Monotema Cataluña

El tono trágico de El País condena a la oscuridad las propuestas novedosas de la Ejecutiva del PSOE, que tampoco son tan novedosas y, además, creo entender, han de pasar a consulta de las bases, siendo así que el tiempo apremia.

El debate se centra en el significado de la abrupta remodelación del Govern. Las interpretaciones son muy variadas. Rajoy, los partidos nacionalistas españoles en Cataluña y, obviamente, El País, coinciden en entonar un gori-gori de difuntos. “A la desesperada” suena un poco como Los últimos de Filipinas o, para no acudir a un ejemplo incómodo, Murieron con las botas puestas. La crisis de gobierno prueba que este está en las últimas.

Del lado independentista la interpretación es la inversa: racionalización del gobierno de la Generalitat, cohesión y reafirmación personal y colectiva de ir hasta el final suceda lo que suceda. Hay aquí un tono solemne que recuerda lejanamente el episodio de los burgueses de Calais, durante la Guerra de los Cien Años y vuelto a inmortalizar después por Rodin. Y aunque no precisamente por la dureza de rasgos rodiniana, Junqueras personifica ejemplarmente la imagen popular del burgués. El burgués de Calais, presto a inmolarse por la libertad de los suyos.

El clima actual en España muestra un grado de conflictividad muy alto. El gobierno y sus instancias adyacentes, lejos de buscar soluciones negociadas a los conflictos, parecen más interesados en encenderlos e ir a una confrontación directa, utilizando todos los medios, incluso los excepcionales. El poder solo se dirige a la Generalitat para amenazar. A veces con resonancias castrenses, cuando toma la palabra la ministra de Defensa, otras con consecuencias económicas personalizadas, como esa intención de ir contra el patrimonio de los responsables independentistas, una verdadera pena de confiscación (tras la proscripción) tanto más odiosa cuanto que quiere castigar a las generaciones venideras.

Las amenazas se materializan de forma creciente. Esa visita de la Guardia Civil al Teatro Nacional de Catalunya es un paso más en el acoso al ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Se crea así un estado de tensión muy grande por cuanto se pretende coartar el ejercicio de un derecho que reclama el 80% de la población a base de criminalizarlo. La cuestión es cuánto se puede criminalizar y perseguir un movimiento antes de que haya un estallido social.

Una huelga general en Cataluña, por ejemplo.

O, por seguir la vía parlamentaria, una decisión final. Si el gobierno de la Generalitat es inhabilitado, es probable que el Parlament apruebe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por mayoría absoluta.

Para hacer frente a todo eso, las amenazas, las persecuciones judiciales, las policiales, los hostigamientos, parece razonable fortalecer el Govern, tanto si se hace “a la desesperada” como si no. Cualquiera lo haría. La cuestión es si se cumple o no el vaticinio del bloque nacionalista español de la muerte del proyecto independentista.

Desde el punto de vista de los indepes es claro que no y para eso precisamente están preparándose, para no morir. Desde una perspectiva desapasionada, uno diría que la posibilidad de la muerte no es descartable en el humano quehacer. Pero añadiría que, de morir, estos morirán matando.

Reír o llorar

"Mejor reír", dice el muy escarmentado pueblo que ya no inventa chistes porque la realidad los supera. ¿Qué decíamos el otro día, cuando El País descubría que los indepes son bolivarianos? Nos hacíamos lenguas de la capacidad proteica de estos de JxS y sus votantes capaces de pasar de nazis a bolivarianos de la noche a la mañana. Y nos preguntábamos cuánto tardaría alguien en sacar a ETA. Bueno, pues ya está: nazisetarrasbolivarianos. Y ahí se acaba la risa.

Y comienza el llanto.

El llanto al que lleva la propuesta de que el procés es el proyecto de ETA. Llanto por la deriva implícita de este pensamiento. Descartada la identidad material del procés y el proyecto etarra que (quiero suponer) no se le ocurre ni a Mayor Oreja, queda el innuendo de la frase: el objetivo final de los dos es el mismo: romper España. Bueno, ¿y qué? Si España es un Estado de derecho, el proyecto de romperla es tan legítimo como el de soldarla más. ¿O lo que se insinúa es que, al ser el objetivo el mismo, también lo son los medios? Parece que sí, que se trata de equiparar la acción legítima de las instituciones catalanas así como las movilizaciones populares a la actividad criminal de un grupo de matarifes. 

La finalidad es criminalizar el objetivo, incluso el mero hecho de su manifestación pública. Ser, no ya actuar, sino ser y manifestarse independentista estará penado. Habremos vuelto a los delitos de opinión, propios de aquella dictadura que a Mayor Oreja le parecía una época de placidez beatífica o algo así.

Esas declaraciones encienden más los ánimos golpistas y deben ser refutadas por la Generalitat y claramente desautorizadas por el gobierno.

¿Entiende ya la izquierda por qué es urgente una moción de censura para cambiar el gobierno o hay que dar más explicaciones?

El frente patriótico español

Mi artículo de elMón.cat de hoy. Habitualmente dedico esta entradilla a explicarlo un poco. Hoy no hace falta. Todos los partidos españoles están contra el referéndum catalán. El PP, montado en el caballo de Santiago y cierra España; el PSOE, en el asno de Buridán; Podemos en el hipogrifo de Ariosto; y C's en la cucaracha de Kafka. Este referéndum ha puesto a cada cual en su sitio y ya solo queda por ver qué decisión toma la Ejecutiva del PSOE pasado mañana. Quiere hacer una propuesta "política" de negociación, lo cual es un avance muy positivo en un Estado, el español, en el que los problemas nunca se encaran, no se entienden y jamás se resuelven. Ojalá le salga algo de provecho, pero no veo grandes posibilidades si no se acepta un referéndum pactado. 

En todo caso y antes de nada, la primera obligación  de la izquierda, de toda la izquierda, es poner fin a este gobierno corrupto, de ladrones y expoliadores, antes de que termine de arruinar y destrozar el país y antes de que provoque un incendio social en Cataluña, que es lo que intenta para tapar su incompetencia.

Para ello se necesita una moción de censura que podría presentarse ya, el sábado mismo, si el "nuevo PSOE" tiene el sentido común, la inteligencia y las agallas de plantear un referéndum pactado. A partir de ahí, un gobierno de izquierda con Sánchez de presidente, dedicado a gestionar el resultado del referéndum, a revertir todo el destrozo hecho por el PP, a emplear la justicia contra un partido de presuntos delincuentes y a regenerar España.

Para eso hace falta tener las ideas claras, ser sincero, demócrata y tener valor.

Aquí la versión en castellano

El frente unido español contra el referéndum

                                                                                                                                             

A medida que se acerca la fecha del referéndum sin que el bloque independentista muestre señales de vacilación (aunque la prensa cavernaria de Madrid se las invente) cunde el pánico en las filas del nacionalismo español. Como siempre, ha sido incapaz de gestionar el conflicto con un mínimo de racionalidad y ahora, cuando ya no hay tiempo, forma un frente común contra el independentismo, olvidando sus aparentes discrepancias.

El PP esgrime la sagrada unidad de la patria que Franco agonizante encomendó a Juan Carlos, aunque ahora se disfraza de unidad “democrática” de soberanía, de “igualdad” (las comillas indican mentiras) de todos los españoles y de vigencia de una Constitución que el propio PP rechazaba en un principio. Para garantizarla está dispuesto a emplear todos los medios, incluso los presuntamente delictivos, como ya ha demostrado.

El PSOE, tratando de diferenciarse de la derecha neofranquista, después de años de haberle hecho el juego, persigue el mismo fin, pero acude a procedimientos menos agresivos, más dialogantes y con mayor voluntad de reforma. No obstante, tiene la misma línea roja del “no” al referéndum y, por lo tanto, no solo llega tarde si no amplía la oferta, sino que su papel de furgón de cola de la derecha será aun más lamentable.

El discurso de Podemos es el habitual galimatías en este mosaico de personalismos enfermizamente mediáticos, pero el resumen final es el mismo que el del PP y el PSOE: “no” al referéndum de autodeterminación catalán porque no tiene garantías, no es legal, no es seguro y, sobre todo, no lo controlan ellos.

C’s está apuntado al “no” desde el mismo origen porque, a pesar de sus aires de brokers estilo Wall Street, su idea de España es la de los triunfadores del 39.

