Los 400€ y el aborto.

Hay claros indicios de polarización de la sociedad española. Lejos de apaciguarse, la vida pública se ha crispado más con el triunfo electoral de los conservadores. Apoyados en su mayoría absoluta por un lado y en la crítica situación del país por el otro, han creído que podían aplicar un programa de reformas profundas, radicales, impopulares, sin preocuparse de la oposición. Un error. Esta es una sociedad muy compleja, capaz de detectar cuándo la oposición parlamentaria es irrelevante y de articular otra sustitutoria en la calle.

La derecha insiste en que la oposición debe hacerse en el Parlamento. Sin embargo, aparte de que el propio gobierno lo ignora y actúa a base de decretos-leyes, se da el hecho, más que simbólico, de que la oposición real esté en la calle. Cada vez más. Y no por los manejos de las minorías parlamentarias, sino porque nace en ella de modo espontáneo, según los distintos sectores sociales articulan su respuesta ante los ataques que reciben por las políticas restrictivas del gobierno.

Un inciso respecto a las políticas restrictivas. Son más que eso. Son una verdadera contrarrevolución o, cuando menos, involución en materia de educación, derechos de las mujeres, de las minorías en general, laicismo, derechos de los trabajadores, justicia social, servicios públicos. Quieren una España más ignorante, más sumisa, más religiosa, pobre y obediente. Y a callar, o a ver TVE que viene a ser lo mismo.

La polarización se ha agudizado en los últimos días. El gobierno pretendía extremar la dureza de sus ajustes privando a los parados de larga duración del subsidio de 400€. Todo el mundo le avisó de la posibilidad de un estallido social y por fin lo hubo, de alcance limitado, pero como la chispa que puede prender el fuego. Como decía Sánchez Gordillo, Les hemos metido el miedo en el cuerpo. En efecto, así ha sido.

Y ¿por qué había de asustarse tanto el gobierno por una especie de pequeño motín mujy disciplinado, nada comparable a las banlieus francesas, ahora mismo en Amiens, por ejemplo? Porque trae información en la recámara. Sabe que, a partir del 1º de septiembre, cuando entre en vigor el alza del IVA, todo se encarecerá mucho y la gente tendrá que salir adelante pagando más con menos ingresos, cosa que no va a contribuir a la paz social.

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Por otro lado, la derecha tampoco da cuartel en los otros aspectos de la vida, la educación (ya prácticamente sometida al Concilio de Trento), la sanidad, empobrecida y en vía de extinción, la igualdad de derechos con independencia de la opción sexual de cada cual (¡cómo se resiste a morir el viejo desorden!), el aborto.

El aborto, cómo no. La bestia negra de la iglesia católica, lo que fomenta el radicalismo de los grupos provida que, a veces, reivindican su objetivo a bombazos, la raya de lo tolerable, la condena eterna, la maldición divina.

De tal modo obnubila el juicio de la derecha el aborto que hasta personas ecuánimes pierden el oremus al enfrentársele. El magistrado Ollero, miembro del Opus Dei y ex-diputado del PP (el partido que presenta el recurso ahora pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional) no cree que deba inhibirse de entender en la causa. A Palinuro los dos datos se le antojan causa bastante de inhibición si no a instancia de parte, de oficio. Cree Palinuro que la pertenencia a sectas religiosas no es compatible con la condición de magistrado. Naturalmente, el punto fuerte del argumento es si el Opus es o no una secta. Palinuro así lo cree pero, no queriendo derivar el asunto a una controversia colateral, se aferra a la idea de que el hecho de ser antiabortista militante en el seno del partido cuyo recurso está por resolverse es motivo de inhibición.

Ollero no puede aducir una sola razón en favor de seguir entendiendo en la causa, salvo el acto de fe de que un antiabortista militante va a mutar en un juez ecuánime e imparcial en asunto de aborto porque sí. Es más, que Ollero haya intentado curarse en salud afirmando que no ve razones para inhibirse demuestra a las claras que las hay y son muy poderosas; la primera de todas que eso no se hace por elegancia. Ollero falta a todas las normas de la cortesía procesal cuando, ante el surgimiento de la más mínima sombra de duda (y esto no es una sombra sino una tiniebla) debiera haber delegado en sus colegas de sala la decisión sobre si convenía que se inhibiera o no. No lo ha hecho lamentablemente. Pero, antes de embarcarnos en otra interminable cuestión llena de sofismas, hay un modo por el que Ollero puede fortalecer algo su muy debilitada posición: que consulte a los otros magistrados de la sala si creen que debe seguir o inhibirse. Si no lo hace, la sentencia del Tribunal, de producirse en estos términos será particularmente nociva, cuanto que no cabe recurso contra ella. Lo que salga del Constitucional será el aborto de ahora en adelante en España. Por eso debe inhibirse el magistrado Ollero. No puede juzgar como juez lo que defendió como político.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La justicia de Aguirre.

