El límite del ridículo

(Se accede a la entrevista pinchando sobre la imagen).

La opinión es ya universal: habiéndose empeñado M. Rajoy en desgobernar él solo este sufrido reino por medio del 155, al final se ha quedado él solo en esta especie de frenesí antipuigdemont que le ha entrado. No le sigue el Consejo de Estado, ni la opinión más autorizada de los especialistas, ni los letrados del Tribunal Constitucional (TC), ni el propio TC, que ha preferido llamarse andana metiéndose a legislador y pasando la patata ardiendo al Tribunal Supremo (TS).

Queda por ver si el TS sigue el ejemplo y le devuelve la patata al gobierno por una de dos formas: la contundente, esto es, retirar la orden de detención o lo que haya contra Puigdemont, y la mitigada, es decir autorizar a este a asistir presencialmente a su investidura. No me gusta la segunda si no va acompañada de una garantía firme de no proceder contra el presidente para sumarlo a la lista de rehenes que ya tienen. Y, en verdad, como están las cosas, la única garantía real es la retirada de las acciones judiciales porque, de mantenerse estas, ¿actuarán contra el presidente en el curso de su mandato?

También le quedan a Rajoy la infatigable Sáenz de Santamaría y el resto del triunvirato nacional-español, Sánchez y Rivera. Ninguno de ellos sirve para gran cosa pero la febril y escenográfica vicepresienta, virreina de CataluÑa, compensa por el prudente silencio de los dos líderes de la oposición que quisieran el anillo de Giges, para ser invisibles en mitad del destrozo. Es ella en buena medida la que ha organizado este desbarajuste que amenaza con que las altas instancias del Estado se líen a mamporros en algún evento en que coincidan.

Ya pueden eximios teóricos especular sobre las inmunidades del poder, el habeas corpus, el due process. Nada, hombre, aquí llega la vicepresidenta del gobierno, llama por teléfono al presidente del TC, que estaba en Estrasburgo, para informarle de que han presentado el recurso contra la investidura de Puigdemont y que a ver si el alto tribunal puede resolver esa misma tarde. Literal. Ni más ni menos. División de poderes e independencia del judicial y asimilados, como este obediente TC, cuyo presidente se pilló un avión al día siguiente, sábado, y se machacó el almuerzo junto a sus colegas, buscando alguna fórmula para salir del atolladero que no lo hundiera más de lo que está. No lo ha conseguido

De ahí salió la mirífica solución de suspender la deliberación (la propia, no la del Parlament) con prohibición de investidura telemática y voto delegado por mandato expreso de la divinidad y traslado al Supremo de la decisión de permitir la comparecencia presencial del presidente Puigdemont en uso de su derecho como diputado electo. El coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas, decía el poeta. El País considera sapientísima la decisión del TC, así que...

Ignoro si el TS, a su vez, decidirá retirar la orden contra Puigdemont en España como retiró la euroorden, cosa muy lógica o se obstinará en amenazar al presidente con los alguaciles. Si no se puede producir la investidura presencial como sería lo lógico, nada puede impedir la investidura telemática y menos que nada esa declaración de ilegalidad del TC que no tiene fundamento jurídico alguno.

Para evitar la investidura de Puigdemont van a tener que llevar la dictadura al límite del ridículo.

En todo caso, aquí la entrevista que me hizo Pere Cardús para Vilaweb y que versa sobre este y otros asuntos conexos.

De jueces y reyes

El B155 se empeña en arrastrar este conflicto por el cenagal y utiliza términos denigratorios como "cobardes", "prófugo", "fugitivo", cuando habla la élite y "osito" o "¡a por ellos!" cuando lo hacen las mesnadas. Se mueve en la dimensión ideológica que le es propia, la del ordeno y mando, la arbitrariedad, los privilegios y la imposición.

Pero la dimensión de lo que aquí está ventilándose es muy superior. Se trata de los destinos de un país. Por eso intervienen las últimas y definitivas intancias que, desde los tiempos bíblicos, sostienen el orden político: los jueces y los reyes. El guirigay de si Puigdemont entra en el portaequipajes de un autobús, si es o no Cipollino y si el gobierno puede convertirse en grupo de choque de la policía ha dejado paso a la augusta presencia de estas dos instituciones.  Ayer se dieron dos hechos que dejan ver por dónde va cada cual en este conflicto con crisis constitucional: el Rey festejó su quincuagésimo aniversario y el Tribunal Constitucional tomó una decisión por unanimidad que todavía complica más las cosas. De reyes y jueces va la cosa. Aunque de reyes y jueces españoles.

Lo primero, el 50º cumpleaños de Felipe VI saltó a las redes como una campaña de imagen de La Zarzuela. De imagen edulcorada, ñoña y cursi hasta rechinar los dientes que nada tiene que ver con el drama que vive el país. Nada con el hecho de que unos presos y exiliados políticos no puedan estar con sus familias. La comparación es odiosa y la oportunidad de la imagen ya se ve. Después del monumental ridículo del monarca en Davos, presentado como el Rey más joven de Europa (y se nota) y un estadista de larga visión y pulso firme, las hogareñas y sencillas escenas del almuerzo dibujan el "target" (que dicen los entendidos) al que se dirige la campaña: los lectores de revistas del corazón. Y lo de lectores es hiperbólico. 

Los jueces tienen otro nivel. Más enrevesado y entretenido. Jueces y políticos, se entiende. Los del TC, deseosos de complacer al gobierno, pero impedidos por la falta de fundamento de sus pretensiones y la opinión contraria del Consejo de Estado y sus propios letrados, han tomado una decisión que podríamos llamar "traslaticia", esto es, la de trasladar al Tribunal Supremo la patata ardiendo que el gobierno le había pasado. Al propio tiempo tranquiliza a este asegurando, como quien no quiere la cosa, que la investidura telemática es ilegal y la delegación del voto desde el exterior, motivo de excomunión. Pero sin que se explique en absoluto por qué. Por qué es ilegal la investidura telemática salvo por el rechazo político del gobierno, es un misterio. 

Esta decisión no sirve para nada. Se permite la investidura de Puigdemont siempre que sea presencial porque es su derecho como diputado electo, pero esa presencia depende de la orden de detención del Supremo. Es un reconocimiento viciado, de mala fe, remachado además con la inmotivada prohibición de la investidura telemática. Salvo que el Tribunal Supremo devuelva la patata ardiendo al gobierno retirando su orden de detención igual que retiró la euroorden. 

En ese momento, el gobierno tendría que aceptar a Puigdemont de presidente de la Generalitat o declarar abiertamente el estado de excepción. 

Ni siquiera el matiz de que se trata de medidas cautelares, por otro lado expresamente prohibida, en tanto el TC considera la admisión del recurso y, por lo tanto, permiten suspender los plazos y los actos es aceptable. En el pleno del Parlament del día 30 se votará la investidura de Puigdemont de una forma u otra. La mejor es la presencial, pero eso depende de la voluntad del B155.

Mañana, Palinuro en Lleida

En un momento crucial, a un día de que el Parlament tome una decisión que forzará la solución de este barullo creado por la obstinación en no aceptar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

Porque es el último peldaño en la escalera de la República Catalana en la que los organizadores cuentan tres y Palinuro, siempre más minucioso, cuenta cuatro, pues echa en falta el 7 de diciembre, cuya importancia no puede desdeñarse, ya que tiene la fuerza de la movilización popular, como el 1º de octubre, en defensa de las instituciones catalanas tras el golpe de estado unilateral del 155 el 27 de octubre.

Parece que luego, a la caída de la tarde, habrá un acto musical en la Plaça Paeria, en honor de los presos políticos. Imposible encontrar una forma mejor de solidarizarse con quien sufre por la injusticia que la música. La música es matemática y así como esta es la reina de las ciencias, aquella es la de las artes. Y el arte, ya se sabe, es emoción. Todo lo demás es comercio.

El debate sobre si presos políticos o políticos presos está muy por debajo de nuestro caso. Sobre todo porque viene movido por un gobierno y un partido en el que abundan los políticos presos y los que andan en libertad provisional. 

Estos otros son presos políticos de verdad, presos por sus ideas, presos de conciencia, que no han cometido delito alguno y son absolutamente pacíficos. Verlos entre rejas produce una fuerte emoción que se expresa mediante la música. 

