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viernes, 12 de enero de 2018

El tiempo y el castigo

En todo conflicto, controversia, batalla, hay momentos altos y bajos y los segundos son aprovechados por el adversario para imponerse. Las portadas de la prensa con motivo de los arrepentimientos de los dos Jordis y Forn son como peanes de victoria mostrando en cadenas a los vencidos. Los líderes del "procés" presos se retractan y aceptan la ley trompetea El País en primera. El editorial ya va más a fondo y tira exclusivamente contra el presidente Puigdemont (Esperpento catalán). Acierta. Él y Junqueras son los objetivos por derribar. Son los dos líderes políticos de este movimiento social. El uno está en la cárcel; el otro, en libertad en el extranjero con mucho margen de acción. Y los dos, como de común acuerdo, piensan que hay que aguantar. Es el espíritu del artículo de Puigdemont que hoy publica Politico.Eu, un semanario muy leído en Europa y América, titulado Cataluña no será acallada Gracias, Serri). El pie del artículo aclara que Puigdemont es expresidente del gobierno catalán, que está acusado de sedición y rebelión en España y actualmente reside en Bélgica. Uno en la cárcel y otro en el exilio y así parece que van a seguir durante un tiempo. Porque si los seres humanos somos en el tiempo, según el filósofo, arrebatárselo a alguien es el peor de los castigos, es privarle de una parte de su vida. Ante la eventualidad, los ánimos difieren. Hay quien prefiere evitar el castigo y quien, como Mandela, lo arrostra más de veinte años. Ese ser en el tiempo vive muchos estados de ánimo.

¿Qué decir de las bajas? Que somos humanos, somos en el tiempo, tenemos derecho a vivir y cada cual afronta estos momentos a su modo. Lo cual es absolutamente comprensible y en modo alguno vituperable. No lo es si esas supuestas retractaciones y reniegos son sinceras y no lo serían si fuesen insinceras. Es el tribunal el que carga aquí con la responsabilidad de juzgar a la gente por sus convicciones cuando exige retractación pública. E pur...

La experiencia de ver a los líderes humillados en las horcas caudinas solivianta los ánimos de mucha gente que los ha seguido. He visto alguna pieza enfurecida. Es comprensible. Y muy de tener en cuenta la advertencia de que abandonar la hoja de ruta sería una canallada y un fraude épico para millones de personas que se pusieron en marcha con un objetivo compartido, aguantaron la violencia represiva del Estado y reiteraron su voluntad pacíficamente el 21D, tras haber aplaudido la declaración de independencia que trajo el 155 y la situación, esa sí, esperpéntica de un Estado de derecho en perpetuo estado de excepción. 

Solo dos observaciones encadenadas: a) no es posible juicio moral alguno sobre los actos de los procesados. Cada cual aguanta hasta donde puede. Obligarlos además a mantener una doble actividad política y judicial quizá no sea lo más adecuado, ni siquiera desde el punto de vista operativo. Los tres procesados por una parte y Forcadell por la otra tienen derecho a pedir el relevo para hacer frente a sus asuntos judiciales. 

Y es lógico que lo tengan por la segunda obervación: b) cierto, la acción colectiva popular tiene el efecto de un proceso constituyente de raíz popular, revolucionaria. Necesita una dirección. La tiene y muy simbólica en las personas de los dos líderes, uno en prisión y el otro en el exilio. Y en este orden simbólico debe mencionarse una tercera figura, Artur Mas, cuya autoridad no ha dejado de crecer en el seno del movimiento independentista, en proporción a la furia vengativa del Estado contra él quien, no contento con procesarlo por la vía penal, ha movido al Tribunal de Cuentas a que le embargue su vivienda. Una medida ruin que convierte en víctima no solo a Mas sino a sus descendientes. 

El Estado a veces acierta. Así como El País señala a Puigdemont como el enemigo público nº 1 de la democracia, el gobierno lo hace con Mas. Y no sin razón: Mas fue el responsable del primer referéndum, el del 9N, con el que se daba continuidad y se resumía la serie de referendums que habían ido celebrándose en distintos municipios catalanes desde 2009, generalmente impulsados por la CUP. Por eso quieren buscarle la ruina. Y él continúa.

Cuando un movimiento social tiene un apoyo político transversal, desde la burguesía neoliberal hasta los antisistema, pasando por varias muestras de la izquierda más socialdemócrata; cuando integra una acción colectiva social muy extendida y coordinada; cuando tiene un relato nítido, pacífico y democrático, cuenta con  líderes firmes y una atención internacional creciente, entonces, lo que suceda entre estos puntales de espacio y tiempo, es secundario. Las personas son reemplazables y, si hubo miles de voluntarios para organizar el referéndum del 1º de octubre, también los habrá para cubrir los cargos o plazas que queden vacantes por la razón que sea. 

Todas las personas son reemplazables, hasta los líderes. Cosa que estos entenderán si llegan a la conclusión de que su presencia (incluso a distancia o entre rejas) es perjudicial al movimiento. Pero será una conclusión que alcancen ellos, no la que diga El país con su habitual  agresividad. Y, de momento, no se vislumbra razón alguna para que lo hagan. 

Con lo que sigue rigiendo el apotegma reciente de Mas: "primero, la patria (Catalunya); después, el partido; y luego, la persona". Un hombre que hace lo que dice. 

Va a ser difícil elegir un presidente de la República Catalana cuando toque.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Indultos y amenazas

Ayer hubo una interesante controversia; y muy significativa para entender la pendiente de inseguridad jurídica en que está hundiéndose el Estado español. En su espíritu de bonhomía reconciliadora, Iceta sugirió que, llegado el momento, como gesto de buena voluntad, se indulte a los "secesionistas", incluso, aunque hayan cometido algún delito. De inmediato hubo una reacción oficial del PSOE desmarcándose de esta petición, al sostener que era "una idea" del socialista catalán. Lógica, teniendo en cuenta que el PSOE es más partidario del artículo 155 con todas sus consecuencias que el mismo PP.

Pero, a lo largo del día, los socialistas debieron de ver la ventaja de la propuesta de indulto y cambiaron su negativa inicial por una aprobación. Y ¿en qué consistía la ventaja que, seguramente Iceta les hizo ver? En que, sentando plaza de conciliador, reparador, moderado, su petición es perfectamente inútil y es probable que lo sepa.

En primer lugar, el indulto es competencia exclusiva del gobierno central y lo firma el Rey. No es competencia de la Generalitat. Iceta puede solicitar el indulto, pero no concederlo.

En segundo lugar, y ello es más grave, el indulto presupone que se haya cometido algún delito y que el culpable haya sido juzgado y condenado. Mientras esto no se dé, no cabe indulto alguno. El indulto procede solo al delincuente cumpliendo condena. Pero ello requiere que el posible indultado reconozca haber cometido el delito y, si yo no entiendo mal la doctrina de los independentistas, estos no reconocen haber cometido delito alguno. Con el señuelo de un indulto imposible, Iceta trata de conseguir de los independentistas el abandono de sus reivindicaciones. Es más o menos, lo mismo que tratan de conseguir los jueces forzando el acatamiento de la Constitución de los presuntos rebeldes y que tanto acerca la justicia española a un proceso inquisitorial.

La solicitud de indulto es más ladina que la del acatamiento para librarse de la prisión. Pero no más eficaz. No veo a la mayoría de los independentistas -que se han pasado meses afirmando no estar sometidos a la jurisdicción española- reconociendo haber delinquido según una legalidad que consideran opresora. Esto será más o menos realista pero es una posición argumentada. 

Las indeterminaciones del indulto y su significado político apuntan en la dirección señalada de la creciente inseguridad jurídica de los justiciables españoles bajo la égida del 155 que, según Rajoy, "no tiene fecha de caducidad". Una ley de plenos poderes ilimitada en el tiempo y en el espacio. Y lo llaman Estado democrático de derecho. El primero, Iceta.

Esa inseguridad se expande a velocidad de vértigo en las redes con las amenazas de todo tipo que las autoridades solo sancionan si proceden (y son las menos) de la izquierda, pero olvidan perseguir cuando proceden de la derecha, incluso cuando lo hacen desde cuentas oficiales o chats de las fuerzas de orden público. Catorce años han tenido que pasar para que se vea condenado un delito de amenazas e injurias a Pilar Manjón a la que le han llegado a miles. Ayer también, Bea Talegón recibió unas odiosas amenazas que debieran haberse investigado y sancionado ipso facto y no dejarse para dentro de otros catorce años. Eso es lo que hace un Estado de derecho, que protege los de todos los ciudadanos, sin distinción de color político. La catarata de muestras de solidaridad con Bea, de apoyo a su persona, están muy bien y son de agradecer. Incluso las de Rajoy y Zoido. Pero estos, además de solidarizarse, tienen que poner a los responsables a disposición de la justicia. 