La lideresa es una deslenguada, castiza, cheli, un poco rabanera, bastante impertinente y carece por entero del sentido de la oportunidad. Aunque puede ser que esto último sea aparente, una táctica buscada por sus asesores de imagen ya que, cuando un personaje dice algo inoportuno suele provocar mayor revuelo que si no lo es. Si, además de inoportuno, lo que se dice tiene calado, fundamento, el efecto es mucho mayor y estas cosas a Aguirre le salen de miedo.

Porque es, en efecto, algo descarada y sus cosas suelen sacar de quicio a más de uno, incluso en su partido. Pero muchas veces se atreve con lo que nadie osa y, a su modo, marca el territorio de un debate razonable. Dicho en plata: puede molestar, pero es doscientas veces más inteligente, audaz y original que Botella, Pons y Wert todos juntos. Ya quisieran estos.

Los propósitos de Aguirre sobre el Tribunal Constitucional (TC) son inoportunos por decirlos justo después de que una decisión de este vaya en contra de las manías autoritarias y censoras de la derecha. Quizá debiera haberse esperado a otro momento para no dar pie a una acusación de reacción intemperante ni empujar a los guardianes de las esencias democráticas -de las que no entienden nada habitualmente- a salir en su defensa como si Aguirre astuviera atacándolas. Nada más falso. Los propósitos de la lideresa sobre el Tribunal Constitucional son ciertos y oportunos. Pero, al sacarlos de contexto y pronunciarlos casi como venganza por una decisión incómoda, pareciera que no lo son. Y lo son. es obvio que están movidos por la obsesión en contra del nacionalismo vasco y que demuestran un espíritu españolista, dictatorial muy desagradable. Pero haciendo esto a un lado, la idea aquirresca no es nueva ni absurda. Veamos.

El TC no es un tribunal de verdad, no está compuesto por jueces ni forma parte del Poder Judicial sino que es una instancia política supraordinada a este en ejercicio de una jurisdicción que podría ser adjudicada a otro órgano, incluso al Supremo, como sucede en los Estados Unidos. Consciente de esto el legislador ha querido disimular la naturaleza política del órgano llamándolo "tribunal" y llenándolo de juristas de "reconocido prestigio, etc". Pero igual podía estar compuesto por políticos, expresidentes (como sucede con el Consejo Constitucional francés), por comerciantes o ciclistas siempre que tengan sentido común que, por cierto, no es monopolio de los magistrados.

Es perfectamente legítimo y hasta razonable, suprimir el tal TC y encargar su tarea al Tribunal Supremo (TS). De hecho, así es como funciona el primer ejemplo del mundo, el de los Estados Unidos. Tuvo que llegar después el alambicado genio de Kelsen para dar con la fórmula germánica  de un TC especial, variante del "guardián de la Constitución" schmittiano. En el fondo, probablemente, algunos europeos prefieren este recurso al del TS probablemente porque no se fían del espíritu constitucionalista de la judicatura.

Sin embargo, tampoco la solución del TS está libre de peplas. Aparte del evidente riesgo de conservadurismo de los jueces de carrera, está el hecho de que puede ser un órgano tan político como el TC o incluso más. Es el presidente de los Estados Unidos quien nombra a los magistrados del TS, es verdad que solo cuando hay vacantes, que el nombramiento es vitalicio y que interviene decisivamente el Senado, pero los nombramientos son indudablemente políticos, ideológicos. Y, sin embargo, el TS gringo funciona muy bien. Lo que quiere decir que no es necesariamente su condición política la que malea el TC español. A lo mejor es su condición de español. Y eso tiene peor arreglo.

Es más, no hay obligación alguna de aceptar una jurisdicción constitucional independiente. La mayoría de los países europeos más democráticos carece de TC: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suecia o Suiza no tienen TC. En cambio sí lo tienen Alemania, España, Italia, Austria y Portugal (llamado Comisión Constitucional); es decir, los países con mayor tradición de dictaduras y falta de democracia del continente. 

No, lo que dice Aguirre no es un sinsentido, aunque, como suele hacer, lo diga para llevar el agua a su molino de otorgar la jurisdicción constitucional a una casta de jueces conservadores todavía penetrados de franquismo. Pero no es un sinsentido. Sinsentidos son muchas de las críticas que se le han hecho.

(La imagen es una foto de ppcv, bajo licencia de Creative Commons).

El Tribunal Constitucional.

Algunos amigos me han reprochado que en mi artículo de Público, Lo más sagrado, a mi vez sacralizo el Tribunal Constitucional como requisito esencial e intangible del Estado de derecho y de la democracia. Nada menos cierto. Sé de sobra que hay Estados de derecho y democracias antiguas y sólidas que carecen de Tribunal Constitucional bien porque es el mismo Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos (lo cual, dicho sea de paso, ahorra muchos disgustos), bien porque simple y llanamente, no existe, como es el caso de los Países Bajos o de Dinamarca, entre otros. Los tribunales constitucionales se abren paso en algunos países europeos por influencia germánica y, allí en donde existen, su función es crucial para el imperio de la ley y la democracia. En donde no existen, obviamente, no.