El desconcierto y la agitada controversia son prueba palmaria del susto compartido de la insolente derecha nacional-católica y la izquierda sumisa ante la probabilidad de quedarse sin el país que su mutua incompetencia ha destruido. Puro miedo.

Detrás de las amenazas, las ironías, los engolados pareceres de eruditos a la violeta y los negros vaticinios de augures vestidos de expertos no hay más que miedo. Miedo a que, si se hace el referéndum, lo pierdan y, con él, pierdan el país que llevan parasitando cientos de años a base de oprimir a sus gentes.

El “nuevo PSOE” dice buscar una solución (próxima Ejecutiva el viernes) pactada, negociada, ante la irresponsable inoperancia de la derecha. Algo es algo. Pero, por lo que se perfila, es poco y tardío. La clave para resolver la cuestión es el referéndum pactado. Y es la clave porque, sin él, no habrá moción de censura ganadora y el PSOE no podrá desalojar al PP del gobierno, cosa que podría hacer el 1º de septiembre, con los votos favorables de JxS.

Pero el “no” socialista y el otro “no” nacional-español de Podemos, no solo prueba su miedo y su insinceridad, sino que los hace cómplices de la política represiva que aplica la derecha. Y en esa política represiva hay un nuevo avance especialmente abusivo y repugnante: el intento de ir contra funcionarios y políticos de la Generalitat, atacándolos en su patrimonio. Sin duda, muy coherente con el espíritu de esta derecha franquista que ya aplicó Cifuentes en Madrid y laos dos mendas que dominaron el ministerio del Interior con su Ley Mordaza, un intento de volver al “orden público” de la dictadura arruinando a la gente.

Es literalmente repugnante que el gobierno y partido que más han robado en la historia de España, más caudales públicos han malversado, más han estafado y expoliado el erario, incrementen su política represiva por la vía pecuniaria. Lo hacen atentando contra el patrimonio de los políticos y los funcionarios como antes contra los ciudadanos como una posible forma de reponer los caudales que llevan años robando y malversando en viajes, francachelas, putas, drogas, confetti, cuentas en Suiza y Panamá, sobresueldos, financiación ilegal, sobrecostes, mordidas, cohechos, extorsiones, estafas, obras faraónicas inútiles para beneficio propio y de amigos, sobornos a periodistas mercenarios y expolios con las privatizaciones.

Pero, sobre todo, es una decisión tan odiosa y miserable (propia de quienes proceden de esa manera en todo lo demás) que, de llevarse a cabo, puede provocar un estallido social en Cataluña, harta ya del saqueo, como debiera estarlo el resto de España si tuviera algo de coraje.

Para evitar esa vergüenza de unos mangantes robando el patrimonio personal de los representantes democráticos y los funcionarios, la izquierda, y especialmente el PSOE, solo tiene una salida: pactar un referéndum en Cataluña y presentar una moción de censura que desplace a esta banda de ladrones del poder político (y, por tanto, también del judicial a sus órdenes) antes de que sea demasiado tarde.

Hasta dónde llega el efecto Sánchez

La victoria de Sánchez en las primarias, que Público califica de "quijotesca", no sé si con mucho acierto, ha puesto al PSOE en la órbita de los ganadores. Come el terreno a un PP que está hecho unos zorros y hunde en la miseria a Unidos Podemos (UP).

La explicación de este cambio de las opciones en la izquierda es relativamente sencillo sumando la gestión del triunfo de Sánchez con los sucesivos descalabros de UP. La imagen que se trasmite -y es muy poderosa- habla de un PSOE como partido de gobierno y una UP que pierde crédito a chorros por un conjunto bastante complicado de factores: entran formas, estilos y modos, oratoria radical, conflictos internos de todo tipo, personalismos, confusión ideológica, etc. Sobre todo, lo mas dañino es la continua ambigüedad en las relaciones con el PSOE, al que se quiere apoyar o destruir, según sean días fastos o nefastos. 

La queja de Podemos suele ser que el "nuevo PSOE" dice ser de izquierda pero hace políticas de derecha. Esgrimen casos concretos: no se pide la dimisión de Rajoy y de la moción de censura se habla como de la Atlántida; se complota con el PP y C's el cierre de la comisión de investigación sobre las tropelías del ministerio del Interior. Todo eso es cierto, sumamente criticable y el PSOE hará bien en reconsiderarlo. No obstante no debiera ser difícil a los de UP entender que, si quieren aliarse con otro partido es porque es otro. Si fuera idéntico a él en todas sus políticas, ¿para qué la alianza?

Entre tanto, la gestión de la victoria en las primarias está siendo muy eficaz. El mensaje que se envía a la ciudadanía es que se trata de un partido cohesionado con sus bases, provisto de buenos equipos, con ideas y capacidad para implementarlas. La movilización de la militancia ha sido arrolladora para legitimar a la nueva dirección socialista. Y la pieza culmina con ese nombramiento a la vicepresidencia de la Internacional, que trae el espaldarazo foráneo de gente de peso. 

Todo esto, en el fondo, son los preparativos para una moción de censura porque a lo que apunta es a la consagración del candidato de esta que, de momento, es extraparlamentario. 

El espíritu de la acción política socialista está basado en un criterio decisionista: el que no osa, no logra nada. Con ese ánimo, el PSOE convoca su ejecutiva el viernes para debatir y hacer propuestas a la parte catalana para evitar la confrontación del 1/10. Alguien se atreve a poner orden en el casino, vista la inoperancia de la dirección. Invocan los dignatarios la urgencia del momento y la angustiosa escasez de tiempo disponible. Cosa tanto más evidente cuanto que el plazo final no tiene por qué ser el 1/10. Puede ser en cualquier momento anterior en que se produzca un choque de consecuencias irreversibles.

Así que, en efecto, máxima urgencia. Y es de agradecer al PSOE que hable teniendo en cuenta la realidad, como la gente de la calle, y no como los políticos. La objeción de que el Estado no puede aceptar plazos impuestos ilegalmente es otra forma de decir que se busca la confrontación.

Carece de utilidad reprochar aquí a los políticos españoles una irresponsabilidad monstruosa en la ignorancia del llamado "desafío independentista" hasta llevarlo a la situación actual en que se pretende resolver un conflicto de muy hondas raíces y muy inflamado presente con un toque de zafarrancho de combate.

Y eso los que parecen tomárselo en serio porque los otros siguen instalados en la política del garrote. 

La cuestión, sin embargo, es no ya que el plazo sea corto, sino que haya plazo. El PSOE no está en el gobierno. Faltan años, cuando menos meses, para que lo esté y sus propuestas, siendo bien intencionadas, se quedan muy cortas. Sobre todo porque a la negativa al punto 46 (referéndum) añade el rechazo al pacto fiscal, aunque este quizá pueda entenderse como un recurso para un gambito posterior.

La cuestión, por tanto, es si el bloque independentista acepta renunciar al referéndum. Y parece que no. Siendo así, la oferta del PSOE fracasará.

La realización de un referéndum pactado no es una posibilidad descabellada. La solicita muchísima gente, millones, no solo en Cataluña. La propone UP. Se ha experimentado con éxito en otros lugares. En el caso de que el PSOE aceptara el referéndum pactado (y, con él, la posibilidad de negociar la pregunta), tendría los votos del bloque independentista que le hacen falta para ganar su moción de censura, que convertiría a Sánchez en presidente de un gobierno con una complicadísima tarea: gestionar el resultado de ese referéndum, sea el que sea. La única solución civilizada y razonable de zanjar el pleito sin ocasionar mayores e imprevisibles destrozos.

El problema, por tanto, no está en el bloque independentista, sino en el PSOE que, llegando aquí, no osa.

Razones y sinrazones del referéndum

El foro se caldea. Según se acerca el día D, 1/10, todo el mundo se apresura a fijar su posición, incluso de forma tal que nadie la entienda. Los Comunes participarán en la consulta, pero no harán campaña por la participación. Pues, o bien las autoridades participan a título personal, como cuando Kichi va en procesión vestido de nazareno, o se trata de unos gobernantes legales que acuerdan una actividad clandestina. Los de Podem quieren participar a bandera desplegada y llamando a las multitudes, pero no dan un ardite por aquello en lo que participan. 

