La solución no son los tribunales

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La justicia del enemigo sobre este desafortunado proceso político a Mas, Rigau y Ortega. Argumentaba Mas en su comparecencia que el Tribunal Constitucional (TC) nunca le advirtió de las consececuencias de no obedecerlo. Y aquí está precisamente el punto neurálgico de este procedimiento. El TC no podía advertirle de las consecuencias de no obedecerlo porque no las tenía. Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/215, de 16 de octubre, no existía el delito específico de desobediencia al Tribunal Constitucional. La dicha reforma de la Ley Orgánica del TC facultaba a este para velar el cumplimiento de sus decisiones pero no podría aplicarse al Govern de la Generalitat porque eso sería retroactividad de una norma penal. Por eso, la querella interpuesta por la Fiscalía catalana por exigencia especial del Fiscal General del Estado tira del Código Penal y trata de encajar el comportamiento de la Generalitat en el delito de "desobediencia grave" a cualquier autoridad. Y eso es lo que habrá que probar. 

Al margen de estas cuestiones de detalle, aunque sean básicas, el procedimiento contra Mas, Rigau y Ortega tiene una función eminentemente intimidatoria y es el arranque de una vía anti-independentista basada en la represión judicial que no conducirá a ningún sitio, salvo a iniciar un nuevo símbolo emancipador, concentrando en la persona de Mas el significado de la lucha de un pueblo.

Aquí la versión castellana del artículo:

La justicia del enemigo

                                                                                                             

El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.  

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior. 

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común. 

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.

La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

La República Catalana hoy en Madrid

Hoy llegará La República Catalana a Madrid, a la emblemática librería Blanquerna, sita en la calle Alcala, 44, a las 19:00. Presentará el acto Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid e intervendrá Joan Tardà, diputado de ERC en el Parlamento español, y Palinuro, el autor del libro.

El encuentro promete ser interesante. Se quiera o no reconocer, el proceso independentista catalán es el problema más importante que tiene planteado el sistema político español. Llevo años diciéndolo y defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes. Al principio, todos me miraban como un extraterrestre, por insistir en algo que parecía una quimera o completamente irrelevante, algo a lo que ninguno prestaba atención. La incapacidad de los políticos y de lo intelectuales españoles para ver lo que tienen delante de las narices es fabulosa. Y así siguen. Todavía hoy asombra el silencio de la clase política, incapaz de tomar una sola iniciativa, y del estamento pensante, dándose pote en sus columnas en los periodiquitos y en sus enchufes en la tertulias audivisuales en donde llevan años diciendo las mismas sinsorgadas. Ninguno dice o hace nada constructivo en relación a Cataluña salvo repetir como carracas que la autodeterminación es ilegal. Como lo fue la independencia de los Estados Unidos, por supuesto, y la de todas las posesiones españolas hasta la fecha, exceptuada la de Guinea, que fue legal, y la del Sahara que, además de ilegal, fue una traición. 

Seguro que alguien en el público se pregunta en voz alta en dónde están los intelectuales españoles en estas circunstancias. No es difícil responder: están con el poder español, como siempre. Y lo están también los de izquierdas, incapaces de reconocer una revolución como la que está dándose en Cataluña porque no se hace según sus apelmazadas consignas.

El referéndum está servido

La decisión de la CUP de apoyar los presupuestos de la Generalitat es un hito en el camino al referéndum. Utilizo el término referéndum y no independencia porque, siendo el primero un instrumento para lograr un fin, la independencia, también puede no lograrla. Con todo, con un poco de juicio, se verá que la mera convocatoria y realización del referéndum ya es un acto de soberanía, de independencia. Pero que se llegue a esto o no depende también en gran medida del gobierno español. La Generalitat insiste en que no se levantará de la mesa de negociación hasta el último momento, esto es, supongo, la víspera del referéndum. Se entiende que si el gobierno español se decide a hacer lo que invoca pero no hace, dialogar, y se llega a un acuerdo, cosa inverosímil, pero no imposible, podría hacerse un referéndum pactado, entendiendo por tal el que se convoque en Cataluña por acuerdo de ambas partes.

Dice Puigdemont que el "sí" de la CUP a los presupuestos es una "mala noticia" para el Estado. Malísima, desde luego. Lo entiende cualquiera medianamente informado del acontecer catalán. El problema es que en España, esa información no se recibe o no se quiere recibir o no se entiende o no se quiere entender. Viaja por las redes un agudo juicio, algo así como En Cataluña sabemos lo que pasa en España, pero en España no saben lo que pasa en Cataluña. Es decir, el "sí" de la CUP sería una "mala noticia" si el Estado supiera calibrar su importancia. Pero no sabe. Si habla de la CUP es para aconsejar a los de JxS que se alejen de los "radicales". 

Sin embargo debiera preocuparse porque ese "sí" reafirma la voluntad mayoritaria del Parlament de celebrar el referéndum en septiembre. A los efectos, los de la CUP avisan por boca de Arrufat de que es un sí "condicionado a la celebración del referéndum". Una advertencia creíble porque, al fin y al cabo, el voto de la CUP ha sido 39 a favor, 22 en contra y dos abstenciones. Aunque, por el momento, parece redundante. No hay razón para dudar de la palabra de Puigdemont, quien afirma que el referéndum se hará y será vinculante.

Y eso en un ambiente cada vez más enrarecido y crispado si, además de negarse en redondo a negociar, el Estado sigue con su política de persecución policial del independentismo. Encontrar formas de entenderse con alguien a quien se intenta meter en la cárcel no es tarea prometedora. Si, además, no se quieren encontrar, la tarea es absurda.

Pero a ver cómo paran ustedes ese referéndum sin meterse más y más en el laberinto.

Alérgicos a la libertad y la democracia

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Juego sucio en el que se reflexiona sobre el enésimo ridículo que han hecho los neofranquistas del PP en Europa. En vísperas de una conferencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, eurodiputado del PP, envió una carta redactada en inglés macarrónico a sus cofrades de la derecha para que no fueran a escuchar a los malvados independentistas que solo quieren subvertir la ley y el orden en la España democrática, representada por él y los que, como él, militan en un partido fundado por un ministro de Franco, autoritario, ordenancista, incompetente, corrupto y... monolingüe. De verdadera risa.

Este Pons y sus amigos del PP aún no se han enterado de que, en una sociedad libre, un intento de censura provoca el efecto contrario... siempre. Y así fue. La sala se llenó y cientos fueron a escuchar a los catalanes, muchos más de los que jamás irán a escuchar a Pons o su jefe, Rajoy, si la gente puede escoger entre ir o no ir.

Hoy todos los medios españoles mentirán como acostumbran, asegurando que la conferencia fue un fracaso. Ayer ya allanó el camino Rajoy, con su habitual inteligencia y capacidad, asegurando que Puigdemont había fracasado en Bruselas, en donde le habían dado "el trato que se merece" y asegurándolo dos horas antes de que la conferencia comenzara porque, en realidad, esta especie de castigo que ha caído sobre España no sabe ni en qué día u hora vive.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Juego sucio

Entre otras cosas, la democracia es un juego sometido a reglas. El juego es limpio cuando las reglas se respetan. No lo es si no se respetan. Una de las reglas democráticas básicas es que los participantes en un debate público se identifiquen adecuadamente. Un encuentro en televisión de un par de horas, contemplado por cientos de miles, quizá millones, de ciudadanos es algo innegablemente público.

Estos encuentros en los medios no pueden ser anónimos, como en las redes, en donde suele haber perfiles falsos. Y no pueden porque es faltar a otra regla básica del juego: la de igualdad de oportunidades. En el encuentro con el presidente Puigdemont este era él mismo, se representaba a sí mismo, no podía ser otro. Algunos de los intervinientes, en cambio, ocultaron sus adscripciones ideológicas, incluso militancia o pertenencia a unas u otras organizaciones, simulando ser ciudadanos normales, de a pie. De todas formas, parece que el presidente ha ganado de calle porque el juego sucio no paga.

Y, mientras se debate apasionadamente sobre el programa de preguntas a Puigdemont, en Bruselas se ponía en marcha otra operación de juego sucio. Ahora se trata de boicotear la presencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo a explicar el llamado procés.

Este tipo de encontronazos son frecuentes en los últimos tiempos. El ministerio de Asuntos Exteriores debe de tener un departamento exclusivamente dedicado a seguir la pista de la acción exterior de la Generalitat, que no parece descansar. Cada vez que detecta un acto montado por el Diplocat, comisiona al personal de la correspondiente embajada para que le pongan todos los inconvenientes que se puedan. Parte del servicio exterior del Estado se dedica a combatir en un conflicto interior.