Lo que sucede es que si hago estos matices se me acaba el artículo que iba sobre si se puede o debe cuestionar las motivaciones de los magistrados del Constitucional. No criticar sino sugerir que los magistrados actúan por razones políticas antes que jurídicas. Eso equivale a deslegitimar el Tribunal Constitucional que tenemos, el máximo intérprete de la Constitución que es una fórmula política bajo la forma de una ley.

(La imagen es una foto de Invisgoth (Own work), en el dominio público vía de Wikimedia Commons).

La tuerka sobre Bildu en el Constitucional.

Dejo aquí el enlace al último programa de la Tuerka, en TeleK sobre la ilegalización/legalización de Bildu. Cuando se emitió, el Tribunal Constitucional estaba deliberando y no se conocía el resultado. Creo que fue un debate muy interesante y revelador.

Pongo el enlace con una foto fija porque no he conseguido encontrar la fórmula embed en Youtube. De todas formas la foto también enlaza.

ilegalización/legalización de Bildu

Bildu y las perspectivas del PSOE.

El Tribunal Constitucional ha hecho lo que debía hacer. Y punto pelota, como dice un hijo mío. Tenía que amparar a los recurrentes porque era de justicia. No se puede privar de derechos fundamentales a unos ciudadanos de partidos legales por el hecho de que hayan formado una coalición electoral con otros ciudadanos independientes pero bajo sospecha. Eso hubiera sido un atropello, algo que invalidaría moralmente las elecciones aunque todos los demás partidos concurrieran a ellas, que estaría por ver.

Ahora estos de Bildu tienen que mostrar que sus aseveraciones de independencia frente a ETA son ciertas, trabajando en pro de sus ideales con el único medio que es admisible en democracia: la palabra. A lo mejor cuando ésta resuene en sede parlamentaria, los de las pistolas acaban de entender algo que cualquier militar autodidacta sabe, esto es, que si no puedes ganar una guerra lo mejor es que te desmovilices y te dediques a otra cosa. Esa decisión del Constitucional muestra que la democracia y el Estado de derecho son una realidad en España. Todos hemos ganado con ella.

Hemos ganado en términos políticos, morales, de legitimidad. Pero ahora comienza un proceso electoral en donde de lo que se trata es de ganar en votos. Y lo primero que salta a la vista es que, según el barómetro especial del CIS (pongo el enlace a la página de entrada; no he conseguido encontrar ese barómetro), el PSOE se hunde estrepitosamente, incluidos sus bastiones, mientras que el el PP gana con holgura. Supongo que los sociatas van a pagar los platos rotos del gran festín del capitalismo en crisis, que será un voto de castigo. Luego se verá si cabe leer los resultados como una premonición de las generales del año que viene. Las distintas respuestas dependerán de los resultados. En política práctica los razonamientos barren siempre para casa.

La presencia de Bildu presumo que no supondrá gran variación en los resultados generales. Cierto que la oposición utilizará la legalización de la coalición para atacar al Gobierno, pero eso sólo puede hacerlo a base de deslegitimar el Tribunal Constitucional insinuando que actúa a las órdenes del poder político. En realidad, lo único del País Vasco que puede impulsar las expectativas del PSOE es que ETA deponga definitivamente las armas.

También podría darse el llamado efecto underdog, según el cual mucha gente se apiada siempre del perro que cae debajo en una pelea, de forma que el eventual perdedor acaba resultando a la postre ganador. En la campaña pueden pasar muchas cosas. Si el PSOE centra sus mensajes en los dos puntos débiles del PP, que son la falta de ideas y la corrupción, cuyo nombre propio es Gürtel, y los repite machaconamente, sacándolos a relucir siempre, venga o no a cuento, es posible que el mensaje cale y haya un vuelco de la situación.

Por eso se dice siempre con razón (aunque suelen hacerlo sólo los que van perdiendo) que la verdadera encuesta, la que cuenta, es la del día de la votación. Hasta entonces, ojo con la piel del oso.

La patata ardiendo.