Hay también personalidades públicas que se sienten obligadas a manifestar su posición. Recientemente, dos afamados periodistas, Xavier Sardà, que votará "no" y Jordi Évole, que se muestra dubitativo sobre el referéndum mismo. Hay una gran inquietud y se trata de entender ahora, deprisa y corriendo, algo que se ignoró durante años. Con ánimo de contribuir al debate me he permitido realizar un digesto de las razones contra el referéndum, con una apostilla en contra de la contra. O sea, a favor por defecto. 

Los adversarios del referéndum invocan razones

Históricas. Cataluña no ha sido nunca independiente y argumentaciones colaterales sobre la Corona de Aragón, la antigüedad de las instituciones, etc. En definitiva el peso de la tradición.- Apostilla.-La historia no prejuzga nada. La tradición no existiría si no se rompiera jamás.

Legales. El referéndum es ilegal. La legalidad es la base de la democracia. Fuera de la legalidad solo hay tiranía. La Ley debe respetarse, puesto que está por encima de todo, aunque no del rey. Y es obligación del gobierno imponer su cumplimiento porque, de no hacerlo, el ilegal sería él. La ley prohíbe ese referéndum. No es una cuestión política, sino jurídica y por eso entienden de ella los tribunales.-Apostilla.- La legalidad es el producto de una voluntad política acordada en el Parlamento, que es el que hace y deshace la norma legal. La Ley puede cambiarse, no es inmutable y eterna. Para eso está la democracia parlamentaria, para que la mayoría parlamentaria haga y deshaga la ley, como ha venido haciendo la del PP sin límite alguno para imponer sus caprichos y privilegios, cuando directamente sus delitos. El referéndum es ilegal por la voluntad política de la mayoría parlamentaria, que bien podría cambiar, como lo ha hecho en otros asuntos de menor momento.

Constitucionales. El referéndum es inconstitucional. Apostilla.- Falso. No está prohibido y se puede admitir mediante una interpretación adecuada. Por lo demás, la Constitución también es reformable. Basta con querer hacerlo, como sucedidó con el 135.

De soberanía. La soberanía reside en la totalidad del pueblo español y solo esa totalidad puede pronunciarse en un referéndum de esta naturaleza. La soberanía del pueblo español es indivisible, como indivisible es el Estado en el que se encarna.- Apostilla.- Siendo el Parlamento el depositario de la soberanía por representar al pueblo, una decisión permitiendo el referéndum es como si el pueblo soberano autorizase a uno de sus elementos componentes a decidir por su cuenta si quiere seguir en el común o no. Aquí el argumento se va a lo ideológico, incluso metafísico e inoperante para ambas partes.

Internacionales. El referéndum de autodeterminación no tiene cobertura legal internacional porque lo que los distintos instrumentos que España tiene firmados dicen es que se reconoce para los pueblos en situación colonial. Apostilla.- Al margen de que la cuestión colonial tiene un borde subjetivo incómodo, este argumento ha sido invalidado de hecho por los referéndums de Quebec y Escocia y, hasta cierto punto, por el del Reino Unido con el Brexit.

Económicas. Estas se formulan como profecías, no sobre el referéndum, sino sobre sus catastróficas consecuencias para Cataluña. Se acumulan datos y gráficos y magnitudes que auguran empobrecimiento, crisis, ruina; y otros que, al contrario, vaticinan prosperidad inusitada.  Apostilla.- El debate es tan ideológico como los otros, aunque se vista de estadísticas. Los economistas que las essgrimen con vehemencia, defienden en realidad sus previas posiciones políticas. Pero, además, es irrelevante. El referéndum (y la independencia, si gana el "sí") no es un cálculo mercantil, sino un derecho que incorpora el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos, aunque sea mal.

Comunitarias. Otro argumento sobre las consecuencia. Los espacios siderales (habitualmente vacíos) esperan a estos indepes catalanes. Y fuera de la UE y de la Eurozona, como de la Iglesia, nulla salus. Apostilla.- Eso está por ver, pues la situación no tiene precedentes y la UE está llena de gente pragmática, dispuesta a hacer algo constructivo con una situación sobrevenida y no a secundar los vetos del gobierno español de turno..

Iquierdistas. Es argumento que suelen emplear las izquierdas españolas de buena fe: la independencia de Cataluña es un acto de insolidaridad con el resto de España, la independencia de los ricos y los egoístas, la Padania española. Una codicia que ignora cómo la prosperidad de Cataluña viene del esfuerzo (en muchos sentidos) de los demás pueblos, que olvida la deuda que Cataluña tiene con el resto de España. Apostilla.- Aquí sí viene bien un poco de historia social y económica para ver que los procesos sociales, económicos, industriales, etc., han sido muy distintos y explican el presente. Pero no hay deuda alguna, ni el argumento izquierdista que la invoca tiene fuerza. Más con algún hecho: tras 40 años de gobierno socialista en Andalucía, la comunidad será región, nacionalidad, nación o lo que quiera, pero lo cierto es que, junto a Extremadura, constituye el Mezzogiorno español.

De la cortina de humo. El independentismo es una hoja de parra (eso sí, cuatribarrada), una cortina (estelada) de humo para tapar las vergüenzas del clan Pujol, el 3%, la corrupción de la vieja CiU, convertida en CDC y reconvertida en PDeCat. La burguesía catalana con sus negocios. Una huida hacia delante de un clan desesperado en torno a Puigdemont que teme ser fulminado por ERC en unas próximas elecciones. Apostilla.- Es el argumento típico de la derecha española que, a día de hoy, cubre todo el arco parlamentario, del PP a Podemos, aunque con el PSOE algo más ponderado y menos infantil. En todo caso, no merece la pena contestar a quien reduce el deseo de referéndum del 80% de los catalanes y el de independencia de unos dos millones a una cuestión de tapar corruptelas de un partido que, además, ha desaparecido ya dos veces.

No sé si esto sirve de mucho cuando los argumentos se afilan con la piedra del interés. Pero lo intenta.

Dicho lo cual, un acorde sentimental: lo que se debate hoy en España, una vez más, es lo que esta encuentra más apasionante: ella misma.

La seguridad funcional

Por fin aparece la bicha. Nadie quería nombrarla pero, al negar el PSOE la vía del 155, la norma siguiente, que aguardaba su turno agazapada, es la Ley de Seguridad Nacional del 28 de septiembre de 2015 (LSN). Durante la Xª Legislatura de mayoría absoluta del PP, el PSOE, bajo dirección de Rubalcaba, desapareció como oposición (cuando más falta hacía) y solo se materializó para acordar con el gobierno los pomposamente llamados "asuntos de Estado", el más típico de estos, la seguridad nacional. La norma se aprobó finalmente siendo ya SG Sánchez, en su primera vida. Eran otros tiempos que quizá no estuvieran para cuestionar herencias envenenadas. Pero ahora lo están. 

No es cosa de analizar la dicha ley. Palinuro le dedicó un par de entradas: El movimiento nacional (16 de enero de 2015) y Cuidadito con moverse (17 de julio de 2015), porque la norma se las trae. Basta con concluir que es una especie de ilusión de retorno instantáneo a una concepción jacobina, centralista de la política nacional siempre que se invoque su imprecisa seguridad.

Ya en la tramitación parlamentaria, Tardà pidió incluir una disposición que salvaguardara los parlamentos autonómicos de las provisiones de la ley. No se aceptó. Se aseguró, sin embargo, que la LSN se concebía, a imagen y copia de la de los EEUU, en referencia a peligros y amenazas procedentes del exterior. La propia LSN determina que sus objetos (entre otros) serán "la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente." Aparentemente muy concreto pero, en el fondo, muy impreciso. Por eso se insistió en que en ningún caso estaba pensada en contra de las CCAA y mucho menos de Cataluña; por favor.

La primera vez que se invoca es contra el independentismo catalán.

Ahora en serio. Esa ley es un puro disparate. Quiere situarse entre el art. 155 y la legislación de excepción, a modo de cortafuego y lo único que hace es fundirlas en una sola. Respecto al art. 155 precisa la forma y alcance de las órdenes del gobierno central a la CA díscola. Y lo hace de modo que mete miedo: en caso de lo que la LSN llama "gestión de crisis", los competentes en materia de seguridad nacional son todos los órganos del Estado central (incluidos los delegados del gobierno) pero no las CCAA. Se deposita toda la autoridad en el presidente del gobierno, que preside el Consejo de Seguridad Nacional. El presidente puede nombrar una autoridad funcional en una CA, por ejemplo, que sustituirá a cualesquiera otras. Estaremos de acuerdo en que "autoridad funcional" es un término menos rudo que "virrey", "comendador", "preboste", "procónsul" o "prefecto".