El "mal mayor"

El gobierno está dispuesto a evitar un "daño irreparable" provocando otro mas irreparable. Lo hace para evitar un "mal mayor", la investidura de Puigdemont.

Que la investidura de Puigdemont sea o no un "mal mayor" va en puntos de vista. Lo imprescindible  es que el gobierno diga -y el Tribunal Constitucional (TC) lo admita- exactamente qué es lo que está recurriendo. Obviamente no es la investidura de Puigdemont, que aún no se ha producido y por tanto es irrecurrible. Y no vale decir que la convocatoria del acto equivale al acto porque pudiera pasar, ¿quién sabe? que el candidato fuera de repente arrebatado a los cielos en un carro de fuego, como el profeta Elías.

El gobierno está recurriendo la decisión del Parlamento de investir a Puigdemont el día 30. Está recurriendo la propuesta que Torrent trajo a M. Rajoy hace un par de días. Está impugnando por ilegal una decisión de un Parlamento legal. Está atacando la soberanía (o la autonomía, que viene a ser igual) del Parlamento.

Bueno. Hace unos días, M. Rajoy amenazaba con un 155 "más duro y más largo". Entre las "durezas" preveía un veto a las decisiones del Parlament, una medida que el Consejo de Estado rechaza porque hasta él entiende que es dictatorial. Por eso recurre el gobierno al TC, para que sea este el que se pringue con una prohibición (disimulada bajo la forma de aceptación a trámite) ilegal. Ilegal porque no hay norma alguna que prohíba la investidura de Puigdemont. Solo hay la voluntad omnímoda del B155 de evitar un "daño irreparable" que nadie sabe en qué consiste pero suena a más amenaza.

En este momento, la cuestión ha quedado reducida a una obsesión del B155 con la persona de Puigdemont, sin duda por su valor simbólico. Se trata de ignorar el carácter social, de movimiento transversal de masas del independentismo, cerrar los ojos a una reivindicación sostenida con más de dos millones de votos y en circunstancias extremas y simplificar el asunto casi con mentalidad de comic. Hay que abatir a Carles Puigdemont, enemigo nº 1 de la nación española. Así, con la crudeza del lenguaje de un killer lo enuncia Pérez Rubalcaba, para quien tanto los independentistas como el gobierno están tratando de quitarse a Puigdemont de en medio. Es de esperar que no al modo que se teme el tremendista Verstringe. 

En cualquier caso, quitar a alguien de "en medio" no es una expresión elegante. No por la acción que promete y estará a la altura de quien la enuncia, sino por la persona sobre la que se ejerce. ¿Qué significa "quitar de en medio" a Puigdemont? Pues lo que más a la pata la llana anunciaba una  preelectoral Sáenz de Santamaría, "descabezar" el movimiento independentista. Porque siguen creyendo que no es un movimiento sino una especie de conjura. De ahí el proyecto que ofrecen, conjurar a su vez a las fuerzas "constitucionalistas" para ofrecer "al conjunto de España un proyecto político que de paso resuelva el problema de Cataluña". Tal cual. "De paso".

Es decir: mandan a la gente al exilio, meten al Rey en faena y a algunos de sus súbditos en la cárcel, embargan a otros, suspenden instituciones, proclaman un estado de excepción de hecho, involucran al Poder Judicial en la politica represiva del gobierno, persiguen a la gente por tierra, mar y aire, vetan las instituciones de autogobierno, intervienen sus medios públicos de comunicación, plantean una unión sagrada y una nueva planta de España, pero la cuestión por la que han cometido todos estos disparates la arreglarán "de paso".

¿Qué más cabe decir?

No se puede parar

¿El independentismo catalán? Una algarabía, cuatro locos iluminados, maniobras de neonazis, complot etnicista, delirio supremacista, una minoría vociferante frente a una mayoría silenciosa, una maniobra para tapar la corrupción nacionalista, otra vuelta de tuerca de la burguesía reaccionaria de los recortes, unos nacionalistas anticuados, unos carlistas, provincianos acomplejados, nuevos ricos ensoberbecidos e insolidarios, polacos. Nadie. Nada.

Resulta que la investidura de Puigdemont tiene a Europa intrigada por el espectáculo -sólito espectáculo hispano- por tierra, mar, aire y maletero, que diría Zoido en un arranque de ingenio. Esa incógnita que mantiene el suspense podría ser el torbellino que se llevara por delante la plaga de Rajoy porque, aunque este ha jurado a Alsina que hará lo posible para impedir la investidura del precito (al que ya nadie llama "cobarde"), "todo lo posible" no será suficiente como se verá a continuación. Pero eso sería en un país normal; en este, M punto Rajoy no dimitirá, como también se verá a continuación.

Un dictamen en contra de la investidura telemática de los letrados del Parlament es bastante, según el B155, para que aquella no se celebre, aun no siendo el dictamen vinculante. Pero un informe del Consejo de Estado en contra de la pretensión del gobierno de recurrir la investidura de Puigdemont ya en el estado de nasciturus, no lo obliga a desistir porque no es vinculante. Es la fuzzy logic de que hablábamos ayer. Y el Consejo de Estado no es la checa del amanecer, sino un órgano copado por carcundas y presidido por un sempiterno soldado del nacionalcatolicismo, José Manuel Romay Beccaria, pariente de Fraga y ministro del PP que fue, entre otras muchas, muchísimas cosas, todas del PP. Aun así, el gobierno va adelante al Constitucional en petición de la cabeza de Puigdemont, convertido en enemigo público nº 1, agente ruso Cipollino, según la lumbrera que dirige la defensa de la Patria.

Es comprensible que el máximo y único gobernante de España en gracia del 155 esté enfurecido por la obstinación de este abominable prófugo en mantener la legitimidad de su cargo y hacerla efectiva. Es humano. Un tipo que ni siquiera tiene escolta, ni coche oficial, ni le dejan entrar en las embajadas, trae de cabeza al gobierno de la única y auténtica nación que hay en España, sus fuerzas de seguridad y paramilitares, sus políticos de gobierno y obediente oposición, sus medios. Un Pimpinela Escarlata con una iniciativa política demoledora, una imprevisibilidad desconcertante y una presencia mediática que subraya su función simbólica estilo Degaulle de résistant de la Catalogne libre. Luchar contra esa imagen desde la ciénaga de la Gürtel es algo que ni la obsequiosa colaboración de Sánchez puede conseguir. Al contrario, allá va el pendón de Pablo Iglesias Posse detrás de la dictadura corrupta, dando pie a que muchos se malicien cooperación por razones inconfesables.

No basta con tomar posiciones en el apeadero, a esperar la llegada de la némesis del B155 en el tren de las 15:10. Para impedir esa investidura hace falta algo más que demostrar un intenso disgusto. Hay que tener alguna base legal, por mínima que sea. Alguna ordenanza perdida en algún cajón que faculte al gobierno para impedir el acto en cuestión. Pero no hay nada. Hay la opinión en contra de numerosos especialistas y asociaciones. El último y más contundente, el juez Garzón, para quien en el caso no hay rebelión ni sedición, es decir, no hay caso. Es una persecución política. Y, además, inútil, porque no es posible parar la investidura telemática de Puigdemont. Lo lógico sería la presencial y aquí está el presidente en persona explicándolo claramente. Si la fuerza bruta, sin razón y sin derecho, por capricho personal del señor del 155, impide la investidura presencial, se producirá por vía telemática. Cosa que el gobierno no podrá impedir sin violentar de tal modo las leyes y la Constitución que la situación se haga insostenible, convertida ya descaradamente en lo que está siendo subrepticiamente: una ocupación militar.

Lo dicho más arriba (que es deuda): Rajoy "hara todo lo posible" por frustrar la Puigdemontada. Pero no será bastante. No podrá impedirla y conservar algún viso de Estado de derecho en España porque no es posible nadar y guardar la ropa o conservar el pastel y comérselo. ¿Dimitirá si tiene que hablar con el odiado Puigdemont/Degaulle? Lo dicho también más arriba (también deuda): en absoluto. Dimitir, como recuerdan las redes hasta el cansancio, es un verbo ruso y ya se sabe que it is very difficult todo esto de los idiomas. ¿Dimitir? El señor de la Gürtel tiene recursos sobrados para mantenerse al timón de la nave. El que mejor maneja es el de la negación tan absoluta de la realidad que ríanse ustedes del obispo Berkeley. Recuerden: no iba a haber consulta del 9N 2014, y no la hubo; no iba a celebrarse el referéndum del 1º de octubre, y no se celebró; no se proclamaría la República catalana independiente el 27 de octubre, y no se proclamó; no se producirá la investidura de Puigdemont, y no se habrá producido cuando se produza. ¿Entendido, radicales? Es más, me adelanto: no existirá Carles Puigdemont y Carles Puigdemont no habrá existido.

