposible porque la CE es la clave del arco que cierra la transición española, la depositaria de todas sus miserias, componendas, renuncias y trampas con lo que está claro que quien se arriesgue a una reforma parcial, controlada (como la que pretendía el señor Rodríguez Zapatero) se arriesga a que lo que sea controlado sea la voladura del conjunto del invento. La CE es el producto del "atado y bien atado" de Franco y si alguien pretende desatarlo, lo que hará será replantear todas las cuestiones pendientes de la transición que quedaron congeladas en el bloque intangible del texto. Estos son los pilares del régimen democrático español, constitucionalmente consagrados y que no pueden tocarse:

"La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria", reza el artículo 1, 3. La CE cuela de matute la Monarquía franquista en el sistema democrático sin consulta previa ni referéndum alguno, con la endeble excusa de que ya había sido aprobada en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, un texto con el que se chantajeó a los españoles y que de hecho se tramitó como la octava Ley Fundamental de Franco, con el referéndum previsto en la legislación franquista y para el que la izquierda pidió, recuérdese, la abstención, esa misma izquierda que hoy se abraza a la Constitución como si fuera su salvavidas.

El famosísimo artículo 2, en relación con el 8 proclama la unidad de la Patria y encomienda su salvaguardia a las Fuerzas Armadas en lo que no cabe si no ver una forma de Estado tutelada y vigilada por los militares. Asimismo el citado artículo predetermina la doctrina del "café para todos" del llamado Estado de las Autonomías con el único fin de desactivar las pretensiones autonomistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia y anegarlas en el charco del Título VIII que deja el modelo territorial español abierto para siempre y hace de España un país territorialmente ingobernable en el que los debates sobre federalismo, autonomía, autodeterminación e independencia seguirán alentando porque el modelo establecido es un fracaso.

En conexión con lo anterior el artículo 69 regula el Senado, una cámara perfectamente inútil e inoperante que no cumple ni por asomo la función asignada de "cámara de representación territorial" ya que ésta la realiza el Congreso de los Diputados. Ello es lógico si se piensa que, cuando se aprueba la CE en 1978, no hay una sola Comunidad Autónoma establecida y nadie sabía cuántas habría en el futuro, así que el legislador acometió la tarea de sacarse una cámara entera de la cabeza como Palas surgió enteramente armade de la de Zeus, para un país cuya organización territorial era inexistente, es decir para un país inexistente.

El bodrio es tan monumental que el Senado y la sucesión al trono de España, son los dos únicos aspectos sobre los que probablemente haya consenso suficiente para la reforma. La tal sucesión, prevista en el artículo 57,1, es inconstitucional por consagrar una discriminación por razón sexo, contraria al artículo 14 de la misma CE, de modo que la Constitución española es la única Constitución inconstitucional del planeta, algo que seguramente sólo puede entender el Mad Hatter de Alicia en el País de las Maravillas. De todas formas, el consenso acabaría en el acuerdo de reformar y, en tratándose del Senado, se rompería a la hora de sustituirlo por otro, con lo cual, tampoco esto puede tocarse.

El artículo 68 consagra el sistema electoral proporcional más desproporcional del mundo, más que el de algunos sistemas mayoritarios, como el australiano. En este caso la intención del legislador es trasparente: blindar un sistema electoral injusto que favorece a las derechas sobre las izquierdas y a las zonas rurales sobre las urbanas para que no sea posible cambiarlo. Y voto a tal que no lo es. Todas las muy justificadas peticiones de modificación del sistema electoral tropiezan con el hecho de que, para acometerla, sea precisa una reforma de la Constitución que ya estamos viendo que, salvo en alguna ocasión en que ha sido obligada por la necesidad de recibir en España alguna norma imperativa de la Unión Europea, no es posible.

La cuestión religiosa. El artículo 16,3, que consagra una tibia aconfesionalidad del Estado "aclara" (por no decir que oscurece) a continuación que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", un texto marrullero del que sólo se saca en limpio que el Estado es aconfesional pero tiene que entenderse con la Iglesia católica, situación que si quiere cambiarse, deberá ir por el procedimiento superagravado de las dos mayorías de dos tercios, disolución, elecciones y referéndum. Con razón se encontraba ayer un cura detrás del Jefe del Estado mientras éste desgranaba sus habituales vaciedades sobre la CE en el solemne acto. Como puede apreciarse más arriba en la foto, copreside un clérigo que, si no lo ha puesto dios ahí milagrosamente lo habrá puesto el Concordato; pero estar está, sin duda para corroborar la aconfesionalidad del Estado. Pura Corte de los milagros.