Pero ahora el asunto se plantea en otros términos, más agudos y simbólicos. El eurodiputado del PP González Pons ha enviado una carta circular a los diputados del PP para que no vayan a la conferencia de los catalanes. Lo pide como correligionario y como amigo, insistiendo en que las reivindicaciones de los conferenciantes quebrantan la ley, la Constitución y el Estado de derecho en España. La verdad, resulta divertido que un dirigente de un partido fundado por un exministro de Franco hable con tanta unción del Rule of law y de la Constitución en contra de la cual votaron algunos dirigentes de esa militancia.

No debe dejarse de lado el hecho de que también el PSC ha manifestado su opinión contraria al acto de JxS en carta dirigida al órgano central del Partido Socialista Europeo, pero no piden a los demás diputados de su orientación que no asistan. Es una posición mucho más respetuosa que la del PP y no juego sucio.

¿En qué consiste el juego sucio? En el hecho de dificultar a los demás el ejercicio de sus derechos. Puigdemont, Junqueras y Romeva comparecen en una sala de una comisión del Parlamento dentro de unos trámites y procedimientos legales. No hay razón para prohibir la comparecencia, aunque el empeño por boicotearla deja entrever que, si pudieran, la prohibirían. En todo caso, el boicot es una especie de censura porque se presiona a otros para que no accedan a una información, pero no se ofrece sustituirla por otra.

Esa es la parte más claramente antidemocrática de este juego sucio. Si los representantes españoles del PP en el Parlamento Europeo quieren proteger a sus colegas de toda contaminación con discursos ilegales, anticonstitucionales y contrarios al imperio de la ley, lo que tienen que hacer no es impedir que se escuchen sino ofrecerse voluntarios para mantener un debate con quienes traen tan protervos designios. Eso sería, además, una clara muestra de respeto a la dignidad del Parlamento, órgano capaz de escuchar y ponderar todo tipo de reclamaciones políticas sin que venga nadie a darle permiso.

No sé si esa comparecencia podría convertirse sobre la marcha en un diálogo/debate entre las dos posiciones. Sería muy precipitado. Pero sí podría proponerse en serio por los canales oportunos para un futuro a corto plazo, inmediato, un nuevo encuentro en el Parlamento europeo entre representantes de la Generalitat y del Gobierno español. De ese modo, el gobierno español podría ejercer ese diálogo que pregona y hacerlo delante de un público muy interesado. Seguro que no habría problemas de asistencia.

Bilateralidad

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado De igual a igual, versa sobre la última formulación del independentismo catalán. En la poderosa carta de Puigdemont a Rajoy hace un par de días en la que el catalán rechaza una vez más la invitación a asistir a la conferencia de presidentes de CCAA y afima que no sirven para nada, sostiene que Cataluña se ha ganado hace ya tiempo el derecho a relaciones bilaterales con España. Se trata de una reivindicación catalana antigua que el nacionalismo español, empeñado en tratar a las naciones como regiones para someterlas a todas, no puede aceptar. Y si, por ejemplo, Rajoy la aceptara, los presidentes autonómicos se le echarían a la yugular, empezando por la presidenta andaluza, cuya idea de Cataluña todavía es más españolista, obtusa y malintencionada que su catolicismo trianero.

Cataluña tiene perfecto derecho a exigir esa bilateralidad en función de su condición nacional que los nacionalistas españoles no pueden aceptar porque temen quedarse sin país. En realidad responde a una vieja práctica eclesiástica cuando una sola diócesis se dividía en dos y ninguna de ellas quería quedar supeditada a la otra. La iglesia las declaraba entonces aeque principaliter, esto es, iguales en dignidad, jurisdicción y competencias. Eso es lo que quiere el independentismo catalán y si en el Estado español hubiera un adarme de inteligencia, se apresuraría a aceptarla. Pero no lo hará y será él mismo quien provoque la independencia de Cataluña que trata de evitar.

A continuación, la versión cstellana del artículo:

De igual a igual

Las relaciones de Puigdemont y Rajoy son una imagen de las de España y Cataluña. Rajoy dice en una entrevista en terreno amigo en “La Razón” que el referéndum catalán no se hará y que eso lo sabe todo el mundo. Ignoro si el presidente considera a los catalanes parte del mundo pero, por si acaso, muchos de ellos parecen desconocer esa brillante verdad y hasta persisten en el error. Puigdemont, por ejemplo, asegura que habrá referéndum y será vinculante. Es decir, según Rajoy, no sabe y no sabe que no sabe.

Junqueras, el vicepresidente, tampoco sabe que el referéndum no se celebrará y hasta profundiza en el error afirmando que el referéndum se hará y lo que está por ver es qué hará el gobierno para impedirlo.

Eso es imposible saberlo y es bastante probable que ni el gobierno lo sepa. Desde luego, intentar que lo explique Rajoy es perder el tiempo, pues ostenta el record de políticos capaces de hablar más tiempo sin decir nada o diciendo algo y su contrario. Está claro que el referéndum es el primer desencuentro y el más patente, justo en la línea de confrontación. De ahí que Puigdemont hable de adelantarlo en el caso de que la justicia española proceda a inhabilitar a representantes catalanes. No parece muy seguro que el gobierno tenga pensada una respuesta a la convocatoria oficial del referéndum y mucho menos de que la tenga si el llamado a urnas se acelera.

De igual modo, hace tiempo ya que Puigdemont anunció que no pensaba asistir a la conferencia de presidentes de las CCAA como, por otro lado, también ha hecho el presidente de la CA Vasca, Urkullu. La insistencia del gobierno (Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy) en convencer al primero de que acuda a la reunión y su fracaso, en el fondo, relativiza el valor de los acuerdos que adopte el cónclave. La ausencia del vasco es llevadera por el asunto del concierto, pero la del catalán equivale a un veto, ya que es un contribuyente neto al fondo. Un veto al gobierno del Estado es una especie de ejercicio de soberanía de hecho. Un acto por el cual se pone un límite a la soberanía del Estado. Algo que este no puede aceptar por lo que se trata de otro desencuentro.

La carta de Puigdemont a Rajoy en respuesta a su invitación y rechazándola plantea que Cataluña se ha ganado el derecho a mantener una relación bilateral con el Estado. Es la vieja idea confederal del “aeque principaliter” o igualdad de jurisdicciones y soberanías. Un enunciado revolucionario que el gobierno no puede aceptar sin una reforma constitucional.

Cuando, en los años del terrorismo etarra en alguna ocasión se constituyeron mesas de negociación del gobierno con ETA, los ataques eran que el Estado no podía negociar con una banda terrorista. Que se depusieran las armas, llegara la paz y se podría hablar de todo. Y, sin embargo no era cierto. Esa exigencia de relación bilateral de España y Cataluña no es una petición de que el Estado negocie con una banda terrorista sino con una nación. Esta no está defendida por pistoleros sino por sus más altos cargos institucionales, una mayoría parlamentaria absoluta y millones de ciudadanos que los respaldan.

La cuestión es ahora si esa masa crítica que se supone aportará el referéndum puede esperar al resultado de un prolijo, incierto e inseguro proceso de reforma constitucional en España que, en lo referente a Cataluña, reformará muy poco. De aquí que en el sector independentista aumenten en volumen las voces que piden seguir con la hoja de ruta y también las de quienes propugnan una DUI ya. El argumento que usan para convencer a los confederalistas es que lo inteligente es ir a la independencia y si, más tarde, España tiene alguna propuesta interesante de unión, asociación o colaboración será bienvenida y estudiada.

Buen fin de año que viene

Traigo lo que se llama una "comparativa" de dos lenguajes que señalan dos mundos distintos; dos lenguajes excluyentes. Si Rajoy cumple su voluntad de gobernar él los cuatro años, Puigdemont no podrá hacer el referéndum. Si Puigdemont consigue hacer el referéndum es poco probable que Rajoy gobierne más allá de septiembre. Poco probable, no imposible, porque Rajoy está probando que para él no hay imposibles. Que su vida es un firme acto de voluntad, ya que no de razón.