Llegados aquí, si yo fuera Rajoy, retaría a duelo singular a Puigdemont en tierra neutral, por ejemplo, Andorra. Es ya la única forma que le queda de ventilar este point d'honneur ¿quién tiene mejor derecho a gobernar Catalunya, Puigdemont con 70 diputados (de 135) o  Rajoy con 4?

"No nos metamos en eso"

Nueva entrevista gloriosa de Carlos Alsina a esta vergüenza de presidente que nunca sabe nada en Onda Cero. Ahí está diciendo "no nos metamos en eso" a la propuesta de obligar por ley a la igualdad salarial entre hombres y mujeres que, por lo demás, le parece muy deseable, en un ejercicio de lógica borrosa (o "fuzzy") que es como, según los entendidos, funcionan las cosas que nadie sabe cómo funcionan. 

¿Quieren otro ejemplo? Vayan al inolvidable momento en que M. Rajoy sentencia al estilo Fray Gerundio de Campazas que cada uno sabe de lo que sabe y que él no sabe nada de "operaciones policiales". "Pero usted ha sido ministro del Interior", dice el guasón Alsina. (¿Y la europea?)

Por supuesto, de la corrupción no estaba enterado. De la de Valencia no sabía nada y eso que, cuando los corruptos valencianos del PP le salvaron frente a Aguirre, allá por 2008 o 2009, cantó lo de que siempre estaría con, ante, sobre, tras Camps. Pero no sabía nada. 

Como tampoco sabía lo que hacía Bárcenas, el que le pagaba los sobresueldos, cuando le avaló una cuenta en Suiza. Sí, a ver, ¿por qué no va a avalar el presidente de un partido (y luego de gobierno) una cuenta en Suiza del tesorero? ¿Por qué no van a cobrar sobresueldos los cargos del partido, incluso ministros si se tercia? ¿Por qué no se van a financiar las elecciones con el dinero que los empresarios dan altruistamente para que triunfe el bien y en uso de la libertad de mercado? Y si algún pellizco de esos donativos va a los bolsillos de los militantes o a los confeti de los niños, es justa retribución por sus esfuerzos. 

No sabía nada. Lo dejó muy claro cuando en 2009 aseguró firmemente que la Gürtel no era una trama del PP, sino una trama contra el PP. Inolvidable foto. Estaba rodeado de los capitostes de entonces del partido y las administraciones, muchos de ellos luego imputados, procesados y condenados en la trama. Casi una escena de Mackie el navaja.

Seguramente tampoco sabía lo que sucedía a unos metros de La Moncloa, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Desconocía que estaba gobernada por gangsters. Tampoco sabía nada del Ayuntamiento. Por no saber, no sabía lo que tenía delante de las narices en Génova 13, sede reformada con cargo a la caja B del partido. Sí, esa caja B en la que, según Ramírez en comparecencia ayer en el Parlamento, esta metido de lleno el hombre de los sobresueldos, que no sabía nada. Como les dijo a los jueces: que no sabía nada ni cuando era responsable de las campañas que se financiaban en B de Bárcenas-sé-fuerte.

Lo asombroso no es ya solo que algo así pueda ser presidente del gobierno en ningún pais del mundo sino que, al parecer, para tranquilizar a sus seguidores, ha anunciado su candidatura en las próximas elecciones, cuando las haya. 

... Y si las hay. Siempre en la entrevista, M. Rajoy se jacta del 155 y formula taxativamente que hará todo lo posible para que Puigdemont no sea investido. Lo de este hombre es ya una fijación personal con Puigdemont. Un combate singular, más allá de toda consideración de legalidad, equidad y justicia. Pura arbitrariedad. Puigdemont no puede ser investido porque a él no le da la gana. 

Su insistencia, siempre en la entrevista, en que hay que cumplir la ley, dirigida a Torrent, adquiere ya tintes de neurosis compulsiva. Con el 155 activo, la ley en Cataluña es la voluntad de Rajoy, su capricho. Y eso es insostenible. Si, por arbitraria obcecación se impide la investidura presencial de Puigdemont (y, de paso, Zoido deja de hacer el ridículo), se hará telemática. Y ¿cómo se impedirá ?M. Rajoy ya lo adelantó hace días: más 155, más duro, más largo, veto al Parlament, intervención de TV3, "supervisión" del sistema educativo. O sea, la dictadura en Cataluña, la fórmula que el PSOE está sosteniendo como único responsable. 

Mientras tanto, el Borbón está explicando a los compiyoguis del Foro Económico Mundial cuán robusta es la democracia española. Según Felipe VI, en España las leyes se cumplen.  Es ya palmario que este monarca no sabe en dónde está. Hay dos poderosas razones para no ir a soltar ese estúpido discurso en Davos, allí donde el genio de Thomas Mann situó La montaña mágica: Primera: el mero hecho de ir a explicar que España es un Estado de derecho en ese escenario ya demuestra que no es un Estado de derecho. Segunda: ni en ese escenario ni en ninguno puede alguien presumir de Estado de derecho cuando está en vigor una norma excepcional que suspende el Estado de derecho. Que alguien se lo explique. 

Detrás del triunvirato nacional con el recién llegado de Podemos, de su Rey, sus medios, el Ibex, la Iglesia, está la implícita convicción de que el 155 será la Constitución de Cataluña. La excepción será la norma. El golpe de Estado y el estado de excepción permanentes. Pautados por elecciones cuyo resultado solo se aceptará si ganan los unionistas. 

Tendrán que hacer extensivo el 155 a todo el Estado. Por eso..., si hay elecciones.

Por cierto, quien quiera calibrar que perspectiva de éxito tiene esta actitud cerradamente represiva del Estado español contra Cataluña hará bien en echar una ojeada a este genial artículo publicado en un periódico suizo francoparlante: Catalogne: l'ignominie est en marche. Está clarísimo.

Estado de sitio

Los periodistas, benditos/as sean, a veces le echan sal a la vida. Este de Pressdigital dice que el ministerio del Interior sigue de cerca a Puigdemont. Más o menos como siguió de cerca las 6.000 urnas del referéndum del 1º de octubre sin encontrar ni una. Un sabueso este ministerio. Por ello, para mostrar cuán de cerca se sigue al prófugo, se blindan todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Son los preparativos para un asedio y asalto de algún poderoso enemigo que nadie sabe por dónde puede atacar. El Estado se blinda frente al prófugo. 

Después de la inauguración del AVE detenido  20' en un trayecto de 2h 25' esto otro roza lo sublime. Sobre todo cuando Zoido se apresta a fiscalizar los maleteros de los coches. 

Lo vistoso del zafarrancho oculta un punto crucial: ¿qué se pretende con ese despliegue? Pueden ser dos cosas:

 a) impedir que Puigdemont pise territorio español, rechazarlo en la frontera. Pero eso es imposible. El Estado no puede impedir la libertad de circulación de sus ciudadanos y mucho menos por decisión de un ministro que, además, está obligado a cumplir una orden judicial de detención contra Puigdemont. Si Zoido rechaza al presidente en la frontera, más le vale irse con él.

b) detener a Puigdemont apenas se lo aviste en carne mortal. Pero, para eso no es preciso blindar todas las fronteras ni fisgar en los maleteros de los coches, aunque ya se sabe que la medida costará otra pasta, cosa que le otorga mucho atractivo a los ojos de este ministro otrora rumboso alcalde. Bastaría con enviar una pareja de agentes de la autoridad al Parlament, al que, sin duda alguna, dirigiría sus pasos el presidente. 

El Parlament ha propuesto a Puigdemont para la investidura. Es el gobierno central quien debe aceptar la decisión y garantizar que dicha investidura se produzca y sea presencial. Si, contra derecho y razón, se obstina en prohibirla, la investidura se hará por vía telemática. Y la cuestión será hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para impedirlo.