Respecto a la legislación de excepción, la propia LSN reconoce que los trabajos de su órgano especial, el Consejo de Seguridad Nacional, servirán de fundamento para la aplicación de la legislación de excepción. Es decir, la LSN es un estadio anterior a alguno de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Es o no un disparate?

Sin duda, el recurso a esa LSN que jamás se emplearía contra Cataluña pretende conseguir la eficacia represiva de la legislación de excepción, pero de tapadillo, de civil, por así decirlo. Sobre todo a los efectos de no dar pretexto a los simpatizantes extranjeros con el independentismo catalán para hacer una campaña de las que Franco llamaba "antiespañolas". Pero eso es harto improbable. La LSN mueve demasiada artillería, va a hacer más destrozo del previsto y provocar una intensificación de la reacción nacionalista, no solo de los indepes.

Y es que a ver cómo se explica a la comunidad internacional que, mientras se decide si se inhabilita o encarcela o destierra al gobierno de la Generalitat, su poderes serán ejercidos por una autoridad funcional.

Y, sobre todo, cómo se explica a la dicha comunidad que el intento de que los catalanes ejerzan el derecho del voto (como reclama un 75% de ellos), atenta contra "los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, (o) el suministro de los servicios y recursos esenciales" que la ley dice proteger.

El desconcierto

Menos mal que esto del referéndum catalán (el llamado desafío independentista de la prensa, dada a titulares fuertes) era un asunto que no interesaba a nadie y del que nadie se preocupaba, salvo dos o tres agoreros; menos mal que era la periódica pataleta victimista de los catalanes, siempre tratando de rebañar para casa; que era un asunto de cuatro corruptos del clan Pujol para tapar sus vergüenzas; una pelea interna entre los partidos nacionalistas por la hegemonía; una especie de chantaje de las elites nacionalistas; algo de iluminados y minorías radicales que se disolvería en el seny. Menos mal que no iba a ninguna parte, estaba condenado al fracaso y no merecía la atención de las personas sensatas.

Sí, menos mal, porque si llega a estar presente y hacerse ver en la vida pública española la monopolizaría al extremo de que no se hablaría de otra cosa. 

En realidad, más o menos, así ha acabado sucediendo. El desafío ha trastornado el conjunto del sistema político, tiene al gobierno paralizado y a los partidos, singularmente los de la izquierda, sumidos en el desconcierto y en crisis. La fractura que hay en Podemos entre el partido español y su pseudópodo catalán, Podem, es una manifestación más de cómo el referéndum divide a la izquierda española, entendiendo por tal también el conglomerado de los comuns.

Por el momento y a reserva de que la nueva mediación de Sánchez dé algún resultado tangible, tenemos un gobierno inmóvil, comprometido a evitar la celebración del referéndum, pero sin explicar qué medidas tomará y con qué medios. Frente a él una Generalitat, tozudamente alzada, dispuesta a realizar el referéndum el 1º de octubre, a darle carácter vinculante y actuar en consecuencia.

Con el "no" descontado del gobierno y a reserva, insisto, de que la intervención de Sánchez dé algún resultado, son dos las posibilidades: a) el referéndum no se celebra porque el gobierno central lo impide por la fuerza; b) el referéndum se celebra en condiciones similares a las del 9N y el gobierno se apresura a declarar que el resultado carece de eficacia jurídica.

En cualquiera de los dos casos, las consecuencias van a agravar y prolongar el conflicto. Este es el principal motivo por el que lo más razonable es permitir y organizar la celebración de ese referéndum. Porque no hay otra propuesta mejor. 

Contra reloj

Renqueante, la máquina del Estado se pone en marcha, no por mano del gobierno, cual sería lo esperable, sino de la oposición. Lo llaman "oposición de Estado" y está muy bien traído porque marca las distancias con el autoritarismo del gobierno.

Distancias siderales cuando habla la ministra de Defensa, recordando que las Fuerzas Armadas están para defender la integridad territorial y la soberanía. Sí, así es, pero no para decidir por su cuenta una intervención en ese sentido, ni siquiera bajo el mando de su capitán general, el Rey. Eso lo decide el gobierno, el gobierno al que ella pertenece. Su recordatorio es, por tanto, una amenaza. No una amenaza del gobierno como tal sino de una ministra especialmente belicosa y muy poco apropiada para el puesto que ocupa.

Así que rechazar expresamente la aplicación del artículo 155 implica oponerse con rotundidad a las amenazas de empleo de la fuerza militar. Bajen a esta señora del caballo de Espartero. Está en pleno delirio. ¿O imagina alguien a los turistas en Barcelona haciéndose selfies con el fondo de los carros de combate de alguna brigada mecanizada? 

Pero este mismo incidente muestra que la situación es muy complicada. Sánchez insta al gobierno a que gobierne, cosa que, por extraño que parezca, en España es toda una osadía. Propone a Rajoy hablar con Puigdemont y él mismo se declara dispuesto a hacerlo. Y por qué no los tres a la vez. Y cuatro con Iglesias y hasta cinco con Rivera y quien más quiera dialogar. Y ya hay una especie de mesa de diálogo y negociación que parece ser la razonable propuesta de Sánchez. Sin exclusiones.

Otro punto es la celeridad. Actuar antes de la confrontación, lo cual solo es útil si se presenta una propuesta aceptable para el bloque independentista, consistente en un tiempo muerto, un standby, una parada de reloj o calendario, como hacen a veces los diplomáticos, para tratar de encontrar una solución que satisficiera a todos, en el entendimiento de que, tanto si se consigue como si no, habrá referéndum en Cataluña. 

La opción es la más razonable y propicia para el nacionalismo español de izquierda. Otra cosa es respecto al independentismo donde, de aceptarse, se vería como la vieja táctica del divide et impera, pues habrá un sector independentista que insista en no entrar en acuerdo alguno con el Estado, ni siquiera el carácter pactado del referéndum. Pero la división se daría y plantearía un serio debate en el independentismo, cuyo resultado no me atrevo a prejuzgar.

La cuestión, como siempre, es qué haría la derecha y si volvería a echarse al monte. De momento ya ha demostrado en las legislaturas de Rajoy que respeto por las instituciones, ninguno.

Auto de terminación

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat que no puede llamarse "Auto de terminació" porque el catalán no admite ese juego de palabras, como sí lo permite el castellano.

La idea es clara y no requiere mayor comentario: la Ley de Autodeterminación de Cataluña es, en realidad, un auto de terminación de este conflicto que nunca debió haberse producido.

A continuación, la versión castellana:

Auto de terminación.

El proyecto de ley presentado por el Govern en el Parlamento y explicado luego por el presidente Puigdemont es un paso decisivo en el proceso catalán. Será aprobado en agosto y vendrá acompañado de una ley de transitoriedad que, paradójicamente, vendrá a poner fin a una situación transitoria que ya se prolonga demasiado tiempo.

Demasiado tiempo hablando del “derecho a decidir”, eufemismo para no herir susceptibilidades unionistas (siempre a flor de piel) para acabar por donde habría que haber empezado: proclamando el derecho de autodeterminación de los catalanes, como nación que son. Y eso, diga lo que diga el Tribunal Constitucional español (TCE), que no es tribunal ni constitucional sino solo un órgano político y represivo más del Estado y cuya competencia para determinar si una colectividad es una nación o no es inexistente.

El proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña, en realidad, incorpora una especie de auto de terminación porque viene a poner fin a un conflicto cuyos rasgos pueden resumirse en tres momentos: a) el pasado, desde los orígenes hasta la inepta sentencia del TCE de 2010; b) el presente, el auge del independentismo en el último decenio provocado por la creciente convicción de que no hay posible encaje de Cataluña en el Estado, salvo que acepte su desaparición como nación; c) el futuro, cuando los catalanes, habiendo tomado la iniciativa, deciden constituirse como Estado, ignorando los obstáculos que opone el español, deslegitimado, corrupto, autoritario, fracasado e incapaz de encontrar una solución democrática y satisfactoria al conflicto.