Bildu se la juega hoy en el Tribunal Constitucional, órgano que puede permitir o no en última instancia en España a la coalición concurrir a las elecciones del 22 próximo. Palinuro ya pensó en una entrada anterior, Ilegalizar y..., que la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar las 254 candidaturas de Bildu, así como las agrupaciones de electores, podía no ser prudente ni justa. Sobre todo lo que más clama al cielo es que puedan quedar fuera de las elecciones Eusko Alkartasuna y Alternatiba sólo por compartir candidatura con otros independientes de la izquierda abertzale. Esa prohibición viene a ser de hecho una interdicción de la coalición en general, cosa que ya avisó el ministro de Justicia que no podía hacerse por derecho, pues la Ley de Partidos no lo permite. Además de esto, que ya supone, en cierto modo, un fraude, se da a entender que los magistrados han inhabilitado las listas de Bildu al comprobar una a una que están contaminadas, lo cual es obviamente falso. La prohibición tiene una hipotética motivación ideológica, absurda al tratarse de EA y Alternatiba que aparecen así como seguidores de ETA.

Ya esa prohibición es más que dudosa y, si se le añade la privación de un derecho fundamental de sufragio activo y pasivo a los candidatos de un partido legal, el asunto tiene muy mala pinta, con la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo falle en contra de España en un seguro recurso de Bildu que pedirá sin duda la anulación de las elecciones. Un panorama poco halagüeño. El Tribunal Supremo razona, como era de prever, que los de EA y Alternatiba ya sabían a lo que se exponían cuando integraron la coalición. Puede ser, pero no está nada claro que haya una proporcionalidad razonable entre la hipotética falta cometida y la sanción que supone privar del ejercicio de un derecho fundamental y, de paso, dejar sin representación política a un sector del electorado vasco.

La única solución posible sería que el Constitucional autorizase todas las candidaturas excluyendo, si lo considera necesario, a aquellos candidatos individuales de los que haya pruebas fehacientes de que están contaminados. Los excluidos podrían ser sustituidos por suplentes o podrían correr los puestos en las listas. Desde un punto de vista jurídico es lo justo y desde uno político, es lo necesario. No sé si cabe llamar democráticas unas elecciones en las que no puede participar un partido legal que quiere hacerlo. No es impensable que el PNV tome posición claramente exigiendo la presencia de EA bajo la amenaza de retirarse él también de la competición electoral, aunque para hacer algo así se requiere gente con más fibra que esos burukides que sólo se las tienen firmes a los micrófonos. Porque tampoco sería de extrañar que estos estrategas de corto vuelo vean la ocasión de recuperar la totalidad del voto nacionalista y caigan en la tentación de aprovecharse de una situación de injusticia que afecta a sus adversarios y competidores.

Aquí el único beneficiado en este pandemonium judicial que pone en un brete la democracia española en el País Vasco es el PP y su estrategia de tierra quemada porque este partido siempre prefiere las situaciones de placidez a las de democracia.

(La imagen es una foto de argazkiak.org, bajo licencia de Creative Commons).

Ilegalizar y...

Parece como si, llegados a este punto en el interminable proceso de retorno de la Izquierda abertzale a las instituciones, lo más prudente que podía hacer el Supremo fuera lo que ha hecho: ilegalizar las 254 candidaturas de Bildu y ya se verá cuántas de las agrupaciones electorales. Pero que sea lo más prudente no quiere decir que sea lo más justo. Prudencia y justicia suelen ir juntas y los tribunales así proceden. Pero ese maridaje no es automático y a veces tienen que elegir. Como ha hecho la sala 61 del Supremo en la que nueve magistrados han optado por la prudencia y seis por la justicia. Esos seis tienen un argumento poderoso: que los tribunales han de ser justos antes que prudentes.

A una petición previa del PP de que se ilegalizara la misma coalición Bildu respondió el ministro de Justicia que eso no es posible porque la Ley de Partidos permite ilegalizar partidos pero no coaliciones. No es un argumento brillante pero sí formalmente impecable. Por eso el Estado impugnó las candidaturas, por posible contaminación, no la coalición en sí misma por algún motivo ideológico. Sin embargo, al bloquear las 254 candidaturas el Supremo viene a ilegalizar de hecho lo que el Ministro decía que no puede hacerse de derecho, esto es, la coalición. Sólo conozco los razonamientos del Supremo por la prensa pero si es cierto que fundamenta la decisión en que Bildu está controlada por ETA y Batasuna, está claro que opta por la vía ideológica antes que por la de las pruebas materiales de contaminación, caso por caso.

Quizá esto sea ya suficiente para que el Tribunal Constitucional ampare a Bildu. Pero hay más. Es posible que, pese a todo, la decisión tampoco sea prudente. Se haya fundamentado la prohibición como se haya hecho, afecta a todas las candidaturas de Bildu. Pero en éstas, además de los candidatos "independientes", están los de Eusko Alkartasuna y Alternatiba, dos partidos legales que, por mor de la decisión del Supremo, se quedan sin representación local. En el caso de Alternatiba la cuestión es casi simbólica porque al surgir como partido en 2009 de una escisión de Ezker Batua-Berdeak, carece de representantes locales propios. Pero no así con Eusko Alkartasuna, que tiene nueve alcaldes y casi doscientos concejales en el País Vasco, sin contar diputados forales y junteros. Y ¿puede haber elecciones en el País Vasco sin la presencia de EA? Habrá que ver qué dice el PNV pero es claro que, si el resultado es la exclusión de EA y Alternatiba de las elecciones, la decisión podría ser las dos cosas, injusta e imprudente.