Sí, en efecto, las innumerables muestras de simpatía hacia Bea son encomiables, pero no pueden ocultar que contienen un fondo de hipocresía. Entre las gentes públicas y colegas de la amenazada que expresaban su desolación, los hay que son responsables de fomentar un clima de enfrentamiento y crispación que dispara a los elementos más alucinados. E incluso que, en sus ratos libres, también amenazan : ¿o no hay un comunicador que anunció su ánimo de disparar a los de Podemos a la sola condición de tener una pistola en la mano?

Y ello por no mencionar los casos en que los responsables de agresiones están directa o indirectamente relacionados con las autoridades o tienen vínculos de parentesco con ellas, como es el caso de los asaltantes de la librería Blanquerna.

viernes, 8 de diciembre de 2017

La manifestación por la libertad de los presos políticos en Bruselas

Aquí mi crónica para elMon.cat sobre la manifestación de Bruselas para pedir la libertad de los presos políticos en España. Pasé más frío que un pollo desplumado, pero confirmé una vez más mi admiración y mi respeto por este pueblo que he elegido como mío con toda modestia. ¡Es tan raro, tan insólito que la gente en su comportamiento colectivo te lleve el corazón a la garganta!

Con todo, esto no es una apreciación sesgada ni prejuiciada. Relato lo que vi y aquello en lo que participé. Al final doy cuenta de lo que considero son los tres últimos hitos del camino de los catalanes hacia la libertad: 1) el referéndum del 1/10; 2) la Declaración de Independencia del 27/10; 3) la manifestación por la libertad de los presos políticos del 7/12. En los tres he tenido la suerte de participar activamente y vivirlos de modo directo. En el 4), las elecciones del 21/D, no podré hacerlo de igual modo; pero compenso en lo que puedo yendo en la lista de ERC.

Aquí la crónica en castellano.

Qué ha pasado en Bruselas

Escribo esta crónica desde Bruselas, en casa de un amigo mío catalán que tiene una pequeña empresa de diseño textil y es independentista, como una amplia muestra de la colonia catalana en la capital de Bélgica. Departimos amigablemente un par de horas antes de la manifestación mientras se confeccionan lazos amarillos o nos procuramos otros distintivos que nos pongan en el universo simbólico de la próxima República Catalana. Yo me pronuncio por una estelada que llevo anudada al cuello como si fuera la capa del capitán Marvel.

También nos cruzamos datos y suposiciones sobre la manifestación/concentración, su recurrido y posible asistencia, teniendo en cuenta que hay una llovizna pertinaz y una temperatura de escasos 3º, casi gélida. Algunos de los asistentes han hecho el camino en coche o autobús saliendo por la parte oriental de la frontera y cambiando en Lyon, mientras que otros lo hemos hecho por la occidental, pasando por Burdeos y París hasta Bruselas. Hay informaciones fehacientes de que la policía y la guardia civil se han empleado a fondo por órdenes de la superioridad para boicotear la asistencia al acto: han retenido los coches en la frontera con los más fútiles pretextos y ocasionando largas colas de salida; han retrasado el AVE con el resultado –querido- de que los pasajeros perdieran la conexión en Lyon; o han postergado la salida de dos charters de Reus, obligando a cancelar los vuelos. Toda la gente que se ha quedado en España en contra de su voluntad es víctima de esta política de entorpecimiento de las manifestaciones populares por parte del gobierno, sobre todo si son independentistas

La asistencia al acto ha sido motivo de la habitual –y en este caso más ridícula si cabe- censura y desinformación de la derecha. Y digo más ridícula porque si los medios españoles avanzaron prescientemente la cifra de 10.000 asistentes a la media hora de comenzar el acto, la policía belga que tuvo muy discreta presencia, pero dispuso de un helicóptero durante el acto, cifró la asistencia en 45.000 personas. Daba igual, los medios españoles de comunicación y manipulación siguieron repitiendo como loros la cantidad de 10.000.

Este debate, además de irritante y absurdo pasa por alto un hecho evidente. Aunque los 45.000 asistentes de la policía hubieran sido los 10.000 de los medios españoles, no cabe duda de que no son lo mismo 10.000 manifestantes a trescientos metros de sus casas en una tarde de primavera que a 1.500 kms de distancia teniendo que pagarte tú el viaje y la estancia y con un frío, un viento y una lluvia muy desapacibles. Una persona que se manifiesta en esas condiciones, obviamente, no es mejor ni peor que la que lo hace en las condiciones anteriores pero, sin duda, su convicción, su fuerza de voluntad, su compromiso y tenacidad son muy superiores.

Coincidimos un montón de peregrinos en un hotel barato a 60 km de Bruselas para pasar la noche anterior porque en un radio inferior no había habitaciones y las que se ofrecían oscilaban entre los 2.000 y los 3.000 euros por noche. Ley esta de la oferta y la demanda del capitalismo en el mercado que deja a los medios españoles a la altura del Berrido de Tennessee en el famoso cuento de Mark Twain a la hora de saber si había mucha o poca asistencia. Más tarde serían los comercios del recorrido los que agotarían las existencias y la policía la que cerraba los accesos al metro por colapso. Quienes pernoctamos en el motel en cuestión, sin conocernos entre nosotros, coincidimos en el bar a las siete de la mañana para ponernos en la carretera a fin de llegar a Bruselas antes de las once.

No hace falta decir que esas carreteras de acceso, aparte de los atascos habituales en días laborables, venían cargadas de autos con símbolos independentistas. Por supuesto, los medios españoles no pudieron dar nada de esto porque su función, como se sabe, es ocultar todo lo que disguste al gobierno de la derecha y, en cuanto a los catalanes, TV3, en concreto, recibieron la prohibición de dar noticia alguna de este importante evento en Europa salvo al ritmo ridículo de un minuto en directo cada media hora. Censores e inquisidores políticos sometiendo a yugo a los periodistas, algo típico de los fascistas al estilo de la Junta Electoral Central.

Mi impresión, y la de las numerosas personas con las que hablé, es que allí había bastante más de 45.000 personas, que la estimación policial era pacata y que de 60.000 probablemente no bajaban. Seis veces la Anábasis en condiciones también muy duras. Gente joven y de mediana edad, aunque también bastantes abuelos con empuje, entre ellos el firmante de estas líneas. Cientos de autocares, miles de coches particulares y, como siempre, ni un destrozo, ni un acto de vandalismo o violencia, ni una agresión y con las papeleras haciendo a la perfección su importante trabajo. Nos quedamos hasta el final de la manifestación y damos fe de que, así como las ambulancias no tuvieron que intervenir, tampoco el servicio municipal de limpieza, que cerraba la marcha, necesitó esforzarse.

Alegría en todo el recorrido, pero también mucha conciencia: “Llibertat presos politics”, “Visca la Terra”, “Visca la República Catalana”, “Puigdemont el nostre president” fueron las consignas más coreadas y El Segadors y L’Estaca los sones más escucuchados. Compartí marcha con muchos amigos y conocidos y me hice unas cincuenta selfies con gente muy variada. Había una sensación compartida de emoción, de sentido de la importancia del momento y de orgullo común por lo que se estaba haciendo. Carteles con los retratos de los presos políticos y letreros alusivos a la independencia, la nación catalana, la opresión española y el olvido y dejadez de las instituciones europeas que abandonan un pequeño pueblo fier de lui même en las garras de un régimen corrupto y fascista.

Cerraron el acto sendos alegatos de Javier Coma, de la CUP, Marta Rovira, de ERC, Toni Comin, de JxS y el presidente Puigdemont. Rovira leyó el último artículo publicado por Junqueras, de fuerte contenido sentimental y moral y animó a la gente a votar el 21D para evitar que Cataluña caiga en manos de sus enemigos y el Presidente afianzó su teoría de la importancia del movimiento de la gente y la ciudadanía en la Europa de hoy y del futuro frente a la idea anquilosada de una UE estatolátrica.