Por eso, el proyecto de Ley de Autodeterminación es, además, un auto de terminación de una situación absurda e insostenible. Un gobierno y un partido corruptos, infestados de ladrones, reaccionarios, clasistas y meapilas, capitaneados por el responsable político (y, en buena medida también penal) del desaguisado carece de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de la ley que ellos mismos violan cuando les interesa. Un gobierno y un partido que han arruinado el país, esquilmando a los pensionistas en favor de los banqueros, pretenden ahora que los catalanes acepten resignadamente el saqueo de que son objeto, renuncien a sus derechos y se sometan a la tutela de una clase política española neofranquista, tan estúpida y centralista como inmoral.

Para ello cuenta con la ayuda del principal partido de la oposición, el PSOE, cuyo nacionalismo español es tan de cuarto de banderas y tan ignorantemente imperial como el de las derechas. Sánchez, la fracasada esperanza de un punto de vista nuevo en este conflicto, sale de su entrevista-pleitesía con el Borbón diciendo que lo nota “muy preocupado con Cataluña”. Va a resultar que el que parecía tonto lo es mucho menos que sus cortesanos. ¿O es que a Sánchez no le preocupa Cataluña y cree que Felipe VI exagera?

Por si acaso, la ministra Secretaria General del Movimiento pepero traduce a términos castrenses las sordas amenazas a los catalanes que soltó el otro día el Borbón, tras reconocer que el régimen al que él debe el trono era una dictadura. Una dictadura sobre la que, según sus propias palabras, no podía construirse porvenir alguno de España, por ejemplo, su trono, sostenido sobre más de cien mil fosas anónimas con otros tantos asesinados por el dictador que nombró rey a su padre, como podía haberlo nombrado chambelán de retretes. Recuerda la ministra Cospedal lo innecesario: que la última ratio de esta banda de presuntos delincuentes que ha destrozado España es el ejército, un ejército que lleva trescientos años sin ganar una guerra internacional y las únicas que ha ganado han sido civiles, contra su propio pueblo y si no estaba bien armado.

Tal es la legitimidad y autoridad de la monarquía española sostenida por una oligarquía tradicional nacionalcatólica y corrupta, con el apoyo de una izquierda sumisa, sin proyecto propio, asustada ante las sempiternas baladronadas de una derecha que monopoliza el nombre de un país que nunca tuvo clara su viabilidad pero al que ella, heredera de Franco y el propio Franco, han destruido para siempre.

Así que el proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña es, también, el auto de terminación de una nación que ya se ha convencido de que no tiene posibilidades dentro del Estado español.

Otro día hablaremos de las ridículas jeremiadas de la prensa madrileña sobre si el proyecto catalán tiene más o menos garantías, prevé unas u otras mayorías o minorías, porcentajes de participación, etc. Tuvieron todo el tiempo del mundo para negociar los términos de la consulta y, en su típica soberbia de señoritos se negaron a hacerlo. ¿De qué se quejan ahora?

Hoy, Palinuro en Jaén

En la UNED de Alcalá La Real, Jaén, han tenido el arrojo de organizar un curso sobre España a examen: retos del modelo territorial tras 40 años de democracia, al que han tenido a bien invitar a Palinuro. Por cierto, hay una errata en la convocatoria que no ha podido resolverse por lo que es menester avisar sobre ella: Palinuro no intervendrá a las 19:00 del día 5 de julio, sino a las 17:00. El orden de los dos primeros intervinientes está invertido.

El tema que los organizadores me han asignado es tan genérico que facilitaría despachar el asunto sin muchos miramientos. Pero no es ese el modo palinuresco, así que mi intención es partir de una precisión y llegar luego a una previsión. La precisión: el Estado de las Autonomías ya ha fracasado. Solo está esperando quién lo entierre. Vivimos ahora un presente difícil, de muchas propuestas y contrapropuestas. Tiene gracia, por ejemplo, Pedro Sánchez instando a Rajoy a que dé una solución política a la cuestión catalana cuando es obvio que el mancebo no tiene ni idea de lo que le hablan. Y también la tiene que el que interpela, el socialista, tampoco.

Ambos están aferrados al recurso a la legalidad, que no es si no una falacia porque el problema no es de legalidad, sino de legitimidad. Por eso, la previsión es que Cataluña será independiente ante la incapacidad del Estado español de impedirlo, tanto del gobierno como de la oposición.

Nos vemos en Alcalá la Real.

Los dos países

En España coexisten dos dinámicas políticas distintas con trayectorias independientes que, sin embargo, se interrelacionan, generalmente de modo hostil. De un lado, en el Estado, un gobierno en minoría, sumido en una corrupción estructural sin precedentes, que ha arruinado el país con una política agresiva hacia las clases populares y medias, grandes perjudicadas por una crisis que se ha gestionado en beneficio de los ricos, las empresas y los bancos. De otro, en Cataluña, un gobierno de la Generalitat comprometido con una hoja de ruta hacia la independencia mediando un referéndum que el del Estado y la oposición socialista y de C's tratan de impedir por considerarlo ilegal. Son dos realidades coetáneas que requieren tratamientos muy distintos.

La reciente elección de Sánchez permitió abrigar la esperanza de que se estableciera algún tipo de entendimiento y negociación entre ambos campos para evitar una confrontación. Pero la esperanza se desvanece por momentos. En su primera conversación a raíz de las primarias, Sánchez comunicó a Rajoy la coincidencia del PSOE con el PP en el rechazo al referéndum por ilegal. El PSOE se alinea con la política de confrontación del PP. 

En ese espíritu se producirá la entrevista de hoy del Secretario General del PSOE con el Rey (entrevista que consolida el carácter dinástico del PSOE y elimina la perspectiva republicana)  y la que mantendrá el próximo jueves en La Moncloa con Rajoy, el principal responsable de este desastre en el que no quiere quedarse nadie pues empuja a los jóvenes a la emigración y a los catalanes a la independencia.

Sánchez ha pasado de anunciar que pediría la dimisión de Rajoy en cuanto asumiera el cargo a apoyarlo en su faceta más belicosa y a coordinar su acción con él. En teoría, nada extraño. Algo dentro de las normas de cortesía de los países democráticos, aunque Rajoy solo tenga una noción aproximada de ellas, especialmente frente a Pedro Sánchez, a quien desaira siempre que puede.

Esa actividad en la política española contrasta con su ausencia en la específicamente catalana. Ni un gesto que apunte en la dirección del entendimiento y la busca de soluciones democráticas. Respaldo total al tosco, falaz y fariseo argumento del gobierno frente al referéndum de equiparar democracia y legalidad (lo cual es básicamente correcto) y emplear luego la legalidad como el requisito de toda acción política. El problema es que la legalidad en sí misma es una decisión política. La ley se aprueba o se deroga en el Parlamento, que es un órgano político que está para eso. El PP precisamente ha debido de batir la marca de leyes derogadas, modificadas o promulgadas. Que el referéndum sea legal o ilegal depende de una decisión política. En este caso la decisión política previa de que no haya referéndum en Cataluña. Caso de haberlo, se aplicará la ley en la modalidad represiva que el gobierno, este gobierno, considere proporcional.

La cuestión de con qué autoridad actúa el gobierno frente al independentismo catalán no se plantea. No la plantea ni el PSOE cuando lo apoya incondicionalmente. Pero que no se plantee no la hace evaporarse. Es una cuestión objetiva. ¿Con qué autoridad invocan el gobierno y el PSOE la legalidad siendo así que el primero se la ha saltado o la ha modificado a su antojo gracias a su pasada mayoría absoluta? Realmente, su posición es muy débil.

En cambio, tienen enfrente una iniciativa política clara, bien articulada y con un amplísimo apoyo social y movilización permanente transversal. Algo con lo que no habían contado y frente a lo que carecen de respuesta que no sea la represión. En este momento, el factor decisivo es la voluntad política de la Generalitat de realizar el referéndum y actuar en consecuencia. Y parece no ofrecer dudas. La Generalitat no se pliega. El hosco camino de la represión está lleno de imponderables y, por supuesto, podemos encontrarnos todo tipo de situaciones, incluida la inhabilitación del presidente Puigdemont y hasta su encarcelamiento si, como es muy probable, no acata la inhabilitación.