Jueces políticos

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Acostumbran a decir los juristas que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y es patente. En especial cuando la justicia salta por la ventana para mezclarse directamente en la brega política, faltando así a su cometido. El nuevo episodio Pimpinela de Copenhague ha sido otro golpe devastador para el prestigio del Poder Judicial por tierras del infiel. Las explicaciones del juez Llarena sobre su pasividad o contraactivismo judicial han levantado una polifonía de voces de expertos en el país, horrorizadas de que el más alto tribunal actúe como brazo del príncipe.

En fin, de eso va el articulejo cuya versión castellana sigue:

La justicia política no es justicia.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos aspiraba a una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este órgano ha calificado su aspiración con un cero. Si el humillante suspenso se debe a que ignora el inglés y el francés, las dos lenguas oficiales en la UE o a otras carencias es indiferente. Ese suspenso es como la navaja de Occam y demuestra que en el extranjero no sirve el enchufismo, el caciquismo y la fidelidad canina al tirano de turno para conseguir nombramientos como en España. Hay que demostrar capacidad en competencia limpia con otros aspirantes. No basta con ser amigo de Rajoy, militante del PP y estar dispuesto a lo que sea para servir al amo.

¿Qué interés tiene el gobierno en que Pérez de los Cobos ocupe un puesto para el que no vale? El de seguir contando con un juez obediente y de partido en un órgano en el que probablemente hayan de verse en apelación las decisiones que los tribunales españoles tomen en la causa general contra el independentismo montada por orden de ese mismo gobierno. Es el estilo de esta derecha franquista: utilizar a los jueces para su política partidista como antes empleaba a los militares. De ahí que manipule sistemáticamente el poder judicial, que proponga jueces de su partido y trate colocarlos siempre en sitios clave para que favorezcan su política partidista, incluso la supuestamente delictiva.

Pérez de los Cobos ya había aspirado el año pasado a esta plaza con el apoyo firme del gobierno, pero el Supremo anuló la propuesta porque llevaba una trampa (un ilegal límite de edad) que favorecía a su candidato y perjudicaba a los otros. Esto no hubiera sido óbice para que de los Cobos se calzara el nombramiento. El hombre está acostumbrado a hacer trampas y mentir para alcanzar sus objetivos. Cuando su nombramiento al Constitucional pasó por el Congreso, “olvidó” declarar que había sido militante del PP. Es decir, omitió la verdad con intención engañosa. O sea, mintió.

Así llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantía de que este Tribunal haría lo que quisiera el gobierno. Durante todo su mandato. Solo en su discurso de despedida se atrevió a decir este juez pepero que el TC había aceptado los criterios del gobierno como propios y tratado asuntos políticos que no le competían. Es decir, venía a reconocer que podía haber prevaricado al servicio del poder político. De ahí que, muy contento con la manifiesta catalanofobia de este juez de familia y educación franquistas (su padre fue militante de Fuerza Nueva), el gobierno volviera a apoyarlo para TEDH con el merecido resultado que ha conseguido.

Dictadura y prevaricación como forma de gobierno en España. La coyunda entre los gobernantes y el TC se repite ahora con el Tribunal Supremo porque en la lucha contra el independentismo catalán vale todo, incluso la conversión del seudoestado de derecho en una dictadura real.

No pudiendo aplastar el independentismo catalán por medios militares como les pide el cuerpo a los franquistas del gobierno, este ha movido a sus jueces para abrir una causa general contra el movimiento catalán, resucitar los “delitos de opinión”, restablecer el espíritu inquisitorial y perseguir a las personas no por posibles delitos sino por sus opiniones políticas. Los dos Jordis, Junqueras y Forn están en la cárcel por sus ideas y creencias de forma que, si se retractaran, el gran inquisidor, Llarena, los pondría en libertad en un acto que, no por beneficioso para los injustamente tratados, resulta menos injusto por tratarse de la pura arbitrariedad personal del juez, que sigue las órdenes del comportamiento dictatorial del gobierno a cuyo servicio está.

El juez del Supremo, Llarena, rechaza la petición fiscal de una orden de detención contra Puigdemont en Copenhague argumentando que no puede dictarla porque eso iría en beneficio del acusado que, según él fabula, quiere que lo detengan en Dinamarca para ser investido presidente por voto delegado cuando la investidura es ilegal.

Pero estos no son razonamientos de un juez, sino de un gobernante. Un juez tiene que aplicar la ley y no hacerlo o no según conveniencias políticas que no son asunto suyo. Por eso Llarena no actúa propiamente como juez (a pesar de las ineptas logomaquias de sus autos) sino como auxiliar a las órdenes políticas del gobierno. Es este el que no quiere investido a Puigdemont, legítimo presidente de la Generalitat. El juez lo que hace es cumplir las órdenes del gobierno o quizá orientarlo en su política de imposición nacionalcatólica española pero en ningún caso administrar justicia.

Porque la justicia de Peralvillo, propia de España (primero se ejecuta al reo y luego se le instruye la causa) jamás podrá ser justicia. Este es el momento en que los dos Jordis, Junqueras y Forn siguen en la cárcel por voluntad del gobierno y complacencia de los jueces que, como en Peralvillo, llevan unos meses inventándose los delitos para acabar haciendo un remedo de causa judicial antiindependentista.

Y esa es la intención con el legítimo presidente de la Generalitat: perseguirlo, detenerlo, esposarlo, humillarlo y exhibirlo en público, como un trofeo tan anticatalán como los cuatro millones de firmas “contra Catalunya” que Rajoy y los suyos consiguieron en contra del Estatuto de 2006 y con el que abrieron el camino a la independencia catalana.

El catalán errante y Berlanga

La Gran Nación, al decir del Rey y Rajoy tuvo ayer tres momentos estelares que dejaron suspensos y maravillados a los vecinos europeos. Abrió la gloriosa jornada una inauguración de AVE Valencia-Castellón a cargo del presidente del gobierno de contenido profundamente berlanguiano que el periodista ha sintetizado con buril: La inauguración más ridícula: invitan a Barberá, el tren se retrasa y Rajoy lo confunde con un avión. Lo de Barberá es el famoso humor negro español; lo del retraso (al parecer el AVE era sobrepasado por los cercanías) pertenece a la recia tradición hispánica. Es lo de la confusión con el avión lo que los medios no han entendido, atribuyéndola al proceloso mundo mental de Rajoy. Error. La confusión es un típico acto fallido freudiano. El hombre estaba pensando en el aeropuerto "para las personas" de su amigo Fabra en Castellón. Subconscientemente deseaba que tuviera pasajeros. 4.700 nada menos.

El segundo momento fue al hacerse pública la calificación de cero al expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, en su aspiración a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De inmediato se ha achacado a su falta de dominio de las lenguas francesa e inglesa, pero él asegura que eso es un infundio y que hizo el examen en francés e inglés. No obstante, obtvo cero puntos. El Supremo ya tumbó el año pasado su candidatura a ese mismo puesto, propuesta por el gobierno. Sin duda la pretensión de un juez tan partidista de entrar en el TEDH está teledirigida desde el gobierno y otros sectores de la judicatura en previsión de los recursos que allí se planteen por los procesos del independentismo en España. Lo de siempre, la unidad de acción del gobierno y los tribunales, del príncipe y la justicia, en donde esta desaparece.

Justo lo que transpira el último episodio del prófugo Puigdemont en el viaje sin retorno conocido a Copenhague que tiene en suspenso a las instituciones del país, sus gobernantes y los medios. Sobre todo los medios, que no paran de hacer las más disparatadas cábalas sobre el sentido de los siempre sorprendentes movimientos de Pimpinela/Degaulle. Con ello contribuyen a subrayar el éxito mediático del presidente, dándole una aureola de líder europeo, respetado en círculos académicos y haciéndose eco de su mayor éxito: la internacionalización de la causa catalana. La ayuda de los medios, incluso en contra de su voluntad (¡qué más quisieran que silenciarla como hace TVE!), es vital en este proyecto, incluso cuando lo interpretan por la vía del delirio.

Los medios dan pábulo a las especiosas razones por las que el juez Llarena deja de hacer lo que, en principio, parece estar obligado a hacer, esto es, dictar una orden urgente de detención contra Puigdemont, como le pide la fiscalía. En lugar de ello, el juez, muy pícaro, interpreta la intención oculta del proceder de Puigdemont como la de forzar su detención para así ser investido por voto delegado. Y la frustra astutamente. No será él quien caiga en la trampa de ayudar a que Puigdemont burle la ley, obteniendo una investidura que es ilegal. 