Ya no hablemos de la Constitución económica que queda sometida al valor absoluto de la economía de libre mercado y la propiedad privada y que hace enunciados vagarosos de derechos como el derecho al trabajo o a una vivienda digna, entre otros, que pueden atropellarse sistemáticamente sin que la CE prevea mecanismo alguno de protección o amparo.

La Constitución que tanto celebramos es el resultado del atado y bien atado de Franco; por eso su edición príncipe luce el águila de San Juan de la Dictadura.

(Las imágenes son una foto de Jaume d'Urgell, y otra de 20 Minutos, ambas bajo licencia de Creative Commons).

dilluns, 29 de setembre del 2008

Ecuador: la victoria de Correa.

El señor don Rafael Correa se ha salido con la suya y el pueblo ecuatoriano ha aprobado por un 67 por ciento más o menos (la cifra procede de sondeos) su proyecto de nueva Constitución, la vigésima desde que el país se independizara a raíz de la ruptura de la Gran Colombia en 1830. El texto fue el aprobado en la Asamblea Constituyente literalmente copada, en un setenta por ciento de escaños, por la gente del señor Correa, del llamado Movimiento PAIS (Patria Altiva y Soberana) y se supone que traduce en términos jurídico-políticos los ideales del Socialismo del siglo XXI, que también campan en estos momentos por Venezuela y Bolivia si bien en estos dos países las constituciones han tenido distinto sino ya que la de Venezuela no prosperó en el último referéndum y la de Bolivia está pendiente de ratificación asimismo en referéndum pospuesto a causa de los conflictos hasta comienzos del año que viene.

La nueva Constitución ecuatoriana es un farragoso texto de 444 artículos divididos en nueve títulos, a lo que se añaden treinta disposiciones transitorias, una derogatoria y un régimen de transición de otros treinta artículos. Toda una lectura. Se ha redactado contra reloj y eso se nota especialmente en que, además de prolija (innecesariamente prolija), no está muy bien ordenada y es reiterativa en varios aspectos.

Desde un punto de vista ideológico general el texto es muy progresista y clásicamente de izquierdas. Tiene una de las más minuciosas declaraciones de derechos que he visto y con bastante originalidad, no solamente porque enuncia prácticamente todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales que uno pueda imaginar sino porque determina muy diferentes titulares de estos: adultos y adultas mayores, jóvenes, niños, personas discapacitadas y personas privadas de libertad. Se añaden dos sujetos de corte muy innovador y avanzado: las colectividades indígenas (derechos colectivos) y la naturaleza (la Pacha Mama, así llamada en la Constitución) que también aparece como sujeto de derechos. Los derechos son de eficacia inmediata si bien no se ve de dónde sacará el Estado los recursos materiales para hacerlos efectivos.

La experiencia dice que tanto detalle y tanta prolijidad suelen ir de consuno con un carácter puramente alegórico del contenido constitucional. Y la tradición de la mayor parte de las Constituciones de los países latinoamericanos, empezando por el Ecuador, así lo muestra. Para evitar este inconveniente la propia Constitución establece el carácter positivo, directamente alegable ante los tribunales de todos sus preceptos, derechos y enunciados. Lo que sucede es que es difícil imaginar cómo pueda arbitrarse eso con preceptos como el art. 83, sobre los "deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos" que en su apartado dos dice: ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. O en su apartado siete: promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. O el apartado doce, siempre del mismo artículo: ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Y de esto hay mucho en el texto hasta resultar premioso.

La minuciosidad en la regulación corre pareja con su carácter posiblemente excesivo. Hay varios artículos dedicados a regular la libertad de expresión que despiden un tufo innegable a censura y, en general, a injerencia permanente del Estado -al que se confía una cantidad gigantesca de quehaceres- en los aspectos más recónditos de la acción humana.

Todo ese progresismo y todo el socialismo del siglo XXI no impiden sin embargo que la Constitución sea de inspiración netamente católica de forma que el art. 67, segundo párrafo, hace lo que los reaccionarios estadounidenses todavía no han conseguido, esto es, meter en la Constitución una definición de matrimonio como la unión entre hombre y mujer lo que obviamente excluye a los matrimonios homosexuales. A estos, a los/las homosexuales tampoco se les permite adoptar niños aunque formen parejas de hecho pues, como dice el art. 68, segundo párrafo: La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo (sic). O sea, que tampoco es tan avanzada y eso que ni hablamos del aborto.