La pregunta es si el PSOE está dispuesto a ser causante de ese escenario en el que se multiplicarán las presiones de la comunidad internacional. Y teniendo en cuenta que, aunque se consiga restablecer ahora la legalidad represiva, ello solo apunta a un futuro de permanente ingobernabilidad mientras no haya una solución satisfactoria para las dos realidades, correspondientes en verdad a dos países.

Las mieles del triunfo

Desde el punto de vista humano, las primarias del PSOE componen un relato sentimental. Mientras la candidata derrotada, después de dos bufidos y un par de sofocones, se retiró a su tierra a luchar por su supervivencia, Sánchez, el brillante triunfador se pasea hoy de plató en plató. Atiende a las reiteradas solicitudes de unos medios que no más ayer no recordaban ni cómo se llama. Y no solo los platós. También ocupa toda la pantalla. Triunfaría aunque su campaña de imagen la llevara Diógenes el cínico. 

Las primarias ganadas por Sánchez han sido un aplastamiento a manos de un guerrero, convertido en desfacedor de entuertos con mucha presencia mediática (como dicen en el oficio, "las cámaras lo buscan") y un relato poderoso que hacía un llamamiento a valores muy arraigados entre la militancia del PSOE. Frente a eso, la campaña de Díaz disponía de unos recursos de imagen muy pobres y carecía de discurso. Su derrota se selló el día mismo que se organizó la felonía del 1º de octubre pero ni ella ni sus asesores lo sabían.

A esa legitimidad de origen quiere añadir Sánchez ahora la de ejercicio. Y, en efecto, a partir del apoyo popular que ha concitado y que rebosaba el estrictamente partidista, Sánchez ha resultado un líder en la línea de lo que los especialistas llaman un liderazgo fuerte y transformador. El aparato del partido, que amenazaba ser una fronda, está pacificado y el nuevo equipo dirigente tiene un margen considerable de acción aumentado por el hecho de que, al no estar su victoria prevista, nadie tenía respuestas preparadas para sus iniciativas. Pues no solo lo buscan los medios sino también los otros partidos y tanto lo benefician las solicitudes de Podemos y C's como los bufidos del gobierno y su partido, que dicen no fiarse de él cuando los necesitados de un voto de confianza son ellos.

La iniciativas petrinas han consistido en lo esencial en abrir conversaciones en todos los horizontes en busca de una mayoría alternativa a la del PP, con todos sus recovecos y dificultades. En la medida en que en esas conversaciones incluyen a Podemos, ha comenzado a funcionar un efecto sifón previsible de votantes de estos de regreso a la casa del padre del PSOE. Ello plantea un curioso problema de competitividad entre ambos partidos que ya se verá cómo se resuelve pues hay varias posibilidades abiertas.

Pero los contactos intraizquierdistas solos no garantizan el gobierno, de forma que el PSOE tiene dos líneas de acción para conseguirlo completando esa posible alianza con C´s o con los indepes catalanes. La primera es impensable, según parece por la radical oposición de Podemos; la segunda por la parcial oposición del propio PSOE. 

El problema real es este, el de las necesarios votos de los indepes porque, a su vez, el problema real general de España es el independentismo catalán y el concreto, el referéndum. La cuestión de la llamada "ilegalidad" del referéndum es un pretexto insostenible porque la legalidad o ilegalidad de los actos es una cuestión política, una cuestión de voluntad política del órgano depositario de la soberanía que es el Parlamento como legislador, competente por tanto para convertir lo legal en ilegal y viceversa. 

Dicho lo cual, es incomprensible cómo el PSOE no ve que la opción del referéndum pactado desbloquea la situación política y está en línea con lo que la opinión pública internacional espera en España. Es también incomprensible porque un fracaso del PSOE en esta cuestión, la más importante hoy en el país, convertirá las mieles del triunfo en las hieles de la derrota.

Cataluña en el mundo

Es célebre la cita de Voltaire : "Cataluña puede prescindir del universo entero, pero sus vecinos no pueden prescindir de Cataluña" (La Catalogne, enfin, peut se passer de l'univers entier, et ses voisins ne peuvent se passer d'elle.). Cuando la leí hace años en El siglo de Luis XIV, decidí averiguar para hacerme un juicio, conocer a fondo la realidad catalana. Y, tras algunos otros años, he llegado a la conclusión de que la primera parte del apotegma es falsa. Cataluña no puede prescindir del universo entero ya que ella misma es, en gran parte, un cruce de factores procedentes de todos los puntos cardinales y continúa siéndolo. Es el territorio más políglota del Estado, con mucho. Cierto, sin embargo que esa propuesta es, en el fondo, una hipérbole destinada a preparar la segunda que, en cambio, es absolutamente cierta: sus vecinos no pueden prescindir de Cataluña y, muy especialmente, sus vecinos españoles o de los otros països catalans. El caso de Francia es distinto, aunque también rasca. Y el del resto del Mediterráneo, lugar que durante siglos estuvo regido por el primer código marítimo internacional, el Libro del Consulado del Mar, de origen valenciano pero que codificaba usos y prácticas principalmente catalanas así como de otras procedencias.

Los vecinos no pueden prescindir de Cataluña. Sin embargo, es pasmoso cómo el nacionalismo español, el Estado, el gobierno, gran parte de la oposición y amplísimos sectores de la opinión pública, más o menos manipulada por unos medios que parecen cuartos... de banderas, se obstinan en ignorar la gravedad de la cuestión catalana cuando no en negarla de plano como se niega la existencia del hipogrifo.

Esta semana ha venido cuajada de sombrías noticias para el Estado en el contencioso con el independentismo. Primero fue el editorial del New York Times sobre el referéndum y el interés de España. Un día más tarde, un abrumador reportaje del Financial Times sobre el mismo asunto, en los mismos términos, aunque más alarmado y alarmista. Por último, un informe de la conservadora Fundación Konrad Adenauer (CDU), avisando de que el gobierno tendrá que resolver el problema al margen de la Constitución. Es difícil decir -como se ha dicho del edito del NYT- que la Generalitat ha untado al Financial Times (que no es La Razón, precisamente, cuyo director parece dormir ya tras las rejas) o a la Fundación Konrad Adenauer. Y esos son puntales conservadores, de influencia mundial. Si hablamos de lo que piensan partidos e instituciones progresistas en Europa y occidente en general, no pararíamos.

¿Se ve cómo Cataluña no puede prescindir del universo entero? Al contrario, su defensa está en la atención que este le presta. De no ser así, la situación no sería la que es.

Y ¿qué hace el nacionalismo español ante esta presión internacional que no solamente no puede descalificarse como una locura de un 3% pujoliano sino que irá en aumento en los próximos tiempos? La derecha política, mediática, empresarial, clerical, militar y bancaria, o sea, la oligarquía nacional católica con el Rey a la cabeza no va a hacer nada, en espera de que la situación se haga insostenible y pueda así fabricarse un pretexto para justificar la represión y, acaso, la intervención del Estado en Cataluña.

¿Y la izquierda? Podemos, en principio, apoya la realización de un referéndum pactado, lo que básicamente coincide con lo que la famosa comunidad internacional recomienda. Que, además, apoye también la realización de un referéndum unilateral es más problemático. Parte lo hace y parte, no.

Pero la cuestión está en la otra parte de la izquierda, el PSOE. Hasta la fecha, Sánchez viene lanzando bravatas sobre la unidad de España (dentro de su maravillosa diversidad de "hombres y tierras") y la cerrada oposición de su partido a todo referéndum ilegal. Es un "no" lanzado al independentismo catalán y a medio mundo; un "no" que unce al PSOE al desvencijado carro de guerra de la derecha, que lo convierte en edecán del PP; un "no" tan ayuno de iniciativas constructivas y propuestas que resulta irritante, a la par que absurdo.

Que la derecha ignore la intensidad de la reacción internacional si se da algún tipo de intervención por la fuerza en Cataluña está dentro de su naturaleza belicosa y agresiva. Que lo haga la izquierda no es de recibo. Que la izquierda se niegue a reconocer, no ya el derecho de los catalanes a tener los mismos derechos que ella, sino el carácter popular, pacífico, democrático, transversal de un movimiento con un amplísimo respaldo social es más de lo que puede tolerarse dentro de la tradición democrática.