Suena a patraña y lo es, a intento de desviar la atención del lamentable hecho de que los danesas ya le han dicho que deje las euroórdenes quietas y no provoque. En el fondo, el asunto es elemental. El  punto de apoyo del "razonamiento" judicial es falso pues la investidura de Puigdemont no es ilegal. El dictamen de los letrados que el juez esgrime no es vinculante. Y no hay norma alguna que prohíba la investidura. Solo hay la voluntad del gobierno de impedirla a base de declararla ilegal sin base jurídica, simplemente por la voluntad omnímoda de M. Rajoy a través del 155. Al dar por ilegal algo solo porque lo dice el gobierno, el Supremo se convierte en un órgano de este. Si la base de la acción de los jueces son las consideraciones de conveniencia política de los gobiernos, hablar de división de poderes y Estado de derecho es un sarcasmo.

Es el día a día de un Estado fallido confrontado a una crisis constitucional que no entiende ni está en situación de resolver. Y esa es la situación que el PSOE consagra bajo su exclusiva responsabilidad dado que Podemos y los indepes en el Congreso se han comprometido a apoyar una moción de censura sin contraprestaciones. Es, pues, el PSOE el que responde de que siga en vigor la reforma laboral, la ley mordaza, el saqueo de las pensiones, el expolio de lo público, la corrupción. Y todo en aras de una unidad de España que ni él ni su aliado saben cómo mantener si no es por la violencia.

Para nada. No es posible doblegar por la violencia a más de dos millones de personas. Se comprobó el 1º de octubre de 2017. Habrá govern independentista en la Generalitat y habrá que negociar con él una salida a una situación que no solamente es un fracaso sino algo profundamente injusto con quienes han sufrido y sufren una represión desproporcionada a manos del derecho penal del enemigo.

La revolución permanente

Puigdemont interpreta un doble papel, el simbólico y solemne de presidente de la Generalitat en el exilio (avatar nada infrecuente en el cargo) equiparable a un general Degaulle encabezando la France combattante que aquí sería Catalunya resistent: y también el de líder de un movimiento político que se hace notar en múltiples aspectos de la vida pública, muchas veces de forma inesperada, como una especie de Pimpinela Escarlata. La dignidad de la representación va unida al ingenio, la flexibilidad de la acción.

Esta nueva peripecia de Puigdemont tiene suspenso el ánimo del personal en todos los estamentos y juzgados de guardia. Cunden los nervios ante la incertidumbre que se genera. La información es tan precisa que parece fabricada: un vuelo de Ryanair Bruselas (06:55)-Copenhague (08:35). Supongo que estará contrastada con la lista de pasajeros. y habría que preguntarse si esa lista es pública o el dato lo ha dado el entorno de Puigdemont. Sobre todo porque, al parecer, no se descarta que el exiliado errante alcance Dinamarca por algún otro medio.  Lo cual tampoco querría decir mucho. Una nueva euroorden llevará su tramitación y, caso de aceptarse y llegar a tiempo, al no estar registrada la vuelta del MHP, habrá que vigilar todas las posibles salidas aéreas, terrestres y marítimas. Pimpinela/Degaulle.

En el ínterin, el Zeus olímpico monclovita del 155 lanza sus rayos contra los rebeldes catalanes. Nada de investir a Puigdemont por vía presencial, telemática o espiritista. Ya no es cuestión de legalidad o no legalidad, dado que no hay ley contraria a la investidura telemática; es cuestión del 155, es decir, de la voluntad de Rajoy a quien, como a Rivera y a Sánchez, el personaje se le ha atragantado. Porque representa justo lo que a ellos les falta: la acción política por convicciones con notable riesgo personal en todos los órdenes. 

El B155 quiere la cabeza de Puigdemont en una pica. Cosa absurda porque, aunque la consiguieran, lo que es poco probable, no adelantarían nada. El independentismo tiene más puigdemonts. Nacen en su  mayoría absoluta parlamentaria. Rajoy amenaza con prolongar el 155. Lleva haciéndolo desde la noche del 21D. Para resultar más jupiterino avisa de que esta vez será más duro y más largo y de que cuenta con el apoyo del PSOE y C's. Va, además, a degüello: se invoca un veto sobre la actividad del Parlament, una intervención de TV3 y otro tanto en el sistema educativo. 

Lo asombroso es que esta barbaridad tenga el apoyo del PSOE, C's y quizá de algunos de Podemos. Que se apoye una intensificación de una dictadura personal sobre Cataluña del presidente de un partido que tiene cuatro diputados en el Parlament y, si no yerro, un alcalde en todo el país catalán. Evidentemente ese apoyo refleja el abrumador del Congreso español del 72,5%, probablemente cercano al 90% cuando Podemos haya completado su giro nacional. Aplastante. En España. Pero minoritario en Cataluña. 

Mantener esta situación de práctica ocupación de Cataluña e intervención directa tous azimouts, esta situación de dictadura no es posible. El ejemplo que suele aducirse de los casos de direct rule británico en Irlanda del Norte no es válido porque en aquel caso se trataba de dos comunidades religiosas enfrentadas militarmente. En Cataluña no hay tal. No hay fractura ni enfrentamiento interno. Hay una mayoría simple de votantes y absoluta de representantes que quiere la independencia y así lo vienen manifestando de modo democrático y pacífico. 

Tratarlo por la vía represiva como un problema de orden público negando todo tipo de negociación política, criminalizando opciones políticas, no lleva más que a una imposible prolongación de la dictadura. Habría que volver a la situación de normalidad enunciada más arriba o convocar elecciones nuevas en la práctica seguridad de que la victoria independentista sería aun mayor.

Legitimidad y eficacia

Estos de la CUP sí que hacen política; en el Parlamento y en la calle. No como Podemos que no la hace en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, en general, se hace política; es el único lugar del Estado en que se hace. En el resto se miente, se fanfarronea, se roba, se va el personal por los cerros de Úbeda o se pone a bramar contra Cataluña al unánime grito de "¡A por ellos!".

Precisamente por eso, la política de Cataluña es complicada. La CUP se ha quedado en cuatro diputados después del 21 de diciembre; de ellos, dos son necesarios para la mayoría absoluta independentista. Pero la importancia de la organización es muy superior a la magnitud de su representación. El apoyo de los cupaires garantiza la perseverancia del objetivo estratégico, la independencia. Esa conciencia como factor de legitimación es la que permite a la CUP un tono de crítica elevado con la política institucional del bloque independentista ("el discurso de Torrent es autonomista") y sus apoyos sociales ("la ANC y Ómnium ya no movilizan a la gente"), más dura e incisiva de lo que su importancia numérica justificaría. Tras dejar claro en el primer momento que la prioridad era la República, la restauración del govern i l'investidura del seu legitim president, la CUP cumple una función casi de censor al estilo romano, vigilante del recto comportamiento de sus socios independentistas, ERC y JxC. Ambos, por su lado, reconocen esta especie de actitud admonitoria de rectitud independentista porque, de no querer hacerlo, podrían sellar una alianza con los Communs-Podem que aumentaría su margen de mayoría, pero al precio de renunciar a la independencia o, cuando menos, jugar a la ambigüedad de los últimos. Sin embargo, esa posibilidad ni se plantea: el socio natural es la CUP porque el objetivo sigue siendo la República Catalana independiente. La CUP, de minúscula representación, aporta legitimidad. Pero el bloque mayoritario indepe aporta la eficacia y ninguna puede ir separada de la otra. La pureza ideológica extrema la legitimidad hasta hacerla inoperante y la absoluta dedicación a la eficacia convierte la acción en puro oportunismo. En el fondo, los tres vértices del triángulo independentista son imprescindibles y se necesitan mutuamente. Un fallo de uno es un fallo de todos.

Ocurre como con la relación entre el movimiento y las personas. Maragall advierte de que el primero está por encima de las segundas. Sin duda alguna, pero sin olvidar al mismo tiempo la importancia que las personas -según sus circunstancias- tienen para el movimiento. Buscar un equilibrio aquí también es vital. Será difícil encontrar personas valiosas para el movimiento si el movimiento prescinde de las personas como de la muda diaria.

