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lunes, 29 de mayo de 2017

Un pequeño detalle

La información, destacada en primera de El País (señal del susto que lleva en el cuerpo) es correctísima. Da cuenta de la decisión de Puigdemont de convocar una cumbre de fuerzas independentistas para fijar fecha y pregunta del referéndum. Informa de los asistentes: PdeCat, ERC, CUP. Catalunya en Comú (Ada Colau) se abstiene y Podem asistirá como "libre oyente". Los reparos de esta izquierda al llamado independentista apuntan en la dirección de estar buscando alguna forma de tercera vía, idea que ha comenzado a acariciar El País al comprender que la ignorancia, la falsedad y la manipulacion no compensan. Pero, en todo caso, una información correctísima.

Con un pequeño matiz, un detalle casi nimio. Sostiene el diario que la cumbre se reúne para acordar fecha y pregunta del referéndum separatista. Ahí ya el periodismo se troca fábula y ficción. El referéndum que la Generalitat quiere convocar (tras haber intentado inútilmente pactarlo con el Estado) es consultivo y vinculante. Si es separatista o unionista lo decidirán los votantes. Salvo que se diga que es separatista por convocarse por separado. Pero no parece ser el caso, pues bastaría con llamarlo ilegal. Separatista prejuzga el resultado.

La suposición de que un referéndum en Cataluña tiene que ser separatista da una idea de la fe, la confianza que los nacionalistas españoles tienen en su propia nación. Algo lógico a la vista de cómo la tratan.  

domingo, 28 de mayo de 2017

¡Ah! Pero ¿había una "crisis"? ¿No era una "algarabía"?

Rajoy no solo ha gestionado mal la “crisis catalana”. Lo ha gestionado mal todo. Se ha cargado el Estado de derecho, no ha conseguido sacar al país de la crisis, habiéndolo arruinado con unas arcas vacías (sobre todo, el fondo de pensiones) y una deuda pública galopante, ni siquiera ha conseguido reducir el déficit a lo que se le exige. En seis años no ha conseguido hacer lo que el gobierno portugués de izquierda ha hecho en dos. Un completo inútil y una desgracia para el país. Y más desgracia que el país se dé cuenta ahora. Lo único que este prodigioso incompetente sabe hacer es amparar a los corruptos y conseguir que la banda de ladrones que capitanea haya expoliado el país.

En lo tocante a Cataluña, la incompetencia tiene rasgos casi delictivos. Desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, el independentismo catalán pasó de ser una reivindicación de partido a serlo social, nacional, transversal. Y, desde entonces ha llevado la iniciativa en procura de su objetivo de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Durante esos años, el gobierno presidido por esta nulidad no ha hecho nada por dialogar o negociar con los independentistas, se ha cerrado en banda, ha despachado con cajas destempladas a dos presidentes de la Generalitat que venían a exponer sus demandas y ha dado orden a su frente mediático de que ataque sin cuartel al independentismo, al tiempo que, al parecer, también se le hace la guerra sucia.

Hasta los de su cuerda, los empresarios catalanes, le instan a negociar y llegar a alguna solución política. El olmo y las peras. El mismo presidente reconoce que no tiene propuesta alguna, que no se le ocurre nada, vaya. Y eso que asegura encontrarse en el mejor momento de su vida. Se le nota cuando se pone apocalíptico previendo desastres sin cuento con la independencia de Cataluña. Lo único que se le ocurre es meter miedo o, mejor dicho, exteriorizar su propio miedo.

La cuestión no es qué cabe esperar del gobierno. Ya se sabe: nada. La confrontación y a ciegas. Es qué cabe esperar de la oposición: si va a cerrar filas tras el gobierno en combate o va a presentar alguna propuesta de negociación.

Ayer, Palinuro, extralimitándose, presentaba una. Ni él mismo se fía de ella. La intención era simplemente decir que hay que dialogar, que no se puede aceptar la decisión de este gobierno de cerrarse al diálogo.

En una democracia no es admisible impedir el diálogo y, si esto sucede, los independentistas se sentirán legitimados para proclamar una DUI, una Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento. Y a ver qué hace el gobierno.

sábado, 27 de mayo de 2017

Cerrar antes de abrir

Cuando Rajoy “da por cerrada la vía de diálogo con la Generalitat” está haciendo un ejercicio de posverdad. Algo inherente a su partido y que consiste en negar la evidencia con todo aplomo o directamente inventarse la realidad. “El PP es el partido de los trabajadores”, decía Cospedal. Posverdad. “El PP es el partido que más ha luchado contra la corrupción”, según Rajoy. Posverdad. “No he cumplido mi palabra, pero he cumplido mi deber”. Posverdad de la que se sigue que el deber de este hombre es no cumplir su palabra.

¿Hay algo más posverdadero que dar por cerrada una vía de diálogo que no existe? Ciertamente, hace unos meses, el presidente del gobierno, en un gesto de magnanimidad unilateral decidió adoptar una política de diálogo con la Generalitat. Despachó a la vicepresidenta a Barcelona, le puso allí un despacho desde el cual aquella empezó a ejercer a modo de virreina. Y ahí acabó la política del diálogo, en un único encuentro entre Sáenz de Santamaría y Junqueras para comprobar que no tenían nada de qué dialogar. El referéndum no lo permite. El diálogo no arrancó, pero el gobierno ya lo da por cerrado.

Es un momento de suspense, los dos contendientes en mitad de la calle desierta, mirándose a los ojos bajo un sol cegador, a ver quién hace el primer movimiento. De ambos lados llegan voces. Del lado del gobierno se lanzan admoniciones y amenazas y la inevitable Cospedal, ministra de Defensa, habla ya en términos castrenses de intervención militar. Califican de intento de golpe de Estado el referéndum. Del lado de la Generalitat se escucha a la CUP y la ANC, así como otras asociaciones de la sociedad civil, reclamando fecha para la celebración del referéndum.

El escenario es de confrontación. Y de mala perspectiva porque ninguna de las partes puede echarse para atrás. Sin embargo, una cosa está clara: la represión no es una solución. Un Estado de derecho no puede sobrevivir sojuzgando a una minoría nacional. La traslación de la experiencia del País Vasco a Cataluña, esto es, la idea de que es posible domeñar una reivindicación independentista tratándola como una cuestión de orden y seguridad pública, es un grave error. En el PV había un problema de terrorismo. En Cataluña hay una amplia movilización social democrática y pacífica.

La represión no solo no es justa; tampoco práctica. El Estado puede suspender la autonomía catalana pero en algún momento tendrá que restablecerla; puede inhabilitar a la actual clase política independentista, pero no impedir que se reproduzca mediante elecciones. El gobierno sostiene que va a dar la batalla a la Generalitat en defensa de la mayoría de los catalanes a la que se está engañando. ¿Cómo saber si esto es así? Por supuesto, haciendo un referéndum. Justo lo que, encuesta tras encuesta, reclama entre el 70 y el 80 por ciento del electorado catalán: hacer un referéndum para ver qué quieren los catalanes. El gobierno no tiene más que investigar. Lo que quiere la mayoría de los catalanes es un referéndum.

Si la represión no es la solución, ¿cuál es? Sentarse y negociar. Negociar, ¿qué? Por supuesto, todo. Eso de que hay algo innegociable (la soberanía del pueblo español) que va repitiendo por ahí Rajoy como una carraca es otra posverdad. ¿Por qué es innegociable? Porque lo dice la Constitución. Y la Constitución, ¿qué es? Una ley (y muy reciente, por cierto) que, como todas las leyes se puede cambiar. En realidad, las leyes no hacen más que cambiar y no solo las humanas, también las naturales y hasta las divinas. Porque todas las leyes se hicieron para los seres humanos y no al revés.

Que en un Estado democrático de derecho haya algo de lo que no se puede hablar es inadmisible. Porque quien impide que se hable, impone su opinión como infalible, la fija como verdad incuestionable. Si alguien la cuestiona, se le reprime pues estamos en la época de la posverdad, de la represión.