Como casi siempre, el error viene de la ignorancia y esta, con harta frecuencia en España, de la soberbia. Ya se sabe que el interés de la derecha es romper todos los puentes y vías de diálogo, coincidente en esto con la derecha del PSOE que, tras el golpe del 1º de octubre, se negó a hablar siquiera con Podemos y con los indepes catalanes. Pero esa no puede ser también la actitud del "nuevo" PSOE, que dice estar a la izquierda. Su obligación es actuar con cordura, justicia, respeto e... imaginación, como pedía el otro día el nada sospechoso de delirios separatistas Enric Juliana.

Mientras llegan esas propuestas nuevas, audaces y, sobre todo, rápidas, dado que quedan tres meses hasta el referéndum, podría hacerse un ejercicio de clarificación. Hasta ahora sabemos que, según Rajoy y Sánchez, el referéndum no va a celebrarse. La pregunta inmediata es ¿por qué no? Y la respuesta, no menos inmediata: porque es ilegal.

Aquí una pausa: ¿significa lo mismo la legalidad para la izquierda y la derecha? El gesto de Rosa Park fue ilegal y originó el movimiento de emancipación de los negros aún en curso. Ilegales fueron los colonos norteamericanos, ilegales los seguidores de Gandhi, ilegales las sufragistas que acabaron consiguiendo el voto femenino, ilegal durante largos años el PSOE.

En el fondo, ninguno de los dos, PSOE o PP cree en la excusa de la ilegalidad. Entre otras cosas porque la legalidad o ilegalidad de algo es una decisión política que puede tomar el órgano legislativo cuando le pete. La legalidad ha de ser la cristalización jurídica de la razón y la moral y poca razón y menos moral tiene negar a un pueblo el ejercicio de un derecho por el que ha luchado con más denuedo incluso que el que se lo niega por el suyo.

No es la legalidad o ilegalidad del referéndum la razón de la negativa del nacionalismo español de derecha e izquierda, sino el hecho de que carece de capacidad para articular una alternativa y se niega a reconocer que el independentismo catalán ha terminado de hundir el carcomido sistema del 78 e, histérico, teme que ese hundimiento acarree el del Estado. Que eso lo piense la derecha está en el porcentaje de sus comisiones y sobresueldos. Que lo haga la izquierda indica la falta de fe de esta en el proyecto de nación que, sin embargo, pretende encasquetar a los catalanes.

Porque, si de verdad creyera en él, no tendría inconveniente en someterlo a referéndum.

El interés ¿de qué España?

Mi artículo de elMón.cat. Un editorial del New York Times del 23 de junio sobre el referéndum en Cataluña dio origen a una polémica sobre su sentido. Prácticamente todos los medios nacional-españoles entendieron que el diario defendía el referéndum en interés de España y el voto "no" en interés de Cataluña. Se trataba de una traducción sesgada e interesada en la que en parte también picó Palinuro por fiarse de los titulares de dichos medios. Al ver la controversia, fue al artículo y comprobó que no decía lo que los mentados medios tradujeron.

El editorial es una pieza muy medida y su lectura no solo zanja el debate sino que plantea otras cuestiones tan interesantes como esta o más. A esas cuestiones he dedicado el artículo de elMón.cat cuya versión castellana incluyo aquí.

El interés de España

Un editorial del NYT sobre el referéndum ha provocado una polémica por el sentido que algunos medios nacional-españoles han dado a una frase sobre el interés de España y el de Cataluña. Sin duda, la traducción de que el interés de España sea que el referéndum se celebre y el de Cataluña que salga el “no” es falsa y está ideológicamente motivada. Pero aun así, el párrafo es confuso: dice cuál es el interés de España y ello es evidente (permitir el referéndum y que gane el “no”), pero no dice cuál sea el de Cataluña en un sentido u otro.

Desde luego, lo que sí parece cierto es que, según el diario neoyorquino, el interés de España no es que el referéndum no se celebre. Ni lo menciona.

El asunto es más profundo. ¿Por qué se supone que el voto “no” de los catalanes esté en interés de España? Habría que precisar antes de qué España se habla. Y el NYT, siendo un periódico pragmático, lo tiene claro: de esta España que hay ahora. Pero esta España de ahora es apoyada por menos de un tercio del electorado. Sin duda mucho, dada la condición del partido corrupto y presuntamente ilegal al que vota pero, en todo caso, menos de una tercera parte y, en Cataluña, bastante menos.

¿Por qué ha de ser perjudicial para los intereses de España el voto “sí” a la independencia en el referéndum? A primera vista, ese voto plantearía una crisis constitucional sin precedentes que obligaría a negociaciones de carácter constituyente y pondría a España ante sus propias contradicciones y la sospecha de haber llegado a un punto de disolución porque si un Estado democrático no consigue la lealtad de sus ciudadanos voluntariamente sino por la violencia, no es un Estado democrático. Ni siquiera es un Estado. Es una banda. Con lo cual es posible que no tenga otro remedio que aceptar una intervención exterior de mediación en detrimento de su soberanía.

El enconamiento del conflicto en los últimos años es prueba del agotamiento del sistema del 78, que no tiene nada que ofrecer a las aspiraciones catalanas al autogobierno salvo la negativa y el retorno a lo anterior, justamente al momento en que se incubó la actual ingobernabilidad de la situación. Esto es válido para las ofertas del nacionalismo español de derechas, consistentes en dejarlo todo como está por la violencia, y del nacionalismo español de izquierdas, consistentes en algunos cambios cosméticos que también dejen las cosas como están pero disimulando un poco, aunque el recurso a la violencia no esté en absoluto descartado.

En esta situación de parálisis política, económica y social, con una población resignada a que siga gobernando un partido de presuntos delincuentes y corruptos que ha arruinado el país, ¿de dónde saca el NYT que esté en interés de España que salga el “no” en el referéndum? ¿De qué España? ¿De la que vota menos de un tercio de la población? ¿Y la que votan los otros dos tercios? Esa también deberá ser tenida en cuenta, sobre todo si, en un acto coraje decide que, justamente, el voto “sí” de los catalanes puede ser el empujón, la sacudida que obligue a reaccionar a esa España anestesiada y resignada al sempiterno gobierno de esta derecha ultrarreaccionaria, nacionalcatólica, corrupta y delictiva cuya población es incapaz de sacudirse el yugo de una oligarquía de señoritos reaccionarios que depositan los caudales robados en paraísos fiscales.

Lo que de ningún modo puede estar en interés de España (al menos de una España que aspire a la legitimidad de ser un Estado democrático de derecho en el concierto de las naciones civilizadas) es la continuación de la podrida situación actual. No puede estar en ese interés que una asociación de presuntos malhechores haya capturado el Estado y todas sus instancias, incluida la judicial, para perpetrar sus fechorías con la impunidad de que hacía gala Bárcenas en su insultante comparecencia parlamentaria. No puede estar en interés de esa España la continuación de un gobierno compuesto por ministros que condecoran vírgenes al tiempo que conspiran con otros secuaces para perpetrar delitos y operaciones de guerra sucia en contra de sus adversarios políticos.

No puede estar en interés de España que los presuntos delincuentes del PP y su gobierno que en conjunto han esquilmado el país por lo público (regalándoselo a los bancos) y lo privado (llenándose los bolsillos con lo robado a base de comisiones, sobresueldos, etc.) sigan negando por la fuerza a un 80 por ciento de la población catalana el ejercicio de sus derechos. Y ello con el único fin de tenerla sojuzgada y esquilmada en pro de los intereses particulares de los delincuentes y de un proyecto de país retardatario, beato, machista, taurófilo, injusto y corrupto que solo apoya menos de un tercio del cuerpo electoral y menos de la cuarta parte de la población.

El coste del "no" al referéndum

Según parece la primera propuesta de Carles Puigdemont de celebrar una sesión de debate en el Congreso sobre el referéndum ha quedado reducida a una moción presentada ayer por el PDeCat de que la Cámara admita la consulta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya había advertido que el Parlamento no es lugar de conferencias y que, si Puigdemont presentaba la propuesta referendaria, la Cámara votaría. Votaría que no, innecesario recordarlo. El presidente de la Generalitat renunció a su comparecencia.

De una u otra forma, las dos cámaras parlamentarias españolas se han negado a escuchar las razones y propósitos del independentismo catalán. Hoy, además, el Congreso votará "no" por apabullante mayoría de más del 72 por ciento, aduciendo que el referéndum no busca diálogo sino fractura. 

