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miércoles, 4 de octubre de 2017

Entrevista a Palinuro en De Tijd, de Holanda


Con motivo de los actos de barbarie de la Policía Nacional y la fuerza militar especial de Guardia Civil (*) contra la población catalana, el periódico holandés conservador De Tijd me ha hecho una entrevista que publica hoy con el título: "La UE debe intervenir en contra de la tiranía de Madrid". Incluyo a continuación el texto en castellano por si acaso algún despistado no entiende el neerlandés.

1. El gobierno de Rajoy ha llamado la actuación policial de ayer en Catalunya "ejemplar y proporcional", y el jefe de la oposición Pedro Sánchez echa la principal culpa de los 893 heridos a la Generalitat.  Que opina?

Opino que los dos mienten. La actuación policial fue desproporcionada y trataba de sembrar el caos y el terror. Otra prueba de ello es que sigue. La mentira de Sánchez es aun más repugnante porque echa la culpa a las víctimas.


2. Ninguno de los 4 grandes diarios de Madrid ponen fotos de la violencia policial en portada, como sí han hecho la prensa catalana y buena parte de la prensa mundial. A qué se debe esta aparente falta de sensibilidad de los medios españoles?

Censura y complicidad con la política opresora de Madrid hacia Cataluña. Eso sin mencionar que la prensa de Madrid no es prensa, sino panfletos y pasquines a las órdenes del gobierno de la derecha.


3. Según la Comisión Europea la cuestión catalana es un asunto interno, incluso después de los hechos de ayer. ¿Qué le parece?

Que también es mentira. Cuando un gobierno viola los derechos fundamentales de la ciudadanía, eso ya no es un "asunto interno" de un Estado. No se puede dejar a la población indefensa en manos de un gobierno tiránico. Así se sabe desde hace años en el derecho internacional, que reconoce la necesidad de injerencia exterior en protección de la ciudadanía frente a la tiranía de su gobierno.

4. Qué valor le otorga al referendum del 1-O? Con una participación del 42,6%, ¿es una base válida para declarar la independencia, según ha anunciado Puigdemont?
Un valor superior al normal porque se ha hecho en condiciones de suma hostilidad con un Estado tratando de boicotearlo. El 42,6% de participación es suficiente para la DUI. Si alguien quería algo más, que lo hubiera negociado antes,

5. Si se declara la independencia en unos días, cómo cree que actuará el gobierno de Rajoy?
Negando su validez, siguiendo con el estado de excepción no declarado que tiene y, si puede, encarcelando a Puigdemont y al govern.

6. Ve posible la separación entre Catalunya y España en el futuro (próximo o lejano)?
Sí. Y no solo posible, sino conveniente para ambas partes.

7. ¿Por qué la separación conviene a ambas partes?
A la parte catalana porque es lo que quiere para gobernarse a sí misma, administrar sus propios recursos y prosperar. A la parte española porque la separación será una catarsis y suscitará una crisis en la que quizá pueda establecerse un régimen republicano, laico y de justicia social que nunca ha tenido salvo los 5 años de la II República.
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(*) Hay quien, como José Ignacio Torreblanca, jefe de opinión de El País, sostiene que la Guardia Civil no es un cuerpo militar. El fin evidente de esta patraña es embellecer la ocupación y represión de Cataluña por este gobierno franquista, justificarla y engañar a la opinión pública internacional, escamoteando la naturaleza de esta fuerza. La propia Guardia Civil, en su página web se define como un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (...)  Depende del ministerio del interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios y del ministerio de defensa en cuanto ascensos y misiones de carácter militar. La mixtificación es la misma que empleó Franco en los años 40 del siglo pasado para combatir a los guerilleros republicanos sin emplear directamente el ejército pues ello hubiera posibilitado que algún tercer Estado reconociera a aquellos estatus de beligerante y les prestara apoyo. Lo mismo que hoy día y con el mismo fin: reprimir por la fuerza una población pacífica sosteniendo que no se hace con medios militares.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

El Estado de excepción en Cataluña

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat con el título de "Todos al frente" en el que se analiza la situación actual de Cataluña con las distintas actitudes que han tomado las fuerzas políticas, el gobierno, la oposición socialista (de respaldo total a las medidas represivas) y la oposición de Podemos, que no acaba de clarificar su objetivo. Como dedicaré el post de hoy a hablar de las propuestas de la oposición, me lo ahorraré aquí.

Mientras se editaba el artículo, la policía nacional parece haber entrado en los locales de la ANC de Reus a requisar cartelería del 1/10 y ha identificado a tres personas en comisaría. La situación es cada vez más claramente un estado de excepción encubierto y la evolución parecería llevar a un Ulster en Irlanda, aunque estoy seguro de que, de la parte catalana, no habrá ni un conato de violencia. Ya se verá con la parte española. Por eso, no hay que dar pie. Faltan 10 días para el 1/10.

Aquí el texto del artículo

Todos al frente

Quedan diez días para el 1/0 y los famosos trenes siguen a toda marcha en sentidos opuestos. Con una novedad: las tornas parecen haberse cambiado. Hasta la fecha, el bloque independentista ha sido un verdadero volcán de activismo de todo tipo, que multiplicaba las iniciativas y no descansaba en sus preparativos. Por el contrario, el Estado y el nacionalismo español estaban desnortados, desconcertados, incapaces de reaccionar y emperrados en bloquear cualquier salida, en una situación de verdadera parálisis.

Hoy parece ser a la inversa. Mientras la Generalitat reduce su activismo y desaparece tras las manifestaciones populares de todo tipo de apoyo al referéndum, el Estado da la impresión de estar poseído por el maligno. Sus representantes muestran un activismo frenético, multiplican sus declaraciones, habitualmente agresivas fabrican todo tipo de impedimentos y toda la batería de medios de a su servicio se moviliza para impedir el referéndum. Como si les fuera la vida en ello. Y les va.

Las fuerzas de seguridad del Estado, que debieran dedicarse a perseguir terroristas, ya que estamos en nivel 4 de alarma, y proteger a la población contra la delincuencia común, están concentradas en registrar imprentas, empresas de mensajerías, redacciones de medios y talleres de diseño, con o sin mandamiento judicial. Andan censurando la red y cerrando webs en prácticas que nada tienen que envidiar a la censura en China. Buscan material impreso o virtual a favor del referéndum prohibido y a favor del “sí” en concreto, todavía más prohibido.

La propaganda a favor del “no”, en cambio, no está prohibida y, aunque minoritaria, por serlo la opción, es muy visible. Cuando el gobierno afirma defender la ley se refiere a la ley del embudo: se impide la propaganda del “sí”, pero la del “no” se tolera y hasta se alienta. El referéndum está prohibido pero para unos está más prohibido que para otros. A esto lo llaman “igualdad ante la ley”.
Los agentes de la autoridad andan por la calle identificando ciudadanos en una especie de guerra de guerrillas contra la libertad de expresión y en aplicación de una Ley Mordaza que la izquierda española no se atreve a derogar. Estas identificaciones son intimidatorias y pueden acarrear multas significativas de acuerdo con un régimen de arbitrariedad represiva muy parecido al franquista.

Las brigadas del pensamiento también se han movilizado obedientemente. Unos intelectuales y profesionales sedicentemente de izquierdas, del entorno de El País, que ya ha degenerado hasta el nivel del ABC, ha firmado un manifiesto pidiendo a la gente que no vote por considerar que el referéndum es una “estafa democrática”, más o menos una “democracia-trampa”. El gesto y los argumentos son tan ruines que recuerdan el manifiesto de los Apostólicos al servicio del absolutismo, los de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar”, convertida ahora en “manía de votar”.

Las cloacas del Estado, que nunca han detenido su actividad, buscan ahora desacreditar a Puigdemont con un supuesto escándalo en sus tiempos de alcalde. No se dan cuenta de que, después de la “Operación Cataluña” y los infundios en relación con Xavier Trias, nada de lo que hagan las instancias oficiales tiene crédito alguno.

El principal partido de la oposición, el también dinástico PSOE, ha cerrado filas con el del gobierno y apoya todas sus medidas con la frágil condición de que, a partir del 2 de octubre, se amplíen las competencias de autogobierno algo que, de tener algún viso de cumplirse, está ya totalmente sobrepasado por los hechos. La alternativa a la actual situación de Cataluña en la Constitución no es más autogobierno, sino la independencia. Y aunque el PSOE acabe respaldando un posible estado de excepción en Cataluña, la medida no servirá de nada como no sea aplazar la única solución posible de consultar a la población por el futuro de Cataluña.

A la izquierda del PSOE, tanto en España como en Cataluña, las propuestas adolecen todas de un vicio similar. Nunca hubo posibilidades de terceras vías y menos al día de hoy, cuando ya está claro que, si el Estado consiguiera impedir el referéndum por la fuerza, la respuesta catalana será la declaración unilateral de independencia.

sábado, 16 de septiembre de 2017

El argumento del matón

El empeño del independentismo de celebrar un referéndum perfectamente legítimo para averiguar qué desea el pueblo de Cataluña esta revelando las miserias de la hasta ahora larvada dictadura española, oculta tras una leve pátina de democracia que se cae a trozos a marchas forzadas. Era muy fina la pátina y muy escaso su alcance, pero gozaba de la complicidad de los medios de comunicación, las elites políticas y económicas y la complacencia de la oposición. Creían que con dos o tres concesiones harían pasar por democracia y Estado de derecho lo que no era -y es- más que la arbitrariedad de un gobierno no sometido a control parlamentario real sino solamente ficticio, que domina los medios de comunicación públicos empleándolos como maquinaria de propaganda, interfiere en la administración de justicia, pone a su servicio el poder judicial y trata de ocultar un estado de corrupción galopante que ha podrido el conjunto del sistema hasta el punto de su más absoluta deslegitimación.

Ayer mismo se supo que otro exministro del presidente de los sobresueldos, el pío y devoto Ruiz Gallardón, empeñado en salvar a las mujeres del maligno a base de prohibirles el aborto, como anhela la Iglesia católica, está imputado en un presunto latrocinio de 70 millones de Euros. Rezan a Dios y roban al pueblo. Si hay una imagen típica de un sepulcro blanquedo es la de este modoso caballerete que según parece, se dedicó a vaciar las arcas municipales en su beneficio y el de sus compis de partido estatales, autonómicas y provinciales. Rajoy cuenta ya con tres exministros en diversos trances procesales: Ana Mato, José Manuel Soria y Alberto Ruiz-Gallardón. Si añadimos el mismo presidente -sospechoso de cobrar sobresueldos en B-, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Federico Trillo y otros peces menos gordos pero no menos voraces, entenderemos que algún juez haya considerado el PP como una presunta organización de malhechores y probablemente se quede corto ya que ese partido parece más una organización criminal dedicada literalmente al saqueo de España.

Todo esto y muchas más tropelías están saliendo a la luz gracias a la actividad del independentismo catalán, confirmando una vez más la tesis de Palinuro de que Cataluña es la única oposición real a este régimen putrefacto de la oligarquía tradicional de incompetentes en España. Los otros partidos parlamentarios solo son la lamentable muestra de la impotencia de una izquierda que carece de todo horizonte ideológico, por haberse puesto literalmente al servicio de la oligarquía franquista hoy gobernante.
Al frente de este contubernio de mafiosos se encuentra un hombre como Rajoy, cuya integridad moral está a la misma bajura que su coeficiente intelectual. Solo teniendo esto presente puede entenderse que haya tenido el desparpajo -y la prensa lacaya la servidumbre de llevarlo a portada, convencida de que se trata de un hecho democrático- de emplear el típico argumento del matón del barrio que amenaza a quienes quieren hacer algo que a él no le gusta con partirles la cara. Su razonamiento es justo el mismo que el del sobresueldos.

1.- Señalo los límites de la acción política justa como me da la gana.
2.- Lo llamo "legalidad".
3.-Te empeñas en hacer algo que la sobrepasa
4.-Me veo obligado a partirte la cara.
5.- La culpa de que yo te parta la cara la tienes tú. No quería, pero no tuve más remedio.

Rajoy sigue cometiendo todo tipo d desmanes: cobrar de caja B y mentir a la ciudadanía, esquilmar el fondo de las pensiones y dejar descapitalizados los servicios públicos para privatizarlos y que sus amigos hagan negocios, financiar los gastos que genera la atención de su padre, gran dependiente, con dineros públicos que niega a los demás.El problema es que, como todo, le importa un rábano pues él lo que quiere es pasearse por la plaza de su pueblo.

El rasgo más obvio del gobierno de Rajoy es el abuso poder  que está formulado en ese argumento del matón: tu mera existencia es una provocación en toda regla porque te aferras a unos derechos que yo no te reconozco. Por lo tanto me veo obligado a machacarte, pero la responsabilidad del machaque es tuya.

martes, 1 de agosto de 2017

La marcha hacia el fascismo

Hace unos días, el ministro del Interior, heredero del insólito Fernández Díaz, acusaba a los nacionalistas de utilizar las instituciones con fines partidistas. Teniendo en cuenta que este ministro es militante del PP y juez al mismo tiempo, que fue alcalde de Sevilla, también del PP, su queja solo puede entenderse como una típica proyección neurótica porque emplear las instituciones públicas con fines partidista es justamente lo que hace él y, en escala mucho mayor su partido.

¡Y qué partido! Él mismo está imputado en dos procesos penales; en sus filas cuenta con unos 900 militantes y cargos públicos asimismo imputados penalmente y sostiene un gobierno del que han dimitido ya dos ministros (Mato y Soria) por corrupción declarada y tiene otros dos reprobados por sus prácticas antidemocráticas. Además, su presidente, presunto cobrador de cuantiosos sobresueldos procedentes de la caja B, acaba de declarar como testigo en uno de los procesos por corrupción de la Gürtel y, aunque su declaración se ha atenido al modelo de la infanta Cristina (no sé nada, no me acuerdo, no me consta, eso lo llevaba mi marido), es posible que haya cometido perjurio por cuanto negó en sede judicial tener conocimiento alguno de los aspectos económicos de su gestión como director de campaña electoral del PP siendo así que hay pruebas fehacientes de que conocía perfectamente estos aspectos y hasta los explicaba en ruedas de prensa.

Este partido, presunta asociación de malhechores, con el presidente de los sobresueldos ha destruido el escaso Estado de derecho que había en España. Para la comisión de sus fechorías, para ocultarla y, para causar perjuicio a sus adversarios ideológicos se ha servido de todas las instituciones del Estado, las ha instrumentalizado y las ha pervertido hasta el extremo de que ninguna de ellas tiene autoridad alguna como no sea imponiéndola a palos.

La instrumentalización más escandalosa es la del Tribunal Constitucional, presidido durante años por un exmilitante del PP que ocultó está condición ante la comisión del Senado que había de nombrarlo. En cualquier lugar este escamoteo sería motivo de cese fulminante. Aquí, ni se menciona. Este presidente y una mayoría de componentes de este órgano político que se hace pasar por tribunal ha venido actuando al servicio del gobierno del PP. No contento con esto, el gobierno de la derecha, con su mayoría parlamentaria absoluta en la legislatura anterior, impuso una reforma del reglamento del Tribunal que lo convierte en agente ejecutor de sus propias sentencias al servicio del gobierno. Los componentes de este pintoresco órgano, por mayoría (cuando menos, hubo tres votos en contra de carácter crítico) aceptaron convertirse en algo tan contrario al espíritu mismo del derecho y la justicia como juez y parte. Incluso más, dada su sumisión al poder político, en el fondo, lo que esta reforma consigue en convertir al gobierno en el dueño absoluto del Tribunal Constitucional. Cualquier parecido con un Estado de derecho es una quimera.

Y no solo el Tribunal Constitucional. El gobierno está utilizando el conjunto de la judicatura, literalmente repleta de jueces del PP y del Opus (que vienen a ser lo mismo) para sus fines partidistas, cuenta habida de que ya no es posible emplear el ejército, que es lo que verdaderamente quiere. Así, interfiere en los procedimientos, recusa jueces, impone otros de su cuerda ideológica y así resulta que, cuando el Tribunal Supremo anuncia que estudiará una prueba de la Gürtel que podría anular el conjunto del proceso, todo el mundo sabe que, de producirse tamaña barbaridad, se debería como siempre, a las presiones de los gobernantes.

De lo que estos están haciendo con todas las instancias administrativas y los medios de comunicación no merece la pena hablar. Todas y todos al servicio incondicional de un partido corrupto y cleptocrático que, en su desesperado intento de impedir por la fuerza un referéndum de autodeterminación en Cataluña de cuya convocatoria, paradójicamente, es uno de los principales responsables, ha llevado al país al punto de ruptura inevitable.

Si el gobierno es corrupto, los jueces partidistas, la administración prevaricadora y los medios lacayos del poder político, el resumen final e inevitable será el fascismo. El proceso de fascistización de que hablaba Poulantzas se agiliza notablemente en España, en donde nadie de la derecha ha condenado todavía (y mucho menos ha hecho algo en contra) el legado de un régimen franquista genocida y delincuente. Sus herederos al día de hoy en el gobierno practican la misma política arbitraria, represiva, tiránica que su modelo y por eso no lo condenan, porque carecen de la talla moral necesaria para repudiar aquel régimen asesino y sus consecuencias al día de hoy.

¿Y la izquierda? A la vista está que está tratando de escurrir el bulto, ignorar el avance del fascismo en la vergonzosa esperanza de que, cuando este cometa más fechorías de las que ya está cometiendo no caiga sobre ella parte de la represión. Es una izquierda cobarde y sumisa, incapaz de hacer frente al avance del fascismo porque, al tratarse del modo de afrontar la reivindicación independentista catalana, en el fondo, coincide con la derecha. Proferirá unos gemidos cuando la represión alcance niveles intolerables para pasar luego a esos politiqueos de alianzas y desalianzas de parlamentos y gobiernos, como si el problema más grave que tiene España hoy, tanto en lo político como en lo económico y lo moral, no fuera Cataluña.

Para su vergüenza, los acontecimientos están poniendo en evidencia la miseria moral e intelectual de estas izquierdas que de tales no tienen nada. Puigdemont ya ha anunciado que no aceptará decisión alguna de cualesquiera autoridades españolas inhabilitándolo y ha puesto el problema en sus dimensiones reales: la legitimidad democrática frente a la arbitrariedad disfrazada delegalidad.

Y la izquierda callada o, lo que es peor, dando la razón a los represores neofranquistas por puro miedo.

De la legitimidad democrática, pasamos al principio de desobediencia civil, base misma de la democracia frente a la tiranía de la mayoría y el mismo Puigdemont advierte de que está dispuesto a ir a la cárcel por defender el referéndum. Que no le quepa duda a la izquierda: con él irán muchos, catalanes y no catalanes, que defendemos el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Para entonces, de la izquierda española no van a quedar ni las raspas.

lunes, 12 de junio de 2017

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria. 

sábado, 21 de enero de 2017

A la cárcel por gracioso

Decía hace poco Palinuro que el humor no delinque a propósito de una tuitera, Cassandra V, a la que piden dos años de cárcel y otras penas por unos chistes en tuiter sobre Carrero Blanco. Pero, sí, parece que delinque. Por eso le cae un año a César Strawberry por seis tuits de humor negro. En verdad, no es razonable. Produce pasmo que la jocosidad tenga consecuencias penales. A propósito de esta sentencia del Supremo ha escrito un buen artículo Máximo Pradera, cuyo contenido suscribo, explicando a los jueces la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Empeño heroico porque es imposible explicar un chiste a quien no tiene sentido del humor.

El asunto está claro en la argumentación del alto tribunal, que Pradera cita: La afirmación de que César Montaña no perseguía la defensa de los postulados de una organización terrorista y de que tampoco buscaba despreciar a las víctimas, es absolutamente irrelevante en términos de tipicidad. La estructura típica del delito previsto en el art. 578 del CP no precisa la acreditación de con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación. Pero, si no se indaga la finalidad, ¿cómo se sabe que son actos de enaltecimiento o humillación? ¿Hay una realidad objetiva del enaltecimiento y la humillación, como si fueran un dolmen y un menhir? ¿No es más bien asunto de interpretación? Y, si es así, claro que es esencial conocer la finalidad. Para que nos entendamos: hay actos que son de enaltecimiento y de humillación al mismo tiempo, según los ojos que lo miren y siendo el mismo acto. Para unos puede ser el más alto tributo y para otros la mayor de las humillaciones, incluso un sacrilegio. 

Estos jueces han abierto el camino a la vuelta de los delitos de opinión, a los que tan aficionada es la derecha, que ahora está muy ocupada lanzando al Tribunal Constitucional contra los independentistas catalanes.

viernes, 6 de enero de 2017

Sigue el diálogo

¿Por qué ordena la fiscalía a los mossos que hagan lo que tienen que hacer? Vigilar los delitos, impedirlos, denunciarlos, perseguirlos. Se trata de la función de los mossos. ¿Es que no la hacían? No debía de ser el caso puesto que la policía autonómica ya había mandado a la Audiencia Nacional un informe documentando 24 casos de delitos de este tipo. Prueba de estaba trabajando a pleno rendimiento. Más parece que el recordatorio de la fiscalía tiene una funcionalidad intimidatoria o amenazadora. Al hacer pública la advertencia de que los guardias estén atentos a la comisión del menor delito, a fin de reprimirlo, lo que se pretende es que sea de conocimiento general la plena disposición de las autoridades a reprimir cualquier conato de sedición o rebeldía. En el fondo, una amenaza del nacionalismo español al catalán.

Otra cosa es que se tipifiquen como delito los "ultrajes" a la corona. Eso sedicentes "ultrajes"no se refieren solo a la corona sino a prácticamente todo el orden político, desde la Constitución al ejército. En realidad, fue a causa de este último cuando se crearon estos delitos tan subjetivos como arbitrarios de los ultrajes e injurias a símbolos, objetos, entes, en la Ley de Jurisdicciones de 1906, aquella vergüenza por el que el Estado alfonsino se sometía a la arbitrariedad cuartelera. La República, con gran tino, la derogó; pero Franco, siempre dispuesto mostrar su faz de dictador, la incorporó a su legislación de seguridad, de delitos contra el ejército y al Código Penal.

Y ahí sigue. Dentro de poco veremos más acciones de desobediencia civil en Cataluña, muchas de las cuales podrán interpretarse como intolerables ultrajes a la corona o a la Constitución y así lo harán los segmentos más profranquistas de la judicatura, como ya está sucediendo. Admitir que un "ultraje" a la corona, a la Constitución, a la casa real sea un delito, cuando es materialmente imposible delimitar objetivamente el alcance del ultraje es abrir las puertas de par en par a la censura, a la represión a la negación de libertad de expresión. Se trata de algo a lo que este gobierno neofranquista es muy proclive, como se muestra por el hecho de haber aprobado una norma tan represiva, dictatorial y odiosa como la ley mordaza, por la que se pretende yugular todo atisbo de debate público.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

No saben qué hacer

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Para el título ("el problema lo tienen ellos") me he servido de una declaración realizada por el concejal de la CUP, Joan Com, detenido ayer en Vic y trasladado en un furgón policial a Madrid, a declarar ante la Audiencia Nacional en un oscuro proceso que se le sigue por algunas manifestaciones de carácter independentista.

Con ello se ponen ya todos los medios para escenificar una historia de persecuciones y ridículos judiciales. Una historia que recuerda aquellas escenas de independentistas vascos trasladados en furgones también a la Audiencia Ncional, con la muy substancial diferencia de que los independentistas catalanes son pacíficos y articulan su reivindicación democráticamente, a través del ejemplo y la desobediencia no violenta. 

Efectivamente, como dice Joan Coma, el problema lo tienen ellos, lo tiene el Estado a causa de un gobierno tan autoritario como incompetente.

A continuación, la versión castellana del artículo.

El problema lo tienen ellos
                                                                                                                             
El núcleo del discurso de Felipe VI en Nochebuena, el menos visto de la historia de estos mensajes, fue que la democracia descansa sobre el cumplimiento de la ley. En su cortedad mental, el monarca no alcanza a ver que está repitiendo como un loro las palabras de Rajoy, el representante de la derecha neofranquista más cerril. O quizá sí y le parezca muy bien poner la corona al servicio de la perpetuación de una teoría y una práctica autoritarias y antidemocráticas.

Porque, como sabe todo el mundo, excepto el puñado franquistas gobernantes, la democracia no surge de la ley sino de la voluntad del pueblo de la que, a su vez surge la ley. Si lo contrario fuera verdad, en España seguiría gobernando Franco, aunque fuese desde el más allá. En cierto modo, es lo que está pasando.

El discurso real apenas velaba su contenido amenazador para quienes no acaten esos postulados autoritarios. Muy especialmente, los independentistas catalanes a cuyas pretensiones contesta siempre el nacionalismo español con la obligación de acatar la ley. Una ley inicua e injusta en el caso de Cataluña, sometida a la tiranía de una mayoría española fundada en una Constitución, utilizada como arma de parte y que, en el fondo, nadie respeta.

Cuarenta y ocho horas después de las amenazas televisadas del Borbón, comienza la actividad represiva del Estado. La policía detiene al concejal independentista Joan Coma y lo traslada en un furgón a la Audiencia Nacional. Este hecho tiene un enorme valor simbólico. Cuando ETA mataba, el Estado aseguraba que, de haber paz, podría hablarse de todo. Entre tanto, la imagen de los telediarios era el traslado de independentistas vascos en furgón a la Audiencia Nacional de Madrid. En Cataluña nadie ha disparado un tiro, pero tampoco se puede hablar de nada. Ya se ha puesto en marcha la lanzadera de furgones de independentistas camino de la Audiencia Nacional de Madrid sin que haya habido más atisbo de diálogo que la campaña de propaganda del gobierno de estar dispuesto a él siempre que los demás claudiquen.

Detrás de Joan Coma vendrán otros, a no dudarlo y, dado el arraigo del independentismo en Cataluña los represores van a tener que sustituir los furgones por trenes. Esperemos que no de mercancías.

Coma afirma en un vídeo que son ellos, los represores, el Estado, el nacionalismo español, quienes tienen un problema. Es cierto, y con el agravante de que lo ignoran y, además, no pueden hacer nada distinto porque por su talante franquista y su falta de legitimidad (tanto del gobierno como de la oposición) carecen de margen de maniobra. Es verdad que el contencioso catalán podría resolverse mediante una simple negociación y un referéndum pactado, pero el nacionalismo español no negocia porque no sabe, no quiere y no puede. No sabe porque no lo ha hecho nunca; no quiere porque está movido por una catalanofobia profunda; y no puede porque la oligarquía teme quedarse sin Estado al que seguir expoliando.

Por eso son ellos quienes tienen un problema ya que están condenados a poner en marcha las medidas que acaban con la escasa autoridad de régimen de la tercera restauración que quieren defender. La Corona –bien claro lo ha dejado la intervención real- descansa en un bloque de poder dinástico formado por dos partidos de turnismo, uno de derechas y otro más de derechas, como siempre en España. La Constitución –que nunca ha sido un texto en vigor salvo para prohibir, reprimir y oprimir- carece de autoridad, reducida a la función de una hoja de parra para disimular las actividades antidemocráticas del poder central. El Tribunal Constitucional, intérprete de aquella, no es otra cosa que la correa de trasmisión de las arbitrariedades del gobierno a cuyo servicio se encuentra. El Parlamento, con una abrumadora mayoría del nacionalismo español es otro bloque al servicio de la perpetuación de la España de Franco, cuya ley quiere el monarca que acate todo el mundo.


El problema lo tienen ellos, sin duda, por encerrarse en un círculo vicioso de acción/represión. No va a haber furgones policiales ni trenes bastantes para trasladar a miles de independentistas a la Audiencia Nacional de Madrid, remedo del Tribunal de Orden Público de Franco. 

jueves, 22 de diciembre de 2016

Mal camino

Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.

Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo. 

Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.

En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias. 

No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.

sábado, 17 de diciembre de 2016

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

miércoles, 5 de octubre de 2016

De mal en peor

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La legitimació de l'adversari versa sobre la petición de la fiscalía de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve para las consejeras Ortega y Rigau. Todas por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014 para consultar a la ciudadanía catalana acerca de su futuro por cuanto el Estado español se negaba -y se niega- a permitir un referéndum. La idea es sencilla: considero que en el conjunto de dislates que ha sido la política del Estado en relación con Cataluña, ya desde los tiempos de Zapatero pero muy acusadamente en los de Rajoy, el recurso a la vía represiva, sea administrativa, judicial civil o penal, es mayor desatino si cabe por dos razones: 1ª) porque da por agotada la vía del diálogo y la negociación cuando ni siquiera se ha iniciado; 2ª) legitima la figura de Mas, le presta la aureola simbólica del sacrificio por la Patria catalana. Como sabemos desde siempre, lo peor que puede hacer quien pretende sofocar un movimiento popular es proporcionarle un mito, un héroe que contribuya a crear un relato justificativo. Exactamente lo que hace el gobierno español instigando a la fiscalía a pedir el procesamiento del más significado independentista, y su condena. Desde los ámbitos gubernativos se nos dirá que en España la justicia es independiente y el gobierno no instiga en absoluto al ministerio fiscal. No es necesario siquiera tomarse en serio la enésima patraña de este gobierno de embusteros redomados. De sobra sabemos que, según su ministro del Interior, la Fiscalía afina por su cuenta lo que interesa al poder,

A continuación, la versión castellana:

La legitimación del adversario

La petición fiscal de diez y de nueve años de inhabilitación para Mas y Ortega y Rigau respectivamente es coherente con la actitud que el gobierno español ha adoptado frente al proceso independentista catalán. Invocado desde el principio el principio de que la soberanía nacional no se negocia, obviamente, no hay negociación posible. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, compuesto este por españoles iguales. Otro principio que tampoco se negocia, el de la igualdad hispánica. No hay nada que negociar Y, ante la porfía de los soberanistas catalanes solo queda la vía de la represión administrativa, judicial y penal si a ello ha de llegarse.
Eso en el ámbito de la legalidad. En el de la alegalidad y hasta la ilegalidad, la vía represiva toma tintes aun más sombríos. Las supuestas conversaciones grabadas al ministro del Interior con un hombre de su confianza en Barcelona con el objetivo de jugar sucio con los adversarios políticos, fabricando escándalos van en el mismo sentido. Como lo hacen las demás actividades, conocidas o por conocer de las cloacas del Estado, desde las cuales se puede destrozar el sistema sanitario del prójimo.

El proceso, a su vez, sigue su curso. Conseguida la confianza de la cámara, Puigdemont se ha comprometido a un calendario que se corona, más o menos en un año, en una República Catalana, Estado nuevo en Europa. Se estará o no de acuerdo con la razón de ser o la oportunidad del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que se plantea como una transición de la legalidad a la legalidad. Pero no cabe duda de que es algo nuevo, que carece de precedentes y plantea el debate en términos políticos, esgrimiendo la legitimidad frente a la legalidad vigente.

Habiéndose perdido la opción de un gobierno de izquierdas en España, merced al golpe de mano de los barones del socialismo nacionalista español, solo se prevé el gobierno de la derecha. En el habitual contexto de rigidez y negativa a negociar nada, esto es, la confrontación con Cataluña. La idea, siempre la misma: mover al resto de España en contra de los catalanes. La dialéctica de la hostilidad que no soporta ni la conllevancia orteguiana. Un comportamiento que da réditos electorales al que se apoya en proclamas de amor a Cataluña mientras se aviva la catalanofobia por cualquier motivo, desde una reforma del Estatuto hasta el ejercicio de su derecho de autodeterminación.

Ahora ya no es solamente cuestión de la rígida negativa de la derecha, sino de la no menos rígida del nacionalismo español, porque se ha sumado el PSOE. El fin último del golpe de los diecisiete en Ferraz, es ajustar el paso del PSOE al del PP al abordar la cuestión catalana, cuyo punto de confrontación abierta se vislumbra en el horizonte. No es posible llegar a un gobierno de gran coalición como siempre había propuesto la derecha porque el PSOE se oponía. Los tiempos y las necesidades han cambiado. Ya no ha lugar a una gran coalición, pero sí a encontrar un terreno compartido de acción parlamentaria en lo que se refiere a Cataluña. Mostrar un punto de unión y acción común del nacionalismo español, sea de derechas o de izquierdas. El apoyo a distancia del PSOE permitiría al PP actuar como un gobierno de salvación nacional, dándole legitimidad a los ojos de los españoles.

El precio de todo ello está siendo la destrucción, la fragmentación del sistema político español: el PP, con su mayoría absoluta en Galicia y muy grande en Castilla y León, Murcia, MadridLa Rioja, etc, s prácticamnte extraparlamentario en Cataluña o País Vasco y es muy difícil que remonte en Andalucía. El PSOE, prácticamente extraparlamentario en Cataluña y Euskadi conserva mayorías substanciales, aunque mermantes, en el Dur peninsular. C’s solo puede tener presencia allí en donde el discurso anticatalanista tiene algún eco, esto es, Cataluña (curiosamente) y Madrid. El caso de Podemos aún no está claro. Si el PSOE termina de suicidarse, es posible que este otro se consolide. Si no, pasará a un segundo plano menos que discreto y los que iban a asaltar los cielos se quedarán en el purgatorio y los más infelices, en el limbo.

En Cataluña el proceso, además de la vertiente parlamentaria e institucional, tiene otra de carácter simbólico, emotivo. La movilización transversal de la sociedad ha aportado muchos elementos sentimentales para fortalecer el movimiento. La petición fiscal de inhabilitación de Mas es un paso decisivo en la construcción de un relato simbólico del nacimiento de la República Catalana. Es claro que el procesamiento del expresidente lo saca del segundo plano en que él mismo se había situado y lo empuja ya abiertamente hacia lo legendario. Al perseguirlo, el Estado español ha dado a Artur Mas la legitimidad que necesitaba para cambiar su figura mosaica de cuando era presidente que dirigía a su pueblo hacia la independencia por otra prometeica al encontrarse procesado, quizá condenado por haber dado la palabra a la gente, que es como quitar el fuego a los dioses.

El apoyo de que goce Artur Mas debiera dar al Estado una pista de en qué medida ha calado entre la población catalana el propósito de desobedecer al ordenamiento jurídico español. Porque el problema para este nacionalismo no está en los actos de los dirigentes sino en el respaldo que les dé la población.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Homs en el Tribunal Supremo

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la justicia del Rey. El asunto va de que la justicia en España se imparte en nombre del Rey, pero este no parece interesarse en absoluto por la justicia que se imparte en su nombre. En el caso del procesamiento del diputado Françesc Homs y los de Mas, Ortega, Rigau y quizá Carme Forcadell, parece claro que se trata de la judicialización de un problema político. El Estado comienza a enseñar los dientes a los independentistas. Los dientes, no las razones. Y, detrás de los tribunales, quizá vengan las cárceles.

Está claro que tienen perdida la partida y que lo único que se les ocurre es reprimir y generar un contexto de violencia, a ver si la gente se amilana. Y no será el caso.

Aquí la versión castellana:

La justicia del Rey

En España, la justicia se administra en nombre del Rey. Esto es más que una mera fórmula protocolaria. Responde a una realidad. Donde hay un conflicto básico de legitimidad, que cuestiona el ordenamiento fundamental de la convivencia entre dos comunidades, ambas sometidas al mismo monarca, el nombre del Rey sirve para zanjarlo.

Pero zanjarlo ¿cómo? ¿Buscando un equilibrio, un entendimiento una fórmula entre las dos comunidades o imponiendo los intereses de una de ellas sobre la otra? Si es de la primera forma, el Rey serviría para arbitrar y mediar en los conflictos entre quienes están sometidos a su soberanía. Si es de la segunda, lo único que se hace es disfrazar una justicia de parte en nombre del Rey. Y, en el peor de los casos, identificar la justicia del Rey con los intereses de una de las partes.

El proceso que se sigue contra Francesc Homs por la consulta del 9N cae de lleno en el segundo supuesto. Homs, como Mas, Rigau y Ortega están imputados por presuntos delitos anejos a su propósito de consultar la voluntad popular el 9N de 2014 a la vista de que el gobierno español no autorizaba, ni autoriza, un referéndum ni siquiera consultivo.

Los hechos y resultados son conocidos. La consideración del acto en sí tiene dos facetas, una política, que es como la entendió la Generalitat catalana y otra jurídica, como la entendió el gobierno español. Para la Generalitat, la consulta fue un acto de soberanía en la que se pudo saber la voluntad del pueblo catalán. Votaron más de dos millones de personas y el porcentaje a favor de la independencia fue altísimo. Sus consecuencias políticas son necesariamente de largo alcance pues legitima la prosecución del proceso. Para el gobierno español, la consulta fue poco más que una verbena, sin consecuencia jurídica alguna, pues se hizo con menosprecio de la ley.

El hecho, sin embargo, es que desde el punto de vista político, la consulta del 9N tiene un valor simbólico, pues abre el camino al proceso independentista pero necesita una debida realización de un referéndum, mientras que los efectos jurídicos, los que no iban a tener más que un valor simbólico, lo tendrán muy real pues son los de carácter represivo que se materializan en el proceso de Homs y los subsiguientes a los otros encausados.

Para Homs y quienes lo han acompañado a las puertas del Tribunal Supremo, el proceso es un simulacro jurídico de un propósito político: los fiscales catalanes en su momento y por unanimidad no vieron razón alguna para procesar a las autoridades de Cataluña, pero su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, revocó esa decisión unánime y obligó a abrir causa contra las personas citadas. Dado que el Fiscal General del Estado es de nombramiento directo del Gobierno no es absurdo pensar que este presionó para imponer la decisión de procesar. Semanas más tarde se producía la dimisión de ese Fiscal General. De forma que el de ahora hereda la situación ante el TS que, en poco tiempo, tendrá que conocer seguramente de los otros procesamientos y que es quien debe dilucidar en sede jurídica actos y pronunciamientos de carácter estrictamente político.

Para el gobierno y sus innumerables terminales mediáticas, el proceso de Homs et al. es un asunto estrictamente jurídico que debe resolverse en sede judicial. Es más, alguno de sus representantes no se recata en comparar el caso de la imputación a doña Rita Barberá por un presunto delito común con el de Françesc Homs por otro supuesto delito pero de conciencia. La comparación solo puede mantenerse en el campo del más rabioso positivismo que renuncia a valorar la motivación de las personas. Las dichas terminales mediáticas no dudan en calificar de “desafío total a la justicia” la actitud de Homs quien ha comparecido en tiempo y hora a la citación del Tribunal y, en uso de sus derechos procesales, ha contestado a las preguntas del juez y de la defensa, pero no a las de la acusación. Ningún desafío ven los medios del nacionalismo español (entre ellos, los catalanes) al hecho de que la señora Barberá haya decidido burlar, aunque sea transitoriamente, la acción de la justicia mediante un uso torticero y presuntamente prevaricador de la institución del aforamiento, cosa que ha hecho con el apoyo directo del presidente del Gobierno. El mismo que probablemente presionó al Fiscal General para que revocara la decisión unánime de los fiscales catalanes y procesaran a Homs.

Esta desviación de un problema político a sede judicial por la absoluta incapacidad de los políticos españoles de enfrentarse al contencioso catalán, puede acabar con el escaso prestigio que queda a la justicia en España y con generar una situación de acción reacción de consecuencias que nadie en su sano juicio puede desear.

Sí, la justicia en España se administra en nombre del Rey. Pero no se administra por igual para todos. Para los catalanes, especialmente los republicanos, la justicia del Rey es justicia de parte. Y de parte contraria.

viernes, 16 de septiembre de 2016

No va a haber sitio

En las cárceles. No va a haber sitio en las cárceles para enchironar a los independentistas cuando los tribunales españoles, obedeciendo el mandato del gobierno, empiecen a condenarlos a docenas. Esa es la marcha que lleva el asunto de la investigación a Mas, Rigau, Ortega y Homs, y el posible encausamiento de otro puñado de dirigentes democráticamente electos por mayorías dispuestas a respaldarlos en la calle. Falta absoluta de entendimiento, de negociación, de diálogo.

En los años de plomo solía enunciarse la teoría general de que carecía de sentido y era rotundamente repudiable todo recurso a la violencia. Una vez se depusieran las armas se vería que en una democracia como la española cabe hablar de todo pacíficamente. Era mentira por partida doble: en primer lugar, hay muchos que no quieren el cese de la violencia y tratan de impedirlo como sea. En segundo término, tampoco es cierto que sin violencia, en democracia, quepa hablar de todo. Hay temas prohibidos, por ejemplo, el de las mbiciones de liberación de los pueblos.

El proceso independentista catalán plantea una contradicción entre la legitimidad y la legalidad, entre una aspiración política y una represión judicial. Frente a la legítima aspiración política del derecho de la nación catalana a la autodeterminación, el Estado y, desde luego, el gobierno del PP, contraponen el estricto cumplimiento de la ley. Esta, sin embargo, es injusta en el trato a Cataluña, a la que obliga a someterse a la tiranía de la mayoría. Pero, además, su misma invocación también es injusta, incluso inicua. La ley que el gobierno invoca para aplicar en Cataluña es la que él mismo ha venido cambiando unilateralmente y gracias a su mayoría absoluta hasta ahora cuando le ha dado la gana, lo cual le resta toda legitimidad. La última muestra, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para convertir a este en un órgano más político de lo que ya es, prácticamente, un brazo ejecutor de la política del gobierno. Se exige así que los independentistas catalanes se ajusten a una ley que es la ley del embudo.

Estamos a las puertas de una escalada del conflicto. En Cataluña, el gobierno anuncia ya una actitud de desobediencia a las instituciones españolas. En Madrid no hay gobierno sino un grupo de amigos en rebeldía frente al control del Parlamento, en realidad, un gobierno tiránico cuya actitud frente a Cataluña ha sido siempre, y sigue siéndolo, de cerrada hostilidad. Este callejón sin salida a que ha condenado al país la ineptitud de un gobierno de la derecha, desprestigiado por su arbitrariedad y por su corrupción, acabará propiciando un intervención directa o indirecta de las instituciones europeas y, quizá, de la comunidad internacional. 

A este respecto es sumamente de lamentar que el PSOE, el eje mismo de la izquierda, haya hecho suya la visión autoritaria y antidemocrática de la derecha. No solamente es una dejación de los principios, sino algo inútil porque, como demuestra la historia, es imposible contener los anhelos de libertad de un pueblo.  

lunes, 1 de agosto de 2016

Carme Forcadell como símbolo

A raíz del referéndum informal del 9 de noviembre de 2014, el gobierno español instó a la Fiscalía a proceder penalmente contra el entonces presidente Mas y las consejeras Rigau y Ortega. Como pieza aparte, el diputado Homs en análoga situación. El viernes, ese mismo gobierno, con el mismo presidente y a la vista de la aprobación del comienzo del proceso constituyente en Cataluña, pide al Tribunal Constitucional que proceda contra la presidenta del Parlamento catalán.

Es típico de las autoridades desconcertadas, nerviosas e incompetentes responder precipitadamente, sin prever las consecuencias de sus actos y hacerlo por la vía de la represión, en virtud de su carácter autoritario. Desconcierto y nervios provocados por su animadversión a cualquier votación democrática. No es admisible que la gente en la calle vote según le parezca o que lo hagan sus representantes o delegados en las instituciones cuando lo estimen pertinente.

El estallido de furia de la derecha gobernante a raíz de la votación es un mecanismo psicológico muy elemental propio de los códigos disciplinarios de las que Ervin Goffman llama "instituciones totales", como los cuarteles, las cárceles, los hospitales. Ante un comportamiento colectivo opuesto a las directrices del mando, lo encargados, los vigilantes, buscan un culpable, una cabeza de turco con el fin de dar un escarmiento. Singularizan a un solo individuo para castigarlo en público y de este modo cunda el ejemplo. Hacer comprender a estos funcionarios franquistas que un Parlamento democráticamente elegido no es una institución disciplinaria es imposible. No valoran la función simbólica de los órganos representativos porque no sienten respeto por ellos y los tratan como negociados de la administración a cuyos responsables se puede expedientar por incumplimiento del deber. No hay más que ver a quién han puesto al frente del Congreso de los Diputados, una especie de jefa de negociado que cumple la ley última de Peter de ser promovida al nivel máximo de su incompetencia.

Quienes así piensan, deberían proceder contra los órganos colegiados por la vía política, no la judicial. Una vez aprobada la norma, recurrirla en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¡Ah, no! No hace falta esperar tanto, se nos dice. La ley de ese tribunal le permite actuar avant la lettre a instancias del gobierno. De este modo, el Tribunal pasa a ser una agencia del poder político habiendo resucitado una especie de control previo de constitucionalidad de las leyes para lo que guste el ejecutivo. Igualmente autoriza al Tribunal Constitucional a proceder contra las personas, obligándolas al cumplimiento de sus decisiones mediante multas, procedimientos de inhabilitación y, eventualmente, dando traslado a la jurisdicción penal. Es decir, Carme Forcadell puede tener un futuro judicialmente proceloso.

Por descontado que todo esto solo sea posible merced a una reforma ad hoc del año pasado en la citada Ley del TC, impuesta por el rodillo del PP, no es algo que suscite escrúpulos en la derecha para quien la ley es materia de obligado cumplimiento para todos menos para sí misma que la cambia a su antojo y sin consenso siempre que le interesa. En este contexto se entiende que, cuando la derecha responde al independentismo que es preciso cumplir la ley razona en función de sus interese; cuando lo hace la izquierda, no se sabe en función de qué intereses razona, ni siquiera si razona.

Pero Carme Forcadell no es una jefa de negociado ni el Parlamento de Cataluña una subdirección general de un ministerio, sino un órgano legislativo, representativo y que se considera a sí mismo soberano. Esto hace que su respuesta a la decisión que hoy tome el TC solo será ignorarla porque no puede admitir una interferencia de ese calibre en sus atribuciones. Mientras Forcadell se atenga al reglamento, lo que el gobierno central puede hacer es impugnar el reglamento o los actos de la Cámara y, por supuesto, poner en marcha lo previsto en el art. 155 CE. Lo demás es abuso de poder por muy amparado que esté formalmente en una chapuza legal de última hora que nadie acepta. Es decir, de seguir el Tribunal en sus trece y el Parlamento en los suyos, ya tenemos el primer conflicto institucional grave en el que choca una legalidad apañada con un argumento de legitimidad en el que el Parlamento catalán basa su actuación. Es decir, la política, de la que estos gobernantes no entienden nada, igual que no entendía Franco.

Por eso escribía ayer Forcadell un artículo en Punt Avui titulado L'hora de la política más o menos con estos argumentos.

Pero la solidez de la figura de la presidenta no reside solo en sus argumentos, sino en su valor simbólico. Forcadell representa hoy la dignidad de un pueblo. El intento del gobierno de reprimirla y doblegarla es el de reprimir y doblegar el independentismo catalán. Y esa es la política, un ámbito en el que juega la fuerza moral de las personas. La ética y la estética de unas convicciones.

sábado, 30 de julio de 2016

El Estado contra Cataluña

La ratita hacendosa que vicedesgobierna en funciones este infeliz territorio, muy seria y digna, anuncia su intención de empapelar a la presidenta del Parlament de Cataluña. Solicita el correspondiente informe de “afinación” a la Fiscalía para cuando esta haya terminado de “afinarle” los presuntos al frustrado embajador del Opus-sección española en el Vaticano.

Por mucho que la Fiscalía “afine”, es imposible que esta colección de romos funcionarios franquistas entienda una pizca de política democrática, actividad que le produce vértigo. Este puñado de ineptos con ínfulas de Conde-Duque de Olivares, abogados del Estado que creen que este no es más que una cadena jerárquica en la que el mando da las órdenes y los demás cumplen con servil premura, solo puede gobernar mediante rodillo parlamentario y decreto ley, por imposición y tentetieso, que es lo que han mamado en sus casas. En cuanto el panorama se complica, los senderos se bifurcan y el personal muestra sus diferencias, ya no saben qué hacer y recurren a lo único que se les ocurre en su raquítico repertorio: la policía, los tribunales, la cárcel. Como Franco, Franco, Franco, que es lo único que entienden.

La ratita hacendosa y su jefe, el registrador de la propiedad, confunden el Estado con su partido, igual que el movimiento nacional era el Estado y la carrera en el uno era la carrera en el otro: se era jefe de centuria, presidente de la Diputación, gobernador civil, jefe provincial del Movimiento, secretario de Estado, ministro, siempre por orden del Caudillo, se obedecían sus órdenes y ahí acababa la política.

Estos fantoches del más rancio fascismo español en línea biológica o doctrinal son esencialmente incapaces de entender el alto valor simbólico de una magistratura al frente de una cámara representativa de origen democrático. Para ellos, el Parlamento, cualquier parlamento, es como las Cortes de Franco: una cámara de aplausos y su presidente o presidenta cualquier inútil en premio a los servicios prestados inclinando la cerviz. Nada más ilustrativo y claro que comparar a las dos presidentas, Carme Forcadell, mujer forjada en las luchas de la sociedad civil por la independencia a la altura del cargo que ostenta y Ana Pastor, una gris funcionaria al servicio del mando, que hace lo que le ordenan, escurre el bulto cuando toca dar la cara y rebaja el cargo a la altura de una subalterna.

La segunda generación de franquistas, hoy al mando, incapaz de entender la política democrática como sistema de institucionalización civilizada de conflictos, pretende resolver estos por la vía penal porque, creyendo que los demás son como ellos, se arredrarán cuando vean aparecer a los alguaciles. Abren así en su incompetencia e ignorancia definitivamente el último tramo que conducirá a Cataluña a la independencia. Un fracaso más de España como nación solo atribuible, como todos los anteriores, al carácter oligárquico, caciquil y profundamente estúpido de sus clases dominantes. 

Y, sin embargo, no es difícil verlo. El relato de la independencia de Cataluña es un crescendo dialéctico que, por limitarnos a los últimos años, muestra el siguiente cambio de cantidad en calidad: 

Tesis: Desprecio al Parlament al "cepillarse" el proyecto de Estatuto de 2006.
Antítesis: Desprecio a la voluntad popular en referéndum mediante sentencia del Tribunal Constitucional.
Síntesis: Consulta del 9N y elecciones referendarias de 27S con mayoría independentista.

Y, ahora, segundo ciclo:

Tesis 2: Nuevo desprecio (y ataque) al Parlament en la persona de su presidenta.

Los demás pasos vendrán a continuación. Estos funcionarios franquistas ignoran que detrás de Carme Forcadell hay 72 diputados y, detrás de los 72 diputados, millones de ciudadanos. Más incluso de los que los votaron porque, ante un ataque tan obvio a la par que imbécil a una magistratura popular y nacional, muchos electores de otras fuerzas juntarán las suyas con la parte agredida.

Es decir, como siempre, el recurso a la represión es el que enciende la llama de la rebelión.

jueves, 21 de julio de 2016

Las fosas de la ignominia

Otro vídeo del programa de TeleSur dedicado al franquismo. Son como cinco minutos dedicados a los 114.000 asesinados por los fascistas y enterrados en fosas comunes en todo el país. Mi aparición en él es brevísima, pero lo dejo por la importancia del tema en sí y para que quede constancia de quién es quién aquí y ahora. Veamos:

Hay 114.000 asesinados en fosas comunes. España es el segundo país en este macabro record, detrás de Camboya, otra dictadura asesina, esta vez comunista que, seguramente, tendrá defensores hoy día, como también hay gente en España que defiende, protege y admira a Franco.

Entre ellos, el presidente de los Sobresueldos. Hay un claro mandato de la ONU de que España haga justicia con esta barbarie. Hay una Ley de la Memoria Histórica aprobada por el gobierno Zapatero que prevé el desenterramiento de esta víctimas. Pero el Sobresueldos retiró la aportación financiera del Estado. El mismo Sobresueldos que, preguntado en un programa de Jordi Évole, por estos enterramientos delictivos de compatriotas suyos dijo que a él "no le constaba" que hubiera miles de asesinados en fosas comunes. Eso, tras haber suprimido la subvención oficial para desenterrarlos. Tal cosa da la medida de la calaña moral del presidente que, sin embargo, no tiene inconveniente en mantener a su padre, dependiente, con cargo a unos fondos públicos que niega a los demás dependientes. Es difícil imaginar un comportamiento más repugnante.

Difícil, pero no imposible. Este sinvergüenza se queda corto al lado de su portavoz, Rafael Hernando, para quien los familiares de los asesinados por la gente a la que Hernando sigue, solo se acuerda de ellos cuando hay subvenciones. Una afirmación no solo odiosa en su miseria moral sino también cruel, típica de un sicario porque, precisamente son los compinches de estos tipos quienes han suprimido dichas subvenciones.

En efecto, que cada cual responda de sus actos y sus palabras.

jueves, 9 de julio de 2015

A la sombra de su sombra.

Juan Maestre Alfonso (2015) Persiguiendo mi sombra. Pecado, culpa y sociedad en la España de Franco. Salamanca: Comunicación social (297 págs.)
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He leído de un tirón el libro de Juan Maestre. Me atraparon los dos primeros párrafos, en los que cuenta cómo un cura abusaba de él con prudencia jesuítica cuando era niño. El hermano Z. (casi todos los nombres en la obra vienen en iniciales) le metía mano. No a fondo, pero sí lo suficiente para que el chaval tardara veinte años en contárselo a alguien y, además, a un compañero de colegio, que es un contar a medias, y unos sesenta en explayarse sobre ello en público.
 
Es un libro de memorias, pero tan original y personal que se lee como una novela. Porque viene novelizado. Maestre, con toda una larga trayectoria de sociología cualitativa a la espalda, influido por Jesús Ibáñez y sus grupos de discusión, por Ángel de Lucas y, sobre todo, por la técnica de las historias de vida, en la que tiene reconocida reputación, ha pasado a contar la suya pero a través de las de los demás. Incluso cuando habla de sí mismo (capítulos primero y último) lo hace distanciado, en los momentos de apertura y cierre, por así decirlo, de su ciclo vital. Verse a sí mismo en el recuerdo como otro y verse a sí mismo en el retrato de hoy pero como un tercero, introduce una visión literaria. Las historias de vida son cruces de caminos en que se encuentran varias ciencias sociales y la literatura. De hecho las memorias están siempre, obligatoriamente, realizadas desde la perspectiva que los novelistas llaman "narrador omnisciente".  Y eso sucede en persiguiendo mi sombra, en dos capítulos habla de sí mismo a través de sí mismo y en cuatro de sí mismo a través de otros, y en todos prevalece la figura del narrador, punto al que se refieren las historias propias y las de los demás.
 
Una obra así concebida, escrita en un castellano fluido, elegante, sobrio, sincero, encandila. No se lee; se devora o se bebe. Fui posponiendo otros quehaceres, sacando tiempo de donde no lo había, hasta concluir la lectura, fascinado por el despliegue de una vida que, en su mayor parte, ha transcurrido bajo el franquismo, como se hace notar en el subtítulo de Pecado, culpa y sociedad en la España de Franco. Concluido el leer, llegó la perplejidad. Ese libro narra también mi vida. No solamente porque sea más o menos coetáneo del autor sino porque algunos de los personajes de que trata también los traté yo, porque los lugares de su infancia en Madrid son los míos en mi adolescencia. El cuadrilátero urbano que dibuja, Bilbao, Quevedo, Argüelles y Dos de mayo (p. 257) me es tan familiar (ampliando el límite sur del Dos de Mayo hasta el metro de Noviciado) como mi cuarto. Y porque fui partícipe de algunas de las peripecias que cuenta, no en los episodios narrados, pero sí en otros.
 
 Mi primera reacción fue ponerme al teclado y escribir un ditirambo. Yo también publiqué hace unos años una especie de memorias, igualmente mezcladas con consideraciones sociales y políticas que, en el fondo, nos sirven a los académicos para no ir demasiado a lo privado, (Rompiendo amarras. La izquierda entre dos siglos. Una visión personal. Madrid: Akal, 2013). En la medida en que eran memoria, también recreé esos paísajes urbanos, incluidos los bulevares, de cuya desaparición se lamenta Maestre. Sí, preciosos aquellos paseos centrales arbolados por cuyas veras subía y bajaba el tranvía que iba a Rosales, pero absolutamente incompatibles con la densidad de tráfico que hoy soportan los cinco tramos de Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Cinco nombres de calles de Madrid sin  ningún militar ni santo ni cura. Un milagro. El resultado hubiera sido una crítica laudatoria, hablando de los viejos tiempos, que no tiene mayor interés.
 
Luego reparé en que las coincidencias de lugares, hechos y personas, dan pie a muchas discrepancias también. Juicios sobre las personas, valoraciones de los hechos, interpretaciones de las relaciones. Mi segunda reacción fue de nuevo saltar sobre el teclado a dejar constancia de mis objeciones, críticas, reproches, a meterme en donde no me llaman y enjuiciar al autor. La crítica podía convertirse en una controversia, en una diatriba. Pero no por ello tendría mayor interés si bien, quizá, mayor audiencia, por cuanto siempre atrae más la riña que la concordia, aunque lo correcto sea decir lo contrario.
 
Me llevó más decidirme a comentar el libro que leerlo. Al final me puse a hacerlo adoptando como guía el huir de los dos extremos, el ditirambo y la diatriba, pues ambas actitudes obscurecen y acartonan el relato. Basta con que este se componga de observaciones espontáneas, surgidas al paso de una lectura que tiene muchos registros pero aparece unificada por un hilo conductor: el de un hombre que intenta exponerse como se ve. Con otro paralelo: el de un lector que trata de entender cómo se ve el autor y, de paso, verse a sí mismo como punto de referencia. Y ese es a mi juicio el mayor mérito del libro de Maestre, que nos interpela personalmente. 
 
Así que el hermano Z le metía mano. Maestre se educó en los jesuitas de Areneros y eso marca. Elitismo, privilegios, disciplina y mucha hipocresía. Claro que marca. Maestre ve su propia vida como una lucha por librarse de la marca. Y no está muy seguro de haberlo conseguido. Este capítulo autobiográfico lo prueba.  "En materia de castidad no existe pecado venial", le decían. Considera que es algo tremendo que todavía lo obsesiona y le afecta porque entiende que la represión sexual fue una constante de su generación, de la que esta no podía sustraerse y la mayor a que se la ha sometido y lo reitera en la obra (pp. 18, 41, 159). Recordando los ejercicios espirituales, acaba asimilando el colegio a un campo de exterminio, como los de los nazis y los comunistas pero, como a estos, el tiro les salió por la culata pues fueron muchos los que se situaron en las antípodas de lo que los jesuitas querían (p. 52). Los jesuitas sufren a veces esas paradojas. Recuérdese a Voltaire, siete años interno con los jesuitas de Louis-le-Grand. Pero tampoco es el asunto tan drástico. A pesar de irse a las antípodas, reconoce que, aun habiendo roto los lazos institucionales, mantiene relaciones "fluidas, sinceras, distendidas" con los padres (p. 65). Igual que Voltaire, cuya veneración por algunos de sus maestros le duró toda la vida.

De los jesuitas alaba cierto espíritu igualitario que probablemente enlaza con el de las misiones del Paraguay y que se observaba en el hecho de que el colegio tenía también unos internos uniformados de los que, dice, los externos intuían que "no eran de nuestra clase" (p. 59). Es curioso. Yo me eduqué en un colegio de medios pelos, gestionado por el arzobispado de Madrid y también me llamaron la atención aquellos internos uniformados. Eran los contingentes de huérfanos de distintas instituciones que los colegios de Madrid tenían que admitir después de la guerra. Nunca los consideré de "otra clase" y tenía amigos entre ellos, como entre los externos. Claro que, como hijo de republicanos vencidos en la guerra civil, eso no me era difícil. Maestre expone reiteradamente su conciencia de ser de familia de vencedores. Yo crecí en familia de vencidos. Pero de vencidos que se consideraban moralmente vencedores. Algo que muchos vástagos de los vencedores de la generación de Maestre acabaron aceptando, lo cual explica algunos misterios de la historia reciente del país.

Además de ser hijo de vencidos que no aceptaron la derrota y siguieron luchando por la República, en mis años de colegio jamás vi un cura. El único clérigo era uno secular encargado de los frecuentísimos ritos religiosos de la época, misas, rosarios, via crucis. Todo el profesorado era seglar. Hasta el profesor de religión era un cura défroqué y algunos de los enseñantes hasta republicanos a las escondidas, habiendo sobrevivido con argucias a las temibles depuraciones que hicieron los fascistas. La pederastia allí estaba descartada y la represión sexual era parte de la represión general de las ordenanzas hispanas, pero acababa a las puertas del colegio y cada cual se buscaba la vida como podía, algunos con notable éxito.

Profesa Maestre gran admiración por su compañero de curso V. P. D., quien llegó a príncipe, categoría definitiva en el ámbito jesuita. Pero se molesta porque V. P. D. consigna en un libro valoraciones negativas (que él considera superficiales y periféricas) de la labor de los jesuitas en América y del padre Arrupe en concreto (p. 65). Son los misterios de la marca de la casa. Al hermano de Voltaire lo educaron los jansenistas y las conversaciones entre ambos debían de ser asaz curiosas. Por mi parte no comparto en absoluto la admiración de Maestre por la capacidad intelectual de V.P.D. pero sí coincido con este en tener muy pobre opinión de los jesuitas allí en donde se den.

Salido del colegio con propósito de no ser monje, Maestre opta por las armas. Será soldado y se prepara para la carrera militar. Esta parte de la historia ya tiene una ajena, la de su compañero Antonio quien, fracasado en el mismo intento castrense, acaba al parecer, suicidándose en Peñíscola. Su propio abandono de la vocación militar se explica a la luz de su juicio actual sobre las fuerzas armadas de entonces (el actual ha mejorado) a las que hace responsables de la  "tibetanización de la nación" (p. 80, 187). El término tiene una claro eco orteguiano. España necesitó 16 años para superar la brecha de la guerra civil y vivía "tibetanizada" en Europa (p. 89). Y el plazo parece desacertado. En 1955 no se superó brecha alguna, salvo que se interprete por tal el ingreso en la ONU, cosa poco convincente. Hoy, además, sabemos que, mientras haya más de 100.000 personas asesinadas en las cunetas de España, esta no habrá superado brecha alguna.

Hay un toque de color en la aventura militar de Maestre al referirse al africanismo de Franco: la "guardia mora" (p. 90), la "guerra de Ifni" (p. 91). El "africanismo" tenía un toque casi tribal. El espectáculo de la guardia mora era de película de Hollywood y, de hecho, lo que la historia gráfica recuerda de aquella guerra semioculta es la visita que hizo Carmen Sevilla a las tropas en Sidi Ifni en la nochevieja de 1957. Una imitación de la que hizo Marilyn Monroe a las tropas yanquies en Corea en 1954. El país es así. Puro plagio.

Por fin Maestre reconoce que tampoco quiere ser soldado y se apunta a las letras. Y ese es el comienzo de su tercera vida, que resulta ser la definitiva. Estudia Derecho, Ciencias Políticas, Graduado Social, se licencia, se doctora y emprende una vida que casi puede caracterizarse de errante por distintas geografías, recala en Lovaina, es becario en Israel, escribe dos libros (luego, llegarán más), es sociólogo del ministerio (p. 96), viaja por América, ejerce docencia y asesoramiento en diversas partes del mundo, hace política en España y finalmente se jubila en la Universidad hispalense en la que es emérito, rodeado del reconocimiento de colegas y discípulos. Atalaya desde la que describe su vida en clave de vidas ajenas

Metafóricamente podríamos asimilar la decisión de Maestre de colgar los futuros hábitos y renunciar a lucir uniforme a una especie de rebelión final contra la figura del Padre. Al fin y al cabo, está muy presente en su ánimo su idea de proceder de una "típica familia de clase media-alta, católica a lo hispano, de derechas y, en consecuencia, de los vencedores de la guerra civil..." (pp. 94/95, 164, 174, 178, 236), en donde esos oficios se verían con buenos ojos. "Padre", llega a firmar Maestre, es la palabra clave en la educación de Antonio, (p. 101), el supuesto suicida de Peñíscola. Porque, añade, el problema del padre es el de su generación, que considero la mía, porque desemboca en el autoritarismo que parte del régimen e invade la familia, sobre todo la familia del régimen. Muchas reacciones antifranquistas eran a veces reacciones contra el padre (p. 105). Sí, el padre suele ser el problema, pero también cuando falta. Mitscherlich, el discípulo de Freud, consideraba que la sociedad alemana de la posguerra era una "sociedad sin padres", lo cual era estrictamente cierto dado que en la guerra habían muerto muchos de los que hubieran podido serlo o ya lo eran. La presencia o la ausencia del padre son siempre problemáticas. En mi caso, por ausencia, dado que mi padre se exilió y yo crecí en un matriarcado.

La vida política de Maestre parece haber sido tan moderada como radical su doctrina. En otro capítulo pergeña la vida de otro personaje, Fernando, un elemento pocedente del frente de juventudes (p.141) que se pasa a la izquierda y se enamora de una señorita bien, Gloria, quien le correspondía. Lo grueso del relato -que las nuevas generaciones harán bien en calibrar, tratándose de la España de los años sesenta o setenta del siglo XX- es que la familia no aceptó la situación y metió a la niña en un hospital psiquiátrico en Santander durante cinco años (p. 148). Fernando no pudo sacarla de allí y acabó casándose con otra. Su izquierdismo lo llevó al PSOE y el autor, que reconoce haber militado cierto tiempo en el PCE, lo juzga como "visceralmente anticomunista" (p. 154) pero aun así, capaz de hacer campaña en contra de la permanencia de España en la OTAN. Siempre me ha llamado la atención esa expresión de "visceralmente anticomunista" con la que los militantes del PCE daban por perdidos los casos de determinados interlocutores. Y la verdad es que, los breves meses que yo estuve en el PCE, tambén encontré muchos comunistas que eran "visceralmente antisocialistas". En realidad, entre el PCE y el PSOE siempre ha habido muchas vísceras. Maestre parece haberse movido más cómodamente en la esfera del PSOE que izquierda es, al fin y al cabo. Ignoro qué actitud adoptaría frente a la cuestión de la OTAN, que fue muy reñida. De mí puedo decir que me pronuncié por el sí sin ser ni haber sido nunca militante del PSOE, únicamente empujado por mi convicción de que España debía dejar de ser "singular" y estar en todos los organismos y organizaciones en que estuvieran los llamado "países de nuestro entorno". No hace falta señalar que hube de aguantar entonces y aun ahora, mucha "visceralidad".

El capítulo dedicado a un tal José Luis A. trata de un episodio que también me toca muy de cerca. En los años 60, la guardia civil detuvo a tiros a dos miembros del Partido Comunista de España (m-l), cuyo dirigente por entonces era mi padre y en el que no milité jamás. Uno de los detenidos, Riccardo G., un italiano, recibió un tiro en la boca (p. 164). Riccardo era amigo mío. Habíamos estado juntos en el PCE y, luego, mientras yo abandoné  toda militancia partidista, él se hizo prochino. Desde entonces nos hemos visto ocasionalmente. Curioso destino el suyo. Maestre actuó como su abogado el juicio que se le siguió en el Tribunal de Orden Público, pero la historia que le interesa es la de José Luis A., el copiloto de Riccardo en el momento del disparo. Igualmente un ejemplo de buena familia, muy católica y muy derechas, exmiembro del Frente de Juventudes (p. 173), admirador del Tercer Reich y también militar frustrado. Un caso similar al del autor que confiesa haberlo perdido de vista cuando salió de la cárcel (p. 195) y no sabe que haya hecho nada. Con algo de resignación viene a decir que, en definitiva, la Transición la hicieron los "reformistas del franquismo", Suárez, Rosón, Martín Villa, Aparicio Bernal, Gabriel Cisneros (p. 172), en realidad, los que habían hecho la carrera a la que  José Luis A. se destinaba a sí mismo y de la que se desvió.  

Hay un curioso capitulo dedicado a Tomasa, la sirvienta que estuvo prácticamente toda la vida con su familia, a la que llama "asistenta" y que luego heredó él. "Una más de la familia". En casa de mis abuelos paternos siempre había un par de criadas y una cocinera, generalmente chicas jóvenes que mi abuela traía de la aldea y a las que renovaba según volvían a ella para casarse o porque las familias las reclamaban. Es decir, ninguna duraba. En casa de mis padres hubo en ocasiones alguna interna pero que también cambiaba con frecuencia, según dictaban las oscilantes circunstancia económicas de la familia, nunca muy boyantes y, a veces, angustiosas. Es decir, no he conocido esa experiencia de la sirvienta "de la famila", que ve crecer a los hijos y acaba siendo como una especie de madre para ellos. En todo caso, al autor le sirve no solo para dedicarle un recuerdo sentimental sino también para asomarse al mundo de la gente más pobre y desasistida. Tomasa era hija de un peón caminero que tuvo abundante descendencia. Casó con uno de su condición y tuvo la mala suerte de montar la casa en Brunete, el de la famosa batalla. Al terminar esta, ya no tenía casa y pasado poco tiempo, quedó viuda y, luego perdió a su hijo. Las observaciones de Maestre sobre la resignación y el fatalismo con los que Tomasa vivió su duro destino son de las más ilustrativas de un libro en el que hay muchas otras, pero no sé si tan sentidas. (p. 220).

Los capítulos centrales nos llevan por otros vericuetos al trozo autobiográfico del final en el que Maestre despliega sus tres nombres, Juan Mariano Julián, y da las últimas pero muy significativas pinceladas al cuadro. Matiza el autor la imagen de "familia privilegiada de vencedores", situándola, al menos en parte entre los "desertores del arado", si bien añade que eso pasa a casi todo el mundo excepto a la Familia Real y a Romero de Solís (p. 238), uno de los pocos que no está oculto tras unas siglas y, por probable afinidad profesional,  se tratará de Perico. Me siento hermanado con el autor. Mi familia paterna es de desertores del arado en sentido estricto. Mi abuelos paternos, labrantines poseedores de una herrería en un pueblo de Cuenca. Sus hijos, comunistas. Mi abuela materna, rica terrateniente gallega (que ya es difícil), casada con prestigioso vástago de linaje de letras y naturalmente del régimen, aunque tibios a fuer de tradición liberal. Esas mezclas, transgresiones de clase, las trajo la guerra.

Casi al final del libro, el autor señala que fue hace poco tiempo cuando su mujer le informó del origen ilegítimo de su padre, cuestión que no le preocupa. Pero de nuevo se viene a la memoria Voltaire, con quien empezó esta crónica, cuando decía, lleno de orgullo, no que su padre fuera ilegítimo, sino que lo era él mismo y siempre dijo admirar grandemente a su madre por haberlo concebido del señor de Rocabrune, "mosquetero, oficial, autor y hombre de espíritu" y no del vulgar notario Arouet. Hablando de padres...