La llamada Constitución económica tiene también un tratamiento tan minucioso y reiterativo, como confuso. Su carácter izquierdista se echa de ver en que el art. 408 declara de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado de los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo incluso las que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. La redacción deja bastante que desear pero parece que este artículo, en principio, tendrá prevalencia sobre el otro, el 321, que reza: el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental. De no darse dicha prevalencia lo que hay es dos normas que pueden contradecirse en cualquier momento.

Especial interés tiene la aplicación del Sumak Kawsay, expresamente mencionado en el texto y que significa el buen vivir, un concepto obviamente enraizado en el mundo intelectual indígena y al que se dedica también un buen puñado de artículos, algunos francamente peculiares. En general lo indígena tiene un extenso tratamiento en el texto; no tanto ni tan decisivo como lo previsto en el proyecto de Evo Morales para Bolivia pero sí lo suficiente para pergeñar un régimen de autonomía eficaz para las comunidades indígenas a las que, además de reconocérseles una pila de derechos colectivos e individuales, se permite que se organicen según sus tradiciones e incluso administren su propia justicia.

Por último, desde un punto de vista más pragmático, la Constitución aumenta los poderes de la Presidencia (que puede disolver la Asamblea Nacional, órgano unicameral, previo dictamen de la Corte Constitucional) y fija su mandato en cuatro años, renovables por una vez por otros cuatro, cosa que no estaba prevista en la anterior Constitución de 1998 ahora expresamente derogada por ésta en su cláusula derogatoria. El triunfo de ayer en el referéndum quiere decir que a tenor del art. 1º del "regimen de transición", las autoridades vienen obligadas a convocar elecciones en menos de un mes a todos los órganos unipersonales y pluripersonales de la República, empezando por el la Presidencia, a la que se presentará ex novo el señor Correa que, de salir elegido, gobernará el Ecuador hasta 2017.

No sé si esta Constitución refleja bien el espíritu del "Socialismo del siglo XXI" pero me temo que un texto tan alambicado y mal apañado en cuyo preámbulo aparecen en ecléctica amalgama invocados la Pacha Mama y Dios hará compañía en poco tiempo a los otros diecinueve que lo han precedido.

dilluns, 7 de juliol del 2008

El manifiesto y la controversia de las lenguas.

¡Pardiez, señores, que se ven en el siglo usos desaforados que fueran más propios de los tiempos pretéritos! Al decir de gentes avisadas la lengua castellana o española (que de ambas formas es conocida como se ve en el título de la obra de Covarrubias, editada por el insigne Martí de Riquer) es objeto de menosprecio en las nacionalidades bilingües y hállase próxima a su extinción merced a las órdenes, pragmáticas y decisiones que emanan de las públicas autoridades locales. Siéntese asi movido un grupo de ingenios de la Corte a dar a luz un Manifiesto por la lengua común. Forman la compaña al viajero los nombres siguientes: Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner. Como se ve hay de todo pero abunda la gente culta, inteligente y brillante.

Tal temprana luminaria refulgirá en el firmamento, desde donde llegará al último rincón del globo, como próvido maná acrecido por la homilía semanal del pregonero mayor del Reino desde el temor por el fin del mundo que las generaciones venideras llamarán "plataforma mediática". Héteme aquí que en su día se juzgó provechoso para el bien común que tanto preocupaba al Aquinatense, y la gloria del magnánimo Borbón permitir que los habitantes de los lugares con lengua vernácula puedan servirse de ésta entre sí y en sus tratos con los agentes de la autoridad. Al tiempo debía asegurarse que en todas las posesiones de la Corona en donde se hablan lenguas vernáculas, el castellano o español reine como lengua franca de común entendimiento. Échase de ver, no obstante, que en el ejercicio práctico del poder en las nacionalidades bilingües, las autoridades actúan en provecho local y menoscabo de Corte. Anhelan que desaparezca la lengua común castellana y pretenden imponer el solo uso y cultivo de la suya vernácula. ¿Ha de obligar el Rey a sus súbditos en lueñes tierras a falar la lengua del Imperio?

Adviértese aquí de que no se trata sólo de la justa indignación que experimentan las almas refinadas cuando oyen hablar la lengua común a la que creen en franco deterioro, pues "ya nadie habla un castellano correcto", sino de la aventura de sumarse al movimiento del Manifiesto amparándolo y dotándolo de portentosos artificios para que su causa se oiga en tierras recónditas y ampare los derechos de todos. Porque son los seres humanos los titulares de derechos y no los territorios y menos aun las mismas lenguas. Este argumento se esgrime con frecuencia en un sentido equívoco. Nadie negará que son los seres humanos los titulares de derechos y no los territorios o las colectividades. Suspende el ánimo no obstante que quienes así de sagazmente discurren no caigan en la cuenta de que esos derechos de titularidad individual pueden ser antagónicos y habrá que establecer un orden de prioridades. La prioridad castellana puede encontrarse enfrente de la prioridad catalana y ¿cuál es el orden de preferencia?

¿Cual ha de ser? Por supuesto, el español porque es una lengua universal en permanente expansión, sólo superada por el inglés y el chino. Pero esto no es una razón convincente. No es disparatado que alguien invoque como mérito del orden de preferencia inverso que el carácter frágil, exiguo y minoritario de una lengua debe ser un criterio de la política de las autoridades educativas. Además, si tan seguro y próspero es el español, ¿por qué le atribula que en una porción relativamente pequeña de tierra, en Cataluña o en el País Vasco deje de hablarse? Obviamente porque el español es una lengua potente e impotente al mismo tiempo, en expansión o en contracción, según quién hable.

El discurso de la lengua es y ha sido siempre el discurso del poder político. Dios concede a Adán la potestad de poner nombre a las cosas, le da poder. Y de poder es de lo que se discute en esta controversia de la lengua; del poder de imponer la lengua. Si, lejos de querer forzar exclusivamente el castellano, el Rey, mediante disposición tan generosa como justa según dicen los del Manifiesto, autoriza el empleo de otra lengua vernácula en situación de confrontación a muerte, ese es el punto de vista del Rey, que compartirá quien lo comparta, que habrá que cumplir por imperativo legal pero no hay por qué aceptar sin más. Otrosí si el criterio es el número, lo mejor es que todos aprendan chino.

Argumentan los redactores del Manifiesto que el derecho de todos los españoles (incluidos los que viven en la marca cataláunica) deriva de lo preceptuado en la Constitución Española, art. 3, 1: El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y digo que deriva de la Constitución (algún sentido había de tener el famoso "patriotismo constitucional") porque es la Constitución la que crea tal derecho y deber. Barrunto que los redactores no tendrán una concepción iusnaturalista del derecho a usar el español que les haga decir que la Constitución no lo crea sino que lo reconoce porque es anterior a ella, como un derecho fundamental, con lo que habría que luchar porque todos los habitantes del planeta pudieran ejercitarlo.

Ahora bien, que algo esté amparado por la Constitución no quiere decir que quede hipostasiado a juicio de los manifestantes. Al contrario: ellos mismos piden del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos).... O sea, la Constitución puede modificarse en lo atingente a la regulación jurídicamente vinculante de la lengua. Pero podrá hacerse en más de un sentido. ¿O no pueden los nacionalistas pedir también una reforma de la Constitución para que el artículo 3,1 diga algo así como: "Las lenguas oficiales del Estado serán las cuatro oficiales en las distintas comunidades autónomas"?

Con razón han elegido el término "Manifiesto" para el título de su acción, un término político, insurreccional, a veces militar y en otras artístico. Pero siempre un texto para dejar clara de forma sucinta la posición de un grupo o bandería en una controversia.

(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).

diumenge, 4 de maig del 2008

Blogorismos.

DISTINTO Y DISTANTE.

Dicen sus hijos que el señor Calvo-Sotelo falleció de pronto e inesperadamente. Me da que era lo que cabía esperar de su forma de ser. No lo conocí personalmente, pero he leído sus libros la Memoria viva de la transición y Pláticas de familia. Me falta Papeles de un cesante. Además, he leído bastante sobre él y escuchado numerosas anécdotas contadas por gentes que lo trataron. Todos coinciden en señalar que su cualidad más llamativa era la discreción, aunque parezca un contrasentido. Tocaba el piano, pero no presumía de ello. Tenía un curioso sentido del humor con un toque de ironía. Y abundante campo para ejercerlo pues llegó a presidente del Gobierno literalmente en medio de una intentona militar, casi como en una puja, a ver quién se hacía con el Gobierno, si los chusqueros o el civil de carrera. El asunto tenía un aura como a julio de 1936, con otro Calvo-Sotelo, su tío (que suele haber un Calvo-Sotelo en el Gobierno de españa; ahora mismo hay una ministra), apodado "el protomártir" durante la Dictadura.

El señor Calvo-Sotelo, grande de España, la presidió brevemente. Pero dejó hecho algo que todo el mundo sabía que había que hacer pero nadie lo reconocía abiertamente: meter a España de cabeza en la OTAN. Se daba perfecta cuenta de que aquel ingreso era tan impopular que el Presidente que lo hiciera perdería las elecciones siguientes. Por eso, caballero como era, cedió la candidatura a la presidencia del Gobierno al señor Landelino Lavilla, cuya ambición era tan desmedida que no veía que iba a un batacazo electoral. Se lo dio y renunció al acta de diputado con lo que el señor Calvo-Sotelo, que iba segundo por Madrid y no había salido, pudo recuperar su escaño una vez pasado el burel de las elecciones. A esta suerte muy vistosa y elegante llaman chicuelina

(La imagen es una foto de20Minutos, bajo licencia de Creative Commons).


BOLIVIA. LOS RICOS SE VAN.

Y algunos no tan ricos. Hoy se celebra el llamado "referéndum de autonomía" en la provincia de Santa Cruz, referéndum que el Gobierno boliviano de Evo Morales considera ilegal pero que no parece en condiciones de impedir. Y es el primero de los que vienen detrás para las otras provincias "secesionistas", Tarija, Beni, Pando, Chicahuasca y Cochabamba, entre las que hay ricas y pobres. Pero todos los prefectos son de derechas y todos relacionados con la oligarquía terrateniente, las "n" familias, o siendo parte de ellas. O bien gentes que ya llevan eso del separatismo metido en los huesos, como el dirigente de una organización cívica separatista cruceña, el croata Branco Marinkovic.

Desde que Evo Morales accedió a la presidencia de la República el país andino está amenazado de partición y en una situación pintoresca: las provincias "separatistas" no reconocen la Constitución indigenista que el señor Morales ha sacado adelante, el señor Morales no reconoce la autoridad de las provincias para convocar referéndums y las provincias no parece reconocer la autoridad del señor Morales.

Los oligarcas quieren la independencia, pero sostienen que sólo pretenden la autonomía a la usanza española. Algo lleno de enseñanzas para todo el mundo.

(La imagen es una foto deSzeke, bajo licencia de Creative Commons).


TIRAD SOBRE EL PIANISTA .

Pide el PSOE consenso al PP para una reforma de la Constitución de 1978 limitada a la sucesión en el Trono de España y al Senado. No me va mucho en ello pues, como republicano, lo que quiero es que no haya Monarquía y no que, habiéndola, la línea sucesoria sea una u otra. No obstante como se trata de eliminar una muestra de discriminación por razón de sexo la apoyo y la apoyo con tanta vehemencia que solicito que sea con efectos retroactivos y se reponga en su derecho a la infanta doña Elena. Que ya está bien.

Por lo demás, sugiero al Gobierno que en lugar de pedir consenso para una reforma doble lo pida para dos reformas y que separe los asuntos porque tengo para mí que sera facil alcanzar un acuerdo sobre la sucesión al trono y no lo será en modo alguno alcanzarlo respecto al Senado al que, estamos todos de acuerdo, habrá que reformar a fondo. La cuestión es y ¿por qué no abolirlo? La II República fue unicameral y algunas de las democracias más avanzadas del planeta, como los páises nórdicos, también lo son, habiendo abolido las cámaras altas a mediados de los años cincuenta.

A favor de la abolición hablan multitud de razones empezando por el hecho de que la cámara es inútil. En contra, el de que España es un país tan descentralizado que casi parece federal y el bicameralismo es rasgo constitutivo de todo Estado federal. Sin embargo las Islas Comores (aunque no sean buen ejemplo por la cantidad de golpes de Estado que han tenido) son un Estado federal y unicameral.

(La imagen es una foto de Lademocracia.es, bajo licencia de Creative Commons).

divendres, 19 d’octubre del 2007

La reforma de la Constitución.