Para diálogo, el que ha ofrecido el gobierno del PP en estos años: ninguno. Rajoy se ha visto varias veces con Mas primero y Puigdemont después, siempre para decir que "no" a todo. Finalmente abrió un periodo llamado pomposamente de "diálogo", para lo cual, envió a la vicepresidenta a Barcelona como plenipotenciaria para gestionar eso, un "diálogo". La gestión duró un par de meses y terminó con una sentencia de Sáenz de Santamaría de alto contenido teórico y doctrinal: no se puede estar tantos años con la matraca independentista. Basta de este rollo. El independentismo es una matraca y un rollo. Toma diálogo.

En cuanto a la fractura conviene recordar lo que es ya saber popular. Cada vez que hablan Rajoy o Sáenz de Santamaría sobre Cataluña hay mil independentistas más. Y no hablemos de un obstinado separador como García Margallo. Con él caen diez mil, como la Anábasis. 

El "no" del Parlamento afronta el escenario del "choque de trenes", esto es, una escalada del conflicto. Sin que nadie sepa qué dimensiones vaya este a tomar. El Estado, en principio, puede impedir la celebración del referéndum, pero tendrá que calibrar a qué coste y este es muy dificil de determinar porque a su vez depende de un imponderable: la voluntad política de la Generalitat de cumplir su mandato y el apoyo popular con que cuente en caso de represión. En los conflictos, al igual que en las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. 

Y, en cualquier caso, impedir la celebración del referéndum abrirá un periodo indeterminado de ingobernabilidad en Cataluña y en España. Probablemente como lo haría su celebración. Pero en este caso el culpable no sería el sector negacionista.

Lo que chirría en la posición del Parlamento es el cierre de filas del PSOE con la derecha. El discurso del interés de Estado (tan caro a la derecha socialista) no obliga a que ese Estado haya de ser el de la oligarquía nacionalcatólica y ahora neoliberal. Los socialistas están obligados a dar carta de naturaleza a la cuestión catalana y hacer propuestas distintas de la derecha, consistente en mantener el estatu quo del agravio comparativo de Cataluña hasta el fin de los tiempos.

El PSOE trae en la mochila la famosa reforma federal de la Constitución. Probablemente es tarde, suena inverosímil y casi como un pretexto. Y lo es. Agárrese pues a él para marcar distancias con las medidas represivas del PP. El PSOE no puede aparecer como cómplice de unas soluciones autoritarias a problemas en cuya génesis no participó; al menos, no directamente. Por lo demás, la propuesta federal es irremediablemente extemporánea, dado que requiere un prolongado trámite de reforma, siendo así que en tres meses es obligado afrontar una situación de grave conflicto.

En verdad no se entiende por qué el PSOE no apoya la realización de un referéndum pactado, como hace Podemos. Teniendo además en cuenta que frustrar el deseo del 80 por ciento de la población catalana solo aumentará el respaldo al independentismo.   

El rollo de las provocaciones

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Versa sobre las medidas que viene tomando la Generalitat, y la vicepresidenta del gobierno considera provocaciones, dentro de una estrategia de "tensionar" la situación para mantener a la gente movilizada ya que el entusiasmo, según ella, decae. En realidad, lo que decae a ojos vista es la confianza que inspira el gobierno en todos sus actos, especialmente en los relativos a Cataluña, que son "no actos" o "actos de habla" arrogante e ignara, como ese de calificar de rollo el referéndum. 

Cuando un gobierno democrático solo puede usar la fuerza para resolver un problema planteado por el 80 por ciento de la población de un territorio algo no funciona. Y esa disfunción no va a ser fácilmente ignorada por Europa.

Aquí la versión castellana.

Provocaciones

La vicepresidenta de España y virreina de Cataluña ha comparecido en los Desayunos de TVE, convertida en némesis del independentismo catalán. El acto de apoyo a la convocatoria del referéndum le parece una “provocación”. Opina que el apoyo al referéndum y la independencia está descendiendo. En qué se basa es un misterio.

Al descender el apoyo social, sigue Sáenz de Santamaría, la Generalitat necesita tensionar la situación para mantener movilizadas a las bases. Y la verdad es que se movilizan bastante, a diferencia de las de la propia vicepresidenta, que apenas reúnen dos docenas de fieles agitando banderas bicolores por las calles vacías.

Pero la vicepresidenta es tajante y disipa toda duda: haga lo que haga la Generalitat, el referéndum no va a celebrarse. Y ¿cómo va a impedirlo el gobierno? Igualmente tajante en la respuesta, aunque esta plantea un problema de lógica que frisa en lo ridículo: ¿que qué se hará para impedir el referéndum? No caer en la trampa de la provocación, no dejarse arrastrar por ella, ni siquiera con la convocatoria de la consulta. Es decir, no piensa hacer nada. Es difícil impedir un referéndum no haciendo nada.

Y no sabiendo ni queriendo saber nada. Pide Sáenz de Santamaría a Puigdemont que acuda al Parlamento con su plan, lo someta a votación y se vuelva a su tierra con una mochila cargada de “noes”. Puigdemont rechaza presentar nada a votación. Quiere ir a explicar su política. Santamaría responde que el Congreso no es sitio para conferencias. Pues no vendría mal a sus señorías una información de primera mano, un briefing sobre algo acerca de lo que tienen que pronunciarse y normalmente no saben nada.

Aunque es una línea de no-acción, muy del gusto de Rajoy, que parece influido por cierto fatalismo hindú, es dudoso que pueda mantenerse a la larga frente a una Generalitat que lleva la iniciativa política hace ya tiempo, tiene una hoja de ruta claramente marcada y se considera legitimada por un mandato de la mayoría absoluta del Parlamento.

Está claro que la estrategia de la inacción se romperá favor de la acción represiva tan pronto la Generalitat o el Parlamento adopten una decisión que dé pie a ello. La proclamación de la fecha y la pregunta en el Pacto Nacional por el Referéndum, puede ser el comienzo. La Fiscalía ya habla de denunciarlas. El decreto de convocatoria o la decisión del Parlamento serán actos recurribles ante las instancias pertinentes y probablemente con vistas a iniciar procesos de inhabilitación.

Entre tanto, en el día a día de los preparativos del referéndum todos los actos de las administraciones públicas catalanas serán escudriñados al detalle en busca de algún posible ilícito dentro de la profusión de prohibiciones de consultas de ningún tipo en Cataluña y que permita paralizarlo. La administración central y la Fiscalía están dispuestas a obstaculizar cuanto puedan el referéndum.

Pero lo decisivo serán las medidas represivas que se tomen respecto a las autoridades gubernativas y parlamentarias de la Generalitat. Al respecto, el presidente de esta anuncia que no aceptará más inhabilitación que la del Parlamento, lo que deja fuera de juego el ordenamiento constitucional en el caso de su persona y, es de suponer, en el de Cataluña entera. Probablemente, esta negativa abrirá un intenso debate.

Pero tampoco será preciso llegar hasta él. A fines de mes o primeros de julio se presentará el proyecto de Ley de Transitoriedad que, a no dudarlo, el gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que lamenta por enésima vez que se suprimiera aquel bendito “control previo” que permitía bloquear leyes antes de su entrada en vigor. Y de recurso en recurso, el Estado acabará consiguiendo que el Parlamento catalán proclame una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Obviamente, el Estado no podrá entonces inhabilitar al presidente del gobierno de otro Estado.

La estrategia del gobierno es la confrontación al límite, dispuesto a utilizar todos los medios, incluida la fuerza. De esta dispone de una amplia gama pero, por modesta que sea la que emplee en Cataluña, siempre será superior a la de la Generalitat que solo cuenta con unos contingentes de policía y un apoyo social generalizado. Su fuerza radicará en el nivel simbólico de la resistencia.

De este modo quedará claro que, para hacer frente a lo que se considera el abuso de poder del Estado se necesita otro Estado. Ese casi 80 por ciento de catalanes partidarios de un referéndum ya saben que solo lo conseguirán siendo un Estado. La represión viene a dar la razón al independentismo. Suele pasar que el represor legitima al reprimido y lo ayuda a triunfar. Que este lo consiga finalmente depende ante todo de él. De su voluntad.

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria.