Mostrando entradas con la etiqueta Independencia.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Independencia.. Mostrar todas las entradas

sábado, 22 de julio de 2017

La bolsa o la patria

El gobierno solo gobierna para (contra) el independentismo. Bueno, y también para sobrevivir procesalmente. Pero eso es ahora menos importante. La nueva política, la policy en el sentido inglés, que recuerda más a la policía de la llamada Ciencia de la policía del reino de los clásicos, apunta directamente al bolsillo de los precitos catalanistas. Colectiva y preventivamente a base de dejarlos sin dinero cuando se apresten a cometer alguna fechoría o personalmente cuando la hayan cometido, a base de confiscar sus patrimonios, de ellos y de sus familias.

De hecho, esta medida de política pública, como la llaman los especialistas, al abreviar a una semana los plazos de rendición de informes presupuestarios de la Generalitat, equivale a una intervención, una forma de aplicación subrepticia del 155. En el doble sentido financiero y político que, evidentemente, depende del primero. Se trata de una decisión de asfixiar a un órgano legal autonómico democráticamente constituido para que no pueda aplicar el programa que se le ha encomendado. Es una médida típica de burócrata, de astuto leguleyo, experto en lances sobre si las subvenciones son finalistas, graciables, discrecionales, etc. Hasta es posible que sea legal. Eso se dilucidará en la correspondiente batalla jurídica en puertas y que, probablemente, perderá la Generalitat si no es de una forma, de otra.

Pero políticamente es un dislate. Deja a las autoridades autonómicas en pleno uso de sus competencias pero les imposibilita la acción. Es decir, les facilita un discurso de persecución y martirio que tiene mucha fuerza movilizadora social. Esta puede convertirse en indignación generalizada si las restricciones financieras se hacen sentir en la vida cotidiana. Y acelerar el proceso de confrontacion si, a la vista de la asfixia del gobierno, el Parlament declara una DUI o si, las medidas incendian la calle, cosa nada absurda, vistos como están los ánimos. El País vaticina, encuesta en ristre, que el apoyo popular al independentismo sigue bajando. Aguante el diario un tanto el aliento y observe cuánta gente saldrá a la calle en la próxima Diada, preludio del referéndum que, a lo mejor, no puede realizarse por impedirlo el gobierno por la fuerza. Los avatares judiciales de las autoridades catalanas que puedan seguirse de esta confusa dinámica, añadirán más leña al fuego que para entonces ya será una hoguera en la que arderá el escaso prestigio de España como Estado de derecho, respetuoso con los de sus ciudadanos, sean de la nación que sean..

El PSOE/PSC muestra sus reservas respecto a la política de la caja aunque, como de costumbre, no propone gran cosa a cambio. Al menos, podía entender que respaldar al PP en la mano dura con el referéndum y coadyuvar a impedirlo solo deja como solución una elecciones autonómicas adelantadas en un clima de mucha conflictividad cuyo resultado puede ser aun peor para sus propósitos (sin duda muy nobles e hispánicos)  que el de un referéndum. ¿Qué haría el gobierno central con una mayoría absoluta independentista renovada, incluso ampliada?¿Intervenir de nuevo? ¿Disolver? ¿Convocar elecciones una y otra vez hasta que estos catalanes tozudamente alzados voten correctamente?

Porque supongo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza no solamente impedir el referéndum, sino suspender las elecciones. Supongo.

sábado, 8 de julio de 2017

El desconcierto

Menos mal que esto del referéndum catalán (el llamado desafío independentista de la prensa, dada a titulares fuertes) era un asunto que no interesaba a nadie y del que nadie se preocupaba, salvo dos o tres agoreros; menos mal que era la periódica pataleta victimista de los catalanes, siempre tratando de rebañar para casa; que era un asunto de cuatro corruptos del clan Pujol para tapar sus vergüenzas; una pelea interna entre los partidos nacionalistas por la hegemonía; una especie de chantaje de las elites nacionalistas; algo de iluminados y minorías radicales que se disolvería en el seny. Menos mal que no iba a ninguna parte, estaba condenado al fracaso y no merecía la atención de las personas sensatas.

Sí, menos mal, porque si llega a estar presente y hacerse ver en la vida pública española la monopolizaría al extremo de que no se hablaría de otra cosa. 

En realidad, más o menos, así ha acabado sucediendo. El desafío ha trastornado el conjunto del sistema político, tiene al gobierno paralizado y a los partidos, singularmente los de la izquierda, sumidos en el desconcierto y en crisis. La fractura que hay en Podemos entre el partido español y su pseudópodo catalán, Podem, es una manifestación más de cómo el referéndum divide a la izquierda española, entendiendo por tal también el conglomerado de los comuns.

Por el momento y a reserva de que la nueva mediación de Sánchez dé algún resultado tangible, tenemos un gobierno inmóvil, comprometido a evitar la celebración del referéndum, pero sin explicar qué medidas tomará y con qué medios. Frente a él una Generalitat, tozudamente alzada, dispuesta a realizar el referéndum el 1º de octubre, a darle carácter vinculante y actuar en consecuencia.

Con el "no" descontado del gobierno y a reserva, insisto, de que la intervención de Sánchez dé algún resultado, son dos las posibilidades: a) el referéndum no se celebra porque el gobierno central lo impide por la fuerza; b) el referéndum se celebra en condiciones similares a las del 9N y el gobierno se apresura a declarar que el resultado carece de eficacia jurídica.

En cualquiera de los dos casos, las consecuencias van a agravar y prolongar el conflicto. Este es el principal motivo por el que lo más razonable es permitir y organizar la celebración de ese referéndum. Porque no hay otra propuesta mejor. 

jueves, 6 de julio de 2017

Arreglando el mundo

Los convoca Vocentro a una mesa redonda para recordar las elecciones de 1977, 40 aniversario, y se pasan el rato hablando de Cataluña y lo que la prensa llama "el desafío independentista". Qué afortunados los españoles de haber tenido a estos tres linces de presidentes. Linces lentos. Hace cinco años ninguno creía que el ascenso del independentismo catalán fuera asunto relevante en la política española. Rajoy calificaba las Diadas de asistencia millonaria de algarabías. Y ahora es de lo único de que hablan. En contra, naturalmente. Con lo que les gusta rememorar las elecciones del 1977 y los gloriosos momentos posteriores. Pues nada, a darle a la matraca del independentismo, según expresión castiza de la vicepresidenta a quien no hacen caso ni los suyos.

Los dos socialistas se enredan en difusos arbitrismos que se condensan en la vaga propuesta de la reforma constitucional. Piensan que el mero hecho de que los amos del cotarro admitan que cabe reformarlo debe ser suficiente para que los indepes se den por satisfechos y depongan su ilegal actitud. Luego ya se verá qué y cómo se reforma. Un federalismo por aquí, una vuelta al Estatuto de 2006, previo al cepillado de Guerra y el emasculado del TC y tan contentos. Zapatero se lía de tal modo que no hay modo de saber si se refiere a los españoles o a nuestros hermanos del otro hemisferio. Y González, más dado a lo especulativo, se maravilla de que nadie dude de la identidad de Cataluña pero sí de la identidad de España. ¿A qué creerá que pueda deberse tan sorprendente circunstancia? No está muy seguro pero afirma que no hay un problema de España-Cataluña, sino uno de Cataluña consigo misma.