Claro que también cabe argumentar que, cuando aceptaron incluir sus candidatos en las listas de Bildu, tanto EA como Alternatiba ya sabían a lo que se exponían y, si aducen que no lo sabían, se les recordará ese astuto concepto de la ilegalidad sobrevenida. Es decir, ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional en un asunto enmarañado y con dos días de plazo. Jueces que, como los del Supremo, tienen que tomar decisiones con la rapidez de los políticos. Entiendo que si el Constitucional encuentra el modo de mantener la prohibición de Bildu pero permitir que EA y Alternatiba concurran a las elecciones habrá enmendado el destrozo y hasta es posible que puesto en el disparadero a ETA para que comprenda de una vez que tiene que deponer las armas. Pero si no lo consigue tenemos un problema.

(La imagen es una foto de www.larrabetzutik.org, bajo licencia de Creative Commons).

El editorial.

Las reacciones en la España no catalana al editorial de doce periódicos del Principado en defensa del Estatuto de autonomía frente a una posible sentencia del Tribunal Constitucional que reduzca su alcance han oscilado entre la prudencia y la más furibunda hostilidad. Nada más. No he leído ni escuchado frases de aprobación y mucho menos de admiración. La prudencia estuvo a cargo del señor Rodríguez Zapatero, muy en su función de presidente del Gobierno, al decir que había leído con "mucho interés" el editorial. La furibunda hostilidad al de la derecha más recalcitrante encabezada por el diario El Mundo que en su editorial sostiene que es imposible acumular más falacias en menos espacio faltando notablemente a la verdad porque sí es posible dado que es lo que hace él.

Lo primero que me parece digno de reseñar en el editorial es el envidiable espíritu cívico que trasluce. ¿Alguien cree que los periódicos de Madrid puedan alguna vez con algún motivo publicar un editorial conjunto? Nadie reflexiona sobre este hecho, sin embargo. ¿Por qué? A mi entender porque pone de relieve que la conciencia cívica catalana es muy superior a la española.

Parte importante de los críticos del editorial lo acusan de amenazar al Tribunal Constitucional y de pretender coaccionarlo. No hace falta tomarse mucho trabajo escarbando en lo que se ha venido escribiendo sobre este tribunal desde que comenzó a funcionar para ver que quienes hoy más acusan a los críticos de amenazas son los que recurrieron a todo tipo de descalificaciones e insultos en otros momentos pasados críticos en que el Tribunal hubo de pronunciarse sobre asuntos candentes, desde la expropiación de Rumasa hasta el posible procesamiento señor Felipe González con motivo de los GAL. Amenazas, coacciones e insultos que llenaban páginas de periódicos y horas en las ondas.

Asimismo el partido que en los últimos años más he hecho por instrumentalizar al Tribunal Constitucional al servicio de sus intereses bloqueando su renovación y hostigando a los magistrados que suponía no fieles a sus directrices es el que ahora pide no sólo acatamiento a sus decisiones -cosa que no esta en discusión- sino aceptación silenciosa y acrítica, cosa a la que nadie está obligado.

Por más que se quiera revestir el debate del Estatuto y la decisión del Tribunal de un ropaje jurídico para sustraerlos a las posibles objeciones, resulta obvio que el Tribunal Constitucional, por su naturaleza, composición y funciones, es un órgano político, jurisdiccional pero no judicial y sus decisiones son eminentemente políticas. Que por fiat constitucionl éstas hayan de acatarse cosa, insisto, que no está en cuestión pues nadie dice que no lo hará, no quiere decir que el trabajo del citado tribunal haya de estar exento de la crítica razonada tanto respecto a sus decisiones como a sus condiciones actuales para llegar a ellas. En cuanto a las últimas no sé cómo pueda pasarse por alto que, de los doce magistrados que componen el organismo, sólo pueden pronunciarse diez y, de esos diez, cuatro debieran haber sido sustituidos ya por haber vencido su mandato, cosa que no ha sido posible por las maniobras obstaculizadoras del PP. Es obvio que no es la composición más adecuada, que es lo que señala el editorial de marras.

En cuanto al fondo del asunto y por encima de las triquiñuelas formales está el espíritu de concordia que debe presidir las relaciones entre los distintos entes territoriales que componen España. Para bien o para mal, en esta sentencia esperada (desde hace tres años) sobre el Estatuto han venido a concentrarse todos los agravios de un entendimiento torcido y una convivencia problemática. Lo último que España necesita es que los catalanes y la derecha española más rabiosamente anticatalana puedan leer la sentencia como un escarmiento.

El estatuto de Pandora.

Hablar sobre rumores es poco avisado; hacerlo sobre rumores judiciales, cosa de orates. Porque ello es que todavía no hay decisión firme alguna del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Cataluña. Todo lo que sabe al respecto son las habladurías que publica hoy El País y cuya arista más cortante es que el alto tribunal suprime el término nación del preámbulo del Estatuto. Asimismo cuestiona la constitucionalidad de cuarenta artículos de los 126 que impugnó en su día el PP. Mantiene la adjudicacion de competencias y, según parece, la práctica de la bilateralidad.

Dada la alacridad con la que la clase política catalana responde en frente amplio que va desde CiU hasta el gobernante PSC cada vez que hay rumores sobre el TC, tampoco sería extraño que este órgano recurriera a la socorrida práctica de los "globos sondas": "a ver, López, filtre por ahí que vamos a fallar que Cataluña no es una nación, y veamos cómo respiran esos mancebos". Sería antijurídico que procediera así pero humano y comprensible. Recuérdese que algunas de las reacciones de la clase política catalana son verdaderos ex-abruptos, por ejemplo el del señor Saura pidiendo la dimisión de tots els magistrats.

Veamos el asunto de corrido: en el fondo el problema es que es el TC quien viene a decidir que Cataluña no es una nación. Y ¿desde cuándo son los tribunales los que determinan quién es y quién no una nación? El concepto de nación no es, no puede ser, un concepto jurídico porque no es objetivo sino que es un concepto puramente político ya que es subjetivo. Estamos hartos de saber que la nación es un sentimiento y sobre los sentimientos, ¿qué diantres tienen que decir los tribunales, aunque sea uno Constitucional, que no es un verdadero órgano judicial?

El error, el fracaso es que la clase política española (no la catalana sólo) haya sido incapaz de consensuar un acuerdo acerca del contencioso nacional que hay dentro de España y le haya pasado la patata caliente al TC. En el momento en que un tribunal tiene que decidir si alguien es o no una nación está claro que la política ha fracasado. Y cuando la política fracasa ya puede esperarse cualquier cosa, por ejemplo que también fracase el propio TC y hasta el Estado. El fracaso del TC es cosa cantada por cuanto si, por un lado, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, por el otro no le queda más remedio que hacerlo. Al final, Cataluña, una vez más afrentada, planteará un problema institucional con el respaldo de todas sus fuerzas políticas (quizá con inclusion del PPC) que pondrá el debate sobre la soberanía catalana en la mesa del desayuno del país. Un país en el que cada dos por tres están celebrándose consultas independentistas que el gobierno español no sabe cómo parar y hasta es problemático que pueda hacerlo.

Por Dios que el problema ha acabado siendo el que ya se planteó al inicio mismo del primer mandato del señor Zapatero cuando, preguntado al respecto, dijo éste algo muy sensato: que el concepto de Nación es discutido y discutible. El señor Rajoy sacó la espada de Covadonga y empezó a decir que Bambi era un fementido traidor a la patria. Todo, es de entender, porque en su opinión el concepto de patria es indiscutible. No me digan cómo es posible que funcione nada cuando el dirigente de primer partido de la oposición y próximo candidato en La Moncloa cree que hay cosas indiscutibles. Pero esa es la fuerza del discurso demagógico: todos tienen que adaptarse a él si quieren sobrevivir. El señor Zapatero no ha vuelto a decir nada tan inteligente sobre la nación. En realidad no ha vuelto a hablar del asunto porque se lo come Santiago Matamoros. Que es parte del secular drama de España, país en que es imposible resolver contencioso alguno porque una de las partes sostiene que ya sólo hablar de contencioso es i-nad-mi-si-ble.

Dejo de lado el problema que se plantea por el hecho de que, según El País el TC reconozca la bilateralidad pero no la nación catalana. Si hay relaciones bilaterales serán de igual a igual en dignidad, esto es, aeque principaliter, pero no nación a nación sino, al parecer, nación a región/nacionalidad, cosa que no resulta creíble. Si Cataluña no es nación, tampoco debe haber negociaciones bilaterales porque el Estado no puede negociar consigo mismo ni con un inferior sino sólo con un igual.

Es claro que el TC niega la condición nacional a Cataluña con ánimo de que la tal no sirva en el futuro para substanciar una petición con efectos jurídicos: pues soy una nación, me corresponde tener un Estado propio. Pero si ello es así, el TC comete un error garrafal. El tribunal no puede decidir si los catalanes son o no una nación porque ésta es una cuestión eminentemente política y hacerlo sería ir claramente ultra vires. Sí puede decir si el término "nación" entra o no en el preámbulo del Estatuto: lo que sucede es que esta doble vía es una triquiñuela inútil e irritante. Es más justo, acorde con la naturaleza de la cuestión, dejar la nación del preámbulo porque luego es mucho más sencillo y claro denegar la cuestión planteada en un terreno objetivo: el hecho de ser nación, ¿te lleva al derecho a un Estado propio? La respuesta puede ser sí o no. Pero mientras que el sí te deja en el terreno subjetivo, programático, desiderativo de lo político, el "no" te lleva al sólido terreno jurídico de los hechos, la realidad comparada y el sentido común. Lo que sucede es que el TC tampoco puede decir esto porque la Constitución Española sostiene que en España sólo hay una nación: la española.

He aquí por qué el TC no tiene más remedio que pronunciarse sobre lo que no puede pronunciarse, en una situación absurda en la que el fracaso de la política ha llevado al sistema en su conjunto a uno de los puntos más críticos de los últimos años y del que me temo que sólo podremos salir a base de esperar que los catalanistas no se pongan intransigentes, que muestren el tradicional seny, que, como viene a decir el M.H. Pujol, sigan tragando quina.

Pero no sé si está el horno para bollos.

(La imagen es un detalle del Retablo de San Jorge (h. 1400) de Marçal de Sax, que, se supone, representa a Jaime I el Conquistador en la batalla de El Puig de Santa Maria; ayudando al Rey aragonés y Conde de Barcelona, cómo no, San Jorge, patrón de Cataluña. La pieza se encuentra en el Victoria and Albert Museum, Londres).

Choque de legitimidades.

Los escalofríos que recorren los espinazos de los políticos ante la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional contraria en algún aspecto esencial al Estatuto de Cataluña es una muestra palmaria más de uno de los principales defectos de la política española, consistente en su incapacidad para resolver los conflictos y su costumbre de derivarlos a los tribunales que, al intervenir, suelen eliminar todo acuerdo por consenso y dejan el sabor amargo de unos vencedores y unos vencidos en cualquier pleito. Así sucedió desde el principio con la articulación del Estado de las Autonomías del Título VIII de la Constitución Española que hubo de hacerse -y ésta del Estatuto es una prueba más de ello- a golpe de decisión del Tribunal Constitucional que, al tener que decidir en contenciosos típicamente políticos (como qué sea una "nación") se ve arrastrado al terreno de la confrontación con la consiguiente merma de su prestigio. Y así sucede también con la vida política ordinaria, que tiene un alto nivel de judicialización. No es raro que los enfrentamientos y conflictos entre partidos acaben en sede judicial civil o penal. Precisamente en algunos casos se prevé la intervención del Tribunal Constitucional cuando se haya agotado la vía judicial de forma que aquel funciona de hecho como una especie de Tribunal Supremo bis, lo que también da origen a frecuentes choques y enfrentamientos.

En el caso del Estatuto de Cataluña el conflicto político se ha exacerbado a extremos peligrosos para el normal funcionamiento de las instituciones. Cuando el señor Carod Rovira, con ese estilo directo suyo tan escasamente convencional, habla de convocar una manifestación el once de septiembre en favor del Estatuto catalán, el Gobierno, por boca de su vicepresidente, señor Chaves, ve "intolerable" la manifestación que promueve Carod Rovira para presionar al Constitucional, lo cual estaría muy bien y sería ejemplar de no ser porque, acto seguido, el mismo señor Chaves asegura que respetará la decisión del TC, pero que espera que el Tribunal dicte una sentencia "que declare la constitucionalidad del Estatuto" que, recordó, fue aprobado por el Parlamento de Cataluña y mayoritariamente por la Cortes en un acto de no menor presión hacia el Constitucional que el que pueda realizar el señor Carod.

Se presione o no, en la fórmula que utiliza el señor Chaves, como en los argumentos de muchos partidarios de la constitucionalidad del Estatuto, se perfila el choque de legitimidades que habita siempre en el alma del Estado democrático de derecho entre la legitimidad de la voluntad popular (especificada aquí por las decisiones de dos parlamentos y un referéndum) y la que emana de los tribunales incluido a estos efectos el Constitucional. Esta contradicción entre soberanía popular (principio democrático) y primacía de la Constitución en cuanto ley de leyes (principio de Estado de derecho) no tiene una solución única sino que su encaje depende de la dinámica del sistema político en concreto. En los Estados Unidos ha funcionado siempre ejemplarmente, pero no ha sido así en otras partes. En España, por ejemplo, es de esperar una reacción deslegitimatoria del Tribunal Constitucional de parte de las fuerzas nacionalistas catalanas en el caso de una sentencia contraria a algún punto clave del Estatuto. Ojalá que esa reacción, de darse, no lleve al cuestionamiento directo de las normas básicas de convivencia en el sistema político español.

(La imagen es una foto de Saül Gordillo, bajo licencia de Creative Commons).

Bicentenario II.

