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viernes, 23 de febrero de 2018

El Estado doble

Soy muy aficionado a la figura del doble (el Doppelgänger) en la literatura. El doble no es un personaje normal; a veces no es ni un personaje, puesto que duplica, "clona" a otro y crea así el problema de quién sea el doble y quién el original, lo cual conduce directamente a las regiones filosóficas. El doble no es un personaje, sino un símbolo de la naturaleza humana. Los seres humanos somos duales y todo lo entendemos en términos duales (el bien, el mal; la vida, la muerte; la virtud, el vicio; etc.), generalmente antagónicos. 

El ser humano es doble en su unidad. Una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Hay quien lo ve triple, pues una cosa es lo que dice, otra lo que hace y otra lo que piensa. Por desgracia o por fortuna, el pensamiento es secreto, inabordable y solo se manifiesta cuando se traiciona, empujado por ese genio maligno del subconsciente. Son las meteduras de pata de Cospedal hablando de saquear el país; o de Catalá, vanagloriándose de lo bien que gestionan la corrupción; o M. Rajoy felicitándonos el año pasado, el 2016. Pero, lo dicho, tratándose de gente normal, el pensamiento es secreto. ¿En qué pensaría M. Rajoy cuando rebajaba de hecho las pensiones tras haber dicho que no las tocaría y que las subiría? ¿Qué pensaría? ¿Soy un canalla por haber engañado a la parte más débil de la sociedad? ¿Soy un genio por haber engañado a millones de personas que seguirán votándome? El pensamiento es secreto. En su comportamiento externo, observable, en lo que dice y lo que hace, el ser humano es doble.

Y dobles son sus instituciones, sus gobiernos, partidos, Estados, iglesias, tribunales. Dicen una cosa y hacen otra. Prácticamente todos. La política consiste en explicar después la diferencia entre lo uno y lo otro. Ya en tiempos de Ortega era moneda corriente la distinción entre la España real (lo que se hace) y la oficial (lo que se dice). Dualidad que compartía con todos los regímenes de la época pero que a nosotros nos toca más de cerca por ser la "nuestra de toda la vida".

Tómese el caso de la censura de Arco, la fotos pixeladas de cuatro presos políticos catalanes. Visto y no visto. Se cuelga el montaje. En minutos, suena un móvil: la dirección del Ifema ordena a Arco retirar la obra ipso facto. Arco llama a la galerista y la galerista, sin rechistar, retira el montaje, dejando el lienzo blanco de la pared en donde durante unas horas, los duendes de Twetter subieron la leyenda de "mapa con todas las alcaldías de C's en Catalunya". Ninguna. La censura salta a los medios y redes y se monta el escándalo. Interpretación de manual: ataque a la libertad de expresión. Todas las entidades implicadas dan la cara avergonzadas (al fin y al cabo, es el arte), sin explicarse qué había sucedido, reconociendo su culpa y asegurando que no volvería a pasar. Como colofón para cerrar el caso en el arquetipo de lucha por la libertad de expresión, la obra no se pudo reponer porque ya se había vendido. Pero, si todo era tan evidente desde el principio, ¿por qué se produjo la orden de censura en primer lugar y por qué recorrió la cadena del mando sin que nadie rechistara? Los más enterados susurran que, en realidad, se trataba de evitar que el rey, en la inauguración, viera la obra.  Podía darle algo. Pasado el monarca admirando estatuillas, la obra se repondría.

Ese servilismo ante la monarquía ya deja muy mal a todos los responsables. Excepto a Carmena, que no asistió a la inauguración en protesta y cuyos delegados en el Ifema votaron en contra de la retirada. Los demás, quedan de miserables tiralevitas. Pero en realidad, es peor. Probablemente la primera orden de censura nació en la dirección del Ifema, no vino de más arriba. De hecho, hasta Zoido se permitió afirmar al estilo M. Rajoy, su maestro, que "el arte es siempre el arte". Y el ministro Méndez se hacía cruces en nombre de la sagrada libertad de expresión que reina en España, como si el atentado no fuera con ellos. La dualidad y la hipocresía es evidente: diciendo lo de la libertad, no era preciso que la negaran de hecho porque, al tratarse de presos políticos catalanes, las autoridades inferiores, los medios, las instituciones españolas actúan de oficio prohibiendo, reprimiendo, denunciando. Lo primero que hizo el ciudadano que creyó ver a Puigdemont en la personificación de su doble, Joaquín Reyes, fue llamar a la policía que, por cierto, acudió en nutrido comando de seis contra una hombre solo. Pero muy peligroso por catalán e independentista.