Diga lo que diga el gobierno de la derecha y el bloque del 155 y por mucho que intenten ignorar su significado este acto ha despertado una enorme expectación en Europa, ha puesto a Cataluña más en el mapa si cabe, ha dado fuerzas renovadas al movimiento independentista y ha puesto brutalmente de relieve la diferencia moral entre una acción impulsada por el ideal político desinteresado y los ridículos aquelarres del españolismo (llamado “constitucionalismo” por la derecha desde el PP al PSOE) que todo lo más reúnen un par de miles de manifestantes de toda España en Cataluña, si el tiempo lo facilita, se les paga el viaje y se les garantiza la impunidad cuando apaleen a algún pacífico viandante.

Y hay más: la manifestación de Bruselas puso de relieve la unidad del independentismo (que sus enemigos tratan de minar manipulando los resultados de los sondeos) y fue un hito más en este reciente encadenamiento de hechos decisivos que apuntan en la dirección del éxito en las próximas elecciones y la consolidación de la República Catalana. La enumeración es clara:

1º) el referéndum del 1/10 y su aplastante resultado a favor de la independencia;

2º) la declaración política de independencia el 27 de octubre siguiente en el Parlament;

3º) la manifestación de Bruselas por los presos políticos del 7 de diciembre; y

4º) las elecciones del próximo 21 de diciembre en las que sin duda se dará un triunfo del independentismo con holgada mayoría absoluta que los medios de comunicación españoles y otros órganos de confusión y propaganda quieren reducir a un descenso de aquel.

Ese es el significado de Bruselas.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Falsas banderas

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Banderas falsas. No hace falta entretenerse mucho en la introducción porque todo el mundo sabe de qué se habla: de las provocaciones de los fascistas que estos tratan de hacer pasar por atentados independentistas para extender la especie de que el independentismo es violento, criminal, asesino y poder justificar así la acción, esa sí, criminal, de un Estado regido por delincuentes. Los últimos casos son obvios: unos muñecos colgados en un puente al estilo mafioso mexicano y que los fascistas de la Societat Civil Catalana tratan de enjaretar a los demócratas; un supuesto atentado a un domicilio privado en cuyo balcón lucía una bandera borbónica: otra mentira montada por las mismas "víctimas", ultraderechistas, matones y provocadores españolistas a quienes Espejo Público dio pábulo con el fin de engañar a la población y a quienes llamó el Sobresueldos con ridículas palabras de consuelo. Los dos, Espejo Público y el Sobresueldos sabían que estaban engañando a la gente. Pero los dos también viven de eso.

El artículo avisa de que gente que provoca y atenta con bandera falsa hay mucha más. No son solo los matones y chulos fascistas sueltos por las calles con el beneplácito de las autoridades "democráticas". Hay más. En el artículo se identifican los siguientes: el Estado español, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno, los jueces, los partidos unionistas, los periodistas a sueldo del poder, los intelectuales, los expertos que negaron el expolio fiscal de Catalunya y el pueblo español, que en el colmo de la estupidez grita "a por ellos", como si ese "ellos" no fuera también él.

Aquí la versión castellana.

Banderas falsas

En los últimos tiempos se han visto varios casos de atentados e incidentes de falsas banderas: provocaciones, delitos, agresiones realizados por elementos de una ideología, normalmente franquistas o fascistas si es que hay alguna diferencia, con el fin de cargar su responsabilidad a los de otra, normalmente demócratas o independentistas. Cometidos los delitos suelen ser las organizaciones españolistas o de extrema derecha, si es que también hay alguna diferencia, las encargadas de “denunciarlos” o explotarlos mediáticamente.

Pero ¿son solo los elementos franquistas o fascistas, aparentemente incontrolados, los responsables de estos atentados?

En absoluto. El Estado español y todos sus poderes se ha convertido en un Estado de falsa bandera que sostiene una guerra sucia en contra de una parte de su población. Para ello se vale de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como hizo con la llamada “operación Catalunya” del ministerio del Interior, cuya responsabilidad no ha podido investigarse hasta el final gracias a la labor de encubrimiento que hacen el PP, C’s y el PSOE.

Falsa bandera es también cuando los miembros de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios armados, vestidos de paisano (o sea, camuflados) participan en agresiones callejeras a demócratas e independentistas, tratando de sembrar el miedo en el espacio público.

Igualmente falsa bandera es que un gobierno compuesto por gentes acusadas de cobros ilegales o directamente reprobadas, actúe sin límite ni control gracias al artículo 155, es decir como una dictadura de hecho que lleva su infamia al extremo de pretender que países extranjeros, como Bélgica, recorten la libertad de expresión de sus residentes porque a ellos les molesta.

Falsa bandera usan unos jueces que no merecen nombre de tales, pues actúan al mandato del poder político, encarcelando ciudadanos acusados de delitos imaginarios o persiguiendo a otros en el extranjero con acusaciones falsas que ellos mismos, en el colmo de la ignominia, se ven obligados a retirar.

Falsa bandera es que los partidos unionistas que abusan de su situación de privilegio en Cataluña mientras los independentistas tienen a sus dirigentes en la cárcel o el exilio, anuncien su entrada en campaña al grito de “a por ellos”, claramente agresivo y vandálico; o que otros, como el PSC, se hagan pasar por demócratas, mientras denuncian comportamientos de la gente (como los lazos amarillos) ante órganos ilegales que actúan ilegalmente en base al 155, como la Junta Electoral Central; o que otros, como Podemos, aduciendo finalidades revolucionarias, hagan al independentismo catalán culpable del fascismo en España, un fascismo que ellos son incapaces de combatir, si es que lo han intentado alguna vez.

Falsa bandera llevan los periodistas al servicio de la dictadura del 155 que, como los de programa “Espejo público”, dan pábulo a las mentiras de la extrema derecha españolista y difunden patrañas como la del incendio de la casa en donde había una bandera española, sabiendo que son provocaciones con ánimo de incitar a la violencia represiva.

Falsa bandera enarbolan los intelectuales que, sentando plaza de equidistantes, dan por buenas y reproducen todas las mentiras propagandísticas del unionismo mientras silencian o ridiculizan las declaraciones independentistas o niegan la voluntad democrática de un pueblo reiterada y pacíficamente demostrada.

Falsa bandera la de quienes, habiendo negado durante años el expolio fiscal de Catalunya por el Estado y hoy, cuando la Generalitat está intervenida y se ven obligados a dar los datos reales, reconocen que, en efecto, el déficit fiscal de Catalunya es de 16.000 millones de €, como decían los independentistas, pero tratan de ocultarlo y de no reconocer su mentira ni de explicar qué piensan hacer para corregirlo.

Falsa bandera la del pueblo español en su conjunto cuando grita “a por ellos”, jaleando las fuerzas de represión, sin darse cuenta de que está ensalzando y jaleando la represión que se ejerce sobre él y su propia falta de libertad y dignidad.

Frente a la enorme falsa bandera en que se ha convertido el Estado español que debiera haber sido expulsado ya del Consejo de Europa por no ser un Estado de derecho, es preciso enarbolar la bandera auténtica del derecho de los pueblos a la libertad, la autodeterminación y la independencia.

Y votar en consecuencia el 21D.

miércoles, 4 de octubre de 2017

Entrevista a Palinuro en De Tijd, de Holanda


Con motivo de los actos de barbarie de la Policía Nacional y la fuerza militar especial de Guardia Civil (*) contra la población catalana, el periódico holandés conservador De Tijd me ha hecho una entrevista que publica hoy con el título: "La UE debe intervenir en contra de la tiranía de Madrid". Incluyo a continuación el texto en castellano por si acaso algún despistado no entiende el neerlandés.

1. El gobierno de Rajoy ha llamado la actuación policial de ayer en Catalunya "ejemplar y proporcional", y el jefe de la oposición Pedro Sánchez echa la principal culpa de los 893 heridos a la Generalitat.  Que opina?

Opino que los dos mienten. La actuación policial fue desproporcionada y trataba de sembrar el caos y el terror. Otra prueba de ello es que sigue. La mentira de Sánchez es aun más repugnante porque echa la culpa a las víctimas.


2. Ninguno de los 4 grandes diarios de Madrid ponen fotos de la violencia policial en portada, como sí han hecho la prensa catalana y buena parte de la prensa mundial. A qué se debe esta aparente falta de sensibilidad de los medios españoles?

Censura y complicidad con la política opresora de Madrid hacia Cataluña. Eso sin mencionar que la prensa de Madrid no es prensa, sino panfletos y pasquines a las órdenes del gobierno de la derecha.