¡Qué oportuna filtración traía ayer La Vanguardia del proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña! Según el periódico El Tribunal Constitucional avala que Catalunya sea nación. Ni más ni menos. Luego, la letra pequeña es menos rimbombante: el término "nación" se encuentra en el preámbulo del texto estatutario que, según el TC carece de valor jurídico. Además, no se dice expresa o taxativamente que Cataluña sea una nación sino que se emplea la alambicada forma de que, recogiendo el sentir popular, el Parlamento catalán ha definido a Cataluña como nación y que la Constitución Española (CE) reconoce este extremo en su artículo 2, al hablar de "nacionalidad". Por último, según cree saber La Vanguardia, el TC pretende compensar esta concesión con la eliminación de los aspectos de bilateralidad que contiene el Estatuto.

Un galimatías: ¿se reconoce o no condición nacional a Cataluña? Me parece que sí: a) el TC dirá lo que quiera sobre los preámbulos, pero está claro que orientan e informan al resto del articulado y que, aunque no tengan efectos jurídicos inmediatos, habrán de tenerlos mediatos. Por "efectos jurídicos" debe entenderse aquí derecho a constituirse en Estado independiente (véase mi post de ayer más abajo).

b) La referencia al artículo 2 de la CE está envenenada y viene paradójicamente a dar la razón a los parlamentarios de derechas, empezando por el señor Fraga que, en el debate de la Constitución hace treinta años, advirtieron de que el término "nacionalidad" acabaría siendo sinónimo de "nación". Con esta interpretación del TC, de ser cierta la filtración, ya se ha realizado la sinonimia y, de paso, se ha convertido al artículo 2 -que nunca fue un prodigio de elegancia o claro razonamiento- en un texto perfectamente absurdo pues proclama la exclusividad de la "nación" española para negarla a continuación al afirmar que reconoce y ampara las nacionalidades siendo así que éstas también son naciones.

c) La negativa del TC a admitir la "bilateralidad" será un jarro de agua fría a las aspiraciones catalanistas que ya creían haber hecho realidad su antigua pretensión de relacionarse con España de igual al igual. No obstante, al admitirse que el Principado es nación, esta nación volverá a plantear la reclamación, que viene de antiguo, de que se aplique al caso el principio eclesiástico del aeque principaliter.

Entre tanto el Rey engolaba ayer la voz para hablar de la "conciencia nacional" del pueblo sublevado el dos de mayo de 1808, y la señora Aguirre gorjeaba admiraciones al sentido de la libertad de aquel y su seguridad acerca de lo que era España. Por supuesto, al hacerlo como reproche implícito al desvaimiento nacional actual lo que hacía era poner de manifiesto que tampoco aquel heroico momento fundacional de la nación debió de ser tan exitoso cuando a los doscientos años hay que seguir luchando por imponer un concepto de nación que, al parecer, no es una verdad apodíctica. Y tan no lo es que el TC sanciona que en el solar patrio hay cuando menos dos naciones (aunque una sea "sin efectos jurídicos"), abriendo así el paso a que sean más, quien sabe si tres o diecisiete o incluso más porque, ya puestos, también tendrá algo que decir el Cantón de Cartagena.

Al comienzo de la Historia de la Revolución Francesa, Jules Michelet dice lleno de orgullo que la France a fait la France ("Francia ha hecho a Francia"), de donde se sigue que la condición de "nación" es un avatar que una Francia preexistente experimenta, un atributo que se asigna para constituirse en sujeto jurídico frente al Rey. Por lo que entiendo del discurso del Rey (el español) y el punto de vista de quienes se lo hayan redactado, la constitución de España en nación es simultánea con la constitución de España a secas. Antes de ser nación, España ni siquiera es España. De forma que habría que proseguir la propuesta de Michelet para que diga que la France a fait la France et l'Espagne.

Por el contrario, en el discurso de la señora Aguirre, la sublevación del dosde es la de una nación preexistente, humillada por el infame gabacho. No me importa decir que coincido con ella en este punto porque será el único en el que coincida y de modo limitado. Yo también creo que los españoles poseen una clara conciencia de formar una colectividad específica que se va abriendo paso en la Edad Media y cuaja en el Siglo de Oro. El problema es lo que vino después, en el siglo posterior (de la "decadencia") en el que se deshizo lo que se había hecho antes y el hecho de que, aun con la llamarada de la guerra contra el francés, esa nación española más o menos en agraz entonces ha mostrado estar muy mal avenida en los siguientes doscientos años, hasta llegar al día de hoy en que se discute acaloradamente (incluso a tiros y bombazos) si hay o no una única "nación española" en la parte de la Península Ibérica que corresponde con el Estado español o esta nación española coexiste con otras a las que, de paso, oprime.

Se celebren los fastos que se celebren, ¿es posible soslayar este debate en España hoy? A la vista de la interpretación que según La Vanguardia da el TC al artículo 2 de la CE está claro que no.