E igual también con la política en la calle que la CUP quiere dinamizar a través de los CDR. Por expresarlo de forma que intente resumir esta complejidad: la política de la calle, en donde, además, se demuestra inventiva, ha producido buenos resultados y los producirá mejores, pero los ataques por los que el unionismo ha reaccionado con violencia han ido dirigidos a las instituciones y la carga represiva la han padecido fundamentalmente los dos partidos, así como la injusticia están padeciéndola individual y personalmente sus miembros, encarcelados, exiliados, embargados. Aquí una buena ocasión para plantear en concreto la citada relación entre el movimiento y las personas. No consigo imaginar que el movimiento independentista abandone a quienes han dado todo por él, ignorando la máxima socrática de que más vale padecer la injusticia que infligirla.

Insisto, como la política en la calle. Quizá no sea del todo justo acusar a la ANC y Ómnium de abandonar las movilizaciones cuando tienen a sus líderes injustamente presos y llevan una ejecutoria de movilizaciones por su liberación muy apreciable.

La unidad del objetivo es incuestionable. La forma luego de colaborar en él varía lógicamente. Pero una cosa es cierta: si todos proceden de buena fe, el posible (aunque no necesariamente probable) fracaso jamás podrá atribuirse a la mala intención de alguien. Las opciones son y seguirán siendo diferentes pero, hasta la fecha, nadie ha hecho nada en detrimento del objetivo y todos han tenido que sacrificar mucho.

Que siga así, uniendo legitimidad y eficacia, el rasgo más significativo de esta revolución catalana.

Dando vueltas al atajo

Me llamó José Luis García, de lainformación.com para hablar conmigo sobre Podemos y Cataluña. Estaba escribiendo una historia sobre la formación morada con motivo de su cuarto aniversario, tema que da para mucho como ejemplo práctico del sic transit gloria mundi o de cómo no todas las leñas arden a igual velocidad. La encina dura más que el pino. Lo mismo pasa con las formaciones políticas. Algunas son como pinos, chisporrotean mucho, pero se consumen rápidamente; otras arden en silencio, pero permanecen, porque son duras, como la encina. Además, entre él y su colega, Laura Martínez, decidieron ampliar la indagación preguntando a Julio Anguita y al final les ha quedado una pieza bien guapa con dos puntos de vista que son distantes y, curiosamente, complementarios. Por eso me decido a incluir el enlace aquí: Podemos: lejos de asaltar el cielo...

Podemos ha hecho en cuatro años lo que la socialdemocracia hizo en cuarenta y el comunismo en veinte, pasar de la frase revolucionaria al hecho conservador. 

No es no y sí es sí

Por fin está clara aquella confusión entre un "no" que era "sí" y un "sí" que era no. El truco era que había dos "noes": uno que era "sí" y otro que era "no" y dos "síes" igualmente escindidos. Al final cada uno de ellos ha vuelto a su esencia: no a la izquierda, no a un referéndum pactado, no a Podemos y no a una moción de censura con los independentistas, cosa que "cae por su propio peso". Sí al 155, sí a la colaboración con el PP y C's en la gestión de una unión sagrada que solo admite la posibilidad de imponerse.

El problema es cómo y a qué precio. O debiera serlo. Puigdemont tiene derecho a la investidura. Le parecerá una "broma" al PSOE o una "ilegalidad" al Gobierno y a El País, pero tiene derecho y no hay ley alguna que se lo prohíba. Solo hay la voluntad de Rajoy que, al parecer, el B155 y sus allegados están dispuestos considerar la ley. Y ese es el precio que hay que pagar por impedir, contra razón y derecho, la investidura de Puigdemont. Aceptar como ley la voluntad de un individuo que, por supuesto, representa al país ntero ante Dios y la Historia.

La actualidad española es una marmita a punto de explotar. A la esperpéntica situación creada en Cataluña a golpe del 155 se añade el alud de detritus que día a día deja la Gürtel a las puertas de Génova y La Moncloa con la regularidad con que los milkmen repartían las pints de leche por las puertas en Inglaterra. Leche agriada para el gobierno y su partido. Dictaminando en comparecencia tras consejo de ministros, el inimitable Méndez de Vigo zanja la gusanera viva de la Gürtel asegurando que es algo muy viejo y que Rajoy echó a los acusados. Se olvidó de echarse a sí mismo.

No es de extrañar. La confusión creada en la esfera pública española es de tal magnitud que ni los más competentes analistas y comentaristas aciertan ya a orientarse. El otro día encontré a uno que, presa del delirio, estaba a punto de mandar una crónica según la cual los independentistas querían investir a Pujol; Rajoy reclamaba desde Bruselas un careo con Correa; Susana Díaz sostenía haber ganado las elecciones en Cataluña; había una oferta de pacto entre la CUP, C's y los cabecillas de la operación Lezo; el CNI, a las órdenes de Arrimadas, había registrado la sede del Tribunal Supremo; la ministra de Defensa condecoraba a Cipollino y Camps inauguraba los juegos olímpicos en Madrid. Me costó mucho devolverlo a la realidad y, cada vez que lo hacía, se empeñaba en decir que su relato la mejoraba. Lo dejé mandando tuits a la Casa Blanca.

No se sabe a cuál prestar más atención de los dos espectáculos que ofrece el poder, aunque no gratis; lo que viene del poder nunca es gratis: el embrollo catalán o la basura de la corrupción. Esta última tiene mayores atractivos literarios, con personajes únicos, Camps, siempre de esquinado perfil, (a) "el curita", el "Bigotes", Correa, el héroe epónimo de la trama. Una galería fantástica. Y vengan millones, y cientos de millones, viajes, trajes, juergas. La dolce vita y mucho robo Claro que, del otro lado, tampoco se quedan cortos: Rajoy, el caudillo del 155; el triunvirato nacional Rajoy/Sánchez/Rivera y el aprendiz de brujo, Iglesias; Cospedal, la dueña del verbo; Sáenz de Santamaría, Fata Morgana catalana. Otra galería de novela entre gótica y costumbrista y vengan millones otra vez, cientos de millones, cuerpos de ejércitos en lejanas fronteras y fuerzas de seguridad en cercanos pagos y pegos. Mucho pago y mucho pego. Y más robo.

Sin embargo todo esta algarabía se aclara como por ensalmo viendo que, en el fondo, son apuestas personales. El B155 no ve manera de parar la actividad parlamentaria de la Generalitat y se concentra en la caza de la persona, Puigdemont. Frustrar la investidura de este le es un triunfo. Si, además,  pudiera encarcelarlo, tocaría el cielo con la mano. Es lógico: es un combate por la supervivencia personal. Lo ve muy bien Ignacio Varela en un artículo titulado Si Puigdemont se presenta en el Parlament, Rajoy se tiene que ir. Tratándose del coriáceo Rajoy tengo mis dudas. Siempre podrá decir que quien se presentó en el Parlamento no fue Puigdemont sino su ectoplasma. Pero añado los dos huevos duros de Groucho: también tienen que irse los otros dos triunviros, Sánchez y Rivera. 

Es una cuestión de carreras personales y se resistirán como gato panza arriba a restablecer la normalidad institucional. Prefieren seguir en la excepcionalidad del 155, esperando que los indepes se cansen, antes que reconocer que no dialogan con estos porque no tienen nada que decir, nada que ofrecer, sino el mantenimiento permanente de la confrontación.  

Y tengo para mí que esperar cansancio de los indepes es esperar verdad de Rajoy. Para ellos, además, la contienda no es personal, sino ideológica y ahí, todos ellos tienen la supervivencia política garantizada. Porque prevalece una unidad estratégica y no meramente táctica como es la de la unión sagrada. 

La dictadura, el secreto y la razón de Estado

Puigdemont es el legítimo presidente de la Generalitat y, cuando, tras la ronda de consultas con los grupos, el presidente del Parlament legalmente constituido proponga un candidato, será el exiliado en Bruselas. Desde el punto de vista de los indepes se trata de una reposición, ya que el hoy candidato a la investidura no ha dejado nunca de ser el presidente legítimo. Desde el del B155 es una investidura nueva porque Puigdemont hoy es el expresidente de la Generalitat. El asunto es interesante, pero ocioso porque el gobierno pretende, según dice, impedir la investidura de Puigdemont por el método que sea. No va por el cargo; va por el hombre; por el hombre como símbolo de un pueblo. Es una cacería.

Para no aburrir con los sobrados títulos a la investidura de Puigdemont remito al lector a un espléndido artículo de Antoni Bassas que explica ese asunto y otros de este jaez maravillosamente.