Y dos huevos duros más, por supuesto, a cargo de Aznar, con ese estilo de la frontera que le caracteriza. No solamente no hay un problema entre España y Cataluña sino que "antes de romperse España, se romperá Cataluña", lo cual hace patente la lógica patafísica de la derecha. Porque, si Cataluña es España sin sombra de duda, ¿cómo puede romperse Cataluña sin que, por eso mismo, se rompa España? Pues muy sencillo: porque, en el fondo, no creen que Cataluña sea España.

Sí, es un problema de Cataluña con España porque es un problema de España consigo misma.

Mientras tanto, Cospedal tiene ya presto el ademán y la orden por si las fuerzas armadas han de intervenir en defensa de la Constitución, bárbaramente atacada por unas urnas.

En el frente judicial, el Tribunal Constitucional ha anulado la disposición de que la Generalitat habilite créditos para el referéndum. El País lo celebra con alborozo: Puigdemont se queda sin dinero para el referéndum. Me da que estos independentistas hacen una emisión de bonos de la independencia, reembolsables con intereses por el futuro Estado catalán. Sería una forma contundente de comprobar la solidez del apoyo social al independentismo.

miércoles, 5 de julio de 2017

Auto de terminación

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat que no puede llamarse "Auto de terminació" porque el catalán no admite ese juego de palabras, como sí lo permite el castellano.

La idea es clara y no requiere mayor comentario: la Ley de Autodeterminación de Cataluña es, en realidad, un auto de terminación de este conflicto que nunca debió haberse producido.

A continuación, la versión castellana:

Auto de terminación.

El proyecto de ley presentado por el Govern en el Parlamento y explicado luego por el presidente Puigdemont es un paso decisivo en el proceso catalán. Será aprobado en agosto y vendrá acompañado de una ley de transitoriedad que, paradójicamente, vendrá a poner fin a una situación transitoria que ya se prolonga demasiado tiempo.

Demasiado tiempo hablando del “derecho a decidir”, eufemismo para no herir susceptibilidades unionistas (siempre a flor de piel) para acabar por donde habría que haber empezado: proclamando el derecho de autodeterminación de los catalanes, como nación que son. Y eso, diga lo que diga el Tribunal Constitucional español (TCE), que no es tribunal ni constitucional sino solo un órgano político y represivo más del Estado y cuya competencia para determinar si una colectividad es una nación o no es inexistente.

El proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña, en realidad, incorpora una especie de auto de terminación porque viene a poner fin a un conflicto cuyos rasgos pueden resumirse en tres momentos: a) el pasado, desde los orígenes hasta la inepta sentencia del TCE de 2010; b) el presente, el auge del independentismo en el último decenio provocado por la creciente convicción de que no hay posible encaje de Cataluña en el Estado, salvo que acepte su desaparición como nación; c) el futuro, cuando los catalanes, habiendo tomado la iniciativa, deciden constituirse como Estado, ignorando los obstáculos que opone el español, deslegitimado, corrupto, autoritario, fracasado e incapaz de encontrar una solución democrática y satisfactoria al conflicto.

Por eso, el proyecto de Ley de Autodeterminación es, además, un auto de terminación de una situación absurda e insostenible. Un gobierno y un partido corruptos, infestados de ladrones, reaccionarios, clasistas y meapilas, capitaneados por el responsable político (y, en buena medida también penal) del desaguisado carece de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de la ley que ellos mismos violan cuando les interesa. Un gobierno y un partido que han arruinado el país, esquilmando a los pensionistas en favor de los banqueros, pretenden ahora que los catalanes acepten resignadamente el saqueo de que son objeto, renuncien a sus derechos y se sometan a la tutela de una clase política española neofranquista, tan estúpida y centralista como inmoral.

Para ello cuenta con la ayuda del principal partido de la oposición, el PSOE, cuyo nacionalismo español es tan de cuarto de banderas y tan ignorantemente imperial como el de las derechas. Sánchez, la fracasada esperanza de un punto de vista nuevo en este conflicto, sale de su entrevista-pleitesía con el Borbón diciendo que lo nota “muy preocupado con Cataluña”. Va a resultar que el que parecía tonto lo es mucho menos que sus cortesanos. ¿O es que a Sánchez no le preocupa Cataluña y cree que Felipe VI exagera?

Por si acaso, la ministra Secretaria General del Movimiento pepero traduce a términos castrenses las sordas amenazas a los catalanes que soltó el otro día el Borbón, tras reconocer que el régimen al que él debe el trono era una dictadura. Una dictadura sobre la que, según sus propias palabras, no podía construirse porvenir alguno de España, por ejemplo, su trono, sostenido sobre más de cien mil fosas anónimas con otros tantos asesinados por el dictador que nombró rey a su padre, como podía haberlo nombrado chambelán de retretes. Recuerda la ministra Cospedal lo innecesario: que la última ratio de esta banda de presuntos delincuentes que ha destrozado España es el ejército, un ejército que lleva trescientos años sin ganar una guerra internacional y las únicas que ha ganado han sido civiles, contra su propio pueblo y si no estaba bien armado.

Tal es la legitimidad y autoridad de la monarquía española sostenida por una oligarquía tradicional nacionalcatólica y corrupta, con el apoyo de una izquierda sumisa, sin proyecto propio, asustada ante las sempiternas baladronadas de una derecha que monopoliza el nombre de un país que nunca tuvo clara su viabilidad pero al que ella, heredera de Franco y el propio Franco, han destruido para siempre.

Así que el proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña es, también, el auto de terminación de una nación que ya se ha convencido de que no tiene posibilidades dentro del Estado español.

Otro día hablaremos de las ridículas jeremiadas de la prensa madrileña sobre si el proyecto catalán tiene más o menos garantías, prevé unas u otras mayorías o minorías, porcentajes de participación, etc. Tuvieron todo el tiempo del mundo para negociar los términos de la consulta y, en su típica soberbia de señoritos se negaron a hacerlo. ¿De qué se quejan ahora?

jueves, 22 de junio de 2017

El coste del "no" al referéndum

Según parece la primera propuesta de Carles Puigdemont de celebrar una sesión de debate en el Congreso sobre el referéndum ha quedado reducida a una moción presentada ayer por el PDeCat de que la Cámara admita la consulta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya había advertido que el Parlamento no es lugar de conferencias y que, si Puigdemont presentaba la propuesta referendaria, la Cámara votaría. Votaría que no, innecesario recordarlo. El presidente de la Generalitat renunció a su comparecencia.

De una u otra forma, las dos cámaras parlamentarias españolas se han negado a escuchar las razones y propósitos del independentismo catalán. Hoy, además, el Congreso votará "no" por apabullante mayoría de más del 72 por ciento, aduciendo que el referéndum no busca diálogo sino fractura

Para diálogo, el que ha ofrecido el gobierno del PP en estos años: ninguno. Rajoy se ha visto varias veces con Mas primero y Puigdemont después, siempre para decir que "no" a todo. Finalmente abrió un periodo llamado pomposamente de "diálogo", para lo cual, envió a la vicepresidenta a Barcelona como plenipotenciaria para gestionar eso, un "diálogo". La gestión duró un par de meses y terminó con una sentencia de Sáenz de Santamaría de alto contenido teórico y doctrinal: no se puede estar tantos años con la matraca independentista. Basta de este rollo. El independentismo es una matraca y un rollo. Toma diálogo.