Y si de la censura del Ifema saltamos a las manifas de jubiladas de ayer, la oposición entre el dicho y el hecho llega al insulto, cosa habitual pues quien la explica es el portavoz del PP, Rafael Hernando quien hace ver condescendientemente a los manifestantes que pueden darse con un canto en los dientes pues hay colectivos que están peor. Pero esta es la parte esencial, macarra, del sujeto. La curiosa es la dual. Dice Hernando que, con el PP las pensiones han crecido de media, han aumentado su poder adquisitivo. Desvinculadas del IPC desde 2013, sometidas a un incremento lineal del 0,25%, con IPCs anuales superiores excepto en dos años (-1,0% y 0,0% en 2014 y 2015 respectivamente), las pensiones, objetivamente, han bajado. Lo de Hernando es un dicho; lo del IPC, un hecho. Es una provocación y un insulto que se invite a darse con un canto en los dientes a una gente a la que se ha empobrecido también encareciendo los productos farmacéuticos y el recurso a la sanidad, se la obliga a subvenir con su magra pensión a familiares en el paro y, además, se le han saqueado 60.000 millones de € del fondo de pensiones para dárselos a los bancos. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es inmensa.

Allá por los años cuarenta del siglo pasado, Ernst Fraenkel, uno de aquellos judíos alemanes que hubieron de emigrar a los EEUU, en donde hicieron una gran obra, elaboró la teoría del "Estado doble". Es un estudio del régimen nazi. De los que hay muchos, sí, pero este es único porque se escribió desde dentro de Alemania en los años treinta y el manuscrito sacado clandestinamente del país. El Estado nazi era "doble", de un lado era una estado de normas jurídicas y, de otro, un Estado de medidas políticas. La teoría era buena y fue el núcleo del problema que se planteó al final de la guerra: ¿cómo pudieron unos jueces administrar justicia en un Estado cuyas medidas políticas estaban basadas en la violencia y el terror?

El análisis de Fraenkel era del régimen nazi, pero su proceder es aplicable a España, salvando todas las distancias. ¿Cómo pueden los jueces administrar justicia en un Estado cuya práctica política es la arbitrariedad, la represión y la violencia, sin olvidar la corrupción, que también los afecta a ellos? Más concretamente: ¿cómo pueden administrar justicia en un país que envía 10.000 policías a reprimir brutalmente un acto público masivo y pacífico, dejando detrás 1006 personas heridas?

¿Cómo? Muy sencillo: negándolo de plano con todo el morro. El señor Pérez de los Cobos, procesado por torturas, falangista, de familia de Fuerza Nueva, hermano del expresidente del Constitucional y enviado por el gobierno a reprimir el 1-O, niega ante el juez que hubiera cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y atribuye la violencia a los mossos.  Cualquiera de los cientos de vídeos de la jornada muestra que esto es mentira. Es igual. No hay que atender a lo que pasa en realidad sino a lo que dice el gobierno o sus secuaces que pasa. Consigna también para los jueces.

Y el gobierno (y sus medios y sus jueces) dice que lo que pasa no pasa. Negar, mentir, es costumbre en la escudería. Y con total desparpajo. No hubo referéndum de 1-O, no hubo declaración de independencia el 27-O, no hay presos políticos, sino políticos presos. Dicho por un partido con la mayor cantidad de políticos presos en toda la escala procesal, y presos de derecho común.

El Estado doble de Fraenkel. España, dice M. Rajoy, es un Estado de derecho. La ley está para cumplirla. Ahorro el plúmbeo rollo teórico sobre ley y democracia. El Estado norma jurídica. Luego viene el Estado medidas políticas: corrupción estructural, supresión de la libertad de expresión, dictadura del 155, agresión al bienestar de los sectores populares, agresión a la lengua y cultura de los pueblos y naciones, guerra sucia de los ministerios contra los adversarios ideológicos, derecho penal del enemigo, justicia política, justicia de clase (los tres magistrados que han encarcelado a Valtonyc son los tres recusados en otras ocasiones por afinidad al PP), manipulación de los medios de comunicación, anulación de la división de poderes.

¿Cómo puede decirse que se administra justicia en estas condiciones? 

martes, 8 de marzo de 2016

Alegato sobre las pensiones

He aquí un conflicto que puede parecer gremial, sectorial y que, sin embargo, interesa al conjunto de la sociedad. El ministerio de Empleo obliga a los escritores, pintores, dibujantes, músicos, etc, a todos los creadores y otros profesionales a devolver sus pensiones porque, según la ley vigente, la percepción de estas es incompatible con la realización de actividades creativas remuneradas cuando su cuantía supere el SMI, de 9.172,80 euros al año.

Esto es un disparate que no hay por donde cogerlo porque, si se entorpece la labor creativa, no solo pierden los autores (a algunos de los cuales quieren multarlos con cientos de miles de euros), que no pueden escribir, ni pintar, sino que pierde la sociedad en su conjunto. Y no solo porque se la prive de unos productos que enriquecen el espíritu sino que pierde en un sentido mucho más material y prosaico, como se verá de inmediato.

Toda la cuestión de la jubilación y las pensiones es un conjunto de injusticias y atropellos. Para empezar la misma institución de la jubilación forzosa, en donde se dé, básicamente los funcionarios y empleados públicos, pero no solo ellos, debe desaparecer. Lo lógico, lo razonable, es que la jubilación sea voluntaria. Esto es, que haya un tope de edad (el que se fije, 65, 67 años) a partir del cual nadie pueda impedir que si alguien quiere jubilarse lo haga, pero nadie tampoco pueda obligar a otro a jubilarse si no quiere y sigue siendo válido para el trabajo.

Por si no lo habían pensado ustedes, la jubilación obligatoria es una discriminación. Denle las vueltas que quieran: es una discriminación tan odiosa como la de género, raza, religión etc., y tanto más indignante cuanto que en unas actividades se da y en otras, no. Es una discriminación porque supone hacer víctima a una persona de algo de lo que no es responsable: su edad. Y, como toda discriminación debiera estar prohibida. El día que los jubilados tomen conciencia de este hecho y se organicen, conseguirán la abolición de esta vergüenza. Por eso hay ya por ahí salvajes de la cepa neoliberal que pretenden suprimir el derecho de sufragio de las clases pasivas. El fascismo está siempre al acecho.

Pero hay más. El trato que dispensa el Estado, el ministerio de Empleo, a los jubilados es indignante y probablemente ilegal. Aparte de la evidente injusticia de que la pensión sea incompatible con el rendimiento del trabajo personal pero no con el cobro de mil tipos de rentas como bonos, dividendos, alquileres, etc., se da la circunstancia de que el Estado carece de título para establecer estos limites y regulaciones porque la pensión no es una gracia que los poderes otorgan porque sí, ni siquiera es un salario sujeto a normativas de incompatibilidades. La pensión es un derecho subjetivo de la persona que lo deriva del hecho de haber estado cotizando durante su vida laboral. Nadie puede negarle a un jubilado el derecho a cobrar lo que es suyo ni ponerle condiciones que le sean lesivas.

Y todavía más. Este cúmulo de injusticias y arbitrariedades no solamente perjudica a los jubilados sino al conjunto de la sociedad y directamente en su bolsillo. Échese una ojeada a la pirámide de población en España en el año en curso. Puede verse que, con los índices de natalidad prevalentes hace 25/30 años y dado el sistema de pensiones a base de cotizaciones, en otros 25/30 años no podrán pagarse las pensiones de las clases pasivas que, de hecho, ya está costando mucho pagar hoy y sin contar con el latrocinio a que el gobierno de Mr. Sobresueldos ha sometido la hucha de las pensiones, vaciándolas para sufragar gastos diversos, entre ellos, según parece, los cuidados a su padre dependiente. 

A la vista de la situación, el puro sentido común manda suprimir el carácter forzoso de la jubilación y, en todo caso, permitir que el cobro de esta sea compatible con cualquier actividad lícita remunerada sin límite. Cuanta más riqueza se genere en los grupos más altos de edad, más alivio habrá para los bolsillos de los castigados cotizantes actuales. Y ello sin contar con el hecho, aun más dramático de que, con el desarrollo de la crisis, crece la cantidad de población activa pero parada que sobrevive gracias a las pensiones de los abuelos. Si ahora se las quitan o se las reducen, la situación puede llegar a ser desesperada. 

He aquí una de las diversas tareas de urgencia que el Parlamento de mayoría demócrata y con sensibilidad social (no de los de "que se jodan") tiene que acometer. Es una de las prioridades. Evitadnos la vergüenza de que gentes como Landero o Javier Reverte o Forges tengan que pagar cientos de miles de euros de multa por deleitarnos la vida.