3. Según la Comisión Europea la cuestión catalana es un asunto interno, incluso después de los hechos de ayer. ¿Qué le parece?

Que también es mentira. Cuando un gobierno viola los derechos fundamentales de la ciudadanía, eso ya no es un "asunto interno" de un Estado. No se puede dejar a la población indefensa en manos de un gobierno tiránico. Así se sabe desde hace años en el derecho internacional, que reconoce la necesidad de injerencia exterior en protección de la ciudadanía frente a la tiranía de su gobierno.

4. Qué valor le otorga al referendum del 1-O? Con una participación del 42,6%, ¿es una base válida para declarar la independencia, según ha anunciado Puigdemont?
Un valor superior al normal porque se ha hecho en condiciones de suma hostilidad con un Estado tratando de boicotearlo. El 42,6% de participación es suficiente para la DUI. Si alguien quería algo más, que lo hubiera negociado antes,

5. Si se declara la independencia en unos días, cómo cree que actuará el gobierno de Rajoy?
Negando su validez, siguiendo con el estado de excepción no declarado que tiene y, si puede, encarcelando a Puigdemont y al govern.

6. Ve posible la separación entre Catalunya y España en el futuro (próximo o lejano)?
Sí. Y no solo posible, sino conveniente para ambas partes.

7. ¿Por qué la separación conviene a ambas partes?
A la parte catalana porque es lo que quiere para gobernarse a sí misma, administrar sus propios recursos y prosperar. A la parte española porque la separación será una catarsis y suscitará una crisis en la que quizá pueda establecerse un régimen republicano, laico y de justicia social que nunca ha tenido salvo los 5 años de la II República.
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(*) Hay quien, como José Ignacio Torreblanca, jefe de opinión de El País, sostiene que la Guardia Civil no es un cuerpo militar. El fin evidente de esta patraña es embellecer la ocupación y represión de Cataluña por este gobierno franquista, justificarla y engañar a la opinión pública internacional, escamoteando la naturaleza de esta fuerza. La propia Guardia Civil, en su página web se define como un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (...)  Depende del ministerio del interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios y del ministerio de defensa en cuanto ascensos y misiones de carácter militar. La mixtificación es la misma que empleó Franco en los años 40 del siglo pasado para combatir a los guerilleros republicanos sin emplear directamente el ejército pues ello hubiera posibilitado que algún tercer Estado reconociera a aquellos estatus de beligerante y les prestara apoyo. Lo mismo que hoy día y con el mismo fin: reprimir por la fuerza una población pacífica sosteniendo que no se hace con medios militares.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

El Estado de excepción en Cataluña

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat con el título de "Todos al frente" en el que se analiza la situación actual de Cataluña con las distintas actitudes que han tomado las fuerzas políticas, el gobierno, la oposición socialista (de respaldo total a las medidas represivas) y la oposición de Podemos, que no acaba de clarificar su objetivo. Como dedicaré el post de hoy a hablar de las propuestas de la oposición, me lo ahorraré aquí.

Mientras se editaba el artículo, la policía nacional parece haber entrado en los locales de la ANC de Reus a requisar cartelería del 1/10 y ha identificado a tres personas en comisaría. La situación es cada vez más claramente un estado de excepción encubierto y la evolución parecería llevar a un Ulster en Irlanda, aunque estoy seguro de que, de la parte catalana, no habrá ni un conato de violencia. Ya se verá con la parte española. Por eso, no hay que dar pie. Faltan 10 días para el 1/10.

Aquí el texto del artículo

Todos al frente

Quedan diez días para el 1/0 y los famosos trenes siguen a toda marcha en sentidos opuestos. Con una novedad: las tornas parecen haberse cambiado. Hasta la fecha, el bloque independentista ha sido un verdadero volcán de activismo de todo tipo, que multiplicaba las iniciativas y no descansaba en sus preparativos. Por el contrario, el Estado y el nacionalismo español estaban desnortados, desconcertados, incapaces de reaccionar y emperrados en bloquear cualquier salida, en una situación de verdadera parálisis.

Hoy parece ser a la inversa. Mientras la Generalitat reduce su activismo y desaparece tras las manifestaciones populares de todo tipo de apoyo al referéndum, el Estado da la impresión de estar poseído por el maligno. Sus representantes muestran un activismo frenético, multiplican sus declaraciones, habitualmente agresivas fabrican todo tipo de impedimentos y toda la batería de medios de a su servicio se moviliza para impedir el referéndum. Como si les fuera la vida en ello. Y les va.

Las fuerzas de seguridad del Estado, que debieran dedicarse a perseguir terroristas, ya que estamos en nivel 4 de alarma, y proteger a la población contra la delincuencia común, están concentradas en registrar imprentas, empresas de mensajerías, redacciones de medios y talleres de diseño, con o sin mandamiento judicial. Andan censurando la red y cerrando webs en prácticas que nada tienen que envidiar a la censura en China. Buscan material impreso o virtual a favor del referéndum prohibido y a favor del “sí” en concreto, todavía más prohibido.

La propaganda a favor del “no”, en cambio, no está prohibida y, aunque minoritaria, por serlo la opción, es muy visible. Cuando el gobierno afirma defender la ley se refiere a la ley del embudo: se impide la propaganda del “sí”, pero la del “no” se tolera y hasta se alienta. El referéndum está prohibido pero para unos está más prohibido que para otros. A esto lo llaman “igualdad ante la ley”.
Los agentes de la autoridad andan por la calle identificando ciudadanos en una especie de guerra de guerrillas contra la libertad de expresión y en aplicación de una Ley Mordaza que la izquierda española no se atreve a derogar. Estas identificaciones son intimidatorias y pueden acarrear multas significativas de acuerdo con un régimen de arbitrariedad represiva muy parecido al franquista.

Las brigadas del pensamiento también se han movilizado obedientemente. Unos intelectuales y profesionales sedicentemente de izquierdas, del entorno de El País, que ya ha degenerado hasta el nivel del ABC, ha firmado un manifiesto pidiendo a la gente que no vote por considerar que el referéndum es una “estafa democrática”, más o menos una “democracia-trampa”. El gesto y los argumentos son tan ruines que recuerdan el manifiesto de los Apostólicos al servicio del absolutismo, los de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar”, convertida ahora en “manía de votar”.

Las cloacas del Estado, que nunca han detenido su actividad, buscan ahora desacreditar a Puigdemont con un supuesto escándalo en sus tiempos de alcalde. No se dan cuenta de que, después de la “Operación Cataluña” y los infundios en relación con Xavier Trias, nada de lo que hagan las instancias oficiales tiene crédito alguno.

El principal partido de la oposición, el también dinástico PSOE, ha cerrado filas con el del gobierno y apoya todas sus medidas con la frágil condición de que, a partir del 2 de octubre, se amplíen las competencias de autogobierno algo que, de tener algún viso de cumplirse, está ya totalmente sobrepasado por los hechos. La alternativa a la actual situación de Cataluña en la Constitución no es más autogobierno, sino la independencia. Y aunque el PSOE acabe respaldando un posible estado de excepción en Cataluña, la medida no servirá de nada como no sea aplazar la única solución posible de consultar a la población por el futuro de Cataluña.

A la izquierda del PSOE, tanto en España como en Cataluña, las propuestas adolecen todas de un vicio similar. Nunca hubo posibilidades de terceras vías y menos al día de hoy, cuando ya está claro que, si el Estado consiguiera impedir el referéndum por la fuerza, la respuesta catalana será la declaración unilateral de independencia.

sábado, 16 de septiembre de 2017

El argumento del matón

El empeño del independentismo de celebrar un referéndum perfectamente legítimo para averiguar qué desea el pueblo de Cataluña esta revelando las miserias de la hasta ahora larvada dictadura española, oculta tras una leve pátina de democracia que se cae a trozos a marchas forzadas. Era muy fina la pátina y muy escaso su alcance, pero gozaba de la complicidad de los medios de comunicación, las elites políticas y económicas y la complacencia de la oposición. Creían que con dos o tres concesiones harían pasar por democracia y Estado de derecho lo que no era -y es- más que la arbitrariedad de un gobierno no sometido a control parlamentario real sino solamente ficticio, que domina los medios de comunicación públicos empleándolos como maquinaria de propaganda, interfiere en la administración de justicia, pone a su servicio el poder judicial y trata de ocultar un estado de corrupción galopante que ha podrido el conjunto del sistema hasta el punto de su más absoluta deslegitimación.