Así, ¿qué razones aduce el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont? Decía El País el otro día que el MHP "desafía la ley". Pero eso es falso porque no hay ninguna ley que prohíba a Puigdemont ser investido telemáticamente. Ya vimos que el diario llama "ley" al capricho personal de M. Rajoy a través de su interpretación del artículo 155. En España la ley es la voluntad omnímoda de M. Rajoy que se jacta de destituir gobiernos democráticamente elegidos (sic) y de cerrar parlamentos como prueba de la solidez del Estado de derecho español, una democracia fuerte, capaz de defenderse como se demuestra encarcelando primero a unos políticos pacíficos y buscando luego el modo de achacarles algún delito.

Eso es el esperpento y no la investidura telemática de Puigdemont.

La voluntad de M. Rajoy es la ley en España. Añade el susodicho dos atributos de esa ley/voluntad para que se vea su fidelidad a la doctrina de la voluntad/ley: a) es igual para todos; b) hay que cumplirla. Ambas falsas. El propio M. Rajoy y su ministra de Defensa, más conocida como anticipollino, enviaron un contingente militar a Letonia saltándose la ley que obliga a una autorización previa del Congreso. Y no es la primera vez. Está claro: no todos tienen que cumplir la ley y, además no es igual para todos pues con el mismo gobierno no reza. Esto se llama dictadura.

La dictadura ama el secreto. Por eso se ocultó el envío de tropas y se ocultó también que el coste de esta operación fue de 63 millones de euros. Igual que el coste de ese vergonzoso desastre de los piolines  costó 87 millones de euros, cosa de la que acabamos de enterarnos porque el gobierno declaró secreto el monto del coste. No hay dinero para la seguridad social, ni las pensiones, ni el desempleo, ni los dependientes, ni las escuelas, pero sí para dilapidar en secreto cientos de millones en operaciones estúpidas y/o desastrosas. Y también para seguir mangando cargando al contribuyente los miles de millones del pelotazo pepero de las radiales de Madrid para volver a privatizarlas.

No me digan que esto no es una burla sangrante, aunque sigue sin llegar al ultraje a la decencia que supone que Junqueras esté en prisión y Urdangarin en libertad.

Porque todo es secreto en la dictadura. Toda la corrupción de la dictadura ha sido y es secreta. Cifuentes no quería entregar los papeles del Canal, al otro se le perdían los expedientes incriminatorios, la Operación Cataluña, top secret estilo Mortadelo y Filemón. Todo secreto.

Del secreto se ha contagiado la judicatura. El magistrado Llarena ha abierto pieza separada en la causa contra el independentismo y la ha declarado secreta por quince días. La justicia democrática es pública. Solo por razones excepcionales y claramente motivados pueden admitirse procedimientos secretos. Puede que las partes, a las que se ha comunicado la decisión, se den por satisfechas con la explicación, si la hay; pero el público tiene también derecho a conocer por qué motivo (por genérico que sea) se abre una pieza separada secreta. ¿O es que, así como la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, la justicia es la voluntad del juez Llarena? Los tiempos de la "justicia" secreta, los de las lettres de cachet, pasaron a la historia aunque quizá no en España. 

La histórica rivalidad entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se nota en que este último, apuntado a la moda del secreto dictatorial, ha suspendido la comisión de investigación de la Generalitat sobre las cargas policiales del 1º de octubre. Es decir, declara secretas las cargas. Si la gente quiere informarse de lo que pasó puede visionar los cientos de vídeos sobre la violencia policial e ilustrarse con las glosas de los ministros, según los cuales, las fotos eran fakes (Dastis, de Exteriores), no demostraban que hubiera heridos de verdad (Catalá, de Justicia) y probaban que los violentos habían sido los manifestantes atacando a la policía (Zoido, de Interior).

Es un muro de desvergüenza y necedad.

Y tanta dictadura, incompetencia, secreto (con expolio), ¿a qué viene? A la última razón de Estado, Cataluña, en cuyo nombre, para cuyo fin, todo medio es bueno, como enseña la doctrina jesuita.  Y todo es todo.

Por eso, porque hemos llegado hasta aquí en el destrozo provocado por esta manga de incompetentes corruptos y nacionalcatólicos, es urgente laa vuelta a la normalidad institucional: retirada del 155, restablecimiento del gobierno legítimo de la Generalitat y dimisión de un presidente de un gobierno que ha sido una verdadera plaga para el Estado.

Y de la izquierda española mejor es no hablar.

Triunfo de la política

Con el Parlament constituido legalmente, se abre la XIIª legislatura de la Comunidad Autónoma de Catalunya o la Constituyente de la República Catalana. Así están las cosas. Cuál haya de prevalecer al final dependerá de la capacidad de los actores políticos ahora que el conflicto (tan claro y nítido como siempre) se ventila en el lugar que le corresponde, en sede parlamentaria. Ahí lo ha situado la mayoría de los votantes catalanes el pasado 21 de diciembre; en el terreno político, de donde nunca debió salir. Una decisión que tiene una sola interpretación: el rechazo al intento del B155 de derivarlo por la vía represiva, judicial, carcelaria. 

Es el triunfo de la política democrática, parlamentaria, frente al ordeno y mando de la dictadura y la represión del 155. Es una ocasión única para restablecer la normalidad en el funcionamiento de las instituciones. 

Por eso, lo mejor que puede hacer el señor M. Rajoy es reconocer de una vez aquel resultado y retirar la parafernalia de medidas represivas que ha adoptado para absolutamente nada, salvo para empeorar las cosas y confirmar en el extranjero la creciente convicción de que España no es un Estado de derecho. Esto es, levantar el 155 ipso facto, retirar todas las acusaciones por motivos políticos, anular las medidas represivas que se hayan tomado, restituir a los damnificados si los ha habido en sus intereses. Volver a la normalidad. (Y, de paso, dimitir a la vista del monumental escándalo que los tribunales están descubriendo de cómo este país está gobernado por una banda de presuntos -y no tan presuntos- malhechores dedicados a esquilmarlo). La normalidad, al menos en cualquier país civilizado.

El siguiente paso de este Parlament legal será votar la investidura del presidente. Ya sabemos que se propondrá a Puigdemont. Lo lógico será que, provisto de las suficientes garantías jurídicas, pueda este ser investido presencialmente. De prevalecer la sinrazón del 155, esto es, la voluntad omnímoda del caudillo M. Rajoy, habrá de serlo por medios telemáticos. La negativa a aceptarlo, a su vez, trata de retrotraer la cuestión a los tiempos prepolíticos, los judiciales, con la intención de interrumpir el procés nuevamente por la fuerza. 

Pero ahora hay un Parlament con un claro objetivo de restituir el gobierno legítimo de la Generalitat. Y eso cambia la situación que se ha convertido en política. El Parlament encontrará la forma de alcanzar su objetivo en el doble plano de lo simbólico y lo eficiente y trabajar por la construcción de la República Catalana. Eso lo pondrá en curso de renovado conflicto con el Estado español que, o bien se decide a convertir a Cataluña en una especie de protectorado bajo ocupación más o menos militar, o reconoce de una vez el resultado de las elecciones y deja de poner trabas a la constitución del govern con Puigdemont de presidente. 

De ese modo la Generalitat funcionará con normalidad. A todos en España interesa conocer cuál sea el programa de gobierno del candidato investido. A la Monarquía, desde luego, pero también al gobierno, a los partidos políticos, la patronal, los sindicatos, la Iglesia y la gente en general. 

Esto es, se trata de escuchar qué es lo que los catalanes tienen que decir. Como elemental paso previo a formular una o varias respuestas que puedan acabar en algún tipo de decisión pactada. 

Si acaso.

La ley está fuera de la ley

"El separatismo desafía la ley" clama escandalizado el periódico global dando alegremente por supuesto que todo el mundo comulga con sus voluminosas ruedas de molino.

¿Qué ley? No hay ninguna ley que prohiba la investidura, toma de posesión, etc. por vía telemática. Ninguna. Ni la habrá en una época en que esta vía domina todo tipo de transacciones, comparecencias, declaraciones, etc., informales, formales y hasta litúrgicas. No es posible desafiar lo que no existe. 