¿Con qué medios cuenta Rajoy para frustrar el referéndum catalán? Aparte, naturalmente de su reiterada negativa a darle vía libre con el escueto argumento de que no puede hacerse porque la Constitución no lo permite. Tiene muchos, desde luego, algunos ya está usándolos como la supuesta "guerra sucia" desde el ministerio del interior o la persecución judicial de los independentistas y su hostigamiento. El juez Ismael Moreno, un expolicía del franquismo tardío, magistrado de la Audiencia Nacional, el que instruyó la causa contra los titiriteros, ha mandado traer a Madrid esposado al independentista Joan Coma a declarar acerca de una metáfora sobre que para hacer una trucha, hay que partir los huevos. A lo mejor lo que se le reprocha a fuer de contumaz independentista catalán es que diga "trucha" en vez de "tortilla", que es para lo que se parten los huevos en el imperio. (Me advierten amables lectores que en catalán "truita" es tanto "trucha" como "tortilla". Pues más divertido aun si cabe. Ya decía yo que no encajaba bien lo de los huevos con la trucha). 

No se crea que los medios a disposición de Rajoy tengan todos este nivel. Los hay serios. El procesamiento de las autoridades de la Generalitat, empezando por Carme Forcadell, por presuntos delitos de desobediencia o prevaricación, apunta a empeños de más graves consecuenciass. Detrás de estas medidas judiciales puede llegar la aplicación del art. 155 según el cual el gobierno puede ordenar a las autoridades autonómicas el cumplimiento de la ley. Y, por descontado, también cuenta con la posible declaración de algún estado excepcional, en el caso de encontrarse con una actitud de desobediencia civil de las autoridades quizá apoyada por una mayoría de la población. Llegados a este punto se certificaría el absoluto fracaso del gobierno español que, por su absoluta cerrazón a toda forma de negociación, habrá llevado el conflicto a una situación sin salida. Una intervención excepcional de la autonomía catalana, manu militari o no, sería más de lo que la UE estaría dispuesta a tolerar. Asustadas las instituciones europeas por el bloqueo político de España, acabarán imponiendo una mediación que se basará en un referéndum, digan Rajoy y el nacionalismo español (PP, PSOE, C's) lo que digan. 

Muy pocos en Europa admitirán que se niegue a una minoría nacional de más de siete millones de personas el derecho a decidir por su cuenta. 

La Generalitat está articulando un buen argumentario político y jurídico para posibilitar una transición, como dice Puigdemont, de la postautonomía a la preindependencia. La independencia se dará después del referéndum.

En el supuesto de que gane el sí. En la actualidad, el sí y el no están muy igualados. Por ello, ese referéndum es el momento político más importante en el Estado. Prohibirlo y tener sojuzgada una comunidad en la que el 85 por ciento de la población lo reclama, no es de recibo. Admitirlo y atenerse a las consecuencias, sean estas las que sean, abriría el camino a la democracia en España.

Mal camino

Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.

Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo. 

Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.

En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias. 

No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.

La extrema derecha se separa de la derecha extrema

El desplante final de Aznar presagia tormenta. Primero desvinculó la FAES del PP y la convirtió en baluarte privado de la ideología neoliberal, confiado en las aportaciones voluntarias de sus clientes naturales, los del dinero. Luego se desvincula él mismo de los deberes patrios de partido. El paso siguiente es alzar bandera con un programa de restauración de los recios valores de la ultraderecha, sobre todo en cuanto a Cataluña, pero también en cuanto a otras blandenguerías de Rajoy y demás gentes de la derecha vergonzante. Una nueva reacción de la "derecha sin complejos" a la que seguramente se adherirá Aguirre. O sea, un programa de un partido nuevo, de extrema derecha. Se acabó aquello de decir que en España la extrema derecha estaba en el PP. Ahora está en contra del PP.

Los ex-presidentes de gobierno tienen destinos muy distintos. Dejando aparte los dos primeros, ya fallecidos, González se ha convertido en una especie de Kurtz, de Conrad; Aznar, en un guerrero integrista atlántico que anda, como siempre, batallando; Zapatero, aún indeciso, parece decantarse por conjuras del casino. 

Esa pulsión batalladora de Aznar en defensa de los valores occidentales impregna la trayectoria entera del personaje. Su presencia constante, sobre todo en momentos de crisis, con discursos intransigentes, recriminatorios y hasta amenazadores, le han fabricado una mala imagen y fama de agresividad. Eso pueden ser handicaps o ventajas, según se configure el proceso político en el próximo futuro. 

En España está articulándose un discurso autoritario en consonancia con el recrudecimiento de la extrema derecha estilo Trump o Le Pen. Pero en disonancia en un aspecto esencial, el de la xenofobia. Para la derecha española el peligro no viene de fuera sino de dentro. El enemigo no es exterior sino interior. Y lo que se exige es mano dura, represión de toda desobediencia, inhabilitacion, suspensión, estado de excepción si es necesario. 

Es obvio, sin embargo y da un poco repelús decirlo, que nadie en sus cabales cimenta el orden normal en la situación de excepción. Hoy, como en tiempos de Locke, el único gobierno legítimo es el gobierno por consentimiento. Si hay que imponer el consentimiento, la legitimidad se esfuma.

La división de la derecha reproduce en cierto modo la de la izquierda: dos extremas y dos más "moderadas" pero, en definitiva, muestra la incapacidad de los partidos para afrontar la situación real del país. Esta solo puede afrontarse ya en un encuentro multilateral con presencia de todos los intereses territoriales en igualdad de condiciones. Una situación que la derecha ni la izquierda españolas podrán jamás aceptar. Razón por la cual el conflicto no tiene solución, salvo que haya algún tipo de mediación internacional.

La agresión dialogante

Mi artículo de hoy en elMón.cat. La idea es que la alternancia en la acción del gobierno frente a la Generalitat del palo y la zanahoria no funciona porque hay palo, pero no zanahoria. La zanahoria del diálogo no es tal porque el gobierno excluye expresamente diálogo alguno sobre el referéndum que es, justo, el punto clave del diálogo para los independentistas. El diálogo es imposible. La zanahoria no existe. No hay más que el palo. La cuestión es hasta dónde llevará el palo el gobierno y hasta dónde la Generalitat la resistencia. 

A continuación, la versión castellana.

El diálogo agresivo

El gobierno de la derecha continúa considerando la llamada “cuestión catalana” como un asunto de orden público. La abogacía del Estado pretende procesar a la mesa del Parlamento catalán, concretamente a los miembros que secundaron la decisión de la presidenta Forcadell por la que esta ya ha comparecido ante el TSJC. Las decisiones políticas se entienden en clave penal y a las iniciativas de las instituciones catalanas se responde enviando a los guardias. Ánimo de entendimiento: cero.

A todo esto, el gobierno anuncia estreno de nuevo talante dialogante con Cataluña, sin que haya dato alguno que explique por qué quiere ahora lo que lleva cuatro años negándose a hacer: dialogar, negociar. Se trata de una medida táctica, propagandística, sin ningún crédito y, si lo tuviera, ya está ahí Aznar afirmando desde la FAES que todo diálogo con el independentismo es una traición al ser mismo de España. La derecha neofranquista sigue fiel al legado de su caudillo.

Los nacionalistas españoles de todos los matices hacen ver que las dos vías de actuación del Estado en Cataluña no son contradictorias, sino un ejemplo actualizado del palo y la zanahoria. El palo: el gobierno no está autorizado a dialogar ni negociar nada con quienes quieren partir España. Al contrario, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, porque la ley es igual para todos, cosa de Estado y no de mero gobierno. La zanahoria: siempre que se cumpla la ley, el gobierno será benevolente y dialogará si bien debe quedar claro desde el principio que no lo hará sobre el referéndum. Es decir, la zanahoria no tiene raíz ni hojas; no existe. Si no se puede dialogar sobre el punto de discrepancia sobre el que se ha de dialogar, ¿en dónde está el diálogo?

El mantenimiento e intensificación de la acción represiva del gobierno con o sin gestos de búsqueda de un terreno común demuestran que el independentismo debe mantener los compromisos de su hoja de ruta si quiere vislumbrar su meta. A medida que la ruta avance se multiplicarán los obstáculos de todo tipo (políticos, jurídicos, mediáticos, de guerra sucia, de conflictividad institucional, amenaza y extorsión) que dificultarán el trayecto. Para superar las turbulencias, la experiencia muestra que es básico mantener la unidad del bloque independentista. En ese sentido, las relaciones entre la CUP y JxS son esenciales para el mantenimiento de la trayectoria. En principio, lo habitual será que se diga que, cualesquiera diferencias que pueda haber entre sus sectores, deben pasar a segundo plano en pro de la unidad de acción.