Ayer mismo se supo que otro exministro del presidente de los sobresueldos, el pío y devoto Ruiz Gallardón, empeñado en salvar a las mujeres del maligno a base de prohibirles el aborto, como anhela la Iglesia católica, está imputado en un presunto latrocinio de 70 millones de Euros. Rezan a Dios y roban al pueblo. Si hay una imagen típica de un sepulcro blanquedo es la de este modoso caballerete que según parece, se dedicó a vaciar las arcas municipales en su beneficio y el de sus compis de partido estatales, autonómicas y provinciales. Rajoy cuenta ya con tres exministros en diversos trances procesales: Ana Mato, José Manuel Soria y Alberto Ruiz-Gallardón. Si añadimos el mismo presidente -sospechoso de cobrar sobresueldos en B-, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Federico Trillo y otros peces menos gordos pero no menos voraces, entenderemos que algún juez haya considerado el PP como una presunta organización de malhechores y probablemente se quede corto ya que ese partido parece más una organización criminal dedicada literalmente al saqueo de España.

Todo esto y muchas más tropelías están saliendo a la luz gracias a la actividad del independentismo catalán, confirmando una vez más la tesis de Palinuro de que Cataluña es la única oposición real a este régimen putrefacto de la oligarquía tradicional de incompetentes en España. Los otros partidos parlamentarios solo son la lamentable muestra de la impotencia de una izquierda que carece de todo horizonte ideológico, por haberse puesto literalmente al servicio de la oligarquía franquista hoy gobernante.
Al frente de este contubernio de mafiosos se encuentra un hombre como Rajoy, cuya integridad moral está a la misma bajura que su coeficiente intelectual. Solo teniendo esto presente puede entenderse que haya tenido el desparpajo -y la prensa lacaya la servidumbre de llevarlo a portada, convencida de que se trata de un hecho democrático- de emplear el típico argumento del matón del barrio que amenaza a quienes quieren hacer algo que a él no le gusta con partirles la cara. Su razonamiento es justo el mismo que el del sobresueldos.

1.- Señalo los límites de la acción política justa como me da la gana.
2.- Lo llamo "legalidad".
3.-Te empeñas en hacer algo que la sobrepasa
4.-Me veo obligado a partirte la cara.
5.- La culpa de que yo te parta la cara la tienes tú. No quería, pero no tuve más remedio.

Rajoy sigue cometiendo todo tipo d desmanes: cobrar de caja B y mentir a la ciudadanía, esquilmar el fondo de las pensiones y dejar descapitalizados los servicios públicos para privatizarlos y que sus amigos hagan negocios, financiar los gastos que genera la atención de su padre, gran dependiente, con dineros públicos que niega a los demás.El problema es que, como todo, le importa un rábano pues él lo que quiere es pasearse por la plaza de su pueblo.

El rasgo más obvio del gobierno de Rajoy es el abuso poder  que está formulado en ese argumento del matón: tu mera existencia es una provocación en toda regla porque te aferras a unos derechos que yo no te reconozco. Por lo tanto me veo obligado a machacarte, pero la responsabilidad del machaque es tuya.

martes, 1 de agosto de 2017

La marcha hacia el fascismo

Hace unos días, el ministro del Interior, heredero del insólito Fernández Díaz, acusaba a los nacionalistas de utilizar las instituciones con fines partidistas. Teniendo en cuenta que este ministro es militante del PP y juez al mismo tiempo, que fue alcalde de Sevilla, también del PP, su queja solo puede entenderse como una típica proyección neurótica porque emplear las instituciones públicas con fines partidista es justamente lo que hace él y, en escala mucho mayor su partido.

¡Y qué partido! Él mismo está imputado en dos procesos penales; en sus filas cuenta con unos 900 militantes y cargos públicos asimismo imputados penalmente y sostiene un gobierno del que han dimitido ya dos ministros (Mato y Soria) por corrupción declarada y tiene otros dos reprobados por sus prácticas antidemocráticas. Además, su presidente, presunto cobrador de cuantiosos sobresueldos procedentes de la caja B, acaba de declarar como testigo en uno de los procesos por corrupción de la Gürtel y, aunque su declaración se ha atenido al modelo de la infanta Cristina (no sé nada, no me acuerdo, no me consta, eso lo llevaba mi marido), es posible que haya cometido perjurio por cuanto negó en sede judicial tener conocimiento alguno de los aspectos económicos de su gestión como director de campaña electoral del PP siendo así que hay pruebas fehacientes de que conocía perfectamente estos aspectos y hasta los explicaba en ruedas de prensa.

Este partido, presunta asociación de malhechores, con el presidente de los sobresueldos ha destruido el escaso Estado de derecho que había en España. Para la comisión de sus fechorías, para ocultarla y, para causar perjuicio a sus adversarios ideológicos se ha servido de todas las instituciones del Estado, las ha instrumentalizado y las ha pervertido hasta el extremo de que ninguna de ellas tiene autoridad alguna como no sea imponiéndola a palos.

La instrumentalización más escandalosa es la del Tribunal Constitucional, presidido durante años por un exmilitante del PP que ocultó está condición ante la comisión del Senado que había de nombrarlo. En cualquier lugar este escamoteo sería motivo de cese fulminante. Aquí, ni se menciona. Este presidente y una mayoría de componentes de este órgano político que se hace pasar por tribunal ha venido actuando al servicio del gobierno del PP. No contento con esto, el gobierno de la derecha, con su mayoría parlamentaria absoluta en la legislatura anterior, impuso una reforma del reglamento del Tribunal que lo convierte en agente ejecutor de sus propias sentencias al servicio del gobierno. Los componentes de este pintoresco órgano, por mayoría (cuando menos, hubo tres votos en contra de carácter crítico) aceptaron convertirse en algo tan contrario al espíritu mismo del derecho y la justicia como juez y parte. Incluso más, dada su sumisión al poder político, en el fondo, lo que esta reforma consigue en convertir al gobierno en el dueño absoluto del Tribunal Constitucional. Cualquier parecido con un Estado de derecho es una quimera.

Y no solo el Tribunal Constitucional. El gobierno está utilizando el conjunto de la judicatura, literalmente repleta de jueces del PP y del Opus (que vienen a ser lo mismo) para sus fines partidistas, cuenta habida de que ya no es posible emplear el ejército, que es lo que verdaderamente quiere. Así, interfiere en los procedimientos, recusa jueces, impone otros de su cuerda ideológica y así resulta que, cuando el Tribunal Supremo anuncia que estudiará una prueba de la Gürtel que podría anular el conjunto del proceso, todo el mundo sabe que, de producirse tamaña barbaridad, se debería como siempre, a las presiones de los gobernantes.

De lo que estos están haciendo con todas las instancias administrativas y los medios de comunicación no merece la pena hablar. Todas y todos al servicio incondicional de un partido corrupto y cleptocrático que, en su desesperado intento de impedir por la fuerza un referéndum de autodeterminación en Cataluña de cuya convocatoria, paradójicamente, es uno de los principales responsables, ha llevado al país al punto de ruptura inevitable.

Si el gobierno es corrupto, los jueces partidistas, la administración prevaricadora y los medios lacayos del poder político, el resumen final e inevitable será el fascismo. El proceso de fascistización de que hablaba Poulantzas se agiliza notablemente en España, en donde nadie de la derecha ha condenado todavía (y mucho menos ha hecho algo en contra) el legado de un régimen franquista genocida y delincuente. Sus herederos al día de hoy en el gobierno practican la misma política arbitraria, represiva, tiránica que su modelo y por eso no lo condenan, porque carecen de la talla moral necesaria para repudiar aquel régimen asesino y sus consecuencias al día de hoy.

¿Y la izquierda? A la vista está que está tratando de escurrir el bulto, ignorar el avance del fascismo en la vergonzosa esperanza de que, cuando este cometa más fechorías de las que ya está cometiendo no caiga sobre ella parte de la represión. Es una izquierda cobarde y sumisa, incapaz de hacer frente al avance del fascismo porque, al tratarse del modo de afrontar la reivindicación independentista catalana, en el fondo, coincide con la derecha. Proferirá unos gemidos cuando la represión alcance niveles intolerables para pasar luego a esos politiqueos de alianzas y desalianzas de parlamentos y gobiernos, como si el problema más grave que tiene España hoy, tanto en lo político como en lo económico y lo moral, no fuera Cataluña.