En cuanto a la fractura conviene recordar lo que es ya saber popular. Cada vez que hablan Rajoy o Sáenz de Santamaría sobre Cataluña hay mil independentistas más. Y no hablemos de un obstinado separador como García Margallo. Con él caen diez mil, como la Anábasis. 

El "no" del Parlamento afronta el escenario del "choque de trenes", esto es, una escalada del conflicto. Sin que nadie sepa qué dimensiones vaya este a tomar. El Estado, en principio, puede impedir la celebración del referéndum, pero tendrá que calibrar a qué coste y este es muy dificil de determinar porque a su vez depende de un imponderable: la voluntad política de la Generalitat de cumplir su mandato y el apoyo popular con que cuente en caso de represión. En los conflictos, al igual que en las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. 

Y, en cualquier caso, impedir la celebración del referéndum abrirá un periodo indeterminado de ingobernabilidad en Cataluña y en España. Probablemente como lo haría su celebración. Pero en este caso el culpable no sería el sector negacionista.

Lo que chirría en la posición del Parlamento es el cierre de filas del PSOE con la derecha. El discurso del interés de Estado (tan caro a la derecha socialista) no obliga a que ese Estado haya de ser el de la oligarquía nacionalcatólica y ahora neoliberal. Los socialistas están obligados a dar carta de naturaleza a la cuestión catalana y hacer propuestas distintas de la derecha, consistente en mantener el estatu quo del agravio comparativo de Cataluña hasta el fin de los tiempos.

El PSOE trae en la mochila la famosa reforma federal de la Constitución. Probablemente es tarde, suena inverosímil y casi como un pretexto. Y lo es. Agárrese pues a él para marcar distancias con las medidas represivas del PP. El PSOE no puede aparecer como cómplice de unas soluciones autoritarias a problemas en cuya génesis no participó; al menos, no directamente. Por lo demás, la propuesta federal es irremediablemente extemporánea, dado que requiere un prolongado trámite de reforma, siendo así que en tres meses es obligado afrontar una situación de grave conflicto.

En verdad no se entiende por qué el PSOE no apoya la realización de un referéndum pactado, como hace Podemos. Teniendo además en cuenta que frustrar el deseo del 80 por ciento de la población catalana solo aumentará el respaldo al independentismo.   

sábado, 17 de junio de 2017

Hoy, Palinuro en Manresa

A las siete de la tarda, en la Plana de l'Om, en Manresa, mantendrá Palinuro un coloquio con Jordi Domingo, portavoz de Constituïm, esos que andan por los malos pasos de buscar una Constitución republicana para Cataluña. Pinta bien la trobada y saldrán sin duda muchas cosas de interés acerca de garantías de derechos, participación ciudadana, transparencia, representatividad, etc. Lo he hablado alguna vez con Domingo: para mí, la mejor Constitución es la de los EEUU por su sencillez, brevedad, flexibilidad y eficacia. Principios, líneas generales, declaraciones y el resto, a desarrollo legislativo posterior. Pero también es comprensible que los ánimos puntillosos quieran blindar en la Constitución la mayor cantidad de supuestos particulares que se pueda. Aunque suela ser contraproducente.

El diálogo será interesante, seguro, porque, además, está moderado por Gonçal Mazcuñán, competente periodista, de los que se trabajan los temas para explicarlos.

Allí nos vemos.

lunes, 12 de junio de 2017

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria. 

miércoles, 31 de mayo de 2017

Escuchar a los catalanes

Es lo menos que puede hacerse, pensaría cualquier persona con algún conocimiento de gentes y cierta educación. Pero eso, en España, no se estila. No lo hace esta derecha hirsuta y montaraz, directa heredera de Franco ni lo hace el PSOE que, como siempre, admite su subalternidad ante la derecha y acepta sus planteamientos autoritarios, impositivos y su comportamiento corrupto y delictivo porque tiene miedo de que se le pueda acusar de querer "romper España". Es una típica proyección de los neofranquistas y sus aliados del PSOE que son quienes verdaderamente han roto el país. Eso cuando no coinciden con sus aliados en su estúpida convicción de que los catalanes han de ser españoles, quieran o no, pero, luego, no están dispuestos a respetar sus derechos y sí a tratarlos como delincuentes.

Esto no tiene arreglo. A continuación, la versión castellana del artículo.


Escuchar a los catalanes

Realmente, ¿cómo iba a haber diálogo cuando una de las partes no parece estar enteramente en sus cabales? El contundente juicio de Sáenz de Santamaría sobre las auténticas intenciones de Puigdemont roza el delirio, es casi una declaración patafísica, dadaísta: Puigdemont quiere hacer un referéndum para no escuchar a la población.  Desde luego, el diálogo era imposible.

Y esa imposibilidad viene apuntalada por el respaldo manifiesto de Pedro Sánchez a la línea del “no” del PP, formándose así ya de hecho una “unión sagrada” de los tres partidos dinásticos, PP, PSOE y C’S. Frente al independentismo catalán que es, además, republicano. Es también una “unión dinástica”.

Tan fuerte que permite a la vicepresidenta seguir haciendo gala de su sentido de la lógica, cuando sostiene que el referéndum es ilegal pero invita a Puigdemont a defenderlo en el Parlamento; es decir, lo invita a defender una ilegalidad. Como cuando el emperador convocó a Lutero a la Dieta de Worms para que abjurara de sus tesis. Lutero no abjuró y Puigdemont no compareció.

La cumbre del referéndum no tiene otra opción que convocarlo con fecha y pregunta. A partir de aquí empieza la cuenta atrás del juego de acción-reacción-nueva acción. El Estado estará al acecho para impugnar cualquier acto de la Generalitat, por nimia que sea la causa, si entiende que propicia la realización del referéndum. A su vez esta tendrá que ir poniendo barreras y cortafuegos para avanzar en sus intenciones, descansando en su base popular y la movilización social. Sin pacto por medio, el referéndum se convierte de hecho en otro 9N, pero en condiciones distintas, agravadas.

La cuestión no es hasta dónde está dispuesta la Generalitat a seguir con su hoja de ruta pues está clara: hasta el final, hasta la celebración del referéndum. Antes bien, la cuestión es hasta dónde está dispuesto el Estado (es decir, el gobierno con su mayoritario apoyo parlamentario) a llegar en su política represiva o, como dicen sus aliados socialistas en esta tarea, sus “medidas coercitivas”.

Según se acerca el momento de eso que llaman los medios “el choque de trenes”, surgen vacilaciones, desconciertos, presiones, búsquedas de terceras vías sin mucho crédito ya y hasta bien intencionadas propuestas. Por ejemplo, se dice que la represión del referéndum se mantendrá hasta que el bloque independentista desista en su actitud con el menor descalabro posible y convoque elecciones autonómicas ordinarias que, se espera, traerán una composición distinta del Parlamento.

La opción de elecciones autonómicas es tan válida como otra cualquiera y, de verse en la necesidad por causa de fuerza mayor sin duda los partidos independentistas estarán preparados. Es una vía que tienen abierta y a la que pueden dar el valor simbólico que quieran. Pero no es eso lo que pretenden y, al mismo tiempo, temen que una nueva consulta electoral por imposibilidad de culminar la hoja de ruta desmovilizará un porcentaje del electorado independentista.

