España es diferente

Pablo Casado, el petimetre que ha sustituido a Carlos Floriano, reclama de Sánchez "sentido de Estado". Albert Rivera invoca el superior "interés de España". Felipe González pretexta la estabilidad para dejar gobernar a Rajoy "aunque no lo merezca". El País, con un ojo en sus finanzas, pide responsabilidad a Sánchez para que España tenga un gobierno, su gobierno.

Responsabilidad, estabilidad, interés de España, sentido de Estado. Palabras altisonantes. Graves conceptos. Nobles ideales. ¿Referidos a qué?

A un partido procesado por los jueces por llevar años repartiendo entre sus dirigentes sobresueldos con cargo a una contabilidad ilegal, opaca. A una organización muchos de cuyos miembros están también procesados o condenados en firme por saquear sistemáticamente las arcas públicas a base de todo tipo de presuntos delitos. A un presidente, sistemático cobrador de esos sobresueldos, cosa que llegó a admitir en una sonada comparecencia parlamentaria a cuenta de Bárcenas y cuando aún decía estar convencido de que cobrar esos sobresueldos era lo lógico porque es lo que se hace en las empresas. Pues, para estas gentes, el partido y el gobierno son eso, empresas, cuya finalidad es ganar dinero. Cómo se reparta ese dinero lo decide el empresario, quien empieza por quedarse más que su congrua parte. 

El interés de España, el del Estado, la responsabilidad y la estabilidad ¿exigen que el partido imputado, con sus dirigentes en varios momentos procesales, gobierne el país que ha destrozado? ¿Hasta ese punto llega la abyección de tan amplios sectores de la opinión? ¿Hasta ese punto llega su claudicación ante el obvio chantaje del presidente de los sobresueldos? ¿Es tal su sumisión que aceptan hacer presidente del gobierno a quien no tiene apoyos voluntarios, no tiene programa y no tiene palabra?

Pues claro que España es diferente. En cualquier otro país democrático ya se hubiera obligado educadamente al de los sobresueldos a retirarse y se estaría organizando un gobierno alternativo, con las izquierdas y los nacionalistas, cuya función sería sacar al país del hoyo y regenerar su democracia, cosa nada fácil a la vista del grado de corrupción. Pero si España es diferente, también lo son las izquierdas, a fuer de muy y mucho españolas. Y es posible que no pueda constituirse ese gobierno alternativo porque ambas izquierdas se detestan profundamente. En tal caso, en cualquier otro país se procedería a las terceras elecciones. Malo es, pero mucho peor permitir el gobierno de quien no lo merece.

Contra las terceras elecciones suele aducirse la previsión de que darán mayoría absoluta al PP, el de los juicios. Es posible. También lo es que den esa mayoría absoluta a la izquierda o permitan alguna otra combinación. Y, en todo caso, saldremos de dudas y cada cual podrá actuar con mayor seguridad.

Lo más llamativo y más aumenta esa sensación de ridículo de las terceras que Rajoy atiza sin piedad es que vayan a ellas justo los mismos líderes que perdieron las dos anteriores. Sí, en efecto, es ridículo. Tanto que podrían trasmitir sus declaraciones de campaña en play back, ahorrándoles voz y poniendo lo mejor de sus arengas anteriores. Es muy ridículo, en efecto. Sin embargo, piensen ustedes en el espectáculo que darían sus respectivos sustitut@s si consiguen identificar algun@.  

Su único recurso es la represión

Mi artículo en elMón.cat de hoy, diumenge. El gobierno español no parece tener ya otro propósito que frenar como sea al catalán. Iba a decir que incluso recurriendo al juego sucio, como si esto fuera algo extraño cuando el juego sucio ha sido el habitual en este gobierno de neofranquistas apoyado por un partido corrupto más banda de presuntos ladrones que otra cosa.

Juego sucio el que intentó hacer con Puigdemont, tratando de que no fuera a recibir a Renzi, el primer ministro italiano cuando vino a Reus con motivo del accidente de Freginals. Y juego sucio el que intenta la fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando imputa un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic por unas afirmaciones en el consistorio (y por tanto, en ejercicio de sus competencias), apoyando la declaración de independencia del Parlamento catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamando a no obedecer las órdenes de las autoridades españolas. Es un movimiento represivo típico de la derecha más reaccionaria que busca siempre golpear en la parte que cree más débil, en las personas individuales, su libertad o su economía. Basta recordar las bestiales cantidades con que los psicópatas del ministerio del Interior criminalizan las protestas callejeras a través de la infame Ley Mordaza para darse cuenta de que es lo mismo.

Si tan valientes son los fiscales y los tribunales españoles, que imputen y procesen al Parlamento catalán o, cuando menos, a los diputados que votaron a favor de la declaración de independencia. Pero no será el caso: seguirán con las personas y una vez más, fracasarán y harán el ridículo, como siempre, cuando el ejemplo de ese concejal de Vic se extienda a todos los electos de la CUP y a todos los cargos representativos independentistas catalanes.

Va a tener que procesar por sediciosa a la mitad de Cataluña. 

Hace falta ser estúpido,

El artículo en castellano:

Un pueblo de sedicios@s                                                                                       

Un incidente diplomático esta semana revela la idea que el gobierno central se hace de sus relaciones con el de la Generalitat, sus verdaderas intenciones y su indisimulada hostilidad hacia él. El episodio, como siempre, deja en ridículo al gobierno de España, su ministerio de Exteriores, en manos de un verdadero incompetente y la representación del Estado en Cataluña. Con motivo del accidente de Freginals, el primer ministro italiano, Renzi, aterrizó en viaje privado en Reus. Vaya por delante que, con ello, ya hizo más de lo que suelen hacer los políticos del PP cuando ocurre este tipo de desgracias que no solamente no acuden al lugar de los hechos, sino que pueden irse a un spa.

Y no solamente no van ellos, sino que tratan de impedir que vayan los demás. El gobierno avisó a su delegada en Cataluña para que recibiera a Renzi en Reus, pero no hizo lo propio con el presidente de la Generalitat. Como quiera que este fuera informado a tiempo, acudió al aeropuerto, en contra del deseo de La Moncloa. Esta dijo después que Puigdemont había hecho un “uso político” de la visita de Renzi. Al margen de la estupidez que implica calificar de “políticos” los usos de un político, como si fueran algo vergonzoso o impropio, el hecho es que, si la visita era privada en sentido estricto, la primera que no pintaba nada allí era la delegada del gobierno.

Y la prueba es que, al darse cuenta de que la presencia de Puigdemont la eclipsaba, se esfumó rezongando su disconformidad. El ridículo quedaba servido: el gobierno del Estado no manda en Cataluña y, cuando manda algo, se desmanda y tiene que remandarse a sí mismo. Pero su intención es obvia: imponerse sobre el de la Generalitat, arrinconarlo, no dejarle tomar decisiones en su propio ámbito de competencias. Porque si la visita de Renzi era privada y no de Estado, la reacción ante ella no es cosa que al gobierno central sino al de la Generalitat.

Este episodio ilustra una clara tendencia de acción/reacción muy curiosa. En este momento tienen que interaccionar un gobierno catalán legítimo, en pleno uso de sus competencias y recién estrenado con mayoría parlamentaria absoluta y un gobierno central en funciones, sin mayoría parlamentaria ni expectativa de conseguirla, deslegitimado, incapaz y que, a mayor abundamiento, se ha declarado fuera de la ley al negarse a acatar las decisiones del Parlamento. Un gobierno que no sirve para nada salvo para poner palos en las ruedas del catalán y tampoco con mucho éxito.

Uno de estos palos ya lo ha puesto, con su habitual inepcia, la fiscalía del Estado y la judicatura española que, en sospechosa coincidencia con las orientaciones políticas del gobierno, ha imputado un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic. La acusación es que el concejal apoyó la declaración de independencia del Parlament catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamó a desobedecer las decisiones de las autoridades españolas.

Es de suponer que tanto el fiscal como el juez de la Audiencia Nacional actuarán con profesionalidad y con suficiente base jurídica. Les ampara el principio de presunción de legalidad en sus actuaciones. Lo que no les ampara es el principio de la lógica y, cuando las actuaciones jurídicas no coinciden con las reglas de la lógica la que suele salir mal parada es la justicia. Porque, a todos los efectos, si apoyar una declaración de independencia del Parlamento es un acto de sedición, a quien correspondería imputar y procesar sería a ese mismo Parlamento o, cuando menos, a los diputados que votaron a su favor. Esto sería lo lógico y lo que haría –y siempre se muestra favorable a hacerlo- el diputado Albiol. A su juicio, el Parlamento y el gobierno de la Generalitat han ido más allá de sus atribuciones y han incurrido en un abuso de poder. Por ello, suele aconsejar el combativo exalcalde de Badalona, habrá que suspender la autonomía catalana.

Pero eso, obviamente, son palabras mayores que no corresponde pronunciar al fiscal ni a un juez de la Audiencia Nacional, sino que ya intervienen instancias más altas, como el Tribunal Constitucional, el gobierno del Estado o, incluso, el propio Congreso de los Diputados. Palabras mayores que no se atreven a pronunciar porque saben que eso llevaría el proceso a un peligroso punto de ruptura de consecuencias imprevisibles.

Por ello actúan más pegados a la tierra y, siguiendo una inveterada tendencia a la represión de la derecha militante, tratan de sofocar actitudes colectivas, movimientos de opinión, tendencias sociales compartidas atemorizando a las personas concretas, denunciándolas, llevándolas ante los tribunales. Así pretenden siempre yugular los movimientos reivindicativos, aunque para ello tengan que ignorar derechos como la libertad de expresión y convertir en delitos las opiniones políticas, como en tiempos del franquismo. Al juez de la Audiencia Nacional que ha imputado al concejal, antiguo policía, le sonará esta melodía. 

El problema, por supuesto, es si los comportamientos investigados se generalizan y los actos (o no actos) individuales, objeto de acusación como presunta sedición se repiten en situaciones parecidas. Si los cientos de cargos electos de la CUP hacen suyas las palabras del regidor de Vic, los tribunales ¿van a procesarlos a todos? Y si, como es fácil de barruntar, el presunto comportamiento sedicioso y el apoyo a la declaración de independencia se extienden a miles de concejales y cargos electos de ERC y CDC ¿qué harán las autoridades? ¿Una causa general contra el independentismo catalán? Si la gente de la calle también se solidariza y firma y apoya la declaración de independencia, ¿también van a procesarla? ¿Van a tratar de sediciosa a la mitad de la población? 

Hay un conocido y viejo dicho que reza “hágase la justicia y perezca el mundo” pero la verdad es que cuando verdaderamente perece el mundo es cuando se hace la injusticia.

Fuera los aforados

¿Alguien tiene duda alguna de que el PP ha puesto a Rita Barberá en el Senado con objeto de aforarla para defenderla de su procesamiento? La señora sabe tanto del Senado como de tagalo y no pinta nada en él. Claro que los demás senadores, tampoco. Es cierto que la Cámara, que no sirve para nada más que para entorpecer, es un depósito de zombies políticos, personajes que algún día fueron algo en las instituciones y ahora no tienen acomodo, pero tampoco quieren dejar de vivir de gorra. Barberá da perfectamente el tipo. Después de 24 años forrándose, al parecer, en el Ayuntamiento dee Valencia, ahora seguirá cobrando de las arcas públicas como si hiciera algo que lo mereciera. Pero, además de garantizarle un jugoso estipendio, lo que se quiere con su nombramiento de Senadora es librarla en la medida de lo posible del alcance de la justicia que, por fin, empieza a ocuparse del robo sistemático que los peperos han perpetrado en la Comunidad Valenciana bajo el mando de diversos personajes que parecen de chiste, entre los cuales, Camps, Barberá y otros.

Hace muy bien Cristina Cifuentes en pedir que la zafia y vulgar ex-alcaldesa de Valencia renuncie al aforamiento y responda ante los jueces de sus supuestas fechorías que, por lo que va sabiéndose, bien pudieran encajar en más de media docena de delitos del código penal. Quizá no persiga Cifuentes un único objetivo regenerador sino también tenga cálculos de ambición personal, haciéndose visible y propiciando sus posibilidades como presidenta del PP de Madrid, en lugar de la también achulapada Aguirre. Es lógico que quiera fomentar su carrera haciendo como que reprime la corrupción. Pero el hecho es que la presunta ladrona Barberá debiera renunciar al aforamiento. Nada hay más anti-sistema que ver cómo el sistema protege a los sinvergüenzas.

Porque de eso se trata. En sus orígenes, el aforamiento era una precaución para proteger a los diputados de las arbitrariedades de los reyes que los hacían acusar ante sus jueces de cualquier barrabasada que se hubieran inventado para encarcelarlos. Es decir, era una medida progresista que garantizaba la libertad de expresión de los representantes del pueblo. Pero, con el tiempo, ha degenerado y, bajo el dominio de esta banda de presuntos ladrones a la que llaman partido, se ha convertido en un procedimiento para garantizar que los delincuentes de su organización se libren de la acción de la justicia. Como es el caso de esta supuestaa ladrona que era alcaldesa de Valencia, según parece, para enriquecerse ella, sus amigos, parientes y demás patulea. 

Pero hay más. El aforamiento debe desaparecer -y debiera ser una de las primeras medidas legislativas del Parlamento si quiere que nos tomemos en serio lo de la lucha contra la corrupción- por otra razón de igual o mayor peso: porque es una injusticia para los otros procesados en los sumarios en que haya un aforado. La sola presencia de uno de estos privilegiados, obliga a abrir la causa ante la última instancia de la justicia, lo cual hace que los procesados que lo acompañan (y siempre son bastantes) pierdan el derecho al "juez natural" y el de la doble instancia penal. Es decir, para que los aforados mantengan sus privilegios, los demás justiciables del proceso tienen que perder sus derechos.

El Tribunal Constitucional a las órdenes del gobierno

Aquí, mi artículo de hoy en elMón acerca de una cuestión que dará mucho que hablar en próximas fechas y en torno a la que se ventilará muy probablemente el enésimo contencioso en el enfrentamiento de Cataluña con el gobierno del Estado.

Habitualmente es difícil contener la risa en las comparecencias de los gobernantes del PP, una banda de presuntos malhechores, mezcla de personajes de la picaresca quevediana y la comicidad berlanguiana, con unas gotas de fanfarronería al estilo del Capitán Fracasse. Debiéramos pagar entrada por ver balbucear mentiras al presidente de los sobresueldos; escuchar la desfachatez de Cospedal, la chulería de Hernando o los delirios de Casado. Pero, en no pocas veces, el pináculo de la desvergüenza lo alcanza ella sola la vicepresidenta del gobierno. En su comparecencia del viernes, 29 de enero pasado, anunció con gesto serio y trascendental que el gobierno instaría al Tribunal Constitucional a anular las decisiones que pudiera tomar la Generalitat consecuentes con la previa declaración de independencia del Parlament catalán. Lo términos eran graves y sonaban respetables: tribunal, Justicia, derecho, ley, procedimiento... Cualquiera diría que estaba hablando de algo serio: de someter a la prueba del Estado de derecho las posibles decisiones de un órgano de una Comunidad Autónoma.

Solo que ese Tribunal Constitucional tras cuya pretendida autoridad quiere ampararse el gobierno en su lucha contra la Generalitat no es un tribunal en serio ni merece más respeto que el que merezca cualquier órgano del PP. Está presidido por un exmilitante de ese partido y puesto ahí por el rodillo de la mayoría absoluta parlamentaria del partido del gobiern y, durante un tiempo, entre sus magistrados figuró otro servil ayudante de ese partido, Enrique López -también puesto con calzador- que hubo de dimitir cuando lo pillaron conduciendo beodo como una cuba y a quien sus propios colegas han apartado dos veces de causas penales contra el PP por su evidente partidismo.

En esas condiciones, llamar a esto "tribunal" es una hipérbole. Precisamente el problema de estos órganos constitucionales no judiciales pero a los que se quiere asimilar a órganos judiciales es una fina cuestión de legitimidad que es la primera que se rompe cuando, como es el caso con este, se puede probar que se utiliza como un ariete para justificar las arbitrariedades políticas del gobierno de turno. En fin, de eso va el artículo cuya versión española es la siguiente:

El Tribunal Constitucional, ministerio del gobierno español

El gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu, su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus consecuencias han de ser nulas.

En efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia, como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según inveterado proceder imperial.

Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.

Alguien podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años 80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.

Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.

Y era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es quien lo puso en donde está.

O sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias, etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio: por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino, simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a nadie un ápice de sentimiento nacional.

Por tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como podrían hacer los militares o la guardia civil.

Y eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar” falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como “tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.

Quede claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y eso es lo que hay que denunciar.

¿A quién está juzgándose en Mallorca?

Este país tiene una deuda inmensa con el juez Castro, ese hombre que, en cumplimiento de su deber, ha instruido la causa cuya vista oral se inició el lunes y en la que, entre otros acusados, se sientan en el banquillo una infanta de España y su marido. Es fácil intuir las inmensas presiones que ha debido resistir ese  representante del Poder Judicial, viendo el papelón que en la primera sesión de la causa estuvieron haciendo el fiscal y la abogada del Estado, empeñados en apoyar a la defensa de la infanta para exonerarla contra viento y marea.

Sí, el país entero debe un homenaje al juez Castro. La base de la civilización es la justicia y la base de la justicia, la independencia y la honradez de los jueces. De cada juez.

Porque no solamente el fiscal y la abogada del Estado defendían a la acusada. Todo el establecimiento mediático, todos los publicistas del régimen, que son muchos y muy bien pagados, todas las fuerzas vivas del orden y la tradición, apoyan que se otorgue a la infanta un trato de privilegio porque, en el fondo, no creen que la justicia deba ser igual para todos.

Sin embargo, el problema no es si esta señora es acusada, juzgada y condenada o no. Aunque parezca mentira, es lo de menos. Su importancia personal es cero. De hecho la Casa Real ya la ha despojado de su título nobiliario y la ha arrojado de su seno, que es como desnaturalizarla.  No, el problema no es ella personalmente, sino lo que representa. Ella no es más que un cortafuegos. De lo que se trata es de eliminar la posibilidad de que la incriminación llegue más arriba, a su hermano, a su padre, a la Corona, a la institución monárquica. Porque, aunque las magistradas ya hayan rechazado dos veces la petición de que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, sus nombres seguirán apareciendo, las peticiones seguirán produciéndose y de ellas se harán eco los medios extranjeros.

Por mucho que pretendan evitarlo, en el banquillo de la Audiencia de Mallorca no se sienta sola la infanta de España. Se sienta, se quiera o no, la sombra de su padre (presente en la sala como el espíritu del padre de Hamlet) y el actual Rey en efigie. 

Se sienta la monarquía.

Hablar claro es bueno, II.

En el post de ayer anunciaba mi intención de matizar algunas de las nuevas propuestas reformistas de Podemos. Lo hago ahora con ánimo constructivo y de modo sucinto:

Reforma del sistema electoral. Si de verdad se busca la máxima proporcionalidad, no hay que ir muy lejos. Basta con copiar el sistema alemán que mezcla el criterio proporcional y el mayoritario y en todas las clasificaciones del mundo aparece en el primer o segundo puesto de proporcionalidad, mientras que el sistema español actual es el último, con menos proporcionalidad que muchos sistemas mayoritarios, lo que es francamente ridículo.

Independencia de la justicia. Dejar la composición del órgano disciplinario de la magistratura en manos de los propios jueces. La composición actual viene del temor que suscitaba el predominio de jueces franquistas. Ha pasado el tiempo y, aunque los jueces siguen siendo un estamento conservador, ya son mayoría los de generaciones posteriores. Supresión de la Audiencia Nacional. Supresión del Tribunal Constitucional y atribución de la jurisdicción constitucional con formulación nueva al Tribunal Supremo en una sala cuya composición quizá pueda fiscalizar el Parlamento.

Blindaje de derechos de la ciudadanía. Reforzar la protección de los derechos económicos y sociales. Especial atención a los medioambientales. Recuperación, desarrollo y protección del derecho del trabajo, desmantelado por la derecha. En este campo de derechos, singular atención a la perspectiva de género que debe hacerse siempre eficaz dejando expedito el recurso a los tribunales de justicia para su aplicación.

Lucha contra la corrupción. Aplicación de la legislación penal a los corruptos. Obligación de declaración de bienes al iniciar todos los cargos públicos, rendición pública de cuentas y auditorías en los relevos. Aumento substancial del plazo de prescripción. Obligación de todas las administraciones de publicar en la red todas sus transacciones económicas. Revisión de la financiación pública de los partidos.

Cataluña. Referéndum vinculante de autodeterminación. Es posible, como decíamos ayer, que esta propuesta llegue tarde, pero debe formularse. Es posible también que, si la situación catalana se enquista en una espiral de acción independentista/reacción unionista, sean los otros Estados quienes obliguen al español a celebrar ese referéndum que debió de haberse convocado hace muchos años.

A estas cinco propuestas reformistas, Palinuro añade dos sustantivas más y una de procedimiento que considera imprescindibles:

Separación real de la Iglesia y el Estado y supresión de la financiación pública de aquella. Se entiende que ello implica supresión de las transferencias directas así como del lucro cesante de sus privilegios de todo tipo.

Celebración de un referéndum para decidir la forma del Estado. Si república o monarquía.

La cuestión de procedimiento: convocatoria de una convención general extraordinaria por si todavía existe alguna posibilidad de acordar una organización territorial española de consenso.

La declaración de Mas.

Ayer estuve en El matí de CatRàdio (estudios de Madrid) en la tertulia de Mònica Terribas, en donde se siguió y comentó la comparecencia de Mas ante el TSJC. Compartí espacio con Monserrat Nebrera, Joan Queralt y Saül Gordillo, en Barcelona, y Cristina Villanueva, en Madrid. Aprendí mucho de sus observaciones y pudimos contemplar y escuchar la declaración de Mas a su salida del edificio del tribunal.

Todavía no he escuchado reacciones articuladas al contenido de lo expuesto por el presidente en funciones. Sí a aspectos colaterales o previos, como la manifestación de apoyo a Mas, en la línea habitual de inaceptable presión, según Rajoy o ataque frente al que se emplearán todos los medios para preservar la independencia judicial, según la fiscalía. Línea habitual española de atender a la forma, no al fondo, y lanzar amenazas porque es lo borgoñón. El adjetivo inaceptable es favorito de la derecha y el substantivo ataque casi blasón. Todo cuanto no haga o diga ella es casi seguro un inaceptable ataque. Ruido habitual de la España profunda, sin mayor interés.

Sería bueno que alguien comentara las palabras de Mas, su versión de los hechos, sus explicaciones y declaración de intenciones. Pero no se dará. Los españoles no entienden el catalán. Si acaso se reproduce algo que suene especialmente brusco, como esa genial y alarmista especulación de El País de que Mas está dispuesto a desobedecer la ley si lo inhabilitan por el 9-N, que lo saben ellos de muy buena tinta. El resto, inaceptable ataque en forma de editorial perfectamente prescindible llamado Algarada institucional, algo peligrosamente cercano ya al profundo concepto de algarabía, con el que Rajoy despacha lo que no le gusta, que viene a ser todo al norte del Ebro.

Siendo así, tampoco se lo comentaremos nosotros. Que se informen por su cuenta, si es que saben.

La declaración tiene dos efectos claros, uno externo y otro interno. El externo es resultado de la fantástica ineptitud del gobierno central al dar al independentismo una plataforma para dirigirse al mundo y seguir internacionalizando el conflicto. En una fecha especialmente simbólica que añade carga sentimental al mensaje transmitido y hace a Mas continuador de la tarea por la que Companys dio su vida.

El interno: los amigos de la CUP, a quienes ya quieren ilegalizar, tienen más difícil seguir negando la investidura al presidente en funciones. Modestamente la anunció Palinuro el 30 de septiembre en un post titulado Presidente por imputación. A Mas lo hace presidente la ciega obstinación de la derecha en encarcelarlo. Viene ahora, según teme El País, la posibilidad de la desobediencia. Los de la CUP lo tienen crudo.

Algo va quedando meridianamente claro: Cataluña está en una dinámica política distinta de la española. Cada vez más distinta. Los españoles no parecen enterarse, pero la CA catalana evoluciona hacia la independencia a velocidad creciente.

75 años después.

En 1940, los fascistas españoles asesinaron a Lluís Companys por orden de Franco. 75 años más tarde su espíritu, su lucha por la dignidad y la independencia de Cataluña están más vivos que nunca y hoy los herederos y simpatizantes de los asesinos se los van a encontrar de nuevo. Democráticamente. Pacíficamente. Pero con la misma determinación que movió a Companys.

Ante la concentración del martes para acompañar a las consejeras Rigau y Ortega, el TSJC emitió un precipitado, duro y sorprendente comunicado calificando la movilización como "ataque directo y sin paliativos" a la independencia judicial. Horas después, el Consejo General del Poder Judicial respaldaba a los magistrados catalanes, hablando también de "inadmisibilidad". Por último el gobierno, en esa alegre coyunda que tiene con los jueces cuando son de su cuerda, consideraba igualmente "inadmisible" la presencia de consejeros del gobierno de la Generalitat en la concentración de apoyo a las dos imputadas. También Iceta, del PSC, afeaba la manifestación.

De inmediato llovieron docenas de ejemplos de cómo en el pasado tanto el PP como el PSOE arroparon a diversos imputados y condenados suyos al ir a declarar ante el juez o ingresar en la cárcel. Típica respuesta del "y tú más" que Palinuro considera siempre inaceptable. Si algo está mal, seguirá estando mal aunque otros lo hayan hecho antes.

Pero la concentraciones del martes y las mucho más concurridas que se prevén para hoy, ¿están mal? Sí, dicen quienes las rechazan, son "contrarias al Estado de derecho". A Palinuro le parecen manifestaciones pacíficas y legítimas de libertad de expresión, un derecho esencial de la ciudadanía. ¿Por qué están mal? ¿Son delito? Si son delito ¿cuál? Y ¿por qué no se detiene y denuncia a los delincuentes?

¡Ah! que no son delito pero a los jueces les molestan porque se sienten presionados. Pues es lamentable que sea así, ya se sabe que la política no es un rigodón versallesco y, cuando se actúa contra alguien que cumple un mandato democrático, uno debe esperarse condigna respuesta. Por lo demás, quienes afirman que la solidaridad con las personas investigadas, en este caso Mas y sus consejeras, intenta influir y condicionar el parecer de los jueces muestran escasa confianza en la integridad e independencia de estos. Quizá porque las miden según el juicio que les merecen las que ellos tienen.

Esta actuación judicial no debió producirse nunca. Un conflicto político como el que vive España con Cataluña debió tratarse siempre en clave política, no judicial. Pero, para que eso se produzca, es preciso que en los dos lados de la falla tengamos políticos demócratas. No políticos demócratas en uno y franquistas, autoritarios, represivos e incapaces de entender problema complejo alguno en el otro. Era preciso negociar y buscar alguna solución pactada. Pero fue imposible. Durante cuatro años, el gobierno, con ese incompetente fanfarrón a la cabeza, se cerró a todo diálogo y dejó que el independentismo ampliara su iniciativa, tomara impulso y, al final, despegara en dos consultas que, se miren como se miren, son dos hitos en el camino de los catalanes hacia la independencia.

Ahora, probablemente, no hay remedio. Esa citación a declarar a Mas en el aniversario del asesinato de Companys revela tal insensibilidad y desprecio ante la historia de Cataluña que asombra. Induce a pensar si, lejos de tratarse de mera ignorancia, quizá responda a un espíritu provocador con el fin de enconar las cosas en la esperanza de llegar a una situación que justifique un estado de excepción y una suspensión de las elecciones. Algo que está muy en la historia y el espíritu de la derecha franquista que hoy gobierna España.

Dice el ministro Catalá, en funciones de zahorí, que si Mas resulta condenado, no se convertirá en un  mártir. Delo usted por seguro, señor ministro. Ambas cosas: que será condenado y que se convertirá en un mártir en torno al cual arreciará el independentismo.

Será condenado porque el Estado no puede dar marcha atrás habiendo llegado hasta aquí. Fue él quien ordenó a la Fiscalía General actuar, aunque los fiscales catalanes, mejor avisados de la situación, se opusieron y aquella instó la actuación de los tribunales. Cualquier decisión de estos que no incluya una condena, por leve o suave que sea, sería vista como una irresponsable dejación de competencias y una invitación a continuar con el reto independentista al Estado. Pero cualquier condena, por insignificante que sea, convertirá a Mas en el símbolo de la lucha del pueblo catalán por su independencia.

Es difícil imaginar mayor ineptitud. 

Arturo contra Mordred.

La movida de ayer, a raíz de la declaración de Rigau y Ortega ante el TSJC, fue sonada por la mañana y repicada por la tarde en muchísimos ayuntamientos de Cataluña, aunque dudo de que los españoles se enteraran porque, en tema catalán, las televisiones son ciegas, sordas y mudas y así preparan el camino al escenario que quieren evitar, el de la independencia. Y toda esa convulsión será nada comparada con la que se avecina mañana, cuando Mas comparezca a declarar. 

Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para actuar de corchete, según prevé la nueva ley que la mayoría absoluta del PP está a punto de perpetrar, el TSJC hace el trabajo rudo e incluso añade sal gorda de su despensa. Se queja el tribunal amargamente en un comunicado de la intolerable presión de los manifestantes -miembros del Govern incluidos- ante su sede. Efectivamente, no debe de ser plato de gusto que te saquen los colores pero, que yo sepa, aquellos están en su derecho. Si hubieran cometido alguna infracción, lo procedente no sería una lacrimógena declaración, sino una denuncia en toda regla y al calabozo con los de la protesta. No es así, luego toca aguantarse. La política está hecha de estas cosas. También el gobierno emplea a los jueces para resolver por las bravas conflictos políticos que él es incapaz de solucionar por su profunda ineptitud y su carácter autoritario y represivo. 

Y eso sin contar con que recurrir a los tribunales en un país que bulle de Ratos, Blesas, Correas, Matas, Granados etc., etc, mueve a risa. Con una justicia desprestigiada interferida por el gobierno, echar mano de ella para resolver conflictos políticos es absurdo.

El conflicto entre España y Cataluña es fundamentalmente político y solo podrá resolverse por vías políticas, no judiciales. Pero para que funcionen las vías políticas tiene que haber diálogo. Cierto, todos dicen estar dispuestos a dialogar y acuden a ese topicazo de la mano tendida, que parecen invidentes tanteando el paso.  Pero el gobierno pone en seguida los límites: dialogar, sí, pero no de la soberanía nacional, no de la Constitución, no de la financiación de las Comunidades Autónomas, no de la convocatoria de un referéndum; en definitiva, no de nada que interese a los catalanes. No, no y no. Si acaso, y algún octogenario aún la recuerda, estará dispuesto a una alegre colaboración en el marco del sano regionalismo, que tanto entusiasmaba al ministro franquista y falangista Fraga, posterior fundador del PP. 

Llevar a sus dirigentes ante los tribunales y aplicarles una descarada forma del derecho penal del vencedor no frenará el movimiento independentista, sino que lo intensificará. Y, si hay condenados, la solidaridad funcionará como mecanismo de movilización.

Esto nos lleva al factor simbólico de este asunto, el determinante. Dice el ministro Catalá que, si le condenan, Mas no quedará como un mártir. Y él, ¿cómo lo sabe? ¿Se lo ha dicho alguna de esas vírgenes a las que condecora su colega de Interior? De momento, el simbolismo de la situación es muy potente. Mañana, 15 de octubre, es el aniversario del asesinato de Lluís Companys por los franquistas. Mas irá a depositar una ofrenda floral en el monumento al presidente de la Generalitat mártir y luego habrá de comparecer ante unos jueces que son los herederos directos del "ordenamiento jurídico" que asesinó a Companys y aún no ha pedido perdón por ello. 

Si Artur Mas es condenado, quedará convertido en un mártir capaz de ganar la última batalla a Rajoy/Mordred y Catalá, reducido a su auténtica dimensión de cantamañanas.

Más sobre Mas.

He seguido con la máxima atención el debate en torno a la investidura del imputado en las redes, que son el foro contemporáneo. Más en concreto, los argumentos de los partidarios de no investir, mayoritariamente cupaires. También se esgrimen argumentos en contra en PP y C's pero eso no hace a la CUP próxima a la derecha ni a esta más digna de ser escuchada.

Creo haber detectado un argumento en contra de tipo vengativo: no vamos a investir al responsable de los recortes, el neoliberalismo y las políticas represivas de orden público y cercenadoras de derechos. No vamos a investir a quien mandó a la policía a que nos abriera la cabeza en las calles. En efecto, suena un poco a revancha, sentimiento por el que no tengo especial simpatía. Es una actitud nacida de agravios del pasado y que ayuda poco a ver con claridad el presente.

Mayor consistencia, me parece, tiene el argumento de que en la CUP las decisiones son colectivas y se respetan. Se prometió no investir, y las promesas se cumplen. Muy cierto. El primer deber de una persona es cumplir sus promesas. Pero no pueden ser inamovibles. Se adoptaron en unas circunstancias. Si estas cambian es avisado revisar aquellas. Nada vivo sigue vivo si no cambia para adaptarse a las circunstancias cambiantes. La cuestión es cuán cambiantes han de ser las circunstancias para justificar una mudanza en actitud y promesa. ¿Es suficiente el hecho de que Mas haya pasado a la situación de imputado? Eso es lo que debe decidirse.

La condición de presidente de la Generalitat tiene carga simbólica. Y mucha más la tiene la de presidente de la Generalitat imputado por el Estado. Por si fuera poco la autoridad imputante ha añadido mayor simbolismo al citar a Mas a declarar en el 75 aniversario del fusilamiento de Companys. Esta coincidencia es tan flagrante que, según muchas almas cándidas, solo puede deberse a la ignorancia de los magistrados del TSJC, para quienes aquella memoria es irrelevante. Hágase justicia y perezca el mundo. El proceso no entiende de sensiblerías. Sin embargo esto es poco creíble en unos guajes que dicen haber retrasado la citación de Mas para no interferir en las elecciones del 27S. Conociendo al personal, lo más probable es que la coincidencia haya sido buscada. Hay un mensaje de continuidad muy claro que Mas resaltará yendo el día 15 de octubre primero a una ofrenda floral al monumento a Companys y compareciendo luego ante el tribunal. Esa imagen es muy potente.

Se dirá que la CUP y el independentismo radical no siguen criterios de símbolos. Será la primera vez que una acción política no tenga una faceta simbólica. Los discursos explican. Los símbolos movilizan.

También muy digno de atención es otro argumento estilo "tercera vía": defenderemos a Mas hasta el último mohicano, pero no lo investiremos. Nadie es imprescindible y cabe investir a alguien más próximo políticamente. Pues sí, es correcto y muy razonable. El propio Mas ha dicho que él no será obstáculo a nada y que da un paso atrás. Es una solución, aunque siempre quedará en el aire la pregunta de si yo estoy dispuesto a defender a Mas a muerte ¿no lo defenderé mejor siendo él presidente? 

Total, el presidente de la Generalitat va a serlo provisionalmente. Hay figuras, nombres, sobre los que recaería consenso como más apropiados para llevar adelante políticas sociales. Solo que en los próximos tiempos, el presidente deberá enfrentarse más que nada a ataques al proceso y problemas de supervivencia. Tanto en su relación con el Estado como en la acción exterior. Seguramente eso podrá hacerlo cualquier otro muy bien, pero el sentido común le obligará a tener a Mas cerca por aquello de la experiencia y la capacidad sobradamente demostrada.

Empieza el ataque.

Ayer me preguntaron en "Mon.cat", digital en el que colaboro por la imputación a Artur Mas ante el TSJC. Dije lo que pienso sobre todo en relación con la actitud de la CUP de no investir a Mas. El texto en catalán de la entrevista de Gemma Aguilera está aquí:

Cotarelo: "Tot l'independentisme, també la CUP, està en deute amb Mas"

Sigue la traducción española:

Todo el independentismo, también la CUP, está en deuda con Mas.

Ramón Cotarelo (Madrid, 1943) es escritor, politólogo y sociólogo. Colaborador de El Món, ha apoyado la CUP pero se muestra muy crítico con la posición de la izquierda independentista respecto a la investidura de Artur Mas.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tendrá que declarar ante el TSJC por haber plantado las urnas el 9N. El día de la cita es el 15 de octubre, cuando se cumplen 75 años del fusilamiento del presidente Companys. La comparecencia unos días antes del debate de investidura, ¿debería obligar a la CUP a cambiar de parecer?

Absolutamente. Por muchas que sean las objeciones del independentismo de la CUP a la persona de Artur Mas, es una opción, y no me parece estrafalario que el independentismo mayoritario lo proponga como presidente. Se ha ganado el respeto de la gente. Y que la CUP responda a una pregunta: sin Artur Mas, ¿habríamos llegado aquí? La respuesta es "no", en modo alguno. Todo el independentismo, también la CUP, toda la gente que ha venido impulsando el proceso tiene una deuda con Mas, al margen de su pasado, de los recortes que haya hecho y de si su partido tiene casos de corrupción. Se ha puesto al frente del proceso, lo ha dirigido y se lo ha jugado todo, también personalmente. Y, estando imputado y atacado por el Estado ¿no es razonable pedir que se le apoye? ¿No es lo mínimo que se puede hacer?

Todo el apoyo ¿quiere decir que la CUP vote a favor de su investidura?

Sí, el hecho de que se lo llame a declarar obliga a la CUP a replantearse muchas cosas y no digo que le acompañe a la puerta del TSJC el día 15 de octubre, que me parecería lo más normal y digno. Es el momento de dejar de lado las rencillas internas porque el ataque a Mas, les agrade o no, es un ataque a Cataluña, a tod@s l@s ciudadan@s.

La CUP ha mostrado su solidaridad pero, de momento, no ha retirado su negativa a votar la investidura.

Mire, si yo formo parte de un movimiento, en este caso el independentismo, y una de las piezas clave, sino la más importante, soporta un ataque tan brutal del Estado, sin duda saldré en su defensa. La CUP ha de ser consciente de que el Estado ve el proceso como una cuestión de orden público y, como tal, la trata con represión, amenazas y, en último término, la prisión. Primero hay que dar una respuesta contundente al Estado y luego, ya veremos. En todo casi, diga la CUP lo que diga, Artur Mas ya tiene un lugar en la historia, y merecido. Apartar a Mas para evitar que siga liderando el proceso no cambiaría el curso de la historia. El proceso ya lleva su nombre. Insisto, tenemos una deuda con este hombre y este el momento de saldarla, defendiéndolo como él ha defendido a todos los ciudadanos de Cataluña al plantar las urnas.

¿Confía en que la CUP cambie de criterio?

Conociendo a la gente de la CUP, pienso que reflexionarán y espero que la reflexión sirva para que pongan por delante lo importante y dejen de lado otras consideraciones, como lo ha hecho Artur Mas al decir que lo importante es el proceso. Y yo me pregunto: ¿alguien de la CUP ha hecho algo parecido? ¿Prefieren perseguir a Artur Mas hasta los confines de la tierra cuando el Estado quiere encarcelarlo? ¿Qué más quieren? ¿Qué se clave un puñal y se sacrifique en público?

¿Tiene la impresión de que la CUP no está a la altura del momento histórico?

Lo que veo es que la CUP es muy de alzar el puño y corear "anticapitalismo" pero ahora que recibe un ataque directo del Estado no acaba de entenderlo correctamente. Y me fastidia porque, si hemos llegado hasta aquí, con casi dos millones de votos, es porque Artur Mas se ha empeñado y ha jugado magistralmente. Hagamos a un lado el 3% por una temporada, dejemos de pensar un tiempo que en vez de manos tiene tijeras y tengamos en cuenta que Mas goza de una proyección internacional que no tendrá ningún otro político del proceso. ¡Ninguna empresa se desharía de un activo así! La CUP ¿es tan pura que prefiere prescindir de la experiencia y el impacto exterior de Mas? Votar la investidura no quiere decir ni de lejos, dar apoyo a todo su programa. No veo que haya conflicto ideológico aquí.

¿Primero la independencia y luego el modelo social?

La cuestión es consolidar la independencia y el resto vendrá por sí solo. Porque de momento no sabemos si el programa de Junts pel Sí es de derecha liberal o de izquierda. Por tanto, diría a la CUP: sentaos a negociar y hablad. Y olvidad las viejas tácticas de hacerse el fuerte antes de sentarse. Lo que nos jugamos es tan importante y el ataque del Estado tan evidente que las otras cuestiones deben quedar en segundo lugar.

[…]

Presidente por imputación.

El gobierno ha hecho a Mas presidente al llevarlo ante los tribunales. Porque es el gobierno. La acusación proviene de la Fiscalía general, pues los fiscales catalanes se negaron a ella. Es el gobierno el que quiere poner fuera de juego a Mas porque ve en él el peligro. Con eso, fuerza una reacción obligada en el campo independentista por consideraciones de estrategia de los viejos maestros de la guerra: defiende todo lo que el enemigo ataca y ataca todo lo que el enemigo defiende. También es posible no hacerlo así pero, en tal caso, será preciso explicar qué se gana dejando de defender lo que el enemigo ataca.

El ministro de Justicia, en un alarde de sensibilidad democrática, explica que no se citó antes al presidente Mas por no interferir en el proceso electoral. Y también para evitar que el posterior 47% del voto hubiera sido muy superior. Pasado el peligro, viene la citación. Y esos asuntos, ¿los deciden los ministros, los políticos? ¿No los jueces?

Lo que se imputa a Mas acarrea posible inhabilitación para ejercicio de cargo público. Por haber convocado una consulta, ya que el Estado no le permitía hacer un referéndum. El rechazo fue por abrumadora mayoría del Congreso pues, en asuntos catalanes, las coincidencias entre los dos partidos dinásticos son inmensas.

Es decir, en el plazo de un año, en Europa se han vivido dos episodios en dos países distintos (Reino Unido/Escocia y España/Cataluña) con semejanzas y desemejanzas curiosas. En los dos casos hay sendas opciones y tendencias políticas a favor de la independencia. En Escocia se hizo un referéndum y triunfó el no a la separación. En España no se tolera referéndum territorial alguno y, quien lo inicia, puede acabar expulsado, sancionado, inhabilitado o, incluso, preso. Pero nadie ha aportado razón convincente alguna que justifique por qué los escoceses pueden hacer lo que los catalanes tienen prohibido, y quién se beneficia de esta anomalía.

En las circunstancias actuales, la llamada "cuestión social" se enfrenta a un incidente de prejudicialidad por cuanto, para tomar cualesquiera medidas, hay que disponer de un gobierno que lo haga y un Estado que le dé legitimidad. La cuestión social va después de la cuestión nacional, no por delante. Y una vez planteado el conflicto territorial ya solo queda saber de lo que cabe debatir en España. Realmente, de poco y ese poco a toda velocidad pues quedan tres meses para las elecciones generales. Prácticamente nada, con los partidos muy atribulados en un cuadro general poco previsible. El PP mira de reojo a C's. Estos se las prometen muy felices con el impulso catalán. El PSOE solemniza esa posición de centralidad que lo convierte en objeto de diversas querencias. Podemos, por último, se encuentra cómo Sísifo cuando ha de comenzar a subir de nuevo la cuesta con el pedrusco a la espalda. No le gusta nada quedarse en un grisáceo cuarto puesto. IU luchará por mantener la cabeza por encima de la barrera legal. De las otras posibles ofertas de la izquierda se hablará cuando abandonen el limbo de los proyectos unitarios.

En resumen, todo ello quisicosas electorales, programáticas, de negociaciones, pactos y contrapactos que animarán el trimestre de espera hasta las generales. Puro espectáculo mediático. Pero bastante rutinario. Si se quiere observar algo nuevo hay que seguir mirando a Cataluña. Todo hace pensar que la mayoría independentista pondrá en marcha su hoja de ruta en la forma que acaben negociando y con Mas de presidente, haya sido como haya sido su investidura. Ello va a implicar continuos enfrentamientos con el Estado que acompañarán a la imputación y quizá procesamiento de su presidente.

Pero también va a implicar más cuestiones, algunas de calado. Por ejemplo, los independentistas abordarán tarde o temprano la cuestión de si participan o no en las elecciones generales. Ese puede ser uno de los puntos de la desconexión. Esta abstención aumentaría la representación parlamentaria de los partidos nacionales españoles, pero no necesariamente la legitimidad del parlamento español y sus decisiones en Cataluña.

Estirpe de ladrones.

Entre las numerosas tonterías que ha dicho a lo largo de su vida Mariano Rajoy, el de los sobresueldos, ocupa lugar destacado un articulillo publicado en 1983 en El faro de Vigo, titulado Igualdad humana y modelos de sociedad en el que, entre otras cosas, sostenía que "los hijos de buena estirpe" destacan sobre los demás, o sea, que no son iguales al resto de los humanos, y que tamaña necedad estaba confirmada por la ciencia. Dado que el de "estirpe" no es un concepto científico sino que pertenece al ideario (por llamarlo de alguna forma) racista, tomémoslo en su sentido prístino: abolengo, raza, casta, etc. Si alguna casta hay en este país de pícaros y mangantes, es la de los ladrones.

Los tribunales de justicia acaban de condenar al delincuente Díaz Ferrán a cinco años y medio de cárcel por chorizo. Al expresidente de la CEOE, hasta ayer un prohombre, un ciudadano ejemplar que se permitía amonestar a los trabajadores con consejos calvinistas mientras él les robaba sus salarios. Un hombre que se codeaba con los políticos con mando, amigo íntimo de Esperanza Aguirre, a quien, claro está, consideraba cojonuda, calculen ustedes por qué, y muy bien avenido con el hombre de los sobresueldos. Pura estirpe. La de los dos.

La afición de Rajoy por la estirpe de ladrones es profunda y de larga data. Hay fotos suyas confraternizando muy contento con la miríada de ladrones que han pasado y siguen pasando por su partido: con el delincuente Matas, el delincuente Fabra, los presuntos delincuentes Bárcenas, Rato, Camps, etc., etc. No hay miembro del PP más o menos identificado como ladrón que no tenga pruebas gráficas del apoyo y el aliento de Mariano Rajoy, el de los sobresueldos.

Sí, la estirpe da para mucho. La estirpe de ladrones que lleva veinte años saqueando este país valiéndose para ello de una organización de presuntos malhechores a la que llaman partido político y a la que el juez sienta ahora en el banquillo como responsable civil subsidiaria de los delitos del mafioso Bárcenas. Y el responsable político de esta organización de mangantes, el hombre de los sobresueldos en La Moncloa, ahí seguirá, sin dimitir, como si esto fuera un país normal, el gobierno un gobierno en serio y el Parlamento un parlamento de verdad y no una cuchipanda de franquistas y ladrones que nadie en el extranjero puede tomarse en serio.

Por fortuna para ellos, cuentan con una oposición mayoritaria del PSOE, tan acobardada y sumisa que, más que oponerse, coadyuva al mantenimiento de esta burla sistemática a la ciudadanía. 

El poder y los jueces.

Para que haya justicia, como sabe todo el mundo, debe ser impartida por jueces libres, independientes e imparciales que, como decía un militar del ejército español, "nada tengan que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad". Esos tres requisitos son de distinto calado. En cuanto seres humanos dotados de raciocinio, autonomía y libre albedrío, la libertad se les presupone. Nadie atendería a un juez que estuviera encadenado. Eso es obvio y vale también para el otro tipo de libertad, el moral. Los seres humanos somos libres. Lo somos incluso cuando decimos o hacemos el mal, pretextando que estábamos coaccionados. Fuimos libres y elegimos ceder a la coacción. Salvo los reducidos a cautiverio físico, los jueces son siempre libres. Libres de hacer justicia o hacer injusticia. Es cosa de su conciencia.

Los otros requisitos son más tornasolados. Dos de los jueces que, gracias a los equilibrios y normas de distribución y reparto de tareas, entenderán de los casos de la Gürtel y los papeles de Bárcenas, que afectan directamente al partido del gobierno, esto es, Enrique López y Concepción Espejel ofrecen motivos fundados para poner en cuestión su imparcialidad. Dos de las acusaciones particulares, el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) están elaborando los escritos de recusación. Tanto López como Espejel han dado suficientes muestras de familiaridad y hasta intimidad con los gobernantes. No es solamente que el PP los propusiera en su día para vocalías del Consejo General del Poder Judicial, pues eso en sí mismo no es significativo. Es lógico que estas designaciones que la ley reserva a los partidos se hagan con criterios de proximidad ideológica, pero eso no tiene por qué afectar a la imparcialidad de los nombrados. Y, sin embargo, en los dos casos, dicha imparcialidad es muy cuestionable porque los dos han dado sobradas muestras de cercanía, frecuencia de trato y simpatía con los gobernantes de la derecha. Espejel no se ha recatado en admitir su gran amistad con Cospedal, quien la condecoró. En cuanto a López, sería un desagradecido si no reconociera los esfuerzos ciclópeos que estuvo haciendo el PP para favorecerlo con un puesto en el Tribunal Constitucional incluso cuando no reunía los requisitos. Sería muy desleal por su parte no ser agradecido.

Podría decirse que, habiendo sido como hayan sido las previas relaciones entre los magistrados en cuestión y los gobernantes, llegado el momento de hacer justicia, a los jueces les ocurre lo que a a Thomas Beckett frente a Enrique II: muy amigos y compadres, pero, cuando se trata de la dignidad de la Iglesia y el interés de la Corona, ya no hay amistad ni compadreo que valgan. Y, llegado el momento, Beckett paga con su vida por su independencia. Siendo los nuestros tiempos más suaves, es poco probable que los magistrados pagaran con sus cabezas por sus actos, así que no hay razón para que estos no sean intachables. Y, si la hay, tendrán efecto las recusaciones de las partes.

A decir verdad, la turbulenta historia del juez López despierta preocupación no ya solo debido a su imparcialidad sino también a su independencia. Su intensa actividad de colaboración con la Fundación FAES, el think tank de la extrema derecha neoliberal, que posiblemente haya sido remunerada, plantea, efectivamente, una seria objeción al comportamiento de un juez que no solamente mantiene relaciones de amistad con el príncipe sino que se ha encomendado a su magnificencia.

Este es igualmente el problema que se plantea con ese presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cobra un plus de 1.300 euros al mes directamente del gobierno andaluz en concepto de dietas o viáticos o algo así. En principio, no es absurdo que un funcionario del Estado reciba un complemento de ese Estado del cual, por lo demás, también recibe el sueldo. Y no se olvide que la Junta de Andalucía es, a todos los efectos, el Estado en Andalucía. Por supuesto, tampoco es lo mismo que el magistrado cobre del Estado que de un partido vía Fundación, si cobró. Pero aun así no parece bien y precisamente porque no parece bien, la medida se tomó mediante acuerdo secreto. Por algo sería.

Los jueces son uno de los estamentos peor valorados por la opinión pública, escasamente por encima de los políticos, que ya es decir. Y con casos como los considerados es poco probable que mejoren su posición. Sobre todo frente a una opinión pública que contempla desmoralizada cómo los jueces que se atienen a su deber en conciencia y se enfrentan al príncipe, acaban expulsados de la carrera.

Y sin jueces justos no hay democracia.

Jueces y delincuentes.

Todo el mundo conoce la teoría del Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley que impera suprema, y hay una estricta separación de poderes. Todo el mundo conoce también la práctica del Estado de derecho hoy en España. Hay gente por encima de la ley y, si es necesario, se cambia esta a capricho del gobernante. Porque no existe separación sino fusión de poderes. El gobierno controla el Parlamento por el simple mecanismo de la mayoría absoluta. Controla igualmente gran parte del poder judicial si bien no con un mecanismo tan simple sino con uno más complicado que articula muy diversas piezas: la tendencia conservadora mayoritaria en la judicatura es la esencial. La perpetuación de las pautas manipuladoras heredadas del franquismo y que no se depuraron durante la transición viene a continuación. El uso partidista de los mecanismos institucionales de la administración de Justicia, práctica compartida en parte con el PSOE, pero en la que el PP es consumado maestro. España no es un Estado de derecho porque los poderes no están separados ni se respeta el imperio de la ley. El gobierno tiene el Parlamento a sus órdenes y buena parte del Poder Judicial a su servicio.

Pero si lo primero puede enmendarse cambiando la mayoría parlamentaria mediante unas elecciones, lo segundo es mucho más difícil porque los jueces no son electos, tienen regímenes especiales que suelen incluir la inamovilidad y sus renovaciones dependen de plazos muy diversos que controlan los partidos políticos, cosa que, al menos el PP, hace siempre que puede y le interesa. Basta recordar cómo consiguió bloquear durante tres años la renovación del Tribunal Constitucional para perpetuar una mayoría conservadora que no reflejaba la correlación real de fuerzas políticas. Esto es, si los yerros legislativos pueden remediarse con relativa facilidad, no así los judiciales, los de la administración de Justicia.

Y, sin embargo, esta, la Justicia, es el punto central, el meollo del Estado de derecho y de la democracia. Si el meollo, el núcleo, está podrido, todo lo estará. Y es el caso.

La noticia de que dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel, el caso del PP, son personas estrechamente vinculadas por todo tipo de lazos al partido no debiera ni llegar a los periódicos porque los afectados tendrían que haber anunciado ipso facto su voluntad de inhibirse si les correspondía actuar en ese caso concreto. Las pruebas de que Enrique López está tan contaminado como si le hubiera caído un bidón de chapapote las desgrana El Plural Enrique López: de ariete del PP contra leyes socialistas y ‘enchufado’ en el Poder Judicial a juez en el caso Gürtel. Es imposible entender cómo alguien con un átomo de sentido común pueda admitir que una persona así pueda juzgar la Gürtel. Y hasta cabe sostener que ningún otro asunto: un individuo multado por conducir ebrio y sin casco es un peligro público. No un juez. En cuanto a la otra magistrada, Concepción Espejel, aparece adornada por similares atributos de cercanía, simpatía, empatía e intimidad con los jefes del partido cuyos supuestos delitos deberá juzgar. Algo increíble, ciertamente.

Pero, se dirá, el caso ha correspondido a estos magistrados por razón del azar, siempre imparcial, del reparto de trabajo. Ignacio Escolar explica, sin embargo, cómo fue la propia Espejel la que, al parecer, manipuló dicho reparto para asegurarse de que correspondiera donde a ella le interesara. Lo hace en un artículo titulado Humor negro en la Audiencia Nacional en el que asimismo completa el cuadro de las razones por las que Enrique Martínez es más militante del PP que verdaderamente un magistrado.

Es obvia la absoluta falta de respeto a las formas en el funcionamiento de la justicia. Esa Fiscalía que no vio delito en la Infanta ni en media docena más de presuntos delincuentes, lo ha visto a la velocidad del rayo ahora como consecuencia de un hecho acaecido en 2011 en una capilla de la Complutense. Como si hubiera actuado la máquina del tiempo. Si el proceso de instrumentalización de la administración de justicia ha llegado a este extremo, no arriendo la ganancia a Artur Mas, que puede encontrarse inhabilitado en un par de semanas o quizá algo peor.

Pero lo de los dos magistrados chapapoteados por su presunta proximidad personal y material a quienes deben juzgar es, sin duda, lo más grave y lo más inaceptable. Bárcenas recusará a la presidenta Espejel por manifiesta amistad con Cospedal. Algo absolutamente lógico. Nadie en su sano juicio puede permitir que lo juzgue un amigo íntimo (Concha) de la parte contraria.

A su vez, el PSOE también anuncia que recusará a los dos magistrados presuntamente vinculados al PP, como parte en el proceso que es. Obvio también. Esta farsa no puede ni comenzar. Y no basta con recurrir. El PSOE debe anunciar que no aceptará desestimación alguna, sino que seguirá recurriendo y, si la vía se agotara, llevará el asunto a dónde haga falta, a Europa o a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque esta intención es un atentado contra el fundamento mismo del Estado de derecho, la independencia judicial. Ningún Estado puede llamarse civilizado si los jueces están sometidos a la arbitrariedad del poder político y le sirven de escudo y tapadera.

Algunos piensan que soy un pesado con la petición de una moción de censura al gobierno. Tengo mis razones. Sánchez ya es el candidato indiscutido a la presidencia del gobierno. Tiene el poder y tiene la autoridad. Pero también tiene la responsabilidad. Y esta lo obliga a considerar que los seis meses hasta las generales de noviembre van a ser un infierno. La derecha, como siempre, no acepta el resultado adverso de las elecciones y, desalojada del poder, ahora no tiene nada que hacer (ni expoliar) salvo entorpecer todo lo posible los gobiernos de izquierda, azuzando la malsana pasión de estos por las broncas internas. Escándalos reales, inventados, retorcidos, manipulados, puras invenciones, insultos en los medios, agresiones en la calle. Tiempo libre para incordiar.

El gobierno y su partido tampoco tienen nada que hacer, pues no hay tiempo material para ello, pero sí para incordiar y encizañar. La manipulación de los procedimientos judiciales, las malas prácticas procesales, las trampas, van a caer en cascada para torcer cuanto se pueda el curso de la justicia. El recurso a la represión va a intensificarse y el uso de la vía penal para enfrentarse a cuestiones puramente políticas, como el proceso soberanista catalán, también.

Tienen mucho tiempo libre, infinidad de medios y no necesitan cuidarse del frente parlamentario en donde reina el rodillo de la mayoría absoluta. Por eso, lo más oportuno que puede hacer Sánchez es abrir ese frente al gobierno para obligarlo a atenderlo, lo que mermará sus fuerzas en los otros. Es su obligación, además, oponerse. La moción se perderá, por supuesto, en la votación parlamentaria, pero se ganará en la calle, en términos de conocimiento y popularidad de un candidato que recién se estrena pero trae un programa alternativo. La moción de censura le da tiempo ilimitado para exponerlo. Y eso es lo que la gente está esperando: un programa alternativo, viable y claro que todo el mundo entienda frente a las magias potagias y el hocus pocus de una imaginaria recuperación que Rajoy se saca de la chistera entre corrupción y corrupción.

Es la ocasión de dar un relieve particular al programa electoral, género francamente desprestigiado. La solemnidad del lugar de la exposición debiera ser el símbolo del propósito de cumplirlo. Un conjunto de medidas de derogación de todo lo injustamente legislado por decreto y rodillo, de devolución a la gente de los derechos recortados o suprimidos, de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática con un plan de reactivación económica con aumento de la productividad sin merma de rentas salariales o servicios públicos.

Tener al gobierno del Estado y la oposición parlamentaria debatiendo sobre asuntos de interés general a cinco meses de unas elecciones legislativas que pueden resultar en un cambio de mayorías no es una ocurrencia ni una aventura de inexperto, sino algo que cualquier colectividad haría para prepararse en caso de un hipotético cambio. Ello sin contar con que, en realidad, tal debate no se ha hecho nunca en la legislatura, pues los del Estado de la nación se han dedicado a otros asuntos.

La moción de censura es una obligación democrática. La única razón para no plantearla, cabe intuir, es que, en el curso del debate sea preciso hablar de la cuestión catalana, cosa nada del gusto de los partidos españoles cuando otean elecciones. No haya cuidado. Mas señaló una vía en esa entrevista de Iñaki Gabilondo que Palinuro comentó ayer en Mas se explica. Me atrevería a sugerir a los socialistas que siguieran su ejemplo: aguarden a ver qué resultado dan las elecciones del 27 de septiembre y, en función de esos resultados, hagan ustedes sus propuestas. Mientras tanto, piénsenlas porque todos nos jugamos mucho.

En fin, hagan lo que quieran pero no es absurdo elevar un tanto el nivel del debate a las cuestiones de interés general. No seamos solo objeto de la atención y pasmo de Europa por el hecho de que dos magistrados presuntamente afines a un partido se apresten a juzgar a dicho partido en un procedimiento penal.

La justicia del príncipe nunca será Justicia.