Para su vergüenza, los acontecimientos están poniendo en evidencia la miseria moral e intelectual de estas izquierdas que de tales no tienen nada. Puigdemont ya ha anunciado que no aceptará decisión alguna de cualesquiera autoridades españolas inhabilitándolo y ha puesto el problema en sus dimensiones reales: la legitimidad democrática frente a la arbitrariedad disfrazada delegalidad.

Y la izquierda callada o, lo que es peor, dando la razón a los represores neofranquistas por puro miedo.

De la legitimidad democrática, pasamos al principio de desobediencia civil, base misma de la democracia frente a la tiranía de la mayoría y el mismo Puigdemont advierte de que está dispuesto a ir a la cárcel por defender el referéndum. Que no le quepa duda a la izquierda: con él irán muchos, catalanes y no catalanes, que defendemos el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Para entonces, de la izquierda española no van a quedar ni las raspas.

lunes, 12 de junio de 2017

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria. 

sábado, 21 de enero de 2017

A la cárcel por gracioso

Decía hace poco Palinuro que el humor no delinque a propósito de una tuitera, Cassandra V, a la que piden dos años de cárcel y otras penas por unos chistes en tuiter sobre Carrero Blanco. Pero, sí, parece que delinque. Por eso le cae un año a César Strawberry por seis tuits de humor negro. En verdad, no es razonable. Produce pasmo que la jocosidad tenga consecuencias penales. A propósito de esta sentencia del Supremo ha escrito un buen artículo Máximo Pradera, cuyo contenido suscribo, explicando a los jueces la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Empeño heroico porque es imposible explicar un chiste a quien no tiene sentido del humor.

El asunto está claro en la argumentación del alto tribunal, que Pradera cita: La afirmación de que César Montaña no perseguía la defensa de los postulados de una organización terrorista y de que tampoco buscaba despreciar a las víctimas, es absolutamente irrelevante en términos de tipicidad. La estructura típica del delito previsto en el art. 578 del CP no precisa la acreditación de con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación. Pero, si no se indaga la finalidad, ¿cómo se sabe que son actos de enaltecimiento o humillación? ¿Hay una realidad objetiva del enaltecimiento y la humillación, como si fueran un dolmen y un menhir? ¿No es más bien asunto de interpretación? Y, si es así, claro que es esencial conocer la finalidad. Para que nos entendamos: hay actos que son de enaltecimiento y de humillación al mismo tiempo, según los ojos que lo miren y siendo el mismo acto. Para unos puede ser el más alto tributo y para otros la mayor de las humillaciones, incluso un sacrilegio. 

Estos jueces han abierto el camino a la vuelta de los delitos de opinión, a los que tan aficionada es la derecha, que ahora está muy ocupada lanzando al Tribunal Constitucional contra los independentistas catalanes.

viernes, 6 de enero de 2017

Sigue el diálogo

¿Por qué ordena la fiscalía a los mossos que hagan lo que tienen que hacer? Vigilar los delitos, impedirlos, denunciarlos, perseguirlos. Se trata de la función de los mossos. ¿Es que no la hacían? No debía de ser el caso puesto que la policía autonómica ya había mandado a la Audiencia Nacional un informe documentando 24 casos de delitos de este tipo. Prueba de estaba trabajando a pleno rendimiento. Más parece que el recordatorio de la fiscalía tiene una funcionalidad intimidatoria o amenazadora. Al hacer pública la advertencia de que los guardias estén atentos a la comisión del menor delito, a fin de reprimirlo, lo que se pretende es que sea de conocimiento general la plena disposición de las autoridades a reprimir cualquier conato de sedición o rebeldía. En el fondo, una amenaza del nacionalismo español al catalán.

Otra cosa es que se tipifiquen como delito los "ultrajes" a la corona. Eso sedicentes "ultrajes"no se refieren solo a la corona sino a prácticamente todo el orden político, desde la Constitución al ejército. En realidad, fue a causa de este último cuando se crearon estos delitos tan subjetivos como arbitrarios de los ultrajes e injurias a símbolos, objetos, entes, en la Ley de Jurisdicciones de 1906, aquella vergüenza por el que el Estado alfonsino se sometía a la arbitrariedad cuartelera. La República, con gran tino, la derogó; pero Franco, siempre dispuesto mostrar su faz de dictador, la incorporó a su legislación de seguridad, de delitos contra el ejército y al Código Penal.

Y ahí sigue. Dentro de poco veremos más acciones de desobediencia civil en Cataluña, muchas de las cuales podrán interpretarse como intolerables ultrajes a la corona o a la Constitución y así lo harán los segmentos más profranquistas de la judicatura, como ya está sucediendo. Admitir que un "ultraje" a la corona, a la Constitución, a la casa real sea un delito, cuando es materialmente imposible delimitar objetivamente el alcance del ultraje es abrir las puertas de par en par a la censura, a la represión a la negación de libertad de expresión. Se trata de algo a lo que este gobierno neofranquista es muy proclive, como se muestra por el hecho de haber aprobado una norma tan represiva, dictatorial y odiosa como la ley mordaza, por la que se pretende yugular todo atisbo de debate público.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

No saben qué hacer

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Para el título ("el problema lo tienen ellos") me he servido de una declaración realizada por el concejal de la CUP, Joan Com, detenido ayer en Vic y trasladado en un furgón policial a Madrid, a declarar ante la Audiencia Nacional en un oscuro proceso que se le sigue por algunas manifestaciones de carácter independentista.

Con ello se ponen ya todos los medios para escenificar una historia de persecuciones y ridículos judiciales. Una historia que recuerda aquellas escenas de independentistas vascos trasladados en furgones también a la Audiencia Ncional, con la muy substancial diferencia de que los independentistas catalanes son pacíficos y articulan su reivindicación democráticamente, a través del ejemplo y la desobediencia no violenta. 

Efectivamente, como dice Joan Coma, el problema lo tienen ellos, lo tiene el Estado a causa de un gobierno tan autoritario como incompetente.

A continuación, la versión castellana del artículo.

El problema lo tienen ellos
                                                                                                                             
El núcleo del discurso de Felipe VI en Nochebuena, el menos visto de la historia de estos mensajes, fue que la democracia descansa sobre el cumplimiento de la ley. En su cortedad mental, el monarca no alcanza a ver que está repitiendo como un loro las palabras de Rajoy, el representante de la derecha neofranquista más cerril. O quizá sí y le parezca muy bien poner la corona al servicio de la perpetuación de una teoría y una práctica autoritarias y antidemocráticas.

Porque, como sabe todo el mundo, excepto el puñado franquistas gobernantes, la democracia no surge de la ley sino de la voluntad del pueblo de la que, a su vez surge la ley. Si lo contrario fuera verdad, en España seguiría gobernando Franco, aunque fuese desde el más allá. En cierto modo, es lo que está pasando.

El discurso real apenas velaba su contenido amenazador para quienes no acaten esos postulados autoritarios. Muy especialmente, los independentistas catalanes a cuyas pretensiones contesta siempre el nacionalismo español con la obligación de acatar la ley. Una ley inicua e injusta en el caso de Cataluña, sometida a la tiranía de una mayoría española fundada en una Constitución, utilizada como arma de parte y que, en el fondo, nadie respeta.

Cuarenta y ocho horas después de las amenazas televisadas del Borbón, comienza la actividad represiva del Estado. La policía detiene al concejal independentista Joan Coma y lo traslada en un furgón a la Audiencia Nacional. Este hecho tiene un enorme valor simbólico. Cuando ETA mataba, el Estado aseguraba que, de haber paz, podría hablarse de todo. Entre tanto, la imagen de los telediarios era el traslado de independentistas vascos en furgón a la Audiencia Nacional de Madrid. En Cataluña nadie ha disparado un tiro, pero tampoco se puede hablar de nada. Ya se ha puesto en marcha la lanzadera de furgones de independentistas camino de la Audiencia Nacional de Madrid sin que haya habido más atisbo de diálogo que la campaña de propaganda del gobierno de estar dispuesto a él siempre que los demás claudiquen.

Detrás de Joan Coma vendrán otros, a no dudarlo y, dado el arraigo del independentismo en Cataluña los represores van a tener que sustituir los furgones por trenes. Esperemos que no de mercancías.