Por ello, a la vista del bloqueo sistemático de todas las iniciativas de la Generalitat, la mayoría independentista del Parlamento puede acudir a otra vía posible, la declaración parlamentaria unilateral de independencia (DUI). La unión sagrada española de los tres partidos habrá previsto que, al negar toda posibilidad de diálogo, esta opción se hace verosímil.

De adoptarse, se generarían dos reacciones paralelas: de un lado, una intensificación de la acción represiva del Estado, por medios excepcionales, incluida la intervención de hecho de la Generalitat y una previsible escalada de inestabilidad que no beneficiará a nadie y servirá como trasfondo de la otra reacción, la de una internacionalización del problema, pues la Generalitat la llevaría a la Corte Internacional de Justicia, argumentando el precedente de la opinión consultiva sobre Kosovo.

No está claro que prosperara pero la internacionalización sería un hecho, con el agravante de una situación interior de excepcionalidad. Justo los elementos que invitarán ofertas de mediación extranjera todas las cuales, obviamente, comenzarán por recomendar un referéndum.

lunes, 29 de mayo de 2017

Un pequeño detalle

La información, destacada en primera de El País (señal del susto que lleva en el cuerpo) es correctísima. Da cuenta de la decisión de Puigdemont de convocar una cumbre de fuerzas independentistas para fijar fecha y pregunta del referéndum. Informa de los asistentes: PdeCat, ERC, CUP. Catalunya en Comú (Ada Colau) se abstiene y Podem asistirá como "libre oyente". Los reparos de esta izquierda al llamado independentista apuntan en la dirección de estar buscando alguna forma de tercera vía, idea que ha comenzado a acariciar El País al comprender que la ignorancia, la falsedad y la manipulacion no compensan. Pero, en todo caso, una información correctísima.

Con un pequeño matiz, un detalle casi nimio. Sostiene el diario que la cumbre se reúne para acordar fecha y pregunta del referéndum separatista. Ahí ya el periodismo se troca fábula y ficción. El referéndum que la Generalitat quiere convocar (tras haber intentado inútilmente pactarlo con el Estado) es consultivo y vinculante. Si es separatista o unionista lo decidirán los votantes. Salvo que se diga que es separatista por convocarse por separado. Pero no parece ser el caso, pues bastaría con llamarlo ilegal. Separatista prejuzga el resultado.

La suposición de que un referéndum en Cataluña tiene que ser separatista da una idea de la fe, la confianza que los nacionalistas españoles tienen en su propia nación. Algo lógico a la vista de cómo la tratan.  

domingo, 28 de mayo de 2017

¡Ah! Pero ¿había una "crisis"? ¿No era una "algarabía"?

Rajoy no solo ha gestionado mal la “crisis catalana”. Lo ha gestionado mal todo. Se ha cargado el Estado de derecho, no ha conseguido sacar al país de la crisis, habiéndolo arruinado con unas arcas vacías (sobre todo, el fondo de pensiones) y una deuda pública galopante, ni siquiera ha conseguido reducir el déficit a lo que se le exige. En seis años no ha conseguido hacer lo que el gobierno portugués de izquierda ha hecho en dos. Un completo inútil y una desgracia para el país. Y más desgracia que el país se dé cuenta ahora. Lo único que este prodigioso incompetente sabe hacer es amparar a los corruptos y conseguir que la banda de ladrones que capitanea haya expoliado el país.

En lo tocante a Cataluña, la incompetencia tiene rasgos casi delictivos. Desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, el independentismo catalán pasó de ser una reivindicación de partido a serlo social, nacional, transversal. Y, desde entonces ha llevado la iniciativa en procura de su objetivo de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Durante esos años, el gobierno presidido por esta nulidad no ha hecho nada por dialogar o negociar con los independentistas, se ha cerrado en banda, ha despachado con cajas destempladas a dos presidentes de la Generalitat que venían a exponer sus demandas y ha dado orden a su frente mediático de que ataque sin cuartel al independentismo, al tiempo que, al parecer, también se le hace la guerra sucia.

Hasta los de su cuerda, los empresarios catalanes, le instan a negociar y llegar a alguna solución política. El olmo y las peras. El mismo presidente reconoce que no tiene propuesta alguna, que no se le ocurre nada, vaya. Y eso que asegura encontrarse en el mejor momento de su vida. Se le nota cuando se pone apocalíptico previendo desastres sin cuento con la independencia de Cataluña. Lo único que se le ocurre es meter miedo o, mejor dicho, exteriorizar su propio miedo.

La cuestión no es qué cabe esperar del gobierno. Ya se sabe: nada. La confrontación y a ciegas. Es qué cabe esperar de la oposición: si va a cerrar filas tras el gobierno en combate o va a presentar alguna propuesta de negociación.

Ayer, Palinuro, extralimitándose, presentaba una. Ni él mismo se fía de ella. La intención era simplemente decir que hay que dialogar, que no se puede aceptar la decisión de este gobierno de cerrarse al diálogo.

En una democracia no es admisible impedir el diálogo y, si esto sucede, los independentistas se sentirán legitimados para proclamar una DUI, una Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento. Y a ver qué hace el gobierno.

sábado, 27 de mayo de 2017

Cerrar antes de abrir

Cuando Rajoy “da por cerrada la vía de diálogo con la Generalitat” está haciendo un ejercicio de posverdad. Algo inherente a su partido y que consiste en negar la evidencia con todo aplomo o directamente inventarse la realidad. “El PP es el partido de los trabajadores”, decía Cospedal. Posverdad. “El PP es el partido que más ha luchado contra la corrupción”, según Rajoy. Posverdad. “No he cumplido mi palabra, pero he cumplido mi deber”. Posverdad de la que se sigue que el deber de este hombre es no cumplir su palabra.

¿Hay algo más posverdadero que dar por cerrada una vía de diálogo que no existe? Ciertamente, hace unos meses, el presidente del gobierno, en un gesto de magnanimidad unilateral decidió adoptar una política de diálogo con la Generalitat. Despachó a la vicepresidenta a Barcelona, le puso allí un despacho desde el cual aquella empezó a ejercer a modo de virreina. Y ahí acabó la política del diálogo, en un único encuentro entre Sáenz de Santamaría y Junqueras para comprobar que no tenían nada de qué dialogar. El referéndum no lo permite. El diálogo no arrancó, pero el gobierno ya lo da por cerrado.

Es un momento de suspense, los dos contendientes en mitad de la calle desierta, mirándose a los ojos bajo un sol cegador, a ver quién hace el primer movimiento. De ambos lados llegan voces. Del lado del gobierno se lanzan admoniciones y amenazas y la inevitable Cospedal, ministra de Defensa, habla ya en términos castrenses de intervención militar. Califican de intento de golpe de Estado el referéndum. Del lado de la Generalitat se escucha a la CUP y la ANC, así como otras asociaciones de la sociedad civil, reclamando fecha para la celebración del referéndum.

El escenario es de confrontación. Y de mala perspectiva porque ninguna de las partes puede echarse para atrás. Sin embargo, una cosa está clara: la represión no es una solución. Un Estado de derecho no puede sobrevivir sojuzgando a una minoría nacional. La traslación de la experiencia del País Vasco a Cataluña, esto es, la idea de que es posible domeñar una reivindicación independentista tratándola como una cuestión de orden y seguridad pública, es un grave error. En el PV había un problema de terrorismo. En Cataluña hay una amplia movilización social democrática y pacífica.

La represión no solo no es justa; tampoco práctica. El Estado puede suspender la autonomía catalana pero en algún momento tendrá que restablecerla; puede inhabilitar a la actual clase política independentista, pero no impedir que se reproduzca mediante elecciones. El gobierno sostiene que va a dar la batalla a la Generalitat en defensa de la mayoría de los catalanes a la que se está engañando. ¿Cómo saber si esto es así? Por supuesto, haciendo un referéndum. Justo lo que, encuesta tras encuesta, reclama entre el 70 y el 80 por ciento del electorado catalán: hacer un referéndum para ver qué quieren los catalanes. El gobierno no tiene más que investigar. Lo que quiere la mayoría de los catalanes es un referéndum.

Si la represión no es la solución, ¿cuál es? Sentarse y negociar. Negociar, ¿qué? Por supuesto, todo. Eso de que hay algo innegociable (la soberanía del pueblo español) que va repitiendo por ahí Rajoy como una carraca es otra posverdad. ¿Por qué es innegociable? Porque lo dice la Constitución. Y la Constitución, ¿qué es? Una ley (y muy reciente, por cierto) que, como todas las leyes se puede cambiar. En realidad, las leyes no hacen más que cambiar y no solo las humanas, también las naturales y hasta las divinas. Porque todas las leyes se hicieron para los seres humanos y no al revés.

Que en un Estado democrático de derecho haya algo de lo que no se puede hablar es inadmisible. Porque quien impide que se hable, impone su opinión como infalible, la fija como verdad incuestionable. Si alguien la cuestiona, se le reprime pues estamos en la época de la posverdad, de la represión.

Es una perspectiva poco halagüeña y resulta comprensible que todos hagan cuanto puedan para evitarla. Todos quizá no. La negativa del gobierno a dialogar apunta a una intención de empeorar la previsión en virtud, quizá, de aquel viejo adagio que suele atribuirse al espíritu revolucionario leninista de “cuanto peor, mejor”.

La cuestión es si los otros partidos españoles aceptan o no uncirse al carro de guerra de la derecha. C’s parece casi destinado pues nació hace una docena de años como partido anticatalanista. Podemos, por el contrario, respalda la celebración de un referéndum pactado y, por tanto, legal y vinculante. Si hay prohibición, legitima un referéndum unilateral, pero solo le da un valor político, no jurídico. La incógnita es el PSOE, que ha cambiado las tornas desde las primarias y cuyo SG, acabado de aterrizar, se encuentra con una línea de apoyo parlamentario al PP sobre la que tendrá que tomar una decisión.

En asuntos tan graves, las decisiones no se improvisan y necesitan tiempo. Por eso Sánchez hará bien en no pronunciarse en uno u otro sentido hasta tener todos los datos, valorar sus posibilidades y formular una propuesta que habrá de someter a consulta a la militancia. Con la marca socialdemócrata. Por eso, así como no ajusta su criterio a las orientaciones de Podemos, tampoco tiene por qué responder a los desafíos gubernativos de que aclare el concepto de “nación de naciones”. Todo a su tiempo.

Para ir haciendo tiempo y entretener a los impacientes, el PSOE puede declarar en el Parlamento que no acepta el cierre de la “vía de diálogo”. Esa decisión es contraria a la función esencial del gobierno que, como toda autoridad pública, debe velar por la paz y el entendimiento entre los ciudadanos y no por la confrontación. Además, es ilegal, pues no media una previa decisión parlamentaria que le inste a hacerlo. No tiene más respaldo que una acción ejecutiva. Pero si el Parlamento rechaza el cierre del diálogo y obliga al gobierno a seguir intentándolo, este tendrá que hacerlo.

Al final, el problema es qué se lleva en concreto a una mesa de negociación, mediando entre dos posiciones antagónicas. Algo en lo que ambas partes estén de acuerdo, habiendo ambas cedido en algo. Como base podría servir la siguiente propuesta: el Estado permite la celebración del referéndum llamándolo “consulta”, “sondeo” o como se quiera, desprovisto de eficacia jurídica pero con una eficacia informativa que conlleva una obligación: el Estado se compromete a abrir un proceso de reforma constitucional en un órgano ad hoc, una Convención, por ejemplo, con una composición que haga justicia a la reivindicación independentista. Sea cual sea el resultado de la Convención, se someterá a referéndum por comunidades autónomas, una de cuyas opciones habrá de ser la independencia.

viernes, 26 de mayo de 2017

La que ha liado Sánchez

El título no es un error. Es Sánchez, no Puigdemont, que lleva bastante tiempo liándola. Es Sánchez el que la ha liado ahora siendo elegido SG contra Susana Díaz y el pronóstico de la autoridad. Esa decisión de la militancia ha trastocado los planes del frente nacional español PP-PSOE, que lleva gestándose desde la Ley de Seguridad Nacional, aprobada con los votos de ambos partidos dinásticos en septiembre de 2015. 

Esa alianza patriótica funciona soterradamente desde entonces y está en la base del golpe de mano del 1º de octubre. Existiendo la sospecha de que Sánchez estuviera tramando alguna forma de alianza con Podemos y los indepes, el frente nacional  da un golpe preventivo. Y del que parece tenía informado a Rajoy. El entendimiento de este con Rubalcaba fue siempre patente en asuntos que ambos gustaban llamar "de Estado" y quería decir Cataluña. 

La gestora del golpe sería Díaz y con esta rotundamente opuesta a Podemos y los indepes, quedaría armado el triángulo poderoso del nacionalismo español. Con un respaldo de tres cuartas partes de la Cámara, se encontraría una solución al contencioso catalán por las buenas o por las malas.

El resultado de las primarias ha dinamitado ese plan. Los ha descolocado y han recurrido a palabras mayores. El famoso editorial de combate de El País, El Brexit del PSOE, pone a Sánchez de chupa de dómine y habla de "demagogia, medias o falsas verdades (sic) y promesas de imposible cumplimiento" y se queja luego donde le duele: "En un momento en el que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos." O sea, la gran coalición, el gobierno de unión nacional.


A su vez, Rajoy también pierde los nervios y se pone a presumir de demócrata y adalid del Estado de derecho, acusando a los indepes de pretender un golpe de Estado. Su propuesta, dice, es liquidar la Constitución, lo nunca visto, lo que solo sucede en las peores dictaduras, cosa que él sabe de buena tinta porque su partido lo fundó un ministro de una de esas dictaduras. Todos cometemos pecadillos en nuestra juventud, pero es que este los comete ahora en edad provecta al gobernar conculcando sistemáticamente todos los fundamentos del Estado de derecho. Más o menos, lo que deja entrever el "todo" a que dice el gobierno estar dispuesto. 

Y encima, viene Sánchez a proclamar en el congreso la fórmula de "nación de naciones". Que no está mal, es bienintencionado, pero ya lo suficiente para que al frente nacional le dé un ataque. Y con escaso atractivo en el otro lado, que pide algo más concreto y tangible, un referéndum. La fórmula es, además, autodestructiva. Si no he entendido mal, se concibe España como "nación de naciones"... culturales. Una nación política compuesta por naciones culturales. Y ¿por qué no asimismo políticas? ¿Por qué la nación España, cuya idea cultural es problemática, sí, y la nación catalana, cuya identidad cultural es patente, no?

Si se quiere aportar algo con intención de desbloquear la situación, la nación de naciones tiene que ser de naciones políticas en igualdad de derechos con proporcionalidad negociable y todo ello a partir de un referéndum pactado vinculante. 

jueves, 25 de mayo de 2017

Cincuenta años

Que "el gobierno esté dispuesto a todo para impedir el referéndum" es noticia cuando menos preocupante. Habrá quien se sienta tranquilizado y quien, con cierta legitimidad procedente de la experiencia, intranquilizado. Ese adjetivo indefinido que también figuraba en las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil, en este país permite abrigar negros presagios. Inútil preguntar qué es "todo". Todo es todo. Lo legal y lo ilegal. Por lo demás, el Estado nunca hace nada ilegalmente ya que, mediante el estado de excepción, puede suspender la legalidad con lo que cualquier ilegalidad es legal, excepcionalmente legal.

Esa firme voluntad del Estado de hacerlo "todo" para impedir el referéndum se apoya en la necesidad de evitar una repetición de la consulta del 9N. Y si ahora va a hacerse "todo" para impedirla, ¿por qué no se hizo el 9N? No solo no se impidió sino que hubo burlas sobre ella desde el mismo gobierno, al compararla con una verbena sin consecuencias juridicas, salvo las penales que sí está teniendo. Entonces no se impidió y ahora sí, ¿por qué? La arbitrariedad es uno de los rasgos más irritantes de las tiranías.

Ese puñetazo del todo sobre la mesa parece ser la respuesta del Estado a la proposición de diálogo y pacto sobre el referéndum de los indepes en La Cibeles el lunes. En realidad, ya se anunciaba en los energúmenos que llamaban "hijos de puta" a los catalanes a la entrada y salida del acto, en una muestra más de la hospitalidad de los madileños. Ese "hijos de puta" es el sentido último del "todo". 

También se adelanta a la carta que ayer envió Puigdemont a Rajoy invitándole por enésima vez a negociar un referéndum. El recurso al género epistolar en la era de las TICs tiene un regusto literario. El remitente no se ha puesto plazo límite de espera de respuesta y no lo necesita. Antes de llegar a destino la carta ya tiene respuesta: "no". 

A partir de aquí, es el famoso juego del gallina. Las cuatro opciones son posibles. Se trasluce de una frase del discurso de Puigdemont en la Cibeles: "no hay poder (en el Estado) para detener tanta democracia". A esa frase es a la que contesta la afirmación del gobierno de estar dispuesto a "todo".

La cuestión es si la oposición va a tolerar o apoyar una política de confrontación sin proponer soluciones alternativas que puedan negociarse.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Los independentistas en Cibeles

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Ayer fue día fasto para dos aficiones de distinto ánimo: la llegada a Madrid de la troika indepe -Puigdemont, Junqueras, Romeva- con la última propuesta de negociación para un referéndum pactado. Y la victoria del Real Madrid. De esta sé poco; de la otra, algo. Los tres de JxS hablaron en sus característicos estilos, Romeva con la contundencia de quien viene a ser el CEO de la empresa Cataluña; Junqueras, abacial en un iusnaturalismo de fuerte voluntad política y Puigdemont capaz de combinar sucintamente la flexibilidad táctica con una precisa estrategia. El aforo estaba lleno, pero los poderes fácticos de todo tipo y los partidos dinásticos boicotearon el acto, al que solo asistieron Podemos y algunos otros favorables o bien dispuestos hacia a las reivindicaciones catalanas. Así, es muy difícil dialogar.

A continuación, la versión castellana:

Los independentistas en Cibeles.

El lunes, mientras unas docenas de energúmenos, apenas contenidos por la policía, portando banderas rojigualdas y de la Falange vociferaban improperios, la troika independentista, Puigdemont, Junqueras y Romeva exponía en la madrileña plaza de la Cibeles las razones de la Generalitat en pro de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

La idea original venía de Puigdemont, quien se había ofrecido días antes exponerla en una sesión plenaria del Senado, teórica cámara de representación territorial. Pero los senadores se negaron a admitirlo. Pudieron estar a la altura de su ilustre predecesor, el Senado de la República de Roma, cuando ante él comparecían los reyes extranjeros, como Yugurta, rey de Numidia, a exponer sus planes. En lugar de ello mostraron su estrechez de miras pretendiendo que Puigdemont hablara en una comisión especializada. Los de JxS se negaron con toda razón y acabaron consiguiendo el amparo y la audiencia de los tribunos de la plebe en el Ayuntamiento madrileño, gobernado por la coalición de izquierda de Ahora Madrid. Siempre el pueblo ha sido más democrático que la oligarquía patricia en su cementerio de elefantes.

Tres de los cuatro partidos de ámbito estatal, PP, PSOE y C’s boicotearon el acto. No así el cuarto, Podemos, que estuvo presente, al igual que representantes de otros partidos nacionalistas y, por supuesto, distintos sectores sociales, como la prensa la Universidad o el cuerpo diplomático. En un asunto de importancia capital, un problema constitucional profundo que afecta a la estructura misma del Estado, la inmensa mayoría de los diputados españoles (el 73% de la cámara) prefiere no tener conocimiento directo, de primera mano, de los términos del problema, prefiere ignorar la realidad y seguir viviendo en un sueño. Es una prueba más de irresponsabilidad de la clase política española, cuya voluntad de diálogo y espíritu democrático brillan por su ausencia.

La democracia no resuelve los problemas de fondo de las sociedades, que son entes conflictivos: los civiliza, los encauza y, de este modo, permite que se resuelvan por otro lado. Pero si las partes se niegan incluso a abrir cauces de diálogo, lo que se evidencia es una voluntad enfrentamiento e imposición antidemocráticos. Un reconocimiento de falta de razones.

El PSOE y su recién estrenado líder perdieron una ocasión única de mostrar con hechos que las recientes primarias han abierto un tiempo nuevo. Si, contra todo pronóstico, Sánchez hubiera acudido a escuchar al presidente Puigdemont (como, por otro lado, mandan no solo la conveniencia política sino la elegancia de trato) se hubiera dado un toque poderoso de atención y abierto una tenue esperanza de encontrar un camino de salida al embrollo.

No hubo nada de eso. Hubo un plegarse a la cínica invitación de la vicepresidenta del gobierno a Puigdemont de ir a exponer el proceso ante el Congreso de los diputados. Algo que recuerda la orden de Leon X a Lutero para que compareciera ante la Dieta de Worms, a retractarse de sus tesis protestantes y salir convenientemente humillado, cosa que afortunadamente no pasó pues Lutero no se retractó. Tampoco los independentistas han caído en tan elemental trampa, como cayó hace años Ibarretxe, a quien el Parlamento español dio el mismo infame trato que el Concilio de Constanza a Jan Hus, ejecutándolo.

Muy bien ha hecho JxS buscando un escenario alternativo. Su posición es diáfana y, por más que los medios madrileños traten de manipular y emponzoñar la situación tiene un hilo razonable y lógico: Cataluña es una nación (no un concurso de sardanas), con derecho a decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Lo razonable y justo es que ese referéndum sea pactado, amparado y protegido por el Estado, pero si este se niega, aquella lo hará invocando el principio político de la supremacía de la legitimidad sobre la legalidad.

Esta situación recuerda pasadas y desastrosas obcecaciones de la oligarquía española, incapaz de entender la realidad a la que se enfrenta y las aspiraciones de los pueblos que regenta. Es un enésimo dejà vu en el proceso de desintegración de un imperio que no consiguió mudarse en nación. Los del JxS en Cibeles afirmaron su voluntad de seguir sentados en la mesa de negociaciones hasta el último minuto, en espera del interlocutor español. Es una prueba de paciente voluntad negociadora que fortalecerá la causa independentista a ojos de la comunidad internacional y puede acabar convirtiendo el último minuto en el último suspiro del Estado español,

martes, 23 de mayo de 2017

Cataluña en verano

En la abundante programación veraniega de la Universidad Complutense de Madrid han hecho un hueco para un curso acerca del problema más grave que tiene planteado España desde hace mucho tiempo y, con especial intensidad, en los últimos siete años. Cataluña. 

La tristemente famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, emasculaba el proyecto de nuevo Estatuto de 2006 que sustituía al de Sau de 1979 y ya venía muy "cepillado" del Congreso y, cerrando el camino al pacto político, abrió el de una rebelión pacífica, democrática e independentista. La dinámica centrífuga catalana, incomprensiblemente ausente del debate político español hasta ayer mismo, plantea un grave problema constitucional al Estado. Y no desaparecerá por el hecho de que siga negándose contra toda evidencia. La evidencia de que entre el 70 y el 80 por ciento del electorado reclama un referéndum y cada año unos dos millones de personas salen al carrer en la Diada a reclamar su deseo y voluntad de constituirse en un Estado nuevo de Europa.

Ese deseo y esa voluntad no caben en el ordenamiento jurídico español. Pero algo habrá de hacer el Estado con esos millones de ciudadanos suyos. Tres posibilidades se le abren: a) cerrarles la boca (ya se verá el método); b) reconocerles el derecho que reclaman; c) buscar alguna fórmula para que los que no cabe en el ordenamiento jurídico, quepa y encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Y las tres están todavía abiertas, a cuatro meses de la prevista celebración de un referéndum que el Estado no acepta.

Por eso el curso tiene mucho interés, ya que se trata de examinar un tema candente con espíritu académico y desapasionado. Por cierto, en el consabido marco incomparable del Escorial que encierra la nostalgia del pasado imperial español. El elenco de participantes, excluido el arriba firmante, es de mucho nivel y promete interesantes debates sobre el sempiterno problema de España: su identidad.

En los aspectos administrativos, la matriculación y asistencia y eso, están en la web de la UCM. Las fechas, 3 al 7 de julio, San Fermín.

viernes, 19 de mayo de 2017

Puigdemont en la Corte

Aquí, mi artículo de ayer en elMón.cat El lunes siguiente a la epifanía del SG del PSOE tene anunciada una conferencia Puigdemont en la Villa y Corte. Viene con Junqueras y Romeva y hablará en el CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid presentando, al parecer, una nueva propuesta de pacto o negociación con el Estado acerca del referéndum. No hablará al gusto de todos. El grupo municipal del PP y, según parece, el del PSOE reprueban la iniciativa sostenida expresamente por la Alcaldesa. La oposición desborda el ámbito municipal. El PP planea manifestarse hoy en contra no solo de lo que venga a decir Puigdemont, sino de que venga a decirlo. No quiere escuchar.

El auditorio se llenará seguramente con catalanes residentes en la capital (o que se desplacen por la ocasión), la prensa, los de Podemos y quienes consideren conveniente escuchar las razones civilizadamente expuestas de una de las partes en un conflicto que nos afecta a todos. Los contrarios a escuchar a los indepes catalanes, incluso contrarios a que puedan hablar, tendrán noticia cumplida de todas formas porque los medios la darán. Con lo cual, podían haberse molestado en ir a escuchar en directo pues quedarán igualmente emplazados a dar una respuesta.

Pero no la darán, está claro, porque no la tienen.

Aquí la versión castellana del artículo.

El discurso de Puigdemont en la Corte.

A veces, en las grandes cuestiones de los destinos de los pueblos, los pequeños gestos son más significativos que las declamaciones. En el salón del automóvil, celebrado hace unos días en Barcelona, Puigdemont se sentó en el asiento del piloto de un nuevo simulador dejando el poco lucido puesto de copiloto a Rajoy. El protocolo de la comitiva española entendió que tan sencillo como natural gesto era una afrenta e intentó neutralizarlo sin conseguirlo con lo que consiguió elevar a categoría de Estado un asunto en sí mismo nimio.

Algo parecido está pasando con la propuesta de Puigdemont de explicar en Madrid la posición independentista de la Generalitat. La primera oferta de hacerlo en una sesión plenaria del Senado levantó la misma suspicacia protocolaria y fue rechazada. Se le ofreció hacerlo en una comisión, cosa que el gobierno catalán rechazó. Se le argumenta que no objetó a hacerlo en comisión en el Parlamento Europeo. Pero este Parlamento no es el Senado español, cuya justificación reside precisamente en ser la Cámara de representación territorial de España. Y es raro que una cámara de representación territorial se niegue a debatir –incluso a escuchar- las razones de uno de los territorios que representa y tienen relevancia constitucional.

La solicitud se ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid, que sí ha acordado ceder un espacio municipal para la celebración del acto. De inmediato ha habido reacciones contrarias. El grupo municipal del PSOE, por boca de su portavoz, se ha opuesto a la decisión de la alcaldesa. Ni que decir tiene, otros grupos o sectores se suman a la negativa. La Comunidad Autónoma, a su vez por boca de su presidenta, se escandaliza de que se permita un acto que podría considerarse ilegal.

Al final, un gesto sin mayor trascendencia como es que Puigdemont pueda exponer en Madrid, capital del Estado, lo que expone por doquiera dentro y fuera de España, se convierte en un problema político de primera magnitud. El nacionalismo español del PP y del PSOE no solo se niega a escuchar las razones de una reivindicación política pacífica y democrática, sino que pretende impedir que otros las escuchen. Esto es ya más que seguir el consejo de Rajoy de “saber mirar para otra parte” e invade el terreno de la libertad de expresión e información.

Aunque solo fuera por respeto a esos dos derechos de la ciudadanía, se debiera apoyar la presencia de Puigdemont en Madrid. Lo contrario, es decir, lo que sucede, es que se priva a la ciudadanía de la información no manipulada sobre un asunto que le afecta y mucho. Y esta sería la razón más poderosa para facilitar a Puigdemont el acceso a una tribuna a exponer sus argumentos y que la gente pueda hacerse una idea por sí misma, sin que vengan otras partes a contársela. Es absolutamente cierto que Cataluña tiene mucha más información sobre España que España sobre Cataluña.

Está claro el interés para España de la comparecencia de Puigdemont. Lo que no está tan claro es el interés para Cataluña. Hay muchas voces en el independentismo que cuestionan la utilidad de este empeño en seguir ofreciendo diálogo y fórmulas de negociación, habida cuenta de su nulo resultado pasado, presente y futuro. Incluso algunas, más radicales, consideran que el propósito del gobierno de la Generalitat pretende ganar tiempo u ocultar una debilidad o una inseguridad en el cumplimiento de la tarea.

A la hora de justificar cualquier decisión unilateral en el orden de la legitimidad y la moral (porque en el legal ya se sabe que será imposible) es imprescindible que se haya demostrado sin sombra alguna de duda que, habiendo tomado todo tipo de iniciativas en busca de una solución negociada, aquellas resultaron infructuosas por negativa de la otra parte.

A la vista de la situación, crudamente expuesta hace unos días por García Margallo, queda claro que, si los independentistas insisten en hacerse oír en Madrid es solo a estos efectos de agotar las posibilidades. El cumplimiento de sus objetivos dependerá luego de la decisión de las fuerzas políticas, el apoyo de la población y las simpatías que la causa pueda suscitar en Europa ante la eventual represión española.

viernes, 12 de mayo de 2017

El vídeo sobre "el desencaje de Cataluña", en Blanquerna


-----------------------------------------------------------------------------

He comprobado que la calidad de la grabación es alta, tanto en sonido como en imagen.

Creo asimismo que es una buena exposición sobre cómo están la cosas en la cuestión catalana al día de hoy.

Nada más que decir. Está todo dicho en el vídeo.

jueves, 11 de mayo de 2017

Forcadell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Mi artículo de elMón.cat,titulado Jueces contra políticos, versa sobre el procesamiento de los cargos electos independentistas por desobediencia, como los casos de Carme Forcadell, Anna Simó y otros antes y otros que vendrán después. El gobierno parece decidido a inhabilitar (y, en su caso, encarcelar) a la clase política catalana. Teniendo en cuenta que esta se apoya en un movimiento de amplia base política y social y que la regeneración de esa elite está asegurada, al final, es posible que el ejecutivo se decida por lo que acaba de decir García Margallo: suspende la autonomía catalana, previo acuerdo parlamentario que, según sean las primarias del PSOE, no le será difícil conseguir,  y toma el mando de los Mossos d'esquadra. Pero eso no es una solución ni a medio plazo. O sea, no es una solución.

El error está en empeñarse en resolver en los tribunales un conflicto político que exige soluciones negociadas, pactadas, políticas.

A continuación, la versión castellana:

Jueces contra políticos

La respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial. Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han demandado a la jueza que les ampare.

La inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento. Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a los representantes del pueblo.

No es el caso con la función política del Parlamento y su concreción legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva) incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo pondrá al Parlamento bajo control judicial.

Se dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.
Por este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema: tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la causa.

De aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal ordinaria.

El mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España (incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al contrario, su brazo ejecutor.

Reducir un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan en los cargos y procedan del mismo modo?

Al final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación, el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a reconocer que tiene un problema constitucional.


miércoles, 10 de mayo de 2017

Hoy, debate sobre Cataluña y España

La embajada cultural de la Generalitat en Madrid acoge un interesante ciclo sobre El (des)encaje de Cataluña en España en el que se viene analizando desde distintas perspectivas este contencioso que actualmente domina la vida pública española. La de mañana se ha reservado para la visión politológica, siempre a cuestas con la contingencia de sus saberes. La falta de una clara doctrina respecto a qué sea España desde ninguno de sus ángulos facilita o empeora las cosas, según se mire. Un relativismo atroz en el que los politólogos nos sentimos a gusto.

Debatiremos Josep María Vallés y un servidor, lo cual no promete grandes emociones porque somos viejos amigos, colegas, compañeros y nos une gran aprecio por encima (o, quizá, por debajo, que en estos tiempos no está uno muy seguro) de banderías de todo orden, incluido el nacional. Por fortuna aparece el profesor Ferri como moderador y si bien es difícil imaginar un papel menos apropiado para el personaje, en este caso será como una bendición del cielo, pues le caracteriza un toque apasionado y radical que nunca deja tranquilas las medias tintas y estoy seguro de que nos lanzará diversos tipos de provocaciones, con lo que el debate ganará en vistosidad.

jueves, 4 de mayo de 2017

La realidad y la ficción I. El PNV

La política se ventila en el reino de la ficción. Como los cantares de gesta, los hipogrifos o los amores de Angélica y Medoro. Con la diferencia de que mientras las fabulas literarias se desvanecen en el recuerdo y la metáfora, las políticas afectan con dureza la realidad de la vida de las gentes.

Esos 500 millones del ala que deja de ingresar el Estado habrán de ser repuestos por los demás contribuyentes. Esa es la realidad. No se cuestiona aquí si el cálculo es justo o equitativo. Solo se señala que es el precio objetivamente puesto por el PNV para apoyar los presupuestos de Rajoy y posibilitar la continuidad de su gobierno, un gobierno al que se opuso cerradamente desde el principio. Todo esto mientras Ibarretxe se persona en Barcelona y suelta a los catalanes una teórica sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese derecho este año vale 500 millones; el año que viene, las circunstancias decidirán. Mientras el gobierno español dependa de los votos nacionalistas, estos exigirán un precio. La habilidad, parece decir el PNV, es no poner un precio demasiado alto. Eso del referéndum cierra el corazón de los gobernantes madrileños y, con el corazón, la bolsa.

Entre los indepes catalanes, la decepción es grande. Para ellos el referéndum ya no es cosa de precio, sino de principios y ven cómo los pragmáticos vascos se escurren. Ahí hay por cierto un interesante debate pendiente entre la izquierda abertzale y la CUP. Algunos sostienen, con bastante razón, que los vascos, de hecho, son ya independientes pues gozan de la substancia de la independencia que es la soberanía fiscal. Vascos y navarros. Dos excepciones que, a fuer de excepciones, invalidan el frecuente enunciado de Rajoy de la igualdad de todos los españoles. Se invocan entonces los antiguos fueros que dan lugar al concierto y consiguiente cupo blindados. Lo cual les posibilita la indeferencia respecto a quién y cómo gobierne y/o robe en Madrid.

Cuando los catalanes solicitan acogerse a la misma excepción se les dice que no por razones obvias de inviabilidad de la financiación del Estado autonómico. Además se les recuerda que esa solución (concierto) se les ofreció al comienzo de la transición y la rechazaron. Obviamente un error que no debiera aducirse como razón en contra de la legitimidad de su actual petición.

La ficción del nacionalismo e independentismo vasco, largos años enmarañado con la violencia, acaba en la dura realidad de una distribución desigual de las cargas financieras entre las CCAA. Que el Estado no tenga otra forma de conservar la integridad territorial que tanto le obsesiona sino es perpetuando un injusticia es desalentador. E injusto. Ya se sabe que, siempre que se forma una mayoría en democracia (la que busca Rajoy con sus presupuestos), la tendencia será a hacérselo pagar a la minoría.

El problema es cuando esa minoría, la catalana en este caso, confirma que no tiene posibilidad alguna de convertirse en mayoría porque es una minoría estructural y, por lo tanto, siempre estará en una posición de subalternidad. Da así en la flor de convertir su ficción de independencia en un independencia real.