Pero en política nada es permanente, rígido, sempiterno. Obviamente la unidad es un bien en sí mismo, pero no a cualquier precio. Si la conservación de la unidad se hace a expensas de que las fuerzas que las componen tengan que abandonar sus objetivos e incurrir en crisis internas, quizá no sea muy inteligente perseverar en ella. Y esto vale para todos los sectores implicados. Poner los intereses generales por encima de los de partido, grupo o fracción es propósito general, pero no siempre puede conseguirse. A veces, los conflictos de valores no dejan lugar a entendimiento alguno.

Frente a la intensificación de la acción represiva del Estado y las dificultades que puedan plantearse en el seno del independentismo, el gobierno de la Generalitat tiene un recurso que, por supuesto, abrirá una serie de imponderables: las elecciones anticipadas. Todo depende de hasta dónde esté el Estado dispuesto a llevar su acción represiva y el elemento coactivo. Si, al final, no es posible celebrar el referéndum por causa de fuerza mayor, la opción de elecciones anticipadas parece la substitución lógica. Pero habrá que ver antes en qué términos quedan las cosas, después de esa intervención coactiva del Estado y qué notas tenga. Y, sobre todo, cómo quedará el panorama político catalán, el más variable de todo el Estado y en el que se anuncia la acción de un nuevo partido, un país en común, que puede variar el equilibrio de fuera.

Pero, al mismo tiempo, también cobra sentido otra posibilidad que, desde luego, incrementaría notablemente la incertidumbre pero mantendría la iniciativa en el campo independentista. De no poder realizar el referéndum, en lugar de convocar elecciones anticipadas que solo servirían para prolongar la situación actual, la Generalitat podría proponer al Parlamento la votación de una DUI, siempre y cuando las relaciones entre ambas partes del bloque independentista lo permitieran. La situación política se clarificaría, la “cuestión catalana” se internacionalizaría y el Estado vería muy reducidas sus posibilidades de actuación, viéndose obligado por fin a tomar una decisión para la que no tiene margen en el orden internacional y que, en el nacional, probablemente le obligara a su vez a convocar nuevas elecciones.

Toma diálogo

Hace una semana la ratita hacendosa fue a la parte de los infieles con la buena nueva de que el gobierno ha descubierto las ventajas del diálogo. Dos o tres días después la presidenta del Parlamento de Cataluña comparecía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a declarar en un procedimiento que se le sigue por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. Algunas buenas conciencias dicen que no hay contradicción entre los dos hechos, la declaración en el procedimiento y la conversión del gobierno al diálogo porque esta es posterior al encausamiento. Aunque sea promovido por él mismo, el gobierno no puede interferir en un procedimiento. La Justicia, ya se sabe, es independiente. Pero, dentro del respeto la independencia de la Justicia nadie puede negar la firme voluntad de dialogar del gobierno siempre que no sea sobre el referéndum porque, si se habla del referéndum, enmudece.

No hace falta medir la veracidad o mendacidad del gobierno en materia de diálogo. En el día de ayer -o sea, más de una semana después de que Sáenz de Santamaría se hiciera cargo de la operación diálogo con un discurso que puso a Aznar a dar bufidos patrióticos- la abogacía del Estado ha recurrido de nuevo al Tribunal Constitucional para ampliar la causa por desobediencia de Forcadell a cuatro miembros más de la mesa de la presidencia del Parlament por el mismo presunto delito. Hasta aquí llega la voluntad de diálogo del gobierno del PP; hasta nada. Porque si el procesamiento de Forcadell se decidió con anterioridad a la conversión al diálogo del gobierno, la nueva iniciativa de la abogacía del Estado es posterior. El Estado ofrece dialogar a aquellos a los que aspira a procesar, inhabilitar y, si es posible, encarcelar. O sea, de dialogar, nada. Seguir imponiendo. De hecho la vicepresidenta fue a Barcelona a poner sus reales -o virreales- y a entrevistarse con los suyos, C's, y los semisuyos, PSC, ignorando a la feroz tribu independentista. Poco crédito inspira esa oferta de diálogo. Vamos, que puede ignorarse sin más porque es una mentira.

Desde el punto de vista jurídico, probablemente, la petición de apertura de procedimiento por desobdiencia a otros tres miembros de la mesa del Parlamento esté muy puesta en razón porque viene a enmendar un yerro anterior, cometido por el mismo tribunal. La mesa del Parlamento catalán es un órgano colegiado, por tanto colectivamente responsable de sus actos. En todo caso, podrían salvarse quienes hubieran votado en contra, lo cual dibuja los cuatro responsables de la decisión impugnada. Lo que no tendría sentido sería procesar a la presidenta por un presunto delito del que serían cuatro los responsables. Adentro los otros tres; adentro el Parlament entero si es preciso; adentro todos los independentistas. Hágase la justicia, procésese a los millones que hagan falta en Cataluña. Hay que dialogar..

Jurídicamente así puede ser, pero políticamente la decisión de echar a los abogados del Estado encima de la mesa del Parlament es profundamente estúpida. Cuanto más se persiga a los representantes populares y más víctimas de la persecución judicial haya, más fácil será articular la defensa en contra y más fuerte y visible la adhesión de la gente. Las interferencias judiciales/penales no conseguirán devolver a Cataluña a una condición de Comunidad Autónoma. En cambio mantendrán vivo un espíritu independentista con cada vez mayor causa por la que luchar mientras que el Estado no tiene nada que ofrecer como no sea el inmovilismo.

Sigan ustedes dialogando.

Presentación teatre Romea (1ª) parte

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Aquí está por fin, el vídeo completo de la presentación de "La República Catalana" en el teatro Romea, Se divide en dos partes. La segunda, más abajo.

Una proeza técnica de mi amigo Bernat.

Abriendo camino al diálogo

Mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell,  a declarar por una supuesta desobediencia a una providencia del Tribunal Constitucional. Ayer, sin embargo, este mismo Tribunal comunicaba a la misma presidenta que se suspende cautelarmente otra medida de su Parlamento y la apercibía de las desagradables consecuencias, incluso penales, que tendría una nueva desobediencia. ¿Quién dijo que los tribunales son lentos? El Constitucional, como se ve, es raudo como una centella cuando le interesa y también parsimonioso como el olivo cuando le interesa al gobierno. 

Desde que este tomó posesión, viene anunciando una consistente voluntad negociadora. Parece, incluso que hasta se hubiera enterado de que la situación ha llegado a este punto por su obstinación en cerrar toda puerta de diálogo. Quiere evitarla.  Ahora la hay, asegura. Y, para mostrarla se aceleran los procesos judiciales contra todo tipo de independentistas.  Suele decirse que esos procedimientos judiciales no dependen del gobierno y siguen su curso con independencia de este. Es una fábula. Es el gobierno el que insta la acción de los tribunales, bien recurriendo al constitucional todo suspiro del Parlamento de Cataluña, bien instando la acción de la Fiscalía para que "afine" lo que al gobierno le interese.

Por eso no es creíble la oferta de diálogo del gobierno, porque afirma su voluntad de seguir con la acción represiva, a la que llama "cumplimiento de la legalidad" pero no es otra cosa que la legalidad de la "ley del embudo". Es más, el propio gobierno, por boca del presidente, ha enumerado todos los asuntos en las que está dispuesto a dialogar y que coinciden con todos los de su programa electoral y obviamnte, le importan tanto como ese mismo programa. Solo le ha quedado uno en el fondo de la caja, uno sobre el que no está dispuesto a negociar: el referéndum. 

Pues ya está. Se acabó: si no hay referéndum, no hay diálogo. Todos podían haberse ahorrado las consideraciones en público. Pero que no haya diálogo no quiere decir que las partes no sigan actuando. Continúan haciéndolo pero sin hablar. En estas condiciones de intenso diálogo, los independentistas dicen que el referéndum se hará diga el Tribunal Constitucional lo que diga. La verdad es que dada la inexistente autoridad de este órgano, convertido en correa de transmisión del gobierno, no es de extrañar el propósito del independentismo. Y entonces aparece la vicepresidenta del gobierno y virreina de Cataluña, Sáenz de Santamaría a decir, amenazadoramente, que el gobierno dispone de medios para que el referéndum no se realice.

¿Queda claro? No hay diálogo. 

Por eso resulta absurdo el enfado bíblico de los pensadores del Think Tank de la FAES, encabezada por el siempre malencarado Aznar. Acusan al gobierno de haberse entregado ideológicamente a los que quieren romper España. Lo acusan de aceptar un complejo de inferioridad por someterse al mundo conceptual del adversario. O quizá no sea tan absurdo. El "NO es NO" de la FAES  a negociar nada con separatistas o quienes le hacen el caldo gordo es la habitual intemperancia del personaje con su ridícula prosopopeya. Pero sigue siendo lo mismo: no hay diálogo. 

El camino está cegado. Como siempre.

"La República Catalana" en el Romea

El acto de presentación de La República Catalana en el teatro Romea de Barcelona estuvo muy bien, aunque no me corresponda decirlo por razones obvias. Lo he leído por ahí, directamente en elMón.cat, que trae información cumplida. Como Salvador Cot, el director, estuvo moderando, la dirección del medio se disparó. Trae incluso una serie de fotos magníficas del gran Jordi Borràs, que lleva camino de convertirse en el mejor fotoperiodista del Estado. Dentro de unos días tendremos un vídeo gracias a la competencia de mi amigo B*** y colgaremos aquí para que el personal pueda hacerse idea de lo mucho que allí se habló. Lo pasé muy bien y creo que los demás también y los intervinientes, Carles Canut, actor y director de la Fundación Romea, Joan Carles Girbés, director de la editorial y los tres que compartimos el escenario, en especial Cot y Puigdemont, como puede verse en la foto. Aunque esa sensación de contento, me parece, es la habitual en el presidente de la Generalitat, dotado de un notorio sentido del humor tras el que se revela una clara y firme voluntad política.

Por mi parte hice una breve exposición del origen del libro, de cómo empezó todo hace más de cuatro años, cuando una mano anónima subió un vídeo a Youtube hecho con mis intervenciones en La tuerka sobre la cuestión catalana y terminó en el libro de marras. Una peripecia que estoy pensando escribir con algo más de detalle porque me sirvió para aprender mucho sobre el terreno. Me pateé literalmente la Cataluña profunda, la del litoral y el interior y sus provincias hasta entender la realidad de un pueblo y una cultura que tienen vida propia, que se expresan en su lengua y que se han mantenido así durante los siglos, a pesar de los intentos sistemáticos de asimilación del poder político y cultural castellano-hablantes. Que tienen conciencia de ser una nación.

En un momento de esta experiencia de aprendizaje, Carles Canut me preguntó hace tres años si quería protagonizar junto a él un diálogo sobre el derecho a decidir en el teatro Romea. Le dije que sí, claro. Como a muchísima gente, me fascina el teatro, y no iba a perderme la ocasión de subirme a un escenario.  Hablamos del título. Él quería que se llamara El dret a decidir porque, por aquellas fechas, todavía se discutía algo tan obvio, particularmente en España, en donde oficialmente se reservaba al llamado pueblo español y se negaba a todos los demás. Para mí, entonces, como ahora, el derecho a decidir era un eufemismo de derecho de autodeterminación, que se quería evitar porque suena muy de batalla. Le propuse La nación como espejo y, al final juntamos los dos, el mío como título y el suyo como subtítulo. Así vivimos una jornada inolvidable. Tres años después, parece, la nación es un espejo; el espejo en el que la nación se mira; su imagen, que es su realidad, pues la nación no es otra cosa que la conciencia que de ella tienen quienes la viven en sus etapas a lo largo de su evolución histórica. Y aquella nación de hace tres años es la que reclama hoy su correspondiente derecho a dotarse de un Estado que proteja su supervivencia.

¿Pudo haber sido ese Estado el Estado español? Pudo, desde luego. Tiempo tuvo todo el que quiso y el catalán es un pueblo muy fier de lui même pero, al mismo tiempo, pacífico y con espíritu de colaboración. Pudo. Pero no lo hizo. Muchos piensan que porque no quiso. Otros, porque no supo. Fuere como fuere, no lo hizo y ahora el independentismo pide que ese Estado sea independiente. Recuérdese que era segunda pregunta de la consulta del 9N, la primera reacción contundente frente a la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Se trataron muchas otras cosas, pero entiendo que lo más sensato es esperar a que tengamos los vídeos para subirlos y que cada cual se haga su idea. Porque, por supuesto, las intervenciones de Puigdemont son decisivas y merece la pena escucharlas y el ejercicio de profesión periodística de Salvador Cot, también.

El diálogo y los radicales

El gobierno está en actitud dialogante. Lo dice su portavoz, que algo sabrá de eso. A todos los efectos prácticos esa actitud dialogante se observa tan solo en que lo dice. Pero hace lo contrario. Los procesos judiciales de una buena cantidad de independentistas siguen adelante. La presidenta del Parlament está citada a declarar ante los jueces el próximo día 16. Puede que haya diálogo, pero será entre imputados, investigados o acusados y jueces. No debe de ser este el diálogo al que se refiere el ministro. Pero el que él dice, no se ve.

Considera el ministro que la convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), un organismo creado hace unos años a instancias de Artur Mas con la idea de tejer un movimiento cívico-político, es un acto unilateral. Da gusto ser gobernados por gentes tan esclarecidas. Unilateral es todo lo que viene haciendo el movimiento independentista y la Generalitat luego desde hace años. El ministro no puede ignorarlo. El mayor acto unilateral hasta la fecha tuvo lugar el 9N de 2014, cuando él era ministro también, aunque de otra cosa. Unilateral es el proceso independentista y no parece que hasta la fecha el gobierno haya hecho algo para que deje de serlo, es decir para dialogar. Porque, con decirlo, obviamente, no basta.

Y es difícil dialogar con alguien que razona tan malamente. Esa acusación de que la convocatoria del PNDD se debe a la fuerza de la CUP, cuyos diez votos necesita Puigdemont para aprobar los presupuestos mueve a risa. El uso del término "radical" es muy significativo. Tiene gracia escuchárselo a un gobierno que ha dado pruebas de un radicalismo atroz durante cinco años, aunque en un sentido opuesto al que pueda suponerse anima a la CUP. Los radicales acusan de radicales a los demás en cuanto se descuidan un milímetro. De esa forma creen sentar plaza de "moderados", algo que la legislación, la crónica de tribunales y la práctica diaria contradicen. La "Ley Mordaza", por ejemplo, es una ley radical de derechas. Por eso, como todo el mundo sabe, en España no hay un partido de extrema derecha. Está en el PP. Y legisla.

La observación del ministro lleva incorporado el veneno de insinuar que el gobierno de JxS es rehén de la minoría de la CUP, a la que obedece, no por convicción propia sino por conveniencia. Esto equivale a decir que si JxS no necesitara los votos de la CUP, desistiría de su hoja de ruta, se olvidaría del referéndum y, lógicamente, no tendría que convocar el PNDD.

Y eso no sé de dónde se lo ha sacado el ministro.

El mismo gobierno que presupuesta una partida para el referéndum es el que se apresta a organizarlo con tiempo suficiente para que le salga bien.

Visión de la independencia de Cataluña

Albert Carreras (2015) Volem l'independència? Reflexions per al futur immediat. Barcelona: Base, 142 págs.

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La polémica sobre la independencia de Cataluña es la cuestión política de mayor envergadura que se debate hoy -y desde hace bastantes años- en el Estado español. No querer verlo es uno de los más claros síntomas de la incompetencia de la clase política estatal.  En efecto, es tema que se elude, no se menciona, se evade. El contencioso apenas cuenta con bibliografía en España, pero sí la tiene y abundantísima en Cataluña. Los políticos españoles no quieren encarar el problema. Sus intelectuales, que se piensan clase "universal", prefieren enmudecer antes que decidir entre su "universalismo" y su "nacionalismo".  La ciudadanía, abundantemente desinformada por unos medios sesgados a extremos inverosímiles, tiene un grado de desconocimiento asombroso. 

En Cataluña, en cambio, es al revés. La independencia es el "tema de su tiempo", la que orienta la actividad de sus instituciones, alimenta el debate público y es motivo de atención preferente en sus medios de comunicación Y muchos de sus intelectuales, directamente implicados, producen abundancia de libros desde todas las perspectivas y analizando todas las circunstancias, explicaciones, cálculos, previsiones y consecuencias.  Albert Carreras, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad Pompeu Fabra y convencido independentista, aporta el suyo.  Es un libro breve, sucinto, que va al grano y expone en términos claros las razones del independentismo y los medios políticos de que ha de valerse para conseguir su objetivo. Es casi un libro programático.

Carreras sintetiza en tres bloques las razones de la independencia: 1) la identidad nacional; 2) los  agravios económicos; 3) la hostilidad del Estado español. La identidad nacional (la lengua, los usos, las costumbres, la cultura, etc) solo puede salvagardarse disponiendo de un Estado propio. Como historiador echa mano del conflicto de 1640 y concluye que a Portugal le salió bien lo que a Cataluña no y de ahí se siguen los acontecimientos posteriores hasta el día de hoy.

En cuanto al desequilibrio económico territorial, Carreras entra en un terreno que normalmente no se menciona por razones políticas tácticas. En efecto, además de señalar la desigualdad de trato en materia de déficit fiscal contemporáneo, como hace la mayoría de los análisis de este tipo, plantea a las claras la situación de privilegio del Concierto vasco y el Convenio navarro (p. 34), asunto en el que incide varias veces para llevar al lector a la convicción de que, en el fondo, la cuestión es de mala articulación del Estado español en su conjunto puesto que si el Concierto y el Convenio se extendieran a todas las Comunidades, el país sería inviable. El coste de hacerlo viable, viene a decir Carreras, es someter a Cataluña a un régimen de práctico expolio no reconociéndole derecho a concierto alguno.

Así, mientras el PV y Navarra son fiscalmente independientes, la financión de la Generalitat es siempre insuficiente (p. 51) porque los cálculos (las famosas cuentas territorializadas) son siempre perjudiciales para Cataluña y muy favorables para Madrid que se beneficia del efecto capitalidad. Y sobre todo por la permanente hostilidad del Estado hacia Cataluña, cosa que se observa en las prioridades de gasto, inversiones, obra pública, etc. Ejemplos recientes apabullantes, las decisiones de AENA respecto a los aeropuertos del Prat y de Barajas y el AVE (p. 64). 

La ruptura del "consenso de la transición" con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que niega la condición nacional a Cataluña y ya había comenzado con el hostigamiento desde el PP a partir de 2010 (p. 71), es el acicate que impulsa la nueva reivindicación independentista hasta acercarse al 50% del electorado. Parece un buen momento para conseguir el Estado propio. Y, justo ahora (el libro está escrito en 2015) las fuerzas independentistas se dividen. En la disyuntiva de primar el eje nacional frente al social, los independentistas, lamenta Carreras, prefieren el segundo al primero. Y sin unidad de esas fuerzas independentistas, tanto en las instituciones y partidos como en la sociedad civil, no habrá independencia ni, por tanto, Estado propio, ni cuestión social que atender.

A ese objetivo se dedica la segunda parte de su libro titulada "Estrategias de la independencia" y que, en realidad, se reduce a una sola recomendación: mantener la unidad, formar una sola candidatura en todos los procesos electorales: elecciones locales, autonómicas, generales o europeas. Hay que estar en las instituciones españolas pero hablando con una sola voz, la de la petición de un referéndum.

Después de una especie de digresión sobre la robusta historia del nacionalismo catalán, con expresa remisión a la obra clásica de Pierre Vilar Cataluña en la España moderna y una mención a las enseñanzas de la experiencia escocesa, el autor considera todos los procesos electorales mencionados uno a uno para argumentar que la unidad es indispensable en todos ellos. ¿Qué harán los catalanes en Madrid? Luchar por el referéndum. La voluntad independentista ha de mostrarse en todas las elecciones. Ganándolas todas. Hasta conseguir ese objetivo del referéndum (p. 132). El independentismo se presenta pacífico y democrático. Y viable.

En algún momento considera Carreras la posibilidad de que, por las razones que sean, el Estado se avenga a negociar y, al final, en efecto, se negocie algo, tipo Concierto, por ejemplo. Es una hipótesis que se maneja mucho, aunque con escasa base porque el Estado no ha mostrado hasta la fecha voluntad negociadora alguna. En todo caso, Carreras que, como economista, es hombre práctico, recomienda aceptar lo que se negocie. Como hombre realista, al mismo tiempo, también recomienda insistir en la reclamación del referéndum porque recuerda que los pactos con el Estado español deben blindarse ya que depender de su voluntad es, en realidad, estar vendido.

El Desconcierto

Las relaciones entre el nacionalismo vasco y el catalán han sido siempre complicadas. Y, como se ve, seguirán siéndolo. Su sistema de alianzas es muy variable, según de qué asuntos se trate. Pero en el fondo de la cuestión se encuentra siempre la de la independencia. A pesar de los "años de plomo", el País Vasco no tiene una vocación tan independentista como Cataluña. En realidad es legítimo pensar que precisamente esos "años de plomo" fueron rémoras en las alas independentistas.

Ahora Urkullu sostiene que la independencia es imposible. En un mundo globalizado. Dicho así, en términos filosóficos, solo cabe asentir. En la globalización somos todos interdependientes y nadie puede ser independiente. Sí, es una verdad general; tan general que no significa nada. El significado está en el contexto: Urkullu avisa a los independentistas catalanes de que la independencia es una quimera y se ofrece como mediador entre las dos partes, el Estado -de quien espera una reconsideración drástica de su negatisvismo- y Cataluña -de la que espera acepte una solución no independentista.

La cuestión aquí es la de la propia autoridad de Urkullu para postularse como mediador. En realidad, a todos los efectos prácticos, el País Vasco y Navarra son independientes pues se autofinancian mediante el concierto y el convenio económicos respectivos. Regímenes de privilegio que todo el mundo evita mencionar como tal. Pero lo son y la prueba es que, si el concierto/convenio se generalizara a todas las CCAA, el país no podría financiarse.

Así que bienvenida sea la invitación al diálogo de Urkullu y ojalá convenza al gobierno de Rajoy de adoptar una actitud dialogante, pero no es realista que pida a los independentistas que renuncien a su objetivo en función de un criterio filosófico. Sobre todo porque él está instalado en una cómoda independencia de facto a la que otros han aspirado sin que se les haya permitido.

La inútil represión

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "L'ésser i el voler ser", en el que sostengo que el diálogo aparentemente ofrecido por el gobierno central a la Generalitat es falso pues ni siquiera tiene el gesto de paralizar los procedimientos penales que él mismo pone en marcha. El artículo glosa el caso del juez Vidal, a quien el Supremo confirmó ayer su pena de tres años de suspensión de empleo y sueldo. En él se sostiene que afrontar la cuestión catalana como un problema de orden público con medios exclusivamente represivos no servirá para nada al nacionalismo español y, al contrario, avivará el independentismo catalán.

No había terminado de escribir el artículo y ya se conocían los siguientes pasos en este peculiar diálogo en dos dimensiones absolutamente distintas, como en diferentes galaxias. El juez Vidal, trocado en senador Vidal, intervino en la sesión de ayer en presencia del gobierno y pronunció un alegato impecablemente razonado, con lógica judicial, de la absoluta falta de legitimidad del gobierno y el Estado españoles en materia de independencia de la justicia. Un alegato demoledor, avalado por el hecho de que quien lo pronunciaba es víctima directa de lo que denuncia. Merece la pena ver el vídeo del juez Vidal y las caras y los gestos de Rajoy y Sáenz de Santamaría.

Pero no se quedó ahí la cosa. Ayer, el Congreso votó en votación secreta conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo proceda contra el diputado Homs por presunta desobediencia, creo. Si no he leído mal vino Puigdemont a Madrid a apoyar a Homs. Eso es mucho. El gobierno y toda la clase política debieran pensar a dónde conducen el país por la senda del sostenella y no enmendalla. Porque ahora viene otra andanada mediática: Forcadell citada a declarar en el procedimiento que también se le sigue y del que puede resultar una inhabilitación. La única respuesta que tiene el Estado a la demanda de un referéndum sostenida por más del 70% de los catalanes es procesar a sus representantes, democráticamente elegidos por cumplir el mandato de sus electores. Y eso no tiene salida. Solo la unilateral. 

A continuación, la versión castellana del artículo.

El ser y el querer ser

El Tribunal Supremo mantiene la sanción al juez Vidal de tres años de suspensión de la carrera judicial por haber contribuido a la redacción de un proyecto de Constitución para la República Catalana. No se han considerado sus razones de que la sanción no tiene fundamento jurídico sino ideológico y de que, en todo caso, la posible falta ya había prescrito cuando se le sancionó. Por supuesto, lo esencial es la primera razón, si motivaciones jurídicas o ideológico/políticas.

Para decidir habría que saber qué carácter reviste ese proyecto de Constitución, si es un panfleto, un comunicado, un llamamiento a la movilización. Teniendo en cuenta que es una Constitución de la República Catalana, es decir, un futurible, hasta podría tratarse de una utopía. Las utopías no han gustado nunca al poder. A modo de aviso, el fundador del género, Tomás Moro, murió decapitado.

Hasta aquí no se llegará en la presente ocasión, pero es conveniente saber hasta dónde se llegará. Por supuesto que en la sanción al juez Vidal hay una gran carga ideológica. Pero es una ideología básica del Estado español, que lo ve como única nación y a la mayoría de los jueces no le parece ideología sino el fundamento mismo de legitimidad de su actuación. Lo mismo le sucede, aparentemente, al juez Vidal, tan movido por su idea de la legitimidad de la nación catalana como sus colegas sancionadores por la española.

Es un conflicto de legitimidad que se está dirimiendo en un terreno de legalidad, mucho más estrecho. En este, cada una de las partes no puede sino hacer lo que hace. El juez Vidal propugnar la independencia de Cataluña; los tribunales españoles sancionarlo por ello. Los dos saben que es un proceso de acción-reacción que se autoalimenta hasta conducir a situaciones (más) indeseables. Pero no pueden evitarlo, como en las tragedias griegas.

Actualmente el juez Vidal es senador. Desde el Senado, en representación de ERC, seguirá argumentando en pro de la independencia de la República Catalana. Es más, al encontrarse “suspenso” de la carrera judicial, podrá intervenir también en la vida pública catalana, incluso reanudar sus tareas redactoras del proyecto. Habrá quien sostenga que, estando “suspenso”, sigue en la carrera judicial y, por lo tanto, podría solicitarse ya su expulsión completa. Pero eso sería una arbitrariedad ya que el senador podría argumentar que está redactando un proyecto de Constitución de la República Catalana para presentarlo a la consideración de las Cortes españolas, por si tuvieran a bien aprobarlo. Entra dentro de lo filosóficamente imaginable que el Estado que es, deje lugar para el Estado que quiere ser.

Es obvio que la política meramente represiva no va a bastar para aquietar el impulso independentista. Al contrario, va a avivarlo. La experiencia, el sentido común, el realismo, así lo muestran. El independentismo se ha ganado el ser tratado como una cuestión político-constitucional que está pidiendo negociación bilateral urgente. El considerarlo, cual ha hecho hasta ahora el gobierno central, como un mero problema de orden público, solo da como resultado aumentar la movilización independentista fabricándole un panteón de héroes y mártires, Vidal, Mas, Forcadell, etc, tienen una enorme proyección simbólica, son referentes que focalizan una voluntad colectiva.

Parece atisbarse un nuevo talante en el gobierno del PP, un mayor empeño por entenderse con Cataluña y la Generalitat lo ha acogido con gran celeridad por iniciativa del vicepresidente. Justamente ahí parece haberse introducido un equívoco, si es un equívoco y no una manipulación infantil cuando se insinúa que los independentistas cambiarían la hoja de ruta y el referéndum por unas conversaciones del nivel que fuera con el Estado.

La negociación posible que el gobierno apunta y la Generalitat acepta tendrá que empezar con la cuestión del referéndum ¿Con qué, si no? La feroz oposición de principio del PP del “carácter innegociable de la soberanía nacional” se elimina a base de negociar un referéndum catalán y someterlo a la aprobación de las Cortes españolas, que son las depositarias de dicha soberanía. Si el gobierno se presentara ante el Parlamento con un proyecto de referéndum negociado, con una pregunta binaria clara, “sí” o “no”, las mayorías necesarias también negociadas y negociado asimismo el plazo de carencia hasta el siguiente referéndum, ¿por qué no iba a aceptarse si es la única forma democrática y civilizada de encauzar este conflicto?

El estado del gobierno del Estado

Aquí mi artículo de elMón.cat de hoy, L'estat del govern de l'Estat. Su objetivo es averiguar qué puede traer de nuevo para Cataluña el recién jurado gobierno de la derecha neofranquista, el más reaccionario y nacionalcatólico de toda la transición. En apariencia, mucho. En realidad poco. Lo más significativo es que se ha encomendado a la ratita hacendosa, Sáenz de Santamaría, la tarea de coser España. Muy femenino. ¿No se propone la Lady Macbeth de Carmona coser el PSOE? Pues la vicepresidenta quiere a su vez coser España. Algunos medios ven en este movimiento un buen augurio de recomposición de relaciones con Cataluña, pues descubren en la segunda de Rajoy capacidad, voluntad y seguridad de entendimiento con el independentismo catalán. Lo deducen de sus relaciones personales, su buena sintonía con Junqueras y Tardà y -me imagino- su buena suerte con el tarot. Todo eso es posible. Ignoro qué amistades o enemistades tiene esta señora entre las gentes de Junts pel Sí. Me rijo por la experiencia: como buena e impenitente franquista, Sáenz de Santamaría ha sido el puntal de la política "catalana" del gobierno de Rajoy, consistente en negarse en redondo a toda negociación y en recurrir sistemáticamente a la represión. ¿Voluntad de recomponer con Cataluña? Ninguna. Es posible que esta señora, ejemplo sumo del filisteísmo de la derecha católica, haya visto la luz de la verdad como Saulo camino de Damasco, pero habrá sido hace 24 horas. Hasta ese momento, fue el puntal más catalanófobo del gobierno.

Mientras los hechos no demuestren lo contrario, el nuevo ejecutivo del PP es más hostil y más agresivo contra Cataluña que el anterior y su política será provocar una confrontación con el Principado para tener una excusa y aplicar una política de sojuzgamiento. Parece que la Ratita Hacendosa ya ha dicho que Cataluña es el problema principal del Estado español. No es rápida la moza precisamente. Eso era evidente hace años. Claro que quienes la rodean no dan pruebas de ser más espabilados. Ni el gobierno ni la oposición. Todos han dejado pasar años y años, simulando no estar afectados por el desarrollo del independentismo catalán, intentando sepultarlo bajo el olvido, el infundio y la calumnia. Y, al final, no les queda otro remedio que reconocer las cosas como son.

Aquí la versión castellana del artículo:

El estado del gobierno del Estado

Por fin hubo gobierno. Cambian algunas caras, pero se mantiene sin variación el eje económico, prueba de que se seguirá aplicando la misma política económica de recortes y recetas neoliberales. Se refuerza el poder del Opus Dei con todos los ministros jurando la Biblia, no por la Constitución. Y eso que es la suya. Cesan los ministros más abrasados por la pirotecnia de su incompetencia, el de Exteriores y el del Interior. Los dos que llevan más de cuatro años fustigando el proceso independentista, a veces con medios presuntamente ilegales, y sin conseguir otra cosa que consolidarlo y adelantarlo. Los dos sustitutos se inscriben en la línea de belicosidad anticatalana. El señor Zoido (Interior) ya ha avalado la actitud de su antecesor en relación con sus conversaciones presuntamente ilegales contra sus adversarios políticos. El del abigarrado García Margallo parece dar un perfil de mayor competencia a la hora de cortocircuitar la acción exterior de la Generalitat. Es algo buscado. Por lo menos, para dejar de hacer el ridículo en los foros internacionales, algo garantizada con el ministro anterior.

Cataluña está muy presente en el nacimiento de este gobierno. Sin decirlo, por supuesto, ya que la política oficial sigue siendo negar la existencia de algo más que un problema de orden público. La nueva configuración de la vicepresidencia así lo prueba. Sáenz de Santamaría se desprende del cargo de portavoz y se dedicará primordialmente a Cataluña. Dispone de recursos formales al conservar el ministerio de Administraciones Territoriales y materiales muy potentes, al tener el CNI a sus órdenes.

Hasta ahora, la vicepresidenta ha sido quien ha arbitrado la acción del gobierno ante el independentismo catalán, acción con dos vertientes: negativa cerrada a todo planteamiento de diálogo que suponga aceptación directa o indirecta de un referéndum, y recurso sistemático a la vía represiva ante todo tipo de actos de las instituciones catalanas, desde el Parlamento a los ayuntamientos. Su dedicación a tiempo completo parece indicar un propósito de perseverar en las dos vías. Cuenta para ello con un implícito apoyo parlamentario de la oposición, al menos de Ciudadanos y el PSOE, en una especie de unión sagrada que ya se ve a la hora de propiciar o no el suplicatorio para el procesamiento de diputados independentistas. Si la mayoría de la oposición avala la actitud de cierre a toda negociación, es decir, a toda solución política; si se niega a debatir sobre legitimidad, la cuestión queda reducida al ámbito de la legalidad.

Es decir, represión y acción de los tribunales, pero sin solución visible. A cualquiera le llega que el grado de apoyo social e imbricación en las instituciones que ha conseguido el independentismo no se puede tratar como un problema de orden público bajo pena de enquistarse en un círculo de acción-reacción, de desobediencia y represión hasta que una de las dos partes o quizás las dos, estén al límite de sus posibilidades. El sentido común y la experiencia muestran que una situación de confrontación sostenida en el tiempo con recursos y contrarrecursos permanentes, realmente disminuye y mucho la capacidad de acción de las instancias enfrentadas. Sin embargo, la decisión de confiar la política "catalana" a una sola persona de talante tan autoritario como la vicepresidenta muestra la voluntad de tratar el conflicto con la mentalidad impositiva de siempre. Si hubiera el menor ánimo de buscar una solución negociada habilitaría un órgano ad hoc, como un consejo o una comisión interministerial que pudieran canalizar alguna forma de entendimiento.