Es una perspectiva poco halagüeña y resulta comprensible que todos hagan cuanto puedan para evitarla. Todos quizá no. La negativa del gobierno a dialogar apunta a una intención de empeorar la previsión en virtud, quizá, de aquel viejo adagio que suele atribuirse al espíritu revolucionario leninista de “cuanto peor, mejor”.

La cuestión es si los otros partidos españoles aceptan o no uncirse al carro de guerra de la derecha. C’s parece casi destinado pues nació hace una docena de años como partido anticatalanista. Podemos, por el contrario, respalda la celebración de un referéndum pactado y, por tanto, legal y vinculante. Si hay prohibición, legitima un referéndum unilateral, pero solo le da un valor político, no jurídico. La incógnita es el PSOE, que ha cambiado las tornas desde las primarias y cuyo SG, acabado de aterrizar, se encuentra con una línea de apoyo parlamentario al PP sobre la que tendrá que tomar una decisión.

En asuntos tan graves, las decisiones no se improvisan y necesitan tiempo. Por eso Sánchez hará bien en no pronunciarse en uno u otro sentido hasta tener todos los datos, valorar sus posibilidades y formular una propuesta que habrá de someter a consulta a la militancia. Con la marca socialdemócrata. Por eso, así como no ajusta su criterio a las orientaciones de Podemos, tampoco tiene por qué responder a los desafíos gubernativos de que aclare el concepto de “nación de naciones”. Todo a su tiempo.

Para ir haciendo tiempo y entretener a los impacientes, el PSOE puede declarar en el Parlamento que no acepta el cierre de la “vía de diálogo”. Esa decisión es contraria a la función esencial del gobierno que, como toda autoridad pública, debe velar por la paz y el entendimiento entre los ciudadanos y no por la confrontación. Además, es ilegal, pues no media una previa decisión parlamentaria que le inste a hacerlo. No tiene más respaldo que una acción ejecutiva. Pero si el Parlamento rechaza el cierre del diálogo y obliga al gobierno a seguir intentándolo, este tendrá que hacerlo.

Al final, el problema es qué se lleva en concreto a una mesa de negociación, mediando entre dos posiciones antagónicas. Algo en lo que ambas partes estén de acuerdo, habiendo ambas cedido en algo. Como base podría servir la siguiente propuesta: el Estado permite la celebración del referéndum llamándolo “consulta”, “sondeo” o como se quiera, desprovisto de eficacia jurídica pero con una eficacia informativa que conlleva una obligación: el Estado se compromete a abrir un proceso de reforma constitucional en un órgano ad hoc, una Convención, por ejemplo, con una composición que haga justicia a la reivindicación independentista. Sea cual sea el resultado de la Convención, se someterá a referéndum por comunidades autónomas, una de cuyas opciones habrá de ser la independencia.

viernes, 26 de mayo de 2017

La que ha liado Sánchez

El título no es un error. Es Sánchez, no Puigdemont, que lleva bastante tiempo liándola. Es Sánchez el que la ha liado ahora siendo elegido SG contra Susana Díaz y el pronóstico de la autoridad. Esa decisión de la militancia ha trastocado los planes del frente nacional español PP-PSOE, que lleva gestándose desde la Ley de Seguridad Nacional, aprobada con los votos de ambos partidos dinásticos en septiembre de 2015. 

Esa alianza patriótica funciona soterradamente desde entonces y está en la base del golpe de mano del 1º de octubre. Existiendo la sospecha de que Sánchez estuviera tramando alguna forma de alianza con Podemos y los indepes, el frente nacional  da un golpe preventivo. Y del que parece tenía informado a Rajoy. El entendimiento de este con Rubalcaba fue siempre patente en asuntos que ambos gustaban llamar "de Estado" y quería decir Cataluña. 

La gestora del golpe sería Díaz y con esta rotundamente opuesta a Podemos y los indepes, quedaría armado el triángulo poderoso del nacionalismo español. Con un respaldo de tres cuartas partes de la Cámara, se encontraría una solución al contencioso catalán por las buenas o por las malas.

El resultado de las primarias ha dinamitado ese plan. Los ha descolocado y han recurrido a palabras mayores. El famoso editorial de combate de El País, El Brexit del PSOE, pone a Sánchez de chupa de dómine y habla de "demagogia, medias o falsas verdades (sic) y promesas de imposible cumplimiento" y se queja luego donde le duele: "En un momento en el que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos." O sea, la gran coalición, el gobierno de unión nacional.


A su vez, Rajoy también pierde los nervios y se pone a presumir de demócrata y adalid del Estado de derecho, acusando a los indepes de pretender un golpe de Estado. Su propuesta, dice, es liquidar la Constitución, lo nunca visto, lo que solo sucede en las peores dictaduras, cosa que él sabe de buena tinta porque su partido lo fundó un ministro de una de esas dictaduras. Todos cometemos pecadillos en nuestra juventud, pero es que este los comete ahora en edad provecta al gobernar conculcando sistemáticamente todos los fundamentos del Estado de derecho. Más o menos, lo que deja entrever el "todo" a que dice el gobierno estar dispuesto. 

Y encima, viene Sánchez a proclamar en el congreso la fórmula de "nación de naciones". Que no está mal, es bienintencionado, pero ya lo suficiente para que al frente nacional le dé un ataque. Y con escaso atractivo en el otro lado, que pide algo más concreto y tangible, un referéndum. La fórmula es, además, autodestructiva. Si no he entendido mal, se concibe España como "nación de naciones"... culturales. Una nación política compuesta por naciones culturales. Y ¿por qué no asimismo políticas? ¿Por qué la nación España, cuya idea cultural es problemática, sí, y la nación catalana, cuya identidad cultural es patente, no?

Si se quiere aportar algo con intención de desbloquear la situación, la nación de naciones tiene que ser de naciones políticas en igualdad de derechos con proporcionalidad negociable y todo ello a partir de un referéndum pactado vinculante. 

jueves, 25 de mayo de 2017

Cincuenta años

Que "el gobierno esté dispuesto a todo para impedir el referéndum" es noticia cuando menos preocupante. Habrá quien se sienta tranquilizado y quien, con cierta legitimidad procedente de la experiencia, intranquilizado. Ese adjetivo indefinido que también figuraba en las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil, en este país permite abrigar negros presagios. Inútil preguntar qué es "todo". Todo es todo. Lo legal y lo ilegal. Por lo demás, el Estado nunca hace nada ilegalmente ya que, mediante el estado de excepción, puede suspender la legalidad con lo que cualquier ilegalidad es legal, excepcionalmente legal.

Esa firme voluntad del Estado de hacerlo "todo" para impedir el referéndum se apoya en la necesidad de evitar una repetición de la consulta del 9N. Y si ahora va a hacerse "todo" para impedirla, ¿por qué no se hizo el 9N? No solo no se impidió sino que hubo burlas sobre ella desde el mismo gobierno, al compararla con una verbena sin consecuencias juridicas, salvo las penales que sí está teniendo. Entonces no se impidió y ahora sí, ¿por qué? La arbitrariedad es uno de los rasgos más irritantes de las tiranías.

Ese puñetazo del todo sobre la mesa parece ser la respuesta del Estado a la proposición de diálogo y pacto sobre el referéndum de los indepes en La Cibeles el lunes. En realidad, ya se anunciaba en los energúmenos que llamaban "hijos de puta" a los catalanes a la entrada y salida del acto, en una muestra más de la hospitalidad de los madileños. Ese "hijos de puta" es el sentido último del "todo". 

También se adelanta a la carta que ayer envió Puigdemont a Rajoy invitándole por enésima vez a negociar un referéndum. El recurso al género epistolar en la era de las TICs tiene un regusto literario. El remitente no se ha puesto plazo límite de espera de respuesta y no lo necesita. Antes de llegar a destino la carta ya tiene respuesta: "no". 

A partir de aquí, es el famoso juego del gallina. Las cuatro opciones son posibles. Se trasluce de una frase del discurso de Puigdemont en la Cibeles: "no hay poder (en el Estado) para detener tanta democracia". A esa frase es a la que contesta la afirmación del gobierno de estar dispuesto a "todo".