Coma afirma en un vídeo que son ellos, los represores, el Estado, el nacionalismo español, quienes tienen un problema. Es cierto, y con el agravante de que lo ignoran y, además, no pueden hacer nada distinto porque por su talante franquista y su falta de legitimidad (tanto del gobierno como de la oposición) carecen de margen de maniobra. Es verdad que el contencioso catalán podría resolverse mediante una simple negociación y un referéndum pactado, pero el nacionalismo español no negocia porque no sabe, no quiere y no puede. No sabe porque no lo ha hecho nunca; no quiere porque está movido por una catalanofobia profunda; y no puede porque la oligarquía teme quedarse sin Estado al que seguir expoliando.

Por eso son ellos quienes tienen un problema ya que están condenados a poner en marcha las medidas que acaban con la escasa autoridad de régimen de la tercera restauración que quieren defender. La Corona –bien claro lo ha dejado la intervención real- descansa en un bloque de poder dinástico formado por dos partidos de turnismo, uno de derechas y otro más de derechas, como siempre en España. La Constitución –que nunca ha sido un texto en vigor salvo para prohibir, reprimir y oprimir- carece de autoridad, reducida a la función de una hoja de parra para disimular las actividades antidemocráticas del poder central. El Tribunal Constitucional, intérprete de aquella, no es otra cosa que la correa de trasmisión de las arbitrariedades del gobierno a cuyo servicio se encuentra. El Parlamento, con una abrumadora mayoría del nacionalismo español es otro bloque al servicio de la perpetuación de la España de Franco, cuya ley quiere el monarca que acate todo el mundo.


El problema lo tienen ellos, sin duda, por encerrarse en un círculo vicioso de acción/represión. No va a haber furgones policiales ni trenes bastantes para trasladar a miles de independentistas a la Audiencia Nacional de Madrid, remedo del Tribunal de Orden Público de Franco. 

jueves, 22 de diciembre de 2016

Mal camino

Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.

Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo. 

Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.

En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias. 

No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.

sábado, 17 de diciembre de 2016

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

miércoles, 5 de octubre de 2016

De mal en peor

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La legitimació de l'adversari versa sobre la petición de la fiscalía de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve para las consejeras Ortega y Rigau. Todas por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014 para consultar a la ciudadanía catalana acerca de su futuro por cuanto el Estado español se negaba -y se niega- a permitir un referéndum. La idea es sencilla: considero que en el conjunto de dislates que ha sido la política del Estado en relación con Cataluña, ya desde los tiempos de Zapatero pero muy acusadamente en los de Rajoy, el recurso a la vía represiva, sea administrativa, judicial civil o penal, es mayor desatino si cabe por dos razones: 1ª) porque da por agotada la vía del diálogo y la negociación cuando ni siquiera se ha iniciado; 2ª) legitima la figura de Mas, le presta la aureola simbólica del sacrificio por la Patria catalana. Como sabemos desde siempre, lo peor que puede hacer quien pretende sofocar un movimiento popular es proporcionarle un mito, un héroe que contribuya a crear un relato justificativo. Exactamente lo que hace el gobierno español instigando a la fiscalía a pedir el procesamiento del más significado independentista, y su condena. Desde los ámbitos gubernativos se nos dirá que en España la justicia es independiente y el gobierno no instiga en absoluto al ministerio fiscal. No es necesario siquiera tomarse en serio la enésima patraña de este gobierno de embusteros redomados. De sobra sabemos que, según su ministro del Interior, la Fiscalía afina por su cuenta lo que interesa al poder,

A continuación, la versión castellana:

La legitimación del adversario

La petición fiscal de diez y de nueve años de inhabilitación para Mas y Ortega y Rigau respectivamente es coherente con la actitud que el gobierno español ha adoptado frente al proceso independentista catalán. Invocado desde el principio el principio de que la soberanía nacional no se negocia, obviamente, no hay negociación posible. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, compuesto este por españoles iguales. Otro principio que tampoco se negocia, el de la igualdad hispánica. No hay nada que negociar Y, ante la porfía de los soberanistas catalanes solo queda la vía de la represión administrativa, judicial y penal si a ello ha de llegarse.
Eso en el ámbito de la legalidad. En el de la alegalidad y hasta la ilegalidad, la vía represiva toma tintes aun más sombríos. Las supuestas conversaciones grabadas al ministro del Interior con un hombre de su confianza en Barcelona con el objetivo de jugar sucio con los adversarios políticos, fabricando escándalos van en el mismo sentido. Como lo hacen las demás actividades, conocidas o por conocer de las cloacas del Estado, desde las cuales se puede destrozar el sistema sanitario del prójimo.

El proceso, a su vez, sigue su curso. Conseguida la confianza de la cámara, Puigdemont se ha comprometido a un calendario que se corona, más o menos en un año, en una República Catalana, Estado nuevo en Europa. Se estará o no de acuerdo con la razón de ser o la oportunidad del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que se plantea como una transición de la legalidad a la legalidad. Pero no cabe duda de que es algo nuevo, que carece de precedentes y plantea el debate en términos políticos, esgrimiendo la legitimidad frente a la legalidad vigente.

Habiéndose perdido la opción de un gobierno de izquierdas en España, merced al golpe de mano de los barones del socialismo nacionalista español, solo se prevé el gobierno de la derecha. En el habitual contexto de rigidez y negativa a negociar nada, esto es, la confrontación con Cataluña. La idea, siempre la misma: mover al resto de España en contra de los catalanes. La dialéctica de la hostilidad que no soporta ni la conllevancia orteguiana. Un comportamiento que da réditos electorales al que se apoya en proclamas de amor a Cataluña mientras se aviva la catalanofobia por cualquier motivo, desde una reforma del Estatuto hasta el ejercicio de su derecho de autodeterminación.

Ahora ya no es solamente cuestión de la rígida negativa de la derecha, sino de la no menos rígida del nacionalismo español, porque se ha sumado el PSOE. El fin último del golpe de los diecisiete en Ferraz, es ajustar el paso del PSOE al del PP al abordar la cuestión catalana, cuyo punto de confrontación abierta se vislumbra en el horizonte. No es posible llegar a un gobierno de gran coalición como siempre había propuesto la derecha porque el PSOE se oponía. Los tiempos y las necesidades han cambiado. Ya no ha lugar a una gran coalición, pero sí a encontrar un terreno compartido de acción parlamentaria en lo que se refiere a Cataluña. Mostrar un punto de unión y acción común del nacionalismo español, sea de derechas o de izquierdas. El apoyo a distancia del PSOE permitiría al PP actuar como un gobierno de salvación nacional, dándole legitimidad a los ojos de los españoles.

El precio de todo ello está siendo la destrucción, la fragmentación del sistema político español: el PP, con su mayoría absoluta en Galicia y muy grande en Castilla y León, Murcia, MadridLa Rioja, etc, s prácticamnte extraparlamentario en Cataluña o País Vasco y es muy difícil que remonte en Andalucía. El PSOE, prácticamente extraparlamentario en Cataluña y Euskadi conserva mayorías substanciales, aunque mermantes, en el Dur peninsular. C’s solo puede tener presencia allí en donde el discurso anticatalanista tiene algún eco, esto es, Cataluña (curiosamente) y Madrid. El caso de Podemos aún no está claro. Si el PSOE termina de suicidarse, es posible que este otro se consolide. Si no, pasará a un segundo plano menos que discreto y los que iban a asaltar los cielos se quedarán en el purgatorio y los más infelices, en el limbo.

En Cataluña el proceso, además de la vertiente parlamentaria e institucional, tiene otra de carácter simbólico, emotivo. La movilización transversal de la sociedad ha aportado muchos elementos sentimentales para fortalecer el movimiento. La petición fiscal de inhabilitación de Mas es un paso decisivo en la construcción de un relato simbólico del nacimiento de la República Catalana. Es claro que el procesamiento del expresidente lo saca del segundo plano en que él mismo se había situado y lo empuja ya abiertamente hacia lo legendario. Al perseguirlo, el Estado español ha dado a Artur Mas la legitimidad que necesitaba para cambiar su figura mosaica de cuando era presidente que dirigía a su pueblo hacia la independencia por otra prometeica al encontrarse procesado, quizá condenado por haber dado la palabra a la gente, que es como quitar el fuego a los dioses.

El apoyo de que goce Artur Mas debiera dar al Estado una pista de en qué medida ha calado entre la población catalana el propósito de desobedecer al ordenamiento jurídico español. Porque el problema para este nacionalismo no está en los actos de los dirigentes sino en el respaldo que les dé la población.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Homs en el Tribunal Supremo

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la justicia del Rey. El asunto va de que la justicia en España se imparte en nombre del Rey, pero este no parece interesarse en absoluto por la justicia que se imparte en su nombre. En el caso del procesamiento del diputado Françesc Homs y los de Mas, Ortega, Rigau y quizá Carme Forcadell, parece claro que se trata de la judicialización de un problema político. El Estado comienza a enseñar los dientes a los independentistas. Los dientes, no las razones. Y, detrás de los tribunales, quizá vengan las cárceles.

Está claro que tienen perdida la partida y que lo único que se les ocurre es reprimir y generar un contexto de violencia, a ver si la gente se amilana. Y no será el caso.

Aquí la versión castellana:

La justicia del Rey

En España, la justicia se administra en nombre del Rey. Esto es más que una mera fórmula protocolaria. Responde a una realidad. Donde hay un conflicto básico de legitimidad, que cuestiona el ordenamiento fundamental de la convivencia entre dos comunidades, ambas sometidas al mismo monarca, el nombre del Rey sirve para zanjarlo.

Pero zanjarlo ¿cómo? ¿Buscando un equilibrio, un entendimiento una fórmula entre las dos comunidades o imponiendo los intereses de una de ellas sobre la otra? Si es de la primera forma, el Rey serviría para arbitrar y mediar en los conflictos entre quienes están sometidos a su soberanía. Si es de la segunda, lo único que se hace es disfrazar una justicia de parte en nombre del Rey. Y, en el peor de los casos, identificar la justicia del Rey con los intereses de una de las partes.

El proceso que se sigue contra Francesc Homs por la consulta del 9N cae de lleno en el segundo supuesto. Homs, como Mas, Rigau y Ortega están imputados por presuntos delitos anejos a su propósito de consultar la voluntad popular el 9N de 2014 a la vista de que el gobierno español no autorizaba, ni autoriza, un referéndum ni siquiera consultivo.

Los hechos y resultados son conocidos. La consideración del acto en sí tiene dos facetas, una política, que es como la entendió la Generalitat catalana y otra jurídica, como la entendió el gobierno español. Para la Generalitat, la consulta fue un acto de soberanía en la que se pudo saber la voluntad del pueblo catalán. Votaron más de dos millones de personas y el porcentaje a favor de la independencia fue altísimo. Sus consecuencias políticas son necesariamente de largo alcance pues legitima la prosecución del proceso. Para el gobierno español, la consulta fue poco más que una verbena, sin consecuencia jurídica alguna, pues se hizo con menosprecio de la ley.

El hecho, sin embargo, es que desde el punto de vista político, la consulta del 9N tiene un valor simbólico, pues abre el camino al proceso independentista pero necesita una debida realización de un referéndum, mientras que los efectos jurídicos, los que no iban a tener más que un valor simbólico, lo tendrán muy real pues son los de carácter represivo que se materializan en el proceso de Homs y los subsiguientes a los otros encausados.

Para Homs y quienes lo han acompañado a las puertas del Tribunal Supremo, el proceso es un simulacro jurídico de un propósito político: los fiscales catalanes en su momento y por unanimidad no vieron razón alguna para procesar a las autoridades de Cataluña, pero su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, revocó esa decisión unánime y obligó a abrir causa contra las personas citadas. Dado que el Fiscal General del Estado es de nombramiento directo del Gobierno no es absurdo pensar que este presionó para imponer la decisión de procesar. Semanas más tarde se producía la dimisión de ese Fiscal General. De forma que el de ahora hereda la situación ante el TS que, en poco tiempo, tendrá que conocer seguramente de los otros procesamientos y que es quien debe dilucidar en sede jurídica actos y pronunciamientos de carácter estrictamente político.

Para el gobierno y sus innumerables terminales mediáticas, el proceso de Homs et al. es un asunto estrictamente jurídico que debe resolverse en sede judicial. Es más, alguno de sus representantes no se recata en comparar el caso de la imputación a doña Rita Barberá por un presunto delito común con el de Françesc Homs por otro supuesto delito pero de conciencia. La comparación solo puede mantenerse en el campo del más rabioso positivismo que renuncia a valorar la motivación de las personas. Las dichas terminales mediáticas no dudan en calificar de “desafío total a la justicia” la actitud de Homs quien ha comparecido en tiempo y hora a la citación del Tribunal y, en uso de sus derechos procesales, ha contestado a las preguntas del juez y de la defensa, pero no a las de la acusación. Ningún desafío ven los medios del nacionalismo español (entre ellos, los catalanes) al hecho de que la señora Barberá haya decidido burlar, aunque sea transitoriamente, la acción de la justicia mediante un uso torticero y presuntamente prevaricador de la institución del aforamiento, cosa que ha hecho con el apoyo directo del presidente del Gobierno. El mismo que probablemente presionó al Fiscal General para que revocara la decisión unánime de los fiscales catalanes y procesaran a Homs.

Esta desviación de un problema político a sede judicial por la absoluta incapacidad de los políticos españoles de enfrentarse al contencioso catalán, puede acabar con el escaso prestigio que queda a la justicia en España y con generar una situación de acción reacción de consecuencias que nadie en su sano juicio puede desear.

Sí, la justicia en España se administra en nombre del Rey. Pero no se administra por igual para todos. Para los catalanes, especialmente los republicanos, la justicia del Rey es justicia de parte. Y de parte contraria.

viernes, 16 de septiembre de 2016

No va a haber sitio

En las cárceles. No va a haber sitio en las cárceles para enchironar a los independentistas cuando los tribunales españoles, obedeciendo el mandato del gobierno, empiecen a condenarlos a docenas. Esa es la marcha que lleva el asunto de la investigación a Mas, Rigau, Ortega y Homs, y el posible encausamiento de otro puñado de dirigentes democráticamente electos por mayorías dispuestas a respaldarlos en la calle. Falta absoluta de entendimiento, de negociación, de diálogo.

En los años de plomo solía enunciarse la teoría general de que carecía de sentido y era rotundamente repudiable todo recurso a la violencia. Una vez se depusieran las armas se vería que en una democracia como la española cabe hablar de todo pacíficamente. Era mentira por partida doble: en primer lugar, hay muchos que no quieren el cese de la violencia y tratan de impedirlo como sea. En segundo término, tampoco es cierto que sin violencia, en democracia, quepa hablar de todo. Hay temas prohibidos, por ejemplo, el de las mbiciones de liberación de los pueblos.

El proceso independentista catalán plantea una contradicción entre la legitimidad y la legalidad, entre una aspiración política y una represión judicial. Frente a la legítima aspiración política del derecho de la nación catalana a la autodeterminación, el Estado y, desde luego, el gobierno del PP, contraponen el estricto cumplimiento de la ley. Esta, sin embargo, es injusta en el trato a Cataluña, a la que obliga a someterse a la tiranía de la mayoría. Pero, además, su misma invocación también es injusta, incluso inicua. La ley que el gobierno invoca para aplicar en Cataluña es la que él mismo ha venido cambiando unilateralmente y gracias a su mayoría absoluta hasta ahora cuando le ha dado la gana, lo cual le resta toda legitimidad. La última muestra, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para convertir a este en un órgano más político de lo que ya es, prácticamente, un brazo ejecutor de la política del gobierno. Se exige así que los independentistas catalanes se ajusten a una ley que es la ley del embudo.

Estamos a las puertas de una escalada del conflicto. En Cataluña, el gobierno anuncia ya una actitud de desobediencia a las instituciones españolas. En Madrid no hay gobierno sino un grupo de amigos en rebeldía frente al control del Parlamento, en realidad, un gobierno tiránico cuya actitud frente a Cataluña ha sido siempre, y sigue siéndolo, de cerrada hostilidad. Este callejón sin salida a que ha condenado al país la ineptitud de un gobierno de la derecha, desprestigiado por su arbitrariedad y por su corrupción, acabará propiciando un intervención directa o indirecta de las instituciones europeas y, quizá, de la comunidad internacional. 

A este respecto es sumamente de lamentar que el PSOE, el eje mismo de la izquierda, haya hecho suya la visión autoritaria y antidemocrática de la derecha. No solamente es una dejación de los principios, sino algo inútil porque, como demuestra la historia, es imposible contener los anhelos de libertad de un pueblo.