El enroque del Estado, sin ninguna iniciativa, en una actitud de negación permanente, no deja otra posibilidad a las autoridades electas con un mandato independentista que seguir adelante de forma unilateral con su hoja de ruta. La legitimidad de esta manera de hacer no deriva sólo de su propia intención sino de que el interlocutor rechaza toda solución que no sea la abierta hostilidad. De aquí sólo puede surgir una situación de desobediencia civil de los cargos públicos electos que abre un evidente panorama de inestabilidad e ingobernabilidad.

Dos riesgos apuntan al horizonte independentista. En primer lugar, el alcance de la desobediencia. Esta corresponde del todo a los cargos públicos electos. No hay que exigírsela a los funcionarios. Se trata de una situación de doble poder, como la que se da en los procesos revolucionarios. Pero esta, a pesar de ser revolucionaria en el fondo, no lo es en la forma en la que debe prevalecer el carácter pacífico y el imperio de la ley. El proceso es cosa de los políticos. Los funcionarios, como el conjunto de la población, deben quedar protegidos. Su participación será voluntaria e individual pero de ninguna manera obligada.

El segundo riesgo es de carácter más político y nace de la propia dinámica catalana. Nace de este nuevo partido de la izquierda soberanista, hecho desde En Común, dirigido, al parecer por el señor Domènech y bajo inspiración general de la señora Colau. Por mucho que sus fundadores envuelvan sus manifestaciones en confusiones de carácter soberanista, será imposible disipar la sospecha de que su razón de ser, en gran medida, es servir de voz a un electorado catalán de izquierda que no es independentista.

Conservar la estabilidad, sin fracturar la gobernación y mantener la ventaja sobre las ofertas unionistas son las tareas del independentismo que el nuevo gobierno del Estado intenta frustrar

El reestreno

Merced a la implosión del PSOE, Rajoy ha vuelto a ser investido presidente del gobierno y ya ha jurado el cargo ante la Biblia, la Constitución, un crucifijo y varios personajes de esta ridícula comedia de la política española: el que hace de Rey, el que de ministro, el que preside el Senado, etc. Algún día habrá que analizar la naturaleza podrida y repulsiva del catolicismo español: una religión que admite que un embustero complusivo, un mentiroso sin escrúpulos, un falsario incapaz de cumplir una sola de esas promesas que va lanzando por ahí pueda jurar solemnemente delante sobre los Evangelios. Se me dirá que ese es asunto de la conciencia de cada cual y que el catolicismo como creencia colectiva es posible. Pero no basta. La vida de Rajoy es de dominio público y todo el mundo sabe que es un embustero, un cínico, un tipo capaz de engañar a la colectividad y provecharse de ella. ¿Imagina alguien algo más anticristiano que privar a los dependientes de las subvenciones que le corresponden pero financiar la atención al propio padre con el dinero público, como hace Rajoy? ¿Algo más inmoral y repugnante? No, el asunto no se zanja hablando de la "conciencia de cada cual". Aquí hay algo más: la complicidad de los católicos con estas odiosas prácticas. Por eso votan a Rajoy las monjas, los curas, todo el nacionalcatolicismo.

En realidad, mi artículo de hoy en elMón.cat versa sobre el primer encontronazo que ya se ha dado entre el recién estrenado presidente español y el catalán. Puigdemont pide una entrevista de presidente a presidente para tratar del referéndum, ese del que Rajoy no quiere oír hablar y Sánchez comienza a considerar tras liberarse de la retardataria y reaccionaria influencia de Rubalcaba.

Muy probablemente llega tarde. En esta legislatura de la derecha se producirá el definitivo encontronazo con Cataluña.

Aquí, la versión castellana del artículo:

LA INAUGURACIÓN

Tras la investidura de Rajoy por K.O. de los socialistas, vino la solemne toma de posesión en envenenado por la petición Puigdemont de celebrar una reunión de presidente a presidente para tratar la cuestión del referéndum y otras cuarenta más. Digamos que es una forma catalana de convertir un gesto protocolario como una felicitación por la investidura en algo de contenido práctico. Se invita al recién nombrado presidente del gobierno a ejercer sin más dilaciones su pleno Halloween y el juramento tuvo algo de “truco o trato”. Pero el momento estaba autoridad abordando una negociación urgente, indebidamente aplazada durante diez meses.

Todos los caminos conducen a Roma pero, para llegar hasta allí, hay que recorrerlos. El de Madrid, también. Cuantas veces haga falta. Para que quede claro que se han hecho todos los intentos posibles de diálogo y negociación. Es acumular bazas. Para reforzar la posición de la Generalitat, Puigdemont no asistirá a la reunión estatal de presidentes de CCAA sobre financiación autonómica que lleva ya tres años de retraso Acostumbrado a dejar pudrir los problemas sin que nadie proteste, Rajoy se encuentra que no puede aplicar esa táctica con Cataluña. El Estado no puede obligar a Puigdemont a asistir a la reunión y, sin Cataluña, poca será la financiación que acuerden los demás. Cataluña ejerce ya su soberanía de hecho negativamente.

La respuesta del gobierno de la derecha es sabida de antemano: la condición del referéndum es inaceptable y ello no imposibilita pero sí dificulta las negociaciones en otros ámbitos. Quizá sea una suposición prematura. No es de esperar que el nuevo gobierno modifique los criterios básicos de Rajoy pero quizá sí que los modifique el mismo Rajoy. Muchas veces le habrán dicho que tenga en cuenta el caso escocés que resta toda validez a la negativa española a hacer lo mismo en Cataluña. Pero eso es poco probable por razones hasta caracteriológicas.

El gobierno se siente fuerte pues cuenta con el bloque constitucionalista, de PP, PSOE y C’s. Mayoría parlamentaria abrumadora. La Generalitat también se siente fuerte, con un gobierno respaldado por una mayoría absoluta. No es previsible que ninguna de las partes ceda en su pretensión inicial referéndum sí, referéndum no. En consecuencia solo cabe augurar un futuro a corto y medio plazo de mayor confrontación, un tiempo en el que las dos partes van a medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado y hasta dónde a resistir el Parlamento catalán.

Entre tanto, el tiempo pasa. La desconexión catalana se consolida. Y el Estado sigue sin hacer propuesta alguna, no ya constructiva, sino mínimamente alentadora. Ninguna iniciativa cívica o política en España a favor de una solución pactada con Cataluña. Ni un foro, diálogo o encuentro promovido por esos intelectuales siempre tan activos en defensa de los derechos de los saharauis o los tibetanos. El cierre es total. En el caso del PP, el no rotundo desde el inicio al derecho a decidir no solo se ha mantenido sino que se ha hecho vociferante. Rajoy no quiere oír hablar de referéndum. Literalmente. Negociaciones sobre reformas del sistema de financiación siempre que no haya demanda de referéndum, las que se quieran. Nos quedamos como estamos y toda ruptura de la legalidad vigente con la motivación que sea será tratada como una cuestión de orden público por la vía penal.

En el PSOE, el discurso no es muy diferente. Los socialistas comparten el recio nacionalismo español del PP pero, el mismo tiempo, son favorables a formas etéreas de descentralización política, como el federalismo. La fórmula ha perdido toda credibilidad teniendo en cuenta que necesita la reforma de la Constitución. Por eso, Sánchez, dejó entrever de que la solución vendría “votando” y sobre una “reforma constitucional”. El federalismo era tan eficaz como el bálsamo de Fierabrás. La mención al voto apunta elípticamente al referéndum como si fuera una gran concesión. Sin embargo, al tratarse de una reforma de la Constitución, el referéndum es obligado, en unos casos por razón de lo que se reforma y en otros si así lo decide una décima parte de los diputados o senadores. Eso no es aceptar el referéndum catalán sino tratar de pasar el español de matute.

Los dirigentes españoles no tienen una idea clara del problema a que se enfrentan y sus recursos son muy limitados, pues ni siquiera cuentan con un proyecto común. No son un peligro real para el avance del proceso independentista. Ese peligro está comenzando a tomar forma en el interior de Cataluña, a través de la formación de un nuevo partido de izquierda que, no siendo independentista, puede propugnar diferentes grados de soberanismo.