La cuestión es si la oposición va a tolerar o apoyar una política de confrontación sin proponer soluciones alternativas que puedan negociarse.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Los independentistas en Cibeles

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Ayer fue día fasto para dos aficiones de distinto ánimo: la llegada a Madrid de la troika indepe -Puigdemont, Junqueras, Romeva- con la última propuesta de negociación para un referéndum pactado. Y la victoria del Real Madrid. De esta sé poco; de la otra, algo. Los tres de JxS hablaron en sus característicos estilos, Romeva con la contundencia de quien viene a ser el CEO de la empresa Cataluña; Junqueras, abacial en un iusnaturalismo de fuerte voluntad política y Puigdemont capaz de combinar sucintamente la flexibilidad táctica con una precisa estrategia. El aforo estaba lleno, pero los poderes fácticos de todo tipo y los partidos dinásticos boicotearon el acto, al que solo asistieron Podemos y algunos otros favorables o bien dispuestos hacia a las reivindicaciones catalanas. Así, es muy difícil dialogar.

A continuación, la versión castellana:

Los independentistas en Cibeles.

El lunes, mientras unas docenas de energúmenos, apenas contenidos por la policía, portando banderas rojigualdas y de la Falange vociferaban improperios, la troika independentista, Puigdemont, Junqueras y Romeva exponía en la madrileña plaza de la Cibeles las razones de la Generalitat en pro de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

La idea original venía de Puigdemont, quien se había ofrecido días antes exponerla en una sesión plenaria del Senado, teórica cámara de representación territorial. Pero los senadores se negaron a admitirlo. Pudieron estar a la altura de su ilustre predecesor, el Senado de la República de Roma, cuando ante él comparecían los reyes extranjeros, como Yugurta, rey de Numidia, a exponer sus planes. En lugar de ello mostraron su estrechez de miras pretendiendo que Puigdemont hablara en una comisión especializada. Los de JxS se negaron con toda razón y acabaron consiguiendo el amparo y la audiencia de los tribunos de la plebe en el Ayuntamiento madrileño, gobernado por la coalición de izquierda de Ahora Madrid. Siempre el pueblo ha sido más democrático que la oligarquía patricia en su cementerio de elefantes.

Tres de los cuatro partidos de ámbito estatal, PP, PSOE y C’s boicotearon el acto. No así el cuarto, Podemos, que estuvo presente, al igual que representantes de otros partidos nacionalistas y, por supuesto, distintos sectores sociales, como la prensa la Universidad o el cuerpo diplomático. En un asunto de importancia capital, un problema constitucional profundo que afecta a la estructura misma del Estado, la inmensa mayoría de los diputados españoles (el 73% de la cámara) prefiere no tener conocimiento directo, de primera mano, de los términos del problema, prefiere ignorar la realidad y seguir viviendo en un sueño. Es una prueba más de irresponsabilidad de la clase política española, cuya voluntad de diálogo y espíritu democrático brillan por su ausencia.

La democracia no resuelve los problemas de fondo de las sociedades, que son entes conflictivos: los civiliza, los encauza y, de este modo, permite que se resuelvan por otro lado. Pero si las partes se niegan incluso a abrir cauces de diálogo, lo que se evidencia es una voluntad enfrentamiento e imposición antidemocráticos. Un reconocimiento de falta de razones.

El PSOE y su recién estrenado líder perdieron una ocasión única de mostrar con hechos que las recientes primarias han abierto un tiempo nuevo. Si, contra todo pronóstico, Sánchez hubiera acudido a escuchar al presidente Puigdemont (como, por otro lado, mandan no solo la conveniencia política sino la elegancia de trato) se hubiera dado un toque poderoso de atención y abierto una tenue esperanza de encontrar un camino de salida al embrollo.

No hubo nada de eso. Hubo un plegarse a la cínica invitación de la vicepresidenta del gobierno a Puigdemont de ir a exponer el proceso ante el Congreso de los diputados. Algo que recuerda la orden de Leon X a Lutero para que compareciera ante la Dieta de Worms, a retractarse de sus tesis protestantes y salir convenientemente humillado, cosa que afortunadamente no pasó pues Lutero no se retractó. Tampoco los independentistas han caído en tan elemental trampa, como cayó hace años Ibarretxe, a quien el Parlamento español dio el mismo infame trato que el Concilio de Constanza a Jan Hus, ejecutándolo.

Muy bien ha hecho JxS buscando un escenario alternativo. Su posición es diáfana y, por más que los medios madrileños traten de manipular y emponzoñar la situación tiene un hilo razonable y lógico: Cataluña es una nación (no un concurso de sardanas), con derecho a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Lo razonable y justo es que ese referéndum sea pactado, amparado y protegido por el Estado, pero si este se niega, aquella lo hará invocando el principio político de la supremacía de la legitimidad sobre la legalidad.

Esta situación recuerda pasadas y desastrosas obcecaciones de la oligarquía española, incapaz de entender la realidad a la que se enfrenta y las aspiraciones de los pueblos que regenta. Es un enésimo dejà vu en el proceso de desintegración de un imperio que no consiguió mudarse en nación. Los del JxS en Cibeles afirmaron su voluntad de seguir sentados en la mesa de negociaciones hasta el último minuto, en espera del interlocutor español. Es una prueba de paciente voluntad negociadora que fortalecerá la causa independentista a ojos de la comunidad internacional y puede acabar convirtiendo el último minuto en el último suspiro del Estado español,

martes, 23 de mayo de 2017

Cataluña en verano

En la abundante programación veraniega de la Universidad Complutense de Madrid han hecho un hueco para un curso acerca del problema más grave que tiene planteado España desde hace mucho tiempo y, con especial intensidad, en los últimos siete años. Cataluña. 

La tristemente famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, emasculaba el proyecto de nuevo Estatuto de 2006 que sustituía al de Sau de 1979 y ya venía muy "cepillado" del Congreso y, cerrando el camino al pacto político, abrió el de una rebelión pacífica, democrática e independentista. La dinámica centrífuga catalana, incomprensiblemente ausente del debate político español hasta ayer mismo, plantea un grave problema constitucional al Estado. Y no desaparecerá por el hecho de que siga negándose contra toda evidencia. La evidencia de que entre el 70 y el 80 por ciento del electorado reclama un referéndum y cada año unos dos millones de personas salen al carrer en la Diada a reclamar su deseo y voluntad de constituirse en un Estado nuevo de Europa.

Ese deseo y esa voluntad no caben en el ordenamiento jurídico español. Pero algo habrá de hacer el Estado con esos millones de ciudadanos suyos. Tres posibilidades se le abren: a) cerrarles la boca (ya se verá el método); b) reconocerles el derecho que reclaman; c) buscar alguna fórmula para que los que no cabe en el ordenamiento jurídico, quepa y encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Y las tres están todavía abiertas, a cuatro meses de la prevista celebración de un referéndum que el Estado no acepta.

Por eso el curso tiene mucho interés, ya que se trata de examinar un tema candente con espíritu académico y desapasionado. Por cierto, en el consabido marco incomparable del Escorial que encierra la nostalgia del pasado imperial español. El elenco de participantes, excluido el arriba firmante, es de mucho nivel y promete interesantes debates sobre el sempiterno problema de España: su identidad.

En los aspectos administrativos, la matriculación y asistencia y eso, están en la web de la UCM. Las fechas, 3 al 7 de julio, San Fermín.

viernes, 19 de mayo de 2017

Puigdemont en la Corte

Aquí, mi artículo de ayer en elMón.cat El lunes siguiente a la epifanía del SG del PSOE tene anunciada una conferencia Puigdemont en la Villa y Corte. Viene con Junqueras y Romeva y hablará en el CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid presentando, al parecer, una nueva propuesta de pacto o negociación con el Estado acerca del referéndum. No hablará al gusto de todos. El grupo municipal del PP y, según parece, el del PSOE reprueban la iniciativa sostenida expresamente por la Alcaldesa. La oposición desborda el ámbito municipal. El PP planea manifestarse hoy en contra no solo de lo que venga a decir Puigdemont, sino de que venga a decirlo. No quiere escuchar.

El auditorio se llenará seguramente con catalanes residentes en la capital (o que se desplacen por la ocasión), la prensa, los de Podemos y quienes consideren conveniente escuchar las razones civilizadamente expuestas de una de las partes en un conflicto que nos afecta a todos. Los contrarios a escuchar a los indepes catalanes, incluso contrarios a que puedan hablar, tendrán noticia cumplida de todas formas porque los medios la darán. Con lo cual, podían haberse molestado en ir a escuchar en directo pues quedarán igualmente emplazados a dar una respuesta.

Pero no la darán, está claro, porque no la tienen.

Aquí la versión castellana del artículo.

El discurso de Puigdemont en la Corte.

A veces, en las grandes cuestiones de los destinos de los pueblos, los pequeños gestos son más significativos que las declamaciones. En el salón del automóvil, celebrado hace unos días en Barcelona, Puigdemont se sentó en el asiento del piloto de un nuevo simulador dejando el poco lucido puesto de copiloto a Rajoy. El protocolo de la comitiva española entendió que tan sencillo como natural gesto era una afrenta e intentó neutralizarlo sin conseguirlo con lo que consiguió elevar a categoría de Estado un asunto en sí mismo nimio.

Algo parecido está pasando con la propuesta de Puigdemont de explicar en Madrid la posición independentista de la Generalitat. La primera oferta de hacerlo en una sesión plenaria del Senado levantó la misma suspicacia protocolaria y fue rechazada. Se le ofreció hacerlo en una comisión, cosa que el gobierno catalán rechazó. Se le argumenta que no objetó a hacerlo en comisión en el Parlamento Europeo. Pero este Parlamento no es el Senado español, cuya justificación reside precisamente en ser la Cámara de representación territorial de España. Y es raro que una cámara de representación territorial se niegue a debatir –incluso a escuchar- las razones de uno de los territorios que representa y tienen relevancia constitucional.

La solicitud se ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid, que sí ha acordado ceder un espacio municipal para la celebración del acto. De inmediato ha habido reacciones contrarias. El grupo municipal del PSOE, por boca de su portavoz, se ha opuesto a la decisión de la alcaldesa. Ni que decir tiene, otros grupos o sectores se suman a la negativa. La Comunidad Autónoma, a su vez por boca de su presidenta, se escandaliza de que se permita un acto que podría considerarse ilegal.

Al final, un gesto sin mayor trascendencia como es que Puigdemont pueda exponer en Madrid, capital del Estado, lo que expone por doquiera dentro y fuera de España, se convierte en un problema político de primera magnitud. El nacionalismo español del PP y del PSOE no solo se niega a escuchar las razones de una reivindicación política pacífica y democrática, sino que pretende impedir que otros las escuchen. Esto es ya más que seguir el consejo de Rajoy de “saber mirar para otra parte” e invade el terreno de la libertad de expresión e información.

Aunque solo fuera por respeto a esos dos derechos de la ciudadanía, se debiera apoyar la presencia de Puigdemont en Madrid. Lo contrario, es decir, lo que sucede, es que se priva a la ciudadanía de la información no manipulada sobre un asunto que le afecta y mucho. Y esta sería la razón más poderosa para facilitar a Puigdemont el acceso a una tribuna a exponer sus argumentos y que la gente pueda hacerse una idea por sí misma, sin que vengan otras partes a contársela. Es absolutamente cierto que Cataluña tiene mucha más información sobre España que España sobre Cataluña.

Está claro el interés para España de la comparecencia de Puigdemont. Lo que no está tan claro es el interés para Cataluña. Hay muchas voces en el independentismo que cuestionan la utilidad de este empeño en seguir ofreciendo diálogo y fórmulas de negociación, habida cuenta de su nulo resultado pasado, presente y futuro. Incluso algunas, más radicales, consideran que el propósito del gobierno de la Generalitat pretende ganar tiempo u ocultar una debilidad o una inseguridad en el cumplimiento de la tarea.

A la hora de justificar cualquier decisión unilateral en el orden de la legitimidad y la moral (porque en el legal ya se sabe que será imposible) es imprescindible que se haya demostrado sin sombra alguna de duda que, habiendo tomado todo tipo de iniciativas en busca de una solución negociada, aquellas resultaron infructuosas por negativa de la otra parte.

A la vista de la situación, crudamente expuesta hace unos días por García Margallo, queda claro que, si los independentistas insisten en hacerse oír en Madrid es solo a estos efectos de agotar las posibilidades. El cumplimiento de sus objetivos dependerá luego de la decisión de las fuerzas políticas, el apoyo de la población y las simpatías que la causa pueda suscitar en Europa ante la eventual represión española.

viernes, 12 de mayo de 2017

El vídeo sobre "el desencaje de Cataluña", en Blanquerna


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He comprobado que la calidad de la grabación es alta, tanto en sonido como en imagen.

Creo asimismo que es una buena exposición sobre cómo están la cosas en la cuestión catalana al día de hoy.

Nada más que decir. Está todo dicho en el vídeo.

jueves, 11 de mayo de 2017

Forcadell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Mi artículo de elMón.cat,titulado Jueces contra políticos, versa sobre el procesamiento de los cargos electos independentistas por desobediencia, como los casos de Carme Forcadell, Anna Simó y otros antes y otros que vendrán después. El gobierno parece decidido a inhabilitar (y, en su caso, encarcelar) a la clase política catalana. Teniendo en cuenta que esta se apoya en un movimiento de amplia base política y social y que la regeneración de esa elite está asegurada, al final, es posible que el ejecutivo se decida por lo que acaba de decir García Margallo: suspende la autonomía catalana, previo acuerdo parlamentario que, según sean las primarias del PSOE, no le será difícil conseguir,  y toma el mando de los Mossos d'esquadra. Pero eso no es una solución ni a medio plazo. O sea, no es una solución.

El error está en empeñarse en resolver en los tribunales un conflicto político que exige soluciones negociadas, pactadas, políticas.

A continuación, la versión castellana:

Jueces contra políticos

La respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial. Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han demandado a la jueza que les ampare.

La inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento. Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a los representantes del pueblo.

No es el caso con la función política del Parlamento y su concreción legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva) incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo pondrá al Parlamento bajo control judicial.

Se dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.
Por este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema: tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la causa.

De aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal ordinaria.

El mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España (incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al contrario, su brazo ejecutor.

Reducir un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan en los cargos y procedan del mismo modo?

Al final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación, el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a reconocer que tiene un problema constitucional.


miércoles, 10 de mayo de 2017

Hoy, debate sobre Cataluña y España

La embajada cultural de la Generalitat en Madrid acoge un interesante ciclo sobre El (des)encaje de Cataluña en España en el que se viene analizando desde distintas perspectivas este contencioso que actualmente domina la vida pública española. La de mañana se ha reservado para la visión politológica, siempre a cuestas con la contingencia de sus saberes. La falta de una clara doctrina respecto a qué sea España desde ninguno de sus ángulos facilita o empeora las cosas, según se mire. Un relativismo atroz en el que los politólogos nos sentimos a gusto.

Debatiremos Josep María Vallés y un servidor, lo cual no promete grandes emociones porque somos viejos amigos, colegas, compañeros y nos une gran aprecio por encima (o, quizá, por debajo, que en estos tiempos no está uno muy seguro) de banderías de todo orden, incluido el nacional. Por fortuna aparece el profesor Ferri como moderador y si bien es difícil imaginar un papel menos apropiado para el personaje, en este caso será como una bendición del cielo, pues le caracteriza un toque apasionado y radical que nunca deja tranquilas las medias tintas y estoy seguro de que nos lanzará diversos tipos de provocaciones, con lo que el debate ganará en vistosidad.

jueves, 4 de mayo de 2017

La realidad y la ficción I. El PNV

La política se ventila en el reino de la ficción. Como los cantares de gesta, los hipogrifos o los amores de Angélica y Medoro. Con la diferencia de que mientras las fabulas literarias se desvanecen en el recuerdo y la metáfora, las políticas afectan con dureza la realidad de la vida de las gentes.

Esos 500 millones del ala que deja de ingresar el Estado habrán de ser repuestos por los demás contribuyentes. Esa es la realidad. No se cuestiona aquí si el cálculo es justo o equitativo. Solo se señala que es el precio objetivamente puesto por el PNV para apoyar los presupuestos de Rajoy y posibilitar la continuidad de su gobierno, un gobierno al que se opuso cerradamente desde el principio. Todo esto mientras Ibarretxe se persona en Barcelona y suelta a los catalanes una teórica sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese derecho este año vale 500 millones; el año que viene, las circunstancias decidirán. Mientras el gobierno español dependa de los votos nacionalistas, estos exigirán un precio. La habilidad, parece decir el PNV, es no poner un precio demasiado alto. Eso del referéndum cierra el corazón de los gobernantes madrileños y, con el corazón, la bolsa.

Entre los indepes catalanes, la decepción es grande. Para ellos el referéndum ya no es cosa de precio, sino de principios y ven cómo los pragmáticos vascos se escurren. Ahí hay por cierto un interesante debate pendiente entre la izquierda abertzale y la CUP. Algunos sostienen, con bastante razón, que los vascos, de hecho, son ya independientes pues gozan de la substancia de la independencia que es la soberanía fiscal. Vascos y navarros. Dos excepciones que, a fuer de excepciones, invalidan el frecuente enunciado de Rajoy de la igualdad de todos los españoles. Se invocan entonces los antiguos fueros que dan lugar al concierto y consiguiente cupo blindados. Lo cual les posibilita la indeferencia respecto a quién y cómo gobierne y/o robe en Madrid.

Cuando los catalanes solicitan acogerse a la misma excepción se les dice que no por razones obvias de inviabilidad de la financiación del Estado autonómico. Además se les recuerda que esa solución (concierto) se les ofreció al comienzo de la transición y la rechazaron. Obviamente un error que no debiera aducirse como razón en contra de la legitimidad de su actual petición.

La ficción del nacionalismo e independentismo vasco, largos años enmarañado con la violencia, acaba en la dura realidad de una distribución desigual de las cargas financieras entre las CCAA. Que el Estado no tenga otra forma de conservar la integridad territorial que tanto le obsesiona sino es perpetuando un injusticia es desalentador. E injusto. Ya se sabe que, siempre que se forma una mayoría en democracia (la que busca Rajoy con sus presupuestos), la tendencia será a hacérselo pagar a la minoría.

El problema es cuando esa minoría, la catalana en este caso, confirma que no tiene posibilidad alguna de convertirse en mayoría porque es una minoría estructural y, por lo tanto, siempre estará en una posición de subalternidad. Da así en la flor de convertir su ficción de independencia en un independencia real.

miércoles, 3 de mayo de 2017

El imposible diálogo con el Estado

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Gira en torno a la última declaración de Puigdemont de insistir en una oferta de diálogo y negociación para Rajoy, a ver si se puede pactar un referéndum. Entiendo que es imposible por dos razones: 1ª) porque ni Rajoy, ni el gobierno, ni el PP están hoy para gobernar ni para negociar nada. Bastante tienen todos ellos con el horizonte penal que los aguarda y con sus peripecias procesales; 2ª) por asuntos de inconmovibles principios que siempre invoca esta derecha y, tratándose de los catalanes, con el apoyo entusiasta de la sedicente izquierda. De referéndum, ni hablar, porque España se rige por una Constitución que no lo permite y no hay más que hablar. Es absurdo (aunque hay quien lo hace porque la paciencia está muy arraigada) debatir con esta gente acerca de si una interpretación menos jacobina de la Constitución permitiría hacer el referéndum. En realidad, con lo que llevamos recorrido, resulta más directo, claro y sencillo decir que esta Constitución, arrancada con engaños y presiones militares, ya no sirve al desarrollo normal y democrático de una y sociedad avanzada y debe cambiarse, quizá mediante una reforma "total" (prevista) o un proceso constituyente nuevo.

En el ínterín, el independentismo, a pesar de todo, debe seguir ofreciendo diálogo hasta el final. Y si este gobierno corrupto e inepto se obstina en impedir por la fuerza el referéndum catalán, quizá no le quede otra vía al Parlament que la DUI o declaración unilateral de independencia. Sobre ello, el artículo en versión castellana:

Dialogar hasta el final

El proceso independentista, con todas sus peripecias, alianzas, sondeos y tensiones, protagoniza la vida política de Cataluña y en buena medida en España. En Cataluña por la densidad e intensidad del debate público; en España por la absoluta ausencia de este. En Cataluña el gobierno y la oposición luchan denodadamente a favor o en contra de la hoja de ruta de la Generalitat. Con la diferencia de que, si esta sabe a dónde va y articula las medidas en ese sentido, la oposición, no sabe qué hacer porque depende de las decisiones de Madrid y en Madrid no hay nadie.

A estos efectos, Madrid es hoy un espectáculo, cercano al teatro del absurdo, ahora que El Español repone La cantante calva, de Ionesco. Una ciénaga o charca de corrupción en donde abundan los batracios, muchos de ellos dirigentes y altos cargos del partido del gobierno (a su vez imputado como tal) en connivencia con sus compinches del dinámico sector empresarial. No son los gestores del Estado, sino sus “captores”, sus expoliadores.

La política española se debate en los tribunales y se practica en las cárceles. Aquí no hay programa de gobierno, ni medidas políticas, ni, probablemente, ideología. Solo hay “sálvese quien pueda”.

La oposición, en sus dos grupos mayoritarios, está más entretenida en despedazarse mutuamente que en formular una alternativa viable al gobierno de la derecha. La dejación de funciones es tan patente e irresponsable que el gobierno confía más en el cainismo de la izquierda que en el apoyo de su gente para dejar intacta su abusiva legislación de la Xª legislatura e imponer sus actuales proyectos, cuando se le ocurra alguno.

En estas circunstancias de vacío político, con referencia a Cataluña, Madrid es la torre del “no”. “No es no” al referéndum, firme acuerdo del PP, C’s y el grupo parlamentario del PSOE. Acuerdo firme y único, pues no va más allá del “no”. Acuerdo de frente nacional que no deja resquicio alguno al diálogo.

En estas circunstancias, mientras Junqueras habla del referéndum en Miami, Puigdemont anuncia que hará una nueva oferta de negociación a Rajoy en vistas a pactarlo. Estas iniciativas catalanas (como la de acudir a Madrid a explicar en algún foro público la posición de la Generalitat), son el modo de actuación de Puigdemont, su estilo. Siempre ha dicho estar dispuesto a la negociación hasta el último minuto. Y así va cumpliendo. Lo que sucede es que, hasta ahora, solo ha conseguido dialogar consigo mismo. Es decir, la nueva oferta que se anuncia es el resultado de una falta de negociación de la anterior que, a su vez, tampoco se negoció, etc.

Puede parecer inútil mantener abierta la vía del diálogo y la negociación hasta el final frente a alguien que no los acepta porque parte de la negación de aquello que se trata de negociar. Puede parecerlo, pero no lo es. El independentismo está muy interesado en demostrar que la independencia no es solamente el objetivo que desea sino también la única salida posible en una situación de bloqueo. La diferencia es sutil, pero no trivial. Habrá un referéndum, bajo la forma que sea y, en ese momento, lo que cuenta son los votos, en especial los de aquellos, convencidos ahora de que el Estado no deja más salida que la opción entre la sumisión y la independencia.
Ese es el objetivo de mantener abierta a toda costa la vía del diálogo y la negociación: legitimar el “sí” a la independencia por la vía del bien mayor y el mal menor al tiempo. De ahí también que, además de insistir en la vía de la negociación, Puigdemont intente pactar con Els Comuns la cuestión del referéndum.

Dialogar hasta el final es el deber de todo gobierno prudente. Si, no obstante, el de la Generalitat no consiguiera cumplir el mandato del Parlamento, será este quien habrá de tomar la correspondiente decisión en el orden que juzgue oportuno.

martes, 25 de abril de 2017

La conferencia de Tarragona el viernes pasado


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No había grabación en el Colegio d'Advocats i Farmacèutics de Tarragona, pero, para fortuna de todos, estaba Ramón Sabaté, gran fotógrafo, que filmó el acto y lo subió a You Tube. Yo lo incluyo aquí con su permiso.

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Igualmente incluyo la grabación del turno de preguntas y respuestas, que fue muy animado y siempre de la mano de nuestro amigo Sabaté.


viernes, 21 de abril de 2017

Hoy, Palinuro en Tarragona

Invitado por la Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural, hoy, viernes, 21, a las 20 horas estaré en Tarragona, en el Colegio de Abogados y Farmacéuticos, para una conferencia sobre el provocativo título de España sin Cataluña. La gran oportunidad. Lo llamo provocativo porque, obviamente, contradice el común sentir de la gente. Los españoles tienen la sospecha de que, si Cataluña se va, se va una parte importante de los ingresos del Estado, pues aquella aporta más de lo que recibe y los demás tendrán que apretarse el cinturón. No obstante, llevo un tiempo sosteniendo esta aparentemente contradictoria posición. La 1ª vez, con motivo de la presentación de Súmate en Madrid, que tuve el honor de hacer; la segunda con el de la presentación de Alfred Bosch en un desayuno del Ritz también en Madrid, cuando acababa este de publicar un interesante libro, La independencia de Cataluña interesa a los españoles. 

Es difícil admitir que ese interés sea material y si, por tanto, la propuesta se mantiene en este terreno, no es verosímil. Pero si  la llevamos a otro, la cosa cambia. España lleva siglos gobernada por una oligarquía corrupta, meapilas, autoritaria, incompetente, ladrona y, en el fondo, antinacional. Y así sigue, como puede comprobarse con el actual gobierno de ladrones, el gobierno del hampa, de una banda de facinerosos dedicada a saquear el país. Los españoles han sido incapaces de quitársela de encima. Lo han intentado algunas veces. El actual Rey es heredero de Isabel II y Alfonso XIII, ambos exiliados. La monarquía borbónica (una dinastía de mangantes, analfabetos, disolutos y corruptos) se restauró tres veces. La tercera lo hizo un dictador genocida, Francisco Franco, si que ninguno de los reyes habidos desde entonces haya tenido el decoro o la dignidad de renunciar a esa sangrienta herencia y poner su trono en referéndum. 

Desde la Transición ni la izquierda ni la derecha españolas han sentido que fuera necesario acabar con la oligarquía nacionalcatólica y mucho menos con esta monarquía de risa. Y así ha venido a resultar que la única oposición real a este dominio oligárquico tradicional se ha dado en Cataluña, se ha territorializado en Cataluña. 

Cualquier español de izquierdas de buena fe aplaudirá el propósito catalán de independizarse y crear una república democrática. Ya que el conjunto de los españoles es incapaz de conseguirlo (y una porción nada desdeñable de votantes del PP está encantado con este gobierno de ladrones neofranquistas), por lo menos, que lo consigan los catalanes.

Sin duda, la independencia de Cataluña será un choque muy fuerte para la conciencia española. Pero es la única posibilidad de que este cuerpo yerto se reanime, cobre vida y se organice con un mínimo de dignidad y eficacia, sin vivir del robo, la corrupción, la humillación y el peloteo descarado a los poderosos, como hacen esos esbirros que la oligarquía tiene en los medios, al estilo de ese Marhuenda o las dos docenas de colegas suyos alimentados en los pesebres del Estado, del PP o de la Iglesia Católica, con la misión de mentir, abusar y engañar a la gente para que siga uncida al carro de esta tiranía de hampones.

Si no lo consigue a pesar de todo será porque España está definitivamente muerta, a manos de estos sinvergüenzas y ladrones de comunión diaria. En todo caso, lo más sensato que pueden hacer los catalanes es largarse.

jueves, 20 de abril de 2017

Mañana, Palinuro en Tarragona

Invitado por la Assemblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural, mañana, viernes, 21, a las 20 horas estaré en Tarragona, en el Colegio de Abogados y Farmacéuticos, para una conferencia sobre el provocativo título de España sin Cataluña. La gran oportunidad. Lo llamo provocativo porque, obviamente, contradice el común sentir de la gente. Los españoles tienen la sospecha de que, si Cataluña se va, se va una parte importante de los ingresos del Estado, pues aquella aporta más de lo que recibe y los demás tendrán que apretarse el cinturón. No obstante, llevo un tiempo sosteniendo esta aparentemente contradictoria posición. La 1ª vez, con motivo de la presentación de Súmate en Madrid, que tuve el honor de hacer; la segunda con el de la presentación de Alfred Bosch en un desayuno del Ritz en Madrid, cuando acababa este de publicar un interesante libro, La independencia de Cataluña interesa a los españoles. 

Es difícil admitir que ese interés sea material y si, por tanto, la propuesta se mantiene en este terreno, no es verosímil. Pero si  la llevamos a otro, la cosa cambia. España lleva siglos gobernada por una oligarquía corrupta, meapilas, autoritaria, incompetente, ladrona y, en el fondo, antinacional. Y así sigue, como puede comprobarse con el actual gobierno de ladrones, el gobierno del hampa, de una banda de facinerosos dedicada a saquear el país. Los españoles han sido incapaces de quitársela de encima. Lo han intentado algunas veces. El actual Rey es heredero de Isabel II y Alfonso XIII, ambos exiliados. La monarquía borbónica (una dinastía de mangantes, analfabetos, disolutos y corruptos) se restauró tres veces. La tercera lo hizo un dictador genocida, Francisco Franco, si que ninguno de los reyes habidos desde entonces haya tenido el decoro o la dignidad de renunciar a esa sangrienta herencia y poner su trono en referéndum. 

Desde la Transición ni la izquierda ni la derecha españolas han sentido que fuera necesario acabar con la oligarquía nacionalcatólica y mucho menos con esta monarquía de risa. Y así ha venido a resultar que la única oposición real a este dominio oligárquico tradicional se ha dado en Cataluña, se ha territorializado en Cataluña. 

Cualquier español de izquierdas de buena fe aplaudirá el propósito catalán de independizarse y crear una república democrática. Ya que el conjunto de los españoles es incapaz de conseguirlo (y una porción nada desdeñable de votantes del PP está encantado con este gobierno de ladrones neofranquistas), por lo menos, que lo consigan los catalanes.

Sin duda, la independencia de Cataluña será un choque muy fuerte para la conciencia española. Pero es la única posibilidad de que este cuerpo yerto se reanime, cobre vida y se organice con un mínimo de dignidad y eficacia, sin vivir del robo, la corrupción, la humillación y el peloteo descarado a los poderosos, como hacen esos esbirros que la oligarquía tiene en los medios, al estilo de ese Marhuenda o las dos docenas de colegas suyos alimentados en los pesebres del Estado, del PP o de la Iglesia Católica, con la misión de mentir, abusar y engañar a la gente para que siga uncida al carro de esta tiranía de hampones.

Si no lo consigue a pesar de todo será porque España está definitivamente muerta, a manos de estos sinvergüenzas y ladrones de comunión diaria. En todo caso, lo más sensato que pueden hacer los catalanes es largarse.

miércoles, 19 de abril de 2017

El referéndum y el Estado fallido

Mi articulo de hoy en elMón.cat, titulado No hay marcha atrás, versa sobre la cada vez más afilada relación entre Cataluña y España. Como se han desarrollado las cosas, dada la cerrada intransigencia del Estado español y la negativa del gobierno central a negociar nada, el independentismo catalán -que nunca había tenido tanto apoyo social y tanta determinación política así como unidad- carece de otra salida que seguir su hoja de ruta y hacer un referéndum unilateral ya que pactado no es posible. En el caso de que tampoco lo sea el unilateral, Junqueras ha aclarado que procederán a una Declaración Unilateral de Independencia. Mayoría parlamentaria para ello la tienen y voluntad, también. Lo que pase a continuación es ya materia de especulación. Desde luego, en Cataluña se vivirá como una victoria, aunque acabe en derrota y en España como una derrota, aunque acabe en victoria. El Estado puede someter a Cataluña por la fuerza -no será la primera vez-, pero eso no le servirá de nada porque se habrá deslegitimado por entero, se habrá convertido en un Estado fallido y la separación que pretendía evitar se producirá en cualquier caso.

Aquí, la versión castellana:

NO HAY MARCHA ATRÁS

Ya está claro que el “prucès”, del que tanta burla hacen los nacionalistas españoles, es la cuestión más importante que afecta hoy al Estado. Lo es desde hace años, pero este y sus regidores parecen enterarse ahora, cuando la situación ha llegado a un punto de confrontación y ruptura por la obstinada negativa del gobierno cntral a negociar . Nadie en el fondo quiere el enfrentamiento, pero el gobierno hace gala de no tratar de evitarlo, confiando en que esa inflexibilidad será suficiente para disuadir a los independentistas de su pretensión de un referéndum.

Es una actitud no solo inflexible sino también poco inteligente del gobierno central y amplios sectores de la llamada oposición. Tanto que comienza a cundir la alarma, dentro y fuera de España, en donde se sigue el proceso con expectación creciente ya que se trata de un país importante de la UE; de segundo orden político, pero con peso. Y no está la Unión para más conflictos.

La alarma también cunde en el interior, en donde se ve con mucha preocupación la inactividad del gobierno central frente a la hoja de ruta catalana, fiándolo todo a la judicialización del conflicto. La actitud es típica de la derecha: no se trata de una cuestión de legitimidad (y, por tanto, política), sino de una de legalidad (y, por tanto, judicial) que se resolverá, si necesario fuere, por la vía coercitiva en toda su extensión. Es el discurso del cumplimiento de la ley y la defensa de la legalidad con pulso firme. El típico discurso autoritario de reducir los conflictos políticos como este a meros problemas de orden público o “algarabías”, como dice Rajoy. El problema es si eso ya no basta para reducir el movimiento por el referéndum y el conflicto político se convierte en social.

Abundan las declaraciones. Montero, de UP, pide al gobierno central que pacte un referéndum antes de enfrentarse a un RUI. Colau relativiza el valor de un sí a la independencia en el reférendum por el que aboga, e Iglesias se adelanta a reconocer que la consulta debe ser vinculante. Por supuesto, El País, convertido en think tank liberal del nacionalismo español, amontona las encuestas probando que la independencia no es la opción mayoritaria si se ofrece una alternativa de excepcionalidad pero no la independencia. A este juicio desiderativo (ya que la alternativa no existe, por más que el diario lleve meses implorándola del gobierno) se añaden sesudas consideraciones sobre la imposibilidad material, técnica de organizar la consulta por falta de tiempo.

Tardá advierte de que, según avance el proceso, abundarán declaraciones derrotistas de “buena fe”. Lo considera una táctica y confía en que la Generalitat cumplirá la hoja de ruta. Apostilla Puigdemont que habrá referéndum en el plazo previsto y, entre tanto, pide als Comuns pactar la pregunta con la obvia intención de sumarlos a la participación y que no se deslegitime la consulta por una alta abstención. La Generalitat organizará la consulta para ver hasta dónde llega la respuesta del Estado, pues no tiene marcha atrás.
Pero lo más importante de las declaraciones de Puigdemont es que vaticina que, además, ganará el “sí”. El “sí” a la independencia. Cosa de gran trascendencia, sea cual sea el tipo de consulta que se celebre.

Hace unos años nadie habría considerado que pudiera darse una mayoría electoral independentista ¿Qué ha sucedido? Que las cosas han cambiado mucho en Cataluña precisamente porque no han cambiado nada en España. Asunto que se mide fácilmente. Entre un 75 y un 80 por ciento de la población catalana quiere un referéndum en su tierra, en ejercicio de su derecho a decidir o derecho de autodeterminación. De esas magnitudes, más de la mitad es partidaria de la independencia. Para llegar a ser mayoría del cuerpo electoral, esta última necesita los votos de la minoría no independentista partidaria del referéndum.

¿Cómo conseguirlos? De eso se encarga la inflexibilidad del gobierno español, el mismo que ya se encargó de que el 20 por ciento de independentistas del año 2010 pasara al 47 por ciento en cinco años. Con la misma habilidad conseguirá que quienes quieren ejercer el derecho a decidir para decir “no” a la independencia, cambien el sentido de su voto, pues no verán razón alguna para seguir en un Estado que les niega el ejercicio de sus derechos.

lunes, 17 de abril de 2017

Tiempo muerto

El País sigue beligerante contra el independentismo. Ayer publicaba una encuesta de Metroscopia que daba una aplastante mayoría de catalanes a favor de una tercera opción entre independencia sí o no, consistente en una nueva forma jurídica de la relación de Cataluña con España a base de competencias blindadas. Lo malo es que esa tercera opción no existe, si bien El País lleva meses pidiéndola por favor al gobierno. Al no conseguirlo, según se ve, ha decidido convertir sus deseos en realidades y se ha inventado un referéndum y, claro, lo gana. Pero eso no significa nada ni tiene valor alguno porque es una invención lanzada al vacío.  La pregunta del referéndum hasta la fecha solo es y solo puede ser "Independencia, sí o no".

Este enfoque es parte de una campaña amplia de los medios, los políticos nacionalistas españoles y los catalanes unionistas para desmantelar el referéndum antes de realizarse. Las desavenencias en la coalición gobernante se repiten y tienen un impacto negativo en una sociedad tan movilizada como la catalana. Además, la CUP, de quien depende el gobierno parlamentariamente, aprieta en el otro extremo, exigiendo la fecha y la pregunta del referéndum ya. El gobierno catalán quiere pactar la pregunta con Els Comuns, lo cual no está mal pensado para garantizar una mayor participación y evitar así una deslegitimación de la consulta a cuenta de una elevada abstención.

En todo caso, el tiempo apremia. Se sabía, porque los mismos de JxS lo dijeron repetidas veces, que el govern mantendría abierta la oferta de pacto hasta el último minuto. Pero también se sabía que ello no sería óbice para que el mismo govern continuara con su hoja de ruta. En consecuencia, debe creerse que las autoridades catalanas controlan los tiempos del proceso. Tal cosa afirma Junqueras. Pero no sé si se han calculado los tiempos muertos que se producirán inevitablemente con las distintas decisiones del Tribunal Constitucional suspendiendo y prohibiendo.

La verdad es que el tiempo, el que no está muerto, apremia.

miércoles, 12 de abril de 2017

Lo que es del común es de ningún

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Es una vuelta más de tuerca a la cuestión del nuevo partido catalán, encabezado por  Ada Colau y Xavier Domènech. Viene a ser una continuación del post de hace un par de días, Los comunes catalanes, y un intento de elaborar con más detalle la teoría del "partido gorrón" (o partido free rider) cuyo punto central consiste en buscar un espacio electoral en la izquierda entre los independentistas y los unionistas. Al compartir con los primeros sus confusas tesis soberanistas y la exigencia de un referéndum, a ser posible, pactado con el Estado, consideran los Comunes que saldrán muy bien parados sea cual sea el resultado final de la batalla por la independencia: si no la hay, ya ellos no eran independentistas sino "soberanistas"; si la hay, serán los primeros en acomodarse a ella e, incluso, atribuírsela en parte, dado que en la amalgama de la nueva formación coexisten unionistas e independentistas. Al final del artículo aporto una forma de hacer realidad tangible la nebulosa idea de Domènech de la soberanía compartida.

Aquí, la versión en castellano:


Lo que es del común es de ningún

La elección del nombre del nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech está lejos de ser una improvisación. La referencia a los comunes evidencia el ánimo de consagrarlo heredero de la contestación asamblearia indignada que suele englobarse bajo el término 15M. Son los comunes, la gente de la calle. En algún lugar la idea está institucionalizada de antes. Por ejemplo, el defensor del pueblo canario se llama “diputado del común”.

Es también un intento de apuntarse al carro del populismo soslayando el término de dudosa fama. El común es lo de todos (y lo de ninguno, según el viejo refrán), sin partidismos. Es un movimiento. Por eso, El Comuns huyen del término partido y prefieren llamarse “sujeto político”. Pero se darán de alta en el registro de partidos.

El elemento definitorio confeso de principio es el municipalismo. Algo similar a lo que sucede en Madrid, en donde la alcaldesa recordando el carácter municipal de su movimiento, anda ya buscándose un sucesor o sucesora en la tarea. Colau, en cambio, apunta a una segunda candidatura suya a la alcaldía. Y, sin embargo, el “sujeto político” que ha alumbrado tiene una clara vocación y propósito extramunicipales. Los Comunes se plantean como partido (en realidad, una confederación o confluencia o amalgama de varios) en un ámbito autonómico, con un discurso adecuado, pero que también se proyecta confusamente a escala estatal.

Els Comuns representan una opción de izquierda catalana con vocación de política española, pero sin dejar de hacer propuestas propias tanto en aquella como en la catalana, a veces con alegre desconsideración de las estructuras jurídico-políticas dominantes, como la opción de la República catalana dentro del Estado (monárquico) español o la de la soberanía compartida. El mensaje parece ser: no somos maximalistas ni pedimos imposibles pero no renunciamos a nada; queremos soberanía para actuar por nuestra cuenta y también tener voz en la política española.

La nueva formación es un caso más de una tendencia general por la cual, las grandes ciudades tienen una cultura y un comportamiento políticos distintos a los del conjunto del país. Los Comunes vienen a insertarse en el complejo sistema político catalán como voz barcelonesa de una izquierda catalana que, sin ser independentista, tampoco haría ascos a la independencia. Recuérdese: no se renuncia a nada. Ese pragmatismo que lo hace configurarse como una especie de partido “gorrón” lo singulariza frente a los demás. Del PDeCat lo separa la ideología. De ERC y la CUP, con quienes coincide, en principio, en la cuestión republicana y el municipalismo, el independentismo.

Aquí está el debate: independentismo como cuestión de principio o como rendimiento marginal. Esto es: la independencia como objetivo o la independencia como resultado final, después de haber pasado por unas etapas intermedias tan inverosímiles como las andanzas de Ulises.

Los Comunes dirigen su crítica catalana al bloque independentista al que acusan de valerse del señuelo de la independencia para hacer política electoral de partidos. Es decir, una acusación de hipocresía. La cuestión es saber qué porcentaje de electores se sentiría atraído por esta crítica y la propuesta sustitutoria de unas imprecisas o incomprensibles relaciones con el Estado español.

En todo caso, de esa duda se sale en breves meses, cuando corresponda culminar la hoja de ruta con la celebración del referéndum anunciado. En ese momento será preciso adoptar una actitud y en condiciones imprevisibles porque no sabemos cómo cumplirá su compromiso JxS ni cómo reaccionará el Estado. Solo sabemos que habrá que estar a favor o en contra del referéndum. O llamarse andana sosteniendo algo así como que se está a favor del referéndum, pero no de ese referéndum.

El referéndum, que responde al deseo de tres cuartas partes de la población de Cataluña, es un acto de soberanía. Els Comuns pueden sumarse sugiriendo al Estado español que la comparta.

lunes, 10 de abril de 2017

Los comunes catalanes

La constitución del nuevo partido (o "sujeto político", como gustan decir sus promotores) catalán plantea algunos aspectos interesantes de considerar sosegadamente. En primer lugar, el partido, más que catalán, parece barcelonés. Cristaliza en torno los comunes del ayuntamiento de Barcelona y su personalidad más relevante es la alcaldesa Ada Colau, que forma una especie de dualidad con Xavier Domènech portavoz de los comunes en el Congreso en el grupo de Podemos. El partido subraya desde el inicio sus raíces municipalistas y, a través de estas, su herencia del espíritu del movimiento 15M. Es "nueva política", por tanto. Su pretensión parece ser romper los límites municipales y hacer política en Cataluña entera. Un ámbito de acción más amplio, español, por ejemplo, no es inverosímil, pero, en principio, el partido es de ámbito catalán.

En segundo lugar, el impacto del nuevo partido en el proyecto general de Podemos en España. La rama catalana del partido violeta, Podem, se ha situado extra muros de los Comunes de Colau/Domènech, en donde sí se han integrado EUiA, ICV. En realidad, la decisión de no integrarse fue adoptada por una mayoría aplastante de una ridícula minoría de votantes de las bases de Podem y, según se ve, por la firme voluntad de su dirigente, Albano Dante Fachín, de no darse de alta en la nueva formación. A pesar de todo, hubo disidentes de Podem que concurrieron (los llamados "críticos" con la dirección de Fachín) y han sido elegidos en la Ejecutiva de Los Comunes. En dos palabras: Podem se ha partido. En un primer momento, la intervención de Iglesias, le hizo reconsiderar su negativa, pero, en menos de 48 horas, la ruptura fue un hecho. Los miembros de Podem integrados en Los Comunes, según parece, son errejonistas. Viene a resultar así que la fractura se produce en la divisoria del II Congreso entre gente de Errejón y gente de Iglesias. Ello explicaría la ausencia de este en la celebración del congreso constituyente de Los Comunes en donde, sin embargo, si estuvo Alberto Garzón, de IU integrada en Unidos Podemos.

Este resultado no augura nada bueno para las aspiraciones de Podemos de constituirse en partido hegemónico de la izquierda a escala estatal. El discurso soberanista de Domènech no lo es menos porque esté todo el rato hablando de los "pueblos fraternos" y (es de suponer) sus fraternas organizaciones. Los Comunes son (o quieren ser) el partido de la izquierda no independentista en Cataluña; partido independiente, muy fraterno con Podemos en España, pero independiente de él. Probablemente ese sea el fondo de la discrepancia de Albano Dante Fachín, que quiere seguir siendo Podemos en Cataluña, Podem. El problema es si entre la izquierda independentista y la no independentista le queda espacio electoral. Y eso sin contar otras fuerzas centrífugas, por ejemplo, la de Andalucía, en donde Podemos plantea también una relación digamos "fraternal" con el Podemos del Estado, cosa que la dirección de este ve con muy malos ojos y que preanuncia una habitual movida de crisis interna.

En tercer lugar, el impacto de Los Comunes en el independentismo. El porcentaje que se le atribuye, en función de los últimos resultados electorales y posteriores sondeos, en torno al 47 o 48 por ciento del voto puede verse reducido con la competencia de Los Comunes. Estos entran en el debate sobre el indpendentismo con una posición que pretende resolver lo que juzga como el callejón sin salida de la política catalana y que sus adversarios tildan de deliberada ambigüedad para mantener un voto unionista y sumarle parte del voto independentista más moderado. El discurso sobre soberanías compartidas, la República dentro del Estado español y otras propuestas de este tenor trata de trazar una línea intermedia entre el unionismo y el independentismo. Lleva su compromiso hasta pedir un referéndum pactado y quizá también uno unilateral, aunque esto esté menos claro y haya declaraciones contradictorias.

El independentismo puede verse en un aprieto ante una nueva fuerza que pretende estabilizar la política catalana como parte de la española, sin veleidades de independencia. Para Los Comunes, los independentistas no son tales en verdad, sino gentes que se valen del señuelo de la independencia para ganar elecciones que es lo importante para ellos. Pero, por otro lado, Los Comunes respaldan el derecho a decidir, sostenido por tres cuartas partes de la población, con lo que están en terreno ganador. Y aunque la independencia se impusiera, ellos no perderían nada, ya que se pondrían a su lado de inmediato. En cierto modo, puede considerarse como un partido de free riders o de "gorrones" en esto de la independencia, pues, razonan los independentistas, se beneficiarán de ella sin haber hecho nada por conseguirla. Algunos creen, incluso, que habiendo trabajado ladinamente en contra de ella.