A no ser que se admita que la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, por la misma razón por la que, según el ministro de Justicia del III Reich, Thierack, en Alemania, la Ley era la voluntad del Führer.  En España, la palabra de M. Rajoy, cuyo valor él mismo ajustó a la baja al comienzo de su mandato.

Ni Puigdemont, ni el bloque independentista, ni la mesa del Parlament desafían la ley, sino una prohibición verbal de Rajoy que carece de base legal. Puede el presidente -y lo hará- recurrir al Tribunal Constitucional para que prohíba, suspenda, aplace o haga lo que quiera con la investidura. Eso no cambiará políticamente nada, salvo para dar nuevos motivos al activismo persecutorio del Supremo a seguir abriendo piezas judiciales, algunas secretas, para mayor seguridad del Reino. Sin duda se han respetado los más estrictos criterios procedimentales. pero eso de anunciar el secreto no pertenece tanto al campo jurídico como al literario; casi al dadaísta. 

Supongo que todo eso está respondido, pero la chamusquina a procesos secretos inquisitoriales es cada vez mayor. Eso y la comprobación de que, para el B155, la ley en España es la voluntad de M. Rajoy que, por cierto, es el único que, en verdad, esta fuera de la ley por un abuso de poder equivalente a un golpe de Estado.

Es de justicia

Me he sumado a un acto en favor de los presos políticos promovido por #WithCatalonia. No sé si lo he hecho según las indicaciones porque ando muy atareado terminando un libro en el que, por cierto, también se habla de los presos políticos. En todo caso, he firmado la postal colectiva que los madrileños simpatizantes (gatos, menos gatos, transeúntes y allegados) envíamos a los dos Jordis, Oriol y Joaquim. Además, subo el cartel a la columna de la derecha de Palinuro. 

Estas personas deben estar en libertad porque no han hecho nada perjudicial al interés público (que bastante importa por lo demás a los actuales gobernantes), no han cometido delito alguno. Luchan políticamente por una causa que todo demócrata debe admitir como legítima. La respuesta legítima solo puede ser política. Los tribunales no pintan aquí nada y su instrumentalización política solo puede empeorar las cosas.

Entre prófugos anda el juego

Mi artículo de elMón.cat de hoy (día D), titulado Quién está fuera de la ley. No abusaré de la paciencia de las lectoras y me limitaré a decir que, a mi modo de entender, el que está aquí fuera de la ley es el gobierno de España. Y de todas las leyes, las naturales, las humanas y, por si existieran, las divinas. Fuera de la ley en España está hasta la ley. Porque viene impuesta por un gobierno que está fuera o por encima o al margen de ella y no la respeta prácticamente nunca.

Y si de prófugos va la cosa, los hay legítimos e ilegítimos. Puigdemont es un prófugo legítimo porque lo es de una justicia que actúa injustamente. Todas las exigencias de que Puigdemont venga a ser investido presencialmente tratan de fabricar una victoria de la causa unionista con una imagen del presidente entre rejas, de indudable impacto político (lo que se busca) pero un desastre jurídico. Eso buscan las propuestas más ladinas que le tienden una trampa a sabiendas y las más ingenuas y, sin duda, bientintencionadas, que parten de una ilusión: la de que España es un Estado de derecho.

El verdaderamente prófugo a los ojos de la ley humana, la natural y la divina es el presidente del gobierno que ha organizado este monumental desastre por no haber dimitido cuando le tocaba, al comienzo de su mandato, en el momento de declarar que no cumpliría su programa electoral sino su deber, lo que él omnímodamente consideraba su deber, habiendo prometido a los ciudadanos lo contrario.

La versión en castellano

Quién está fuera de la ley

Una vez los candidatos electos el pasado 21 de diciembre hayan tomado posesión de sus actas, el Parlament pasará a elegir un gobierno. La investidura de su presidente podrá hacerse por vía telemática, dado que no hay norma que lo prohíba. El gobierno central, la oposición unionista (ciudadanos, socialistas y populares), los medios de comunicación, el Ibex35, que forman en el mismo frente reaccionario del bloque del 155 (B155) lo niegan. Los tertulianos que tienen en nómina también lo niegan. Igualmente lo niegan los letrados del Parlament.

Pero la decisión ha de tomarla el propio Parlament en uso de su soberanía, no vinculado por ninguna de las instancias anteriores. Y es perfectamente legítimo y legal que el Parlamento decida proceder a la investidura telemática del Presidente Puigdemont. Si tal cosa se produce, Mariano punto Rajoy avisa de que lo impedirá a través de los poderes del artículo 155 que seguirá en vigor. ¿Prevé tales poderes el artículo de marras? En absoluto. Entonces, ¿por qué impide la investidura telemática de Puigdemont?

Porque le da la gana, y torciendo el significado de la norma.

No hay fundamento legal ni racional alguno para impedir la investidura telemática y la prueba más evidente es que puede darse de hecho en contra de la voluntad originaria del gobierno que ya había anunciado que se opondría a la decisión del Parlamento. Al comprender que eso es absurdo y que no puede oponerse a la decisión en sí misma, el gobierno ha desplazado su negativa a la aplicación de la decisión. El Parlamento puede decidir la investidura telemática, pero Rajoy no lo permitirá porque no le da la gana.

No hay otra razón. La aplicación del 155 es puro despotismo, arbitrariedad y dictadura personal del presidente de los sobresueldos. El decreto de aplicación del 155 dice que este quedará sin efecto cuando sea investido el presidente de la Generalitat. El modo de evitarlo es no aceptar la investidura, darlo por no investido y sostener que solo se admite la investidura presencial siempre porque a él le da la gana.

Forma parte del saber convencional constitucional en Occidente que las Constituciones son frenos al poder o no son nada. Con el artículo 155 queda claro que la Constitución de 1978 no es nada puesto que ella misma se anula a través de uno de sus artículos que la deja en suspenso y elimina las trabas al poder despótico de un solo individuo. El 155 en el fondo y aunque pueda parecer absurdo, es un artículo anticonstitucional si bien no es eel único absurdo que contiene este documento tan alabado en los discursos como inoperante en la práctica.

Para nada sirve una Constitución que permite un poder absoluto en manos de quien no tiene escrúpulos de tiranizar a una nación sometida por la fuerza bruta a base de saltarse los resultados de las elecciones, perseguir impunemente a las personas, destituir gobiernos democráticamente elegidos y cerrar parlamentos a su capricho, sin dar cuenta a nadie. Lo ayudan en el siniestro empeño unos medios comprados y sometidos a sus designios y unos jueces cuya actuación coincide en la línea de persecución inquisitorial de los adversarios del poder político a cuyo servicio están y por cuya impunidad velan, como ese Tribunal Constitucional que suspende la comisión de la Generalitat encargada de investigar la brutalidad policial del 1 de octubre.

Hasta ahí el Estado de derecho del B155 del triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, dispuesto a restaurar el franquismo en toda su sórdida miseria.

Dice Rajoy que el prófugo de la justicia Puigdemont, debe retornar a España a la investidura presencial. Es una consideración típicamente farisea pues se trata de una trampa para detenerlo ilegalmente, como está pasando con los otros presos políticos, y a continuación exhibirlo como un trofeo en un acto de venganza que convertiría el franquismo del B155 en puro fascismo. Quiere humillar a Cataluña encadenando en público a su máximo legítimo representante. La presencia de Puigdemont en Bélgica, fuera del alcance de la arbitrariedad española, es la prueba más contundente de la deriva dictatorial, franquista de la situación política en España y Cataluña

Puigdemont no es un prófugo de la justicia. La española retiró la orden de busca y captura en su día, sabedora de que la justicia belga, que sí corresponde a un Estado de derecho y no a una dictadura como aquí, no concedería la extradición o y si la concedía, impediría que se le juzgara por los delitos que unos jueces complacientes se inventan al servicio del poder político.

En realidad, el único prófugo de la justicia en el Estado español es el propio presidente de un partido procesado en diversas causas, con más de 1.000 procesados, entre ellos tres exministros, acusado de cobrar sobresueldos de la caja B del partido y de avalar las cuentas de un presunto delincuente en Suiza. Igual que la única ilegalidad están cometiéndola un gobierno y unos jueces que impiden el normal funcionamiento de unas instituciones cuando el resultado de las elecciones no es el que ellos quieren.

Los poderes del 155

Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto.  Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva. 

El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155.  Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.

El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.

Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy. 

La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.

Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión. 

Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. 

De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.