Los señores Alejo Vidal Quadras, Santiago Abascal, Iñaki Ezquerra, Francisco Caja e Inmaculada Castilla de Cortázar se reunieron ayer en un hotel de Madrid y presentaron un proyecto de reforma de la Constitución para frenar a los nacionalismos periféricos, fijar de una vez por todas el Estado autonómico y garantizar la unidad de la Nación española. Son objetivos que están más o menos en el aire y que se asemejan a los que postula la UPD de los señores Rosa Díez, Fernando Savater et al., así como en buena medida el partido Ciutadans. Los primeros señores mencionados hablaron en nombre de sus respectivas organizaciones, a saber, la Fundación Concordia, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, el Foro de Ermua y la asociación Convivencia Cívica Catalana, asegurando que la iniciativa no tenía nada que ver con el PP (aunque el señor Rajoy estaba al tanto) y a pesar de que algunos de los citados son militantes del partido de la derecha y uno en concreto eurodiputado del PP. ¿Cabe hablar, como hacen ellos mismos de un resurgir de la sociedad civil española? Para mí que no. Si tomo en consideración a los otros grupos mencionados (UDP y Ciutadans) más me parece un resurgir del nacionalismo español, ese nacionalismo que no admite que en España puedan convivir varias naciones en pie de igualdad que es exactamente lo mismo que sostienen los nacionalismos periféricos. Si es además una rebelión de la sociedad civil podrá verse en un futuro ya cercano.

¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? No diré que "degenerando" como hizo en cierta ocasión Belmonte cuando le preguntaron cómo había llegado a gobernador civil uno de sus monosabios. No diré "degenerando" porque no quiero ganarme más enemigos que ya tengo muchos pero sí "evolucionando". Las sociedades evolucionan como lo hacen los individuos, sacando conclusiones de las experiencias pasadas, adoptando su comportamiento a nuevas circunstancias, analizando sus errores y beneficiándose de sus aciertos. No lo hacen por medio de entes colectivos ilusorios como la "conciencia colectiva" o el "espíritu del pueblo", sino por medio de debates públicos en los que se va formando ese otro ente magmático e indefinible, la opinión pública, de la que sólo conocemos sus huellas en forma de resultados electorales periódicos.

Si analizamos ahora la evolución en los últimos treinta años en España vemos que tres decenios de intentos de acomodar a los nacionalismos periféricos en una España común no han dado fruto, que estos no han depuesto sus objetivos últimos de independencia y, en consecuencia, no han sido leales con el Estado, situándolo permanentemente ante una reivindicación abierta con amenaza de separación que a la larga entorpece mucho el gobierno de España. Treinta años de congraciarse con los nacionalismos periféricos no los han moderado sino que los han exacerbado de forma que hoy la bandera española oficial no puede ondear en muchas partes del territorio y si vas por ahí hablando de España te puede caer un chufa proveniente de los cuarteles nacionales periféricos que tienen sus banderas hasta en el retrete y se llenan la boca a hablar de entes de voluntad política como "Euskal Herria" o los "Països catalans". Tengo amigos que, con buen juicio, se niegan a hacer el ridículo bailando sevillanas y dando vivas al Cura Merino El empecinado pero es porque prefieren hacerlo bailando sardanas y vitoreando a Sabin Arana.

A mi modesto entender los del hotel madrileño aciertan en el diagnóstico de que el nacionalismo periférico no es leal a una España compartida y no es "recuperable", como también lo hacen los de UPD y ciutadans en lo que tienen de común con aquellos. Estos prometen la movilización de los sectores del nacionalismo español democrático y liberal para demostrar que no tiene por qué ser siempre fascista, golpista, excluyente y criminal. Ojalá tengan razón; faltan menos de cinco meses para verlo. Pero no es el caso de los del hotel madrileño.

¿Por qué? Porque proponiendo una gran coalición PSOE-PP para cumplir el requisito de mayoría que se exige para la reforma de la Constitución, lo primero que dicen es que hay que derrotar al PSOE en marzo para forzarlo así a la gran coalición. Es decir no solamente no creen que el PSOE sea un partido nacional español como pueda serlo el PP (como de hecho es y en muchos casos más que el propio PP) sino que anteponen los intereses electorales de este partido a los que presumen son los generales del país. Mienten pues en relación con el PSOE como hace el PP. Pero mientras en el caso del partido la mentira es comprensible en función de la batalla electoral no así en el caso de organizaciones que dicen ser la sociedad civil.

No sé de dónde saldría esa base electoral del nacionalismo español democrático y liberal (el "demoliberalismo", del que hablaban con ira los fascistas españoles, desde Franco a Arrese, pasando por Girón, Giménez Caballero, Beneyto, etc) pero, de estar en algún sitio, habrá de ser en parte en el PSOE y en parte en el PP. No hay más cera que la que arde. De existir ese nacionalismo, cosa que me haría feliz, pues me considero nacionalista español no impositivo y respetuoso con el derecho de autodeterminación de quienes componen la actual nación española, me atrevería a hacer una propuesta de reforma constitucional sobre la que llevo un tiempo meditando.

Antes de nada,la justificación: creo que, en efecto, se impone una reforma de la Constitución a la vista del hartazgo que suponen unos partidos nacionalistas periféricos no leales con el Estado y que, manteniendo abierta la opción independentista obtaculizan lo que pueden -que es mucho- la política española siempre en su propio beneficio convirtiéndola en un continuo rifirrafe en el que todo se cuestiona bilateral o multilateralmente, desde la recaudación de impuestos hasta el lugar de las banderas, pasando por todos los protocolos imaginables, las selecciones deportivas y los nombres de las ciudades. Todo. Lo que resulta escasamente fructífero y muy tedioso.

Mi propuesta de reforma de la Constitución tiene dos bloques. El primero es el de los arreglos institucionales, en el que tengo coincidencias con los grupos mencionados. El segundo, el del reconocimiento del derecho de autodeterminación en el que sé muy bien que no hay la más mínima coincidencia. En cuanto a los arreglos institucionales entiendo que hay que cerrar al menos por un período razonable el Estado de las autonomías, delimitar con claridad el régimen de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, racionalizar las de éstas y, si es necesario que el Estado reasuma algunas de ellas, que lo haga. Asimismo hay que reformar el sistema electoral que tanto beneficia a los partidos nacionalistas para obstaculizar o impedir si se puede que haya representación de intereses territoriales en el Congreso canalizando ésta hacia el Senado. Ello obliga, por supuesto, a una reforma radical del Senado como cámara no necesariamente electiva pero con auténticos poderes políticos de veto de la política del Estado, al estilo alemán.

Ciertamente, esto no se puede hacer por imposición, a la brava, como pretenden hacer los del hotel madrileño (de ahí que crea que no representan un nacionalismo español democrático y liberal) , sino por medio de una negociación y acuerdo común. Así, junto a la reforma constitucional "institucional", que garantice la unidad nacional española, propongo otra más de contenido: el reconocimiento del derecho de autodeterminación de cualesquiera entidades territoriales administrativas dentro de los límites que a cada cual atañen en el marco de la entidad administrativa superior, esto es, el derecho de los municipios a decidir en referéndum si quieren seguir formando parte de una provincia o incluirse en otra; el derecho de cada provincia a decidir en referéndum si quiere seguir formando parte de su Comunidad Autónoma o sumarse a otra o articularse como Comunidad Autónoma propia, que ya tendría gracia ver al Gobierno de Lakua gobernando para la provincia o herrialde de Álava; el derecho de cada Comunidad Autónoma a decidir en referéndum si quiere seguir siendo Comunidad Autónoma de España o adherirse a otro ente nacional o montarse su propia experiencia como Estado independiente y sujeto de derecho internacional.

Por supuesto el ejercicio del derecho de autodeterminación debe estar sujeto a una serie de garantias: no se puede estar planteando cada lunes y cada martes; no pude incluir por la fuerza a las provincias, territorios o herrialdes que no quieran hacerlo o que haciéndolo muestren deseos distintos a los de la mayoría y tiene que producirse en un ámbito pacificado, sin violencia y sin amenaza de violencia.

Y no se me diga que con esto reduzco indebidamente las posibilidades de acción política de los partidos nacionalistas porque esas posibilidades están basadas en un defecto de funcionamiento del sistema político español (un sistema bicameral cuya cámara alta no funciona) y porque las mantienen incólumes en el orden autonómico, que es al que pretenden reducirse voluntariamente, incluido el derecho a propugnar (y eventualmente conseguir) la independencia.

La cosa consiste en buscar alguna salida legal, práctica y pacífica a una situación que, como está